Comunidades y organizaciones de Oaxaca convocan a participar en el III Encuentro Estatal “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” que se realizará los días 18 y 19 de mayo en las comunidades zapotecas de Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez de Oaxaca. Las actividades se realizarán de la siguiente manera: Viernes 17 de mayo: Llegada de participantes a Santa Catarina Lachatao a partir de las 5 de la tarde. Sábado 18 de mayo: Foro de análisis en Santa Catarina Lachatao. Domingo 19 de mayo: ritual en el Cerro del Jaguar, en Lachatao y Festival de Tierra Caliente en el Paraje Agua Blanca, Capulálpam de Méndez. Cabe señalar que en Oaxaca existen 322 concesiones mineras, la mayoría de las cuales se encuentran en tierras de comunidades indígenas, mismas que fueron otorgadas violando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Cabe recordar que en marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se revocarán las concesiones mineras existentes, sin embargo, ya no se otorgarán más. Para participar en el encuentro estatal, es necesario confirmar la asistencia.

Fuente: https://educaoaxaca.org/la-minuta/2893?fbclid=IwAR2-sTuit7PxQqZTwdY3TuEP0KFT9AekxjAkK03COsLVEQSr6AMllZ9nS-E

La mina propiedad de Germán Larrea afectó el arroyo de la comunidad San Martín.

La Profepa no ha emitido algún boletín ni ha respondido a las solicitudes de entrevista de La Jornada Zacatecas.

Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros explica que entre las sustancias que fueron vertidas a este cuerpo de agua estaban cianuro, sulfato de zinc y cobre.

Desde que los pobladores de la comunidad San Martín, en el municipio de Sombrerete, denunciaron públicamente la semana pasada un derrame de jales de la mina de Grupo México que opera en esta localidad, las autoridades federales en materia ambiental no han emitido una postura ante esta situación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha enviado algún comunicado oficial ni tampoco ha respondido a las solicitudes de entrevista que se han hecho desde La Jornada Zacatecas, para conocer cuál es el proceso que se seguirá para revisar la gravedad de la contaminación generada en el arroyo que atraviesa San Martín y las sanciones que, en su caso, recibiría la empresa responsable del derrame.

Fue a través de redes sociales como los vecinos de la comunidad hicieron público el derrame de jales de la mina en un arroyo que pasa por medio de la comunidad, es decir, que se encuentra rodeado de sus viviendas.

En ese momento, el líder sindical de la Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros, José Núñez Velázquez, informó que entre las sustancias que fueron vertidas a este cuerpo de agua estaban cianuro y sulfato de zinc y cobre, las cuales calificó como “contaminantes muy peligrosos”.

Asimismo, sostuvo que “ya es tiempo de que alguien pare a esta empresa porque de alguna manera es una empresa irresponsable, que sigue contaminando los arroyos y ríos y que perjudica a la comunidad y a las familias que están en riesgo”.

Sobre este caso también habló el líder nacional de este sindicato y actual senador Napoleón Gómez Urrutia, quien expuso en su cuenta de Twitter: “URGENTE: Nuevamente se presenta un derrame en mina de Grupo México en Zacatecas. El río contaminado afecta a la comunidad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete. Atención @Profepa, las autoridades de la región otra vez ocultan información y puede causar daños irreparables”.

También Grupo México publicó un comunicado en el que confirmaba el derrame y lo atribuyó a la falla de una válvula que se encontraba en mantenimiento, derivado de problemas que surgieron tras la puesta en marcha de la unidad minera después de más de una década sin funcionar a consecuencia de la huelga que se mantenía en el lugar.

En el boletín señalan que “después de este periodo hemos iniciado los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del equipo. En una prueba de arranque de éste, el 8 de mayo a las 20:00 horas, se presentó una falla en una válvula de las tuberías. Como consecuencia, durante diez minutos, se vertieron aproximadamente 20,000 litros de agua de prueba con sedimentos acumulados, mismos que no son peligrosos. El líquido recorrió 200 metros fuera de la propiedad por un arroyo contiguo (sic)”.

Nuevamente, en letras destacadas en el comunicado publicado, reiteran que “la solución vertida está compuesta por agua con sedimentos y por lo tanto no es peligroso”.

