Una minera de Grupo México derrama 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.

La empresa, propiedad del segundo hombre más rico de México, provocó en 2014 una de las mayores catástrofes ambientales en la historia del país, al verter 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos de Sonora.

Un ducto de la minera Grupo México derramó 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortes, en el estado de Sonora, al noroeste de México.

Se trata de un nuevo desastre ambiental provocado por la empresa propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, y que en 2014 ocasionó la mayor catástrofe ecológica en la historia de México.

Ácido en el mar

El reciente derrame de ácido sulfúrico ocurrió en la ciudad costera de Guaymas, Sonora, el cual fue captado por algunos usuarios de redes y difundido por medios locales.

Grupo México, de Germán Larrea, se ve involucrado en un derrame tóxico. Esta vez fueron 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Es la compañía minera más grande del país. En 2014 también cometieron un ecocidio en el río Sonora. #Guaymas #fail |

De acuerdo con un comunicado de Grupo México, el incidente ocurrió el 9 de julio alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, en la Terminal Marítima de Guaymas, provocado por la falla de una válvula en las tuberías que transportaban el químico.

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Grupo México@GMexico_oficial

En la Terminal Marítima de Guaymas se presentó un evento que ocasionó el vertido de ácido sulfúrico que ocasionó la liberación de 3 (tres) m3. Se aplicaron de inmediato medidas de atención y la situación se controló rápidamente.

Abraham Larios, titular de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, entidad gubernamental encargada de administrar el puerto, responsabilizó a la empresa minera por el derrame.

«Grupo México es el responsable de esta falla y los eventuales daños deberán ser reparados a la brevedad por esa empresa», dijo Larios en entrevista con Milenio.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) actualmente se encuentra evaluando los daños, de acuerdo con la versión oficial, a pesar de que tras dos días del desastre la dependencia no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.

«Ya va intervenir la Semarnat para atender este caso. Se van a evaluar los daños. Es un hecho que sí hubo el derrame, esa es la información que tengo, y sí se va a actuar», aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina de este 11 de julio.

No es la primera vez

El 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre –considerada en su momento como la tercera más grande del mundo en este mineral y filial de Grupo México– derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacánuchi, en un hecho calificado por las autoridades federales como «el desastre ambiental más grave de la minería en México».

Un total de 24.000 personas fueron afectadas. Muchas de ellas, presentaron enfermedades en la piel y gastrointestinales por el contacto con el agua contaminada.

En 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente multó a Grupo México con un monto de 23,5 millones de pesos (1,4 millones de dólares) tras incurrir en 55 «irregularidades», además de constituir un fideicomiso privado para remediar los daños. Una multa que representó apenas el 0,09 % de las ganancias que obtuvo Grupo México el mismo año en que ocasionó el derrame: 1.705 millones de dólares en 2014.

Germán Larrea, accionista principal de Grupo México, es considerado el segundo hombre más rico del país, después de Carlos Slim, con una fortuna valuada en 13.300 millones de dólares, según la revista Forbes.

De acuerdo con el Informe Final Diagnóstico Ambiental en la Cuenca del Río Sonora, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el derrame provocó «el incremento en la mortandad de los árboles«, así como la presencia de metales pesados en especies, causando efectos negativos a mediano y largo plazo para personas y animales, debido a la acumulación de tóxicos dentro de la cadena trófica.

El reporte también documentó presencia de arsénico y plomo en productos lácteos, además de altas concentraciones de cadmio en frutas y verduras. También se documentó que el 70 % de los niños de la comunidad de San Felipe de Jesús, uno de los 7 pueblos más afectados por el derrame, tenían altas concentraciones de plomo en la sangre.

Sin embargo, Grupo México no cumplió con las medidas de reparación de daños a las que se comprometió, lo cual fue calificado por Naciones Unidas como un ejemplo «descarado y flagrante» de impunidad.

«Estamos hablando de una de las compañías más grandes de todo el mundo, una compañía que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas y no puede construir unas cuantas instalaciones de tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometieron a hacer. Si esto no es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad, entonces, no sé qué más podría ser», declaró en mayo de 2018, Baskut Tuncak, relator de Naciones Unidas para el manejo de sustancias tóxicas sobre el incumplimiento de Grupo México.

 

Un análisis de la organización PODER encontró múltiples irregularidades en el fideicomiso privado que se creó con la finalidad de que las empresas responsables pagaran para remediar, reparar y compensar los daños por el derrame.

Entre las irregularidades detectadas, se encontró que apenas el 10 % del dinero sirvió para pagar directamente a las personas afectadas, mientras el 90 % de los recursos restantes «es incierto», debido a triangulaciones y gastos sospechosos.

Esto, además de que Grupo México apenas desembolsó la mitad de los 2.000 millones de pesos a los que se había comprometido originalmente con autoridades gubernamentales.

La empresa también se había comprometido a construir 63 nuevos pozos de agua con el fin de que las comunidades afectadas pudieran acceder al vital líquido, pero hasta 2018, cuatro años después del derrame, la Comisión Nacional del Agua sólo había reportado 17 nuevos pozos.

Y todo, sin que las autoridades mexicanas intervinieran para sancionar a Grupo México por incumplir con sus compromisos.

