Se hizo presente en Esquel el “espía” de la Agencia Federal de Inteligencia que el año pasado entregó en los tribunales de esta ciudad información sobre la vida privada, actividades profesionales, políticas y asamblearias de más de una veintena de vecinos. Fue en el marco de una declaración indagatoria y aporte de documentación al Juzgado Federal de Esquel.
El fichaje ilegal de personas motivó una investigación que desde mediados del 2015 esta en manos del juez federal Guido Otranto, y también una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los fiscales de la justicia provincial que recibieron los aportes del espía sin mayores resquemores.
El 16 de febrero los manifestantes entregaron un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con miles de firmas juntadas en Andalgalá y en la ciudad de Buenos Aires, para exigir la sentencia. El amparo ambiental que los vecinos presentaron en 2010 en el Poder Judicial catamarqueño demandó al Estado provincial y a la minera Yamana Gold, empresa de capitales canadienses dueña del proyecto Agua Rica, reclamó la prohibición de ese emprendimiento, y solicitó que se protegieran las fuentes de agua y la salud de los habitantes locales.
Este año marcharemos por décima vez contra la megaminería en el Carrusel de Vendimia. Como hace nueve años, como Pueblo de Mendoza nos manifestamos contra un sistema que busca saquear, secar y contaminar nuestro planeta y sus pueblos. El modelo extractivista cree no tener límites y busca mercantilizar hasta las relaciones humanas, a través de sus alianzas con los gobiernos de turno, como es el caso de la criminalización de la protesta y la connivencia política.
El juez federal Fernando Poviña emitió la cédula para citar a los directivos por una causa que tiene catorce años. Las declaraciones se realizarán los días 14,15 y 16 de Marzo. Las citaciones indagatorias que llevará adelante el juez federal Poviña los días 14,15 y 16 de Marzo a los directivos de Minera la Alumbrera es por una causa penal por contaminación ambiental que lleva catorce años.
El 1er de febrero de 2016 llegaron al jardincito que está frente a la Corte suprema, Buenos Aires, vecinos de Andalgalá (Catamarca,), se instalaron en la misma plaza Lavalle, sus carpas y pancartas. Me acerqué y Sergio Martínez, uno de los pobladores, aceptó contestar a mis preguntas.
Un nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que el derrame de cianuro de octubre pasado en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, provocó la contaminación de cinco ríos de la región.
El presidente Mauricio Macri junto a los gobernadores mineros viajó a la localidad sanjuanina de Barreal para anunciar la quita total de las retenciones a la minería. Las asambleas que ya se encontraban en alerta cuando días atrás funcionarios del ministerio de minería anunciaban la necesidad de un nuevo código federal minero que impulse nuevamente la actividad. Andalgalá sigue acampando frente a la Corte Suprema de Justicia y Jáchal sigue esperando respuestas ante el derrame de cianuro en la mina Veladero.
A poco más de 5 meses del derrame de solución cianurada de la mina iglesiana Veladero, en el vecino departamento de Jáchal persisten las protestas de un sector contra la minería, las cuales están cobrando una modalidad más virulenta. En la noche del viernes, un grupo de ambientalistas dejó la concentración en la plaza y marchó hacia la casa del intendente Miguel Vega para escracharlo. ¿El motivo? Es que junto a un funcionario provincial había desmentido que los altos niveles de boro y arsénico que detectó el estudio de una universidad mendocina en el agua de dos localidades fuera producto de la actividad minera. Como resultado, los manifestantes pintaron frases de repudio en la calle frente al hogar del jefe comunal y también frente a su vecino, el diputado Jorge Barifusa.
El senador nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, cuestionó este viernes la decisión del presidente Mauricio Macri de quitar las retenciones a las empresas mineras, al considerar que de esta forma “está financiando a las multinacionales que contaminan”.
Más de 30 mil médicos, profesionales y trabajadores estatales de la salud de todo el país que integran la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) rechazaron ayer la decisión del gobierno nacional de eliminar las retenciones a las empresas mineras. «Queremos dejarle en claro al presidente de la nación, Mauricio Macri, las profundas implicancias negativas en el plano ético, económico, socioambiental y sanitario de dicha decisión», expresó al respecto el presidente del gremio, el médico Jorge Yabkowski.