Antes de finalizar el texto, la empresa señala que están trabajando con las autoridades competentes en la materia, además de que sostienen que “reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las medidas de seguridad y control ambiental” y que “seguiremos manteniendo un diálogo cercano con la comunidad para atender cualquier inquietud”.

Fuente: http://ljz.mx/2019/05/14/callan-autoridades-ambientales-sobre-derrame-toxico-de-grupo-mexico-en-sombrerete/?platform=hootsuite

■ Participaron transportistas, ejidatarios y habitantes de la comunidad Cedros

■ Denuncian el incumplimiento de diversos convenios que ha celebrado la empresa con ejidatarios 2008 y 2009

■ También se quejan de la contaminación y escasez de agua provocados por la minería

Unas mil 500 personas participaron ayer en la denominada Marcha por la Dignidad y la Vida, dijeron, para desmentir lo expuesto por la Mina Peñasquito de Goldcorp-Newmont y el diputado local morenista a la 63 Legislatura, Omar Carrera Pérez, respecto a que los inconformes con la problemática que se ha generado entre la empresa extractiva y comunidades del Valle de Mazapil, involucra sólo a 35 personas, entre ejidatarios y transportistas, y según el mayor consorcio extractor de oro en el mundo, son sus extorsionadores.

La movilización fue organizada por el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

Involucró según el parte oficial, 40 autobuses materialistas de la Unión de Transportistas de Mazapil CAVA, S.A. de C.V., 15 autobuses de pasajeros, 2 sprinter y 25 vehículos particulares, en los que se trasladaron transportistas, ejidatarios y habitantes de Cedros, comunidad donde se asienta la Mina Peñasquito, e integrantes del FPLZ procedentes de entre otros, los municipios de Vetagrande y Pánfilo Natera, y algunas pocas, empleadas y madres de familia de los centros de desarrollo infantil del FPLZ.

Durante el recorrido por las calles del Centro Histórico las consignas demandaban entre otros reclamos, “¡si no cumplen que se vayan!”, en relación a diversos convenios que ha celebrado Mina Peñasquito con los ejidatarios de Cedros en 2008 y 2009, de los que los han entregado copias a la prensa.

Los convenios
En uno de ellos se señala que la empresa se obliga a “capacitar y contratar a personas originarias del Ejido de Cedros” que manifiesten este deseo, de acuerdo a su nivel de escolaridad y capacitación, y que se constituya una empresa de transporte o “adquieran en lo particular góndolas”, comprometiéndose la minera “a celebrar contratos de acarreos” de manera preferente en su caso.

En un cuarto punto del convenio celebrado el 10 de junio de 2008 y signado en representación de Mina Peñasquito por Bill Humphrey y Armando Escárcega, se consigna algo señalado como parte fundamental de las razones de su movilización, que la empresa se comprometió “a no afectar el manantial del Ejido de Cedros y en caso de hacerlo rehabilitarlo, siempre y cuando no se trate de causa naturales”.

Un trago de agua
Ayer al arribo del contingente a la sede de la Legislatura del estado, al momento de entregarle su pliego petitorio al diputado morenista, Omar Carrera Pérez, a quien han acusado de dar voz en esa tribuna a textos preparados por Doris Vega, encargada de comunicación social de Mina Peñasquito, lo invitaron a visitar la comunidad de Cedros para que verifique que efectivamente que el manantial referido se ha agotado.

El comisario ejidal lo instó asimismo, a beber de una botella que le entregó en el momento, agua de la que ellos consumen; el gesto del legislador fue darle un único trago viendo a los ojos a Rigoberto López Martínez, para luego cerrar el recipiente.

El diálogo entre ambos fue difícil de distinguir entre los gritos que desde atrás señalaban a Carrera Pérez de “vendido” y “priista”.
El legislador les informó que en la sesión de ayer leería el documento que le fue entregado y un punto de acuerdo propuesto por él sobre el que les pidió poner atención pues, “son sus exigencias también”.

“Omar te invitamos a que antes de declarar una cosa, conozcas a fondo los problemas que tenemos en Mazapil, porque yo sin temor a equivocarme te digo que no has puesto un pie en Mazapil, ni ningún legislador de ustedes. Yo te pido que antes de que declares una cosa constates las cosas como son, no como te viene a decir la minera”, le dijo en ese momento Ascención Carrillo, presidente de la Unión de Transportistas de Mazapil CAVA, S.A. de C.V.