En octubre de 2018, el Tribunal Latinoamericano del Agua, un organismo no vinculante que busca evidenciar los agravios contra los pueblos cometidos por empresas y autoridades gubernamentales, resolvió que el Estado mexicano «ha incumplido con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al medio ambiente y sobre todo ha afectado a los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas y campesinos», tras el derrame en los ríos de Sonora.

 

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/320821-minera-mexico-derramar-acido-sulfurico-mar-cortes

Asociaciones ambientalistas han exigido que el estado se declare libre de ella ante los daños ambientales que provoca, las cantidades de agua que exige y el deterioro que origina a las comunidades

HACE UNA DEFENSA FÉRREA DE LA ACTIVIDAD MINERA DE LA EMPRESA CANADIENSE ARGONAUT GOLD Y ES SECUNDADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE, MAURICIO USABIAGA QUIEN PIDE ROMPER TABÚS EN CUANTO A LA INDUSTRIA MINERA.

Guanajuato, Gto.- Salvador García Ledesma presidente del Comité Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, llamó “ridiculos” a quienes piensan que la actividad minera puede tener consecuencias negativas para la salud, refiriéndose al proyecto de la empresa minera Argonaut Gold Cerro del Galloperteneciente a la comunidad de San Antón de las minas en Dolores Hidalgo.

“Expo México Minero” señaló que, aunque las comunidades que se encuentran aledañas a este proyecto se hallan manifestado en contra, no tienen bases científicas para señalarlo, señalando que los habitantes tienen solo la creencia de que la actividad minera puede traer malformaciones en los recién nacidos, pero dijo esto es por falta de información.

“Se imaginan Guanajuato que tiene casi 500 años de minería cómo serían sus habitantes, esto es totalmente ridículo pero lo más grave es que alguna gente lo cree”.

De la mima forma mencionó que uno de los principales retos de la minería es mostrar a la ciudadanía los grandes beneficios que esta actividad trae a los ciudadanos, señalando que ha sido un obstáculo para la minería las organizaciones civiles que se oponen a este tipo de desarrollo por considerarlos nocivos para el medio ambiente.

Por su parte Mauricio Usabiaga señaló que hay que quitarse los tabúes generados, según sus palabras por la desinformación por planteó un proyecto para capacitar a artesanos para con ello crear una industria de artículos guanajuatense producto de la minería.

Fuente : https://masdeaca.com/ridiculos-llama-el-presidente-del-comite-directivo-nacional-de-ingenieros-mineros-a-activistas-preocupados-por-la-salud-en-san-anton-de-las-minas/?fbclid=IwAR0dTcRTGPWKN3rZQbMowsl4IBWSXEgaZOwCOOV-ukCeU00gPWCpN9uWe1k

Boletín de Prensa

No al Proyecto Minero Cerro del Gallo

en la Cuna de la Independencia

La empresa canadiense Argonaut Gold pretende explotar su Proyecto Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia. De realizarse, su proyecto abarcaría un área total demás de 20,000 hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua.

En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del “Acuífero de laIndependencia”, el acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterranea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, la empresa minera canadiense Argonaut Gold pretende iniciar las operaciones de su Proyecto Cerro del Gallo, aubicarse en el territorio de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Dolores Hidalgo.

El Proyecto se ubica dentro la Cuenca de la Independencia, un territorio así denominado por formar

parte de un solo Acuífero subterráneo, como ha sido demostrado por los estudios realizados desde

1998 por el Centro de Geociencias de la UNAM, aunque la Comisión Estatal del Agua no lo

reconozca así. Este Acuífero abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato, desde

San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José

Iturbide y San Miguel de Allende. La sobreexplotación del Acuífero es tan grave que el agua está

siendo tomada más allá de los límites de extracción sustentable, ello se constata con los pozos

que existen en la región que alcanzan entre 400 y 700 metros de profundidad. El agua extraída a

esas profundidades, contiene un exceso de elementos químicos como el arsénico y el fluoruro, los

cuales son altamente dañinos para la salud de toda la población.

Si el Proyecto Minero del Cerro del Gallo empezara a operar los riesgos para los habitantes se multiplicarían de manera exponencial ya que generaría de inmediato graves afectaciones al equilibrio ecológico de la zona, como de hecho está sucediendo en todas las minas a cielo abierto que se encuentran en el territorio nacional, toda vez que para su operación, además de extraer grandes cantidades de agua, la cual es insuficiente para el consumo humano y las actividades agropecuarias de las familias campesinas, arrasaría un cerro completo, tal como sucedió con el emblemático Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, dejando en su lugar un enorme cráter;además de ello, el proceso de cianurización de las enormes cantidades de material extraído, con el propósito de separar los minerales, generaría gravísimos efectos de contaminación afectando todo tipo de vida.

Por tales razones, los habitantes de las comunidades cercanas al Proyecto Cerro del Gallo han manifestado su rechazo absoluto a la explotación minera de Argonaut Gold, ya que ello conllevaría a la violación de sus derechos humanos, el desplazamiento involuntario de muchos habitantes, impactaría negativamente su economía, y comprometería la calidad de vida de las familias en el presente y en el futuro. Ante esta convicción, las mismas comunidades exigen al Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo que no otorgue ningún tipo de permisos y/oautorizaciones a la empresa