Solicitud de apoyo 
a diputados locales
Los manifestantes encabezados también por Felipe Pinedo Hernández, líder del FPLZ solicitaron hablar con los integrantes de todas las fracciones partidistas integradas a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la Legislatura.

El texto fue leído públicamente al arribo del contingente a la sede del Poder Legislativo del estado, antes de su entrega a los diputados; expone que desde el pasado 27 de marzo la Asamblea General del Ejidatarios de Cedros determinó bloquear los accesos principales de Mina Peñasquito “porque no atiende a sus compromisos pactados con nuestra comunidad y con la Unión de Transportistas y Trabajadores de Mazapil”.

Agrega que “desde hace siete años no contamos con agua por al agotamiento de nuestro manantial” debido a la actividad minera, y solicita que se verifiquen en aquel lugar “los alarmantes niveles de contaminación y estragos en el agua, en el territorio, en el medio ambiente y en la salud”.

Con ese sustento quieren que los diputados locales les apoyen ante la Federación “para que se tomen cartas en el asunto”.

Proponen a su manifestación como “un llamado a la legalidad y respeto a los derechos humanos y normas ambientales que se estipulan en nuestra Carta Magna, y que al día de hoy de manera sistemática son violentados por esta empresa trasnacional”.

El documento concluye con un mensaje en el que conminan a que “asuman los intereses de Zacatecas y especialmente de quienes padecemos de manera directa estos métodos extractivistas de Minera Peñasquito”.

El texto fue dirigido en copia asimismo, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el gobernador Alejandro Tello Cristerna; y los senadores José Narro Céspedes, Napoleón Gómez Urrutia y Geovanna Bañueños.

Mesa de negociación en 
Segob y Godezac como garante
Felipe Pinedo informó que se espera para hoy la instalación de una mesa de diálogo con la presencia del subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, y a la que se sienten entre otros por parte de Mina Peñasquito, Michael Harvey, director de asuntos institucionales de Newmont-Goldcorp, así como una comisión negociadora integrada por el comisariado ejidal de Cedros, Rigoberto López Martínez, y él mismo.

Las demandas principales, reiteró, es que se restablezca el agua “que no existe ni en el pozo de agua potable de la comunidad ni en el manantial”, se indemnice a la gente por el agotamiento de los mantos friáticos, y se regrese el empleo a los 200 trabajadores de la Unión de Transportistas de Mazapil.

Dijo que “nunca han roto” el diálogo con Gobierno del Estado, pero ayer declinó la invitación a una mesa para ello convocada por Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno, señalando que luego de haber sido ignorados por las autoridades estatales en su demanda de la solución de este conflicto por meses, decidieron buscar las instancias federales, donde Olga Sánchez Cordero ya instaló una mesa de negociación, por lo que acudir con Gobierno del estado sería “un retroceso”.

No obstante agregó que Salas Dávila es bienvenido a esa mesa en caso de que quiera constituirse como garante de lo que allí se acuerde.

También con la Federación se están revisando dijo las actuaciones en este asunto de Profepa y Semarnat, “porque entendemos que en anterior gobierno la corrupción permeaba y otorgaba reconocimientos que no existen en favor de estas empresas ecocidas”.

Dijo que están pidiendo que se les verifique de nueva cuenta ahora por el gobierno de la 4T, y solicitó que se norme a la empresa extractiva mediante auditorías ambientales y administrativas.

Mencionó al respecto que tienen en su poder para estudios ambientales tanto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como del Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey, que han puesto sobre la mesa de negociación que se ha abierto por la Segob en la Ciudad de México, “demostrando que sí tenemos la razón”.

Sobre el señalamiento de que el cerco a Peñasquito afecta 20 mil empleos, según el dicho de la empresa, Felipe Pinedo dijo que en ella trabajan 6 mil 300 personas, 450 de las cuales proceden de los cuatro municipios de la región, y únicamente 140 del Ejido de Cedros.

En la marcha de ayer hubo un conato de bronca al momento en que el reportero Andrés Vera, de Periómetro, se acercó a la vanguardia del contingente. En esa zona ya se manifestaba mediante pancartas el rechazo con el manejo informativo del periodista sobre este conflicto. El comunicador señaló el hecho como un acto de represión.

Sobre la ausencia ayer de José Narro, líder histórico del FPLZ, en la manifestación, se informó, que se encuentra en Washington en una comisión referida al T-MEC.

Fuente: http://ljz.mx/2019/05/08/marchan-mil-500-personas-en-contra-de-la-mina-penasquito-de-goldcorp-newmont/?platform=hootsuite

A los tres niveles de gobierno,
A las organizaciones sociales civiles nacionales e internacionales,
A los medios de comunicación,
A la opinión pública,

Los pueblos y organizaciones de Chiapas que conformamos el Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo este 25 y 26 de abril, reunidos en el Centro Ecológico de Alter Natos nos declaramos en oposición a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático que ofrecen las empresas, las bancas internacionales y los gobiernos a través de planes y proyectos de economía verde, es decir una economía basada en la explotación, extracción, mercantilización, privatización de la naturaleza y evasión de responsabilidad de las empresas, para continuar contaminando, con planes y proyectos como las Iniciativas de Reducción de Emisiones (IRES), la de Reducción de Deforestación y Degradación Evitadas (REDD+), las Inversiones en Proyectos de Energía Renovable como hidroeléctricas, minihidroeléctricas, eólicas y fotovoltaica.

Estos proyectos solo benefician a las empresas que invierten en ellos a través de bonos de carbono y mecanismos de “energía limpia” para prolongar el modelo de producción y consumo capitalista, que ahora pretende pintarse de verde y avanzar en la privatización de los bienes naturales y conocimientos comunes.

No queremos las “soluciones” del modelo extractivo que solo utiliza maquillaje verde para privatizar el agua, el aire, los árboles y demás bienes naturales comunes, sabemos que en Chiapas se aprovecha este discurso “verde” para acaparar nuestra tierra, bosques y agua a través de las Áreas Naturales Protegidas, Pagos por Servicios Ambientales, las Zonas de Salvaguarda, Plantaciones de Palma Aceitera, Hidroeléctricas, la Biopiratería, además de criminalizar nuestras formas de agricultura campesina. Reafirmamos nuestro compromiso de resistencia a las represas (grandes y pequeñas), al Protocolo de Nagoya, Gobernanza de la Biodiversidad, los Pagos por Servicios Ambientales, proyectos REDD+, proyectos IRES.

Exigimos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el respeto y reconocimiento al derecho de los pueblos originarios a mantener nuestros sistemas de producción local que están siendo exterminado por el impulso del modelo del agronegocio, como los que mañosamente se pretenden instaurar con el Proyecto de Sembrando Vida y el mismo impulso de políticas neoliberales que están destruyendo las estructuras organizativas de los pueblos.

El cambio climático afecta nuestra milpa, nuestros bosques, ríos, y alimentación, nos trae enfermedades, sequías e inundaciones, nos obliga a desplazarnos de nuestros territorios, queremos claramente que se impulsen soluciones reales que respeten los derechos colectivos de los pueblos y comunidades, que respeten nuestra cultura, cosmovisión, conocimientos tradicionales y formas de ejercer nuestra espiritualidad.

Mientras continúe la minería, las represas, presas, parques eólicos, monocultivos, biocombustibles, transgénicos, proyectos REDD+,IRES “reservas de la biósfera”, extracción depredadora de gas y petróleo, o cualquier otro proyecto de control y muerte que intenten imponernos no habrá solución al cambio climático.

Refrendamos el compromiso de lucha del Grupo Chiapaneco que no es más que la continuidad de largas historias de resistencia de los pueblos que durante décadas han construido comunidad y formas muy propias de organización y producción, y que estos modelos de explotación capitalista están atentando en contra de todas las formas logradas de organización y cínicamente culpan al campesino de lastimar a la tierra. Cuando es la propia forma de explotación irracional capitalista la que está aniquilando la madre tierra. Pues las empresas amparadas bajo el cobijo de las políticas federales avalan la desarticulación de las resistencias, criminalización y violencia que golpetea bajo un falso discurso de prosperidad y desarrollo económico.

Tenemos claro que la única manera de mantener los bienes naturales comunes es con la inclusión de las voces de todos y todas, sin subordinar los intereses de los pueblos ante los intereses económicos de los empresarios nacionales y transnacionales . Como los que de igual manera vemos en los proyectos del Tren Maya, la autopista San Cristóbal-Palenque o el Corredor Trans-istmico.

Queremos seguir con fuerza y para ello, seguir viviendo en nuestras comunidades, con nuestras formas de vida, con respeto y cuidado de nuestras tierras y territorios. Queremos que se respeten y reconozcan nuestros derechos colectivos de los pueblos y comunidades.

Denunciamos las campañas de desprestigio, estigmatización, criminalización y violencia en contra de las personas que nos organizamos por la defensa de la tierra y el territorio. Así mismo todo el proceso de militarización que se lleva en nuestras comunidades, y que se pretenden impulsar con la creación de la Guardia Nacional.

El día de hoy, ante este ambiente de incertidumbre que se respira en todo el país hacemos un llamado a mantener viva la llama de esperanza y fe en la lucha, la esperanza en la fuerza de la comunidad en movimiento y resistencia, que nuestros ánimos no decaigan, pues aunque las situaciones puedan verse adveras es justo en estos momentos cuando debemos sacar a flote toda la fortaleza heredada de las luchas pasadas y sobre todo siguiendo el ejemplo de hombres y mujeres que han entregado la vida por la continuidad en la construcción de un mundo mejor.

¡LA ECONOMÍA VERDE NO ES LA SOLUCIÓN!

¡LA NATURALEZA NO ES MERCANCÍA!

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!

¡FUERA LOS MEGAPROYECTOS DE LOS TERRITORIOS CHIAPANECOS!

¡AGUA NATURALEZA Y ENERGÍA NO SON MERCANCÍA!

¡NO A LA GUARDIA NACIONAL!

FIRMAMOS:

Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo:

Las Abejas de Acteal ZODEVITE – Movimiento Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE – Movimiento en defensa de la Vida y el Territorio Parroquia de Cancuc Movimiento Reddeldía de Los Montes Azules Consejo Autónomo Regional de La Costa de Chiapas Centro de Derechos Humanos «Digna Ochoa» A.C. Frente Cívico Tonalteco Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de Santo Niño de Atocha de Frontera Comalapa FPDS – Frente Popular en defensa del Soconusco «20 de Junio» Red de Mujeres Zoques Construyendo Esperanza Parteras Nichim Dios MOCRI CNPMN La Voz del Pueblo Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C. REMA – Red Mexicana de Afectadas y Afectados Por la Minería Otros Mundos A.C.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/05/pueblos-organizados-de-chiapas-nos-oponemos-a-las-falsas-soluciones-para-mitigar-el-cambio-climatico/

■ Hay tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales: Cindy McCulligh, posdoctorante en la UAZ

La corrupción institucionalizada, como conjunto de prácticas gubernamentales, ha contribuido a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas, tales como la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y los cambios “en el papel” de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.

Así lo afirmó Cindy McCulligh, posdoctorante en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien manifestó que en el estado se subordinan las consideraciones de sustentabilidad ecológica y social a la prioridad del Estado neoliberal de atraer y retener la inversión privada y extranjera, en particular en la industria, la agricultura y la minería.

Precisó que el concepto de “corrupción institucionalizada” no se refiere a los actos individuales de corrupción por parte de autoridades del agua o medio ambiente, sino más bien a un patrón continuo de “sesgos en la generación y aplicación de las normas ambientales que favorecen el interés privado sobre el bien común”, lo que implica eludir las regulaciones ambientales para proveer a los capitales extractivos el acceso a los recursos escasos, incluyendo el agua.

En ese sentido, subrayó “la discrepancia existente entre la idea de un Estado democrático que vela por el bien común al tratar de procurar un equilibrio entre objetivos económicos y ambientales contrapuestos y la de un Estado neoliberal depredador que tiende a operar a favor de los intereses de corto plazo de corporaciones y empresas individuales que emplean grandes cantidades de agua en sus actividades extractivas, industriales y agrícolas”.

Explicó que la transmisión parcial de las concesiones de agua, una de las prácticas de corrupción institucionalizada, tiene que ver con la multiplicación de las concesiones de agua existentes mediante la práctica de las transmisiones parciales de títulos (Ley de Aguas Nacionales).

McCulligh expuso que desde los 1960 se han emitido diferentes decretos que instituyen zonas de veda para restringir los derechos de perforación de nuevos pozos en Zacatecas, y existe algún tipo de restricción para todos los municipios del estado. En los hechos, sin embargo, esto ha llevado al fraccionamiento y, por lo tanto, a la multiplicación de las concesiones de agua existentes.

La primera práctica de corrupción institucional, dijo, es el bajo nivel de inspección y vigilancia. Debido a que los cálculos de la extracción se basan en datos de las concesiones, la falta de supervisión e inspección implica que las verdaderas tasas de sobreexplotación con probabilidad exceden lo que se estima.

En ese sentido, “la Conagua carece de capacidad de inspección en el nivel nacional, hecho que se evidencia en el número de inspectores y de las inspecciones realizadas comparado con el número de usuarios con una concesión para extraer aguas superficiales o subterráneas, o bien con un permiso para descargar a aguas nacionales o para ocupar una zona federal. El número total de concesiones y permisos registrados a escala nacional es cercano a medio millón (491 mil 362 en febrero de 2016), y Conagua cuenta con alrededor de 180 inspectores. Con base en el promedio anual de inspecciones realizadas por la Conagua entre 2011 y 2015 (8 mil 337), se puede estimar que requeriría de 59 años para poder inspeccionar a cada usuario. Esto pone en perspectiva el tipo de vigilancia que puede movilizar la comisión”.

En consecuencia, señaló que hay una depredación del agua por parte de industriales y agricultores en los que destaca “la incapacidad, o la franca complicidad del Estado, para someter a esos grupos a alguna lógica de racionalidad no empresarial, buscando una cierta equidad o algún criterio de conservación a largo plazo”.

Asimismo, McCulligh refirió que otra práctica importante que funge para asegurar el agua para satisfacer intereses económicos involucra la manipulación o tergiversación de los datos acerca del estado y la cantidad del recurso hídrico. Un caso bastante claro proviene del norte de Zacatecas, donde las cifras oficiales de la recarga natural del acuífero Cedros se multiplicaron durante la etapa antes de la instalación de la mina Peñasquito, una enorme mina a cielo abierto de la compañía canadiense, Goldcorp, en el municipio de Mazapil.

En 2007, comentó que la Conagua dio a conocer un estudio de la disponibilidad del agua en el acuífero Cedros, en el que se afirma que la tasa de recarga natural es de 10.1 Mm3 /año, y que el volumen comprometido en concesiones es de 4.45 Mm3/año. Dos años después, la Conagua publicó información en el Diario Oficial de la Federación indicando que la recarga para el acuífero Cedros era de 54.4 Mm3 /año, ¡un aumento de 435 por ciento.

Actualmente, la mina Peñasquito, considerada la mina de oro más grande del país, cuenta con concesiones para 38 Mm3 / año de 60 pozos en el acuífero Cedros, así como otros 6 Mm3 /año del sobreexplotado acuífero Guadalupe Garzarón, según detalló en un artículo publicado en la revista Water Alternatives y Observatorio del Desarrollo.

Consideró entonces que es un caso de reciprocidad negativa entre la corporación y las comunidades locales, quienes han perdido su acceso a los recursos hídricos. En este caso, las autoridades del agua han incurrido tanto en “falsificar los estudios técnicos” como en realizar actos de omisión al permitir la continua extracción no sustentable del agua del acuífero.

McCulligh manifestó que la apuesta actual de las autoridades del estado es aumentar el abastecimiento a través de la construcción de la presa Milpillas, sobre el río del mismo nombre, al extremo occidente del estado en la cuenca del río Santiago, pero un trasvase de cuenca y una gran obra de infraestructura hidráulica no sólo no solucionarán los problemas que son de una magnitud importante, sino que no trastocan los patrones actuales de uso del agua en la región centro del estado.

“Minar agua subterránea para emprendimientos privados, sean agrícolas o industriales, se realiza actualmente con la anuencia de las autoridades, cuya aplicación de la regulación se inscribe en las prácticas de la corrupción institucionalizada. Mientras la corrupción institucionalizada permite que persistan los patrones no sustentables de explotación del agua en la región centro del estado, la crisis del agua se profundiza y se cristaliza en el conflicto naciente en torno a la presa Milpillas. Sin duda, la participación y la vigilancia ciudadanas serán clave para poder develar y romper las prácticas oficiales que solapan la sobreexplotación de los acuíferos en aras de garantizar actividades y ganancias privadas”, concluyó.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/05/la-corrupcion-institucionalizada-ha-contribuido-en-la-crisis-del-agua-en-region-centro-de-zacatecas/

En el país tenemos al menos 45 conflictos (OCMAL, 2018) serios y muy complejos derivado de las más de 20 millones de hectáreas vigentes concesionadas a las empresas mineras. A ellos, se sumarán los conflictos socioambientales generados por las mineras que se están explotando para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

En la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIAMR) del NAIM, se indica que: “se calcula un volumen aproximado de 35,448,000 m3 de material requerido para la nivelación del terreno, la fuente de suministro serán los bancos localizados en los municipios de Ecatepec, Chimalhuacan, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco” (GACM, II-83). Es decir, el material requerido tan sólo para nivelar el terreno corresponde al volumen de 6,394 albercas olímpicas o 381 veces más del material que se utilizó para la construcción del Estadio Azteca. Pero ¿de qué material esta hablando la MIAMR?

De manera particular se señala que durante la Fase 1, una vez que se retiren 7 millones de m3 (por las excavaciones del terreno), “el volumen para relleno será de 15,986,000 m3, el tipo de material que se empleará será tepetate y tezontle” (GACM, II-83). Este relleno se obtendrá de “bancos de préstamo” que “son las excavaciones a cielo abierto destinadas a extraer material útil para la construcción” (GACM, II-148). Es decir, los casi 16 millones de m3 de material, corresponden a dos minerales, tepetate y tezontle, que por supuesto necesitan ser extraídos de minas. Ante esto, la pregunta es de dónde se propuso sacar este mineral.

La explotación de bancos señalados en la MIAMR (en ella se incluye un mapa sólo con 13), que cuentan con “autorizaciones en materia ambiental”, y que podrían ser usados, son: Netzahualcóyotl, San Miguel, La Esperanza y La Providencia, todos con Aglomerado; Ixtlahuaca con Andesita; Santa Catarina, Tlahuilco, Tepexpan y Totolcingo todos con Tezontle; y los Municipio de Ixtapaluca y Chimalhucán, ambos con arena, grava, tepetate y tezontle (GACM, II-149).

En otro documento, Proyecto de Apoyo Ferroviario. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” (AMF-SCT, sf), se indica que producto de las obras de las tres primeras pistas, se necesitarán “36.56 millones de toneladas de material pétreo para pre carga de suelo de cimentación”. Ante la necesidad de este material, el Proyecto muestra con mapas, la localización de las minas cercanas. Sobre las minas de basalto (para la cimentación), indica que hay 547 en un radio de 250 kilómetros del nuevo aeropuerto; 488 en un radio de 150 kilómetros; y 156 en un radio de 50 kilómetros. De minas de tezontle, apunta, hay 50 minas en un radio de 250 kilómetros, 41 en un radio de 150 kilómetros y 1 en un radio de 50 kilómetros (AMF-SCT, sf). Así, una gran cantidad de minas se presentan como “disponibles” para el NAIM. Aunado a esto, el Proyecto señala que “las minas contarán con grúas de cucharon de 25 toneladas cada una que permitan cargar un camión en rango de 3 minutos” (AMF-SCT, sf). De acuerdo con algunos de los trabajadores del NAIM, fueron destinados 5 mil camiones para transportar estos materiales.

En suma, en la MIAMR y el Proyecto, se muestra la gran cantidad de minerales requeridos para el relleno y la precarga del terreno, y también las minas disponibles para los requerimientos de la construcción, entre ellas 590 minas, en un radio de 250 km. La gran interrogante es, quérepercusiones socioambientales traería la explotación de tantas minas, muchas de las cuales necesitan explosivos para su extracción, lo que conlleva la destrucción de ecosistemas, del hábitat de los pueblos, de viviendas, entre otros. Hasta el momento, denuncian los pobladores cercanos, hay alrededor de 160 minas que en su inmensa mayoría han sido abiertas para el NAIM, muchas de las cuales indican, iniciaron de forma clandestina. Entonces, ¿es un proyecto de vida o es un proyecto de muerte?

Fuente:https:https://desinformemonos.org/la-mineria-que-empobrece-y-no-respeta-la-vida-en-mexico/?fbclid=IwAR0ZQTtRJ1IrTR49TWFFGGallMkzxnc1AXHdtkD-JaxQnTD77UlUrQq9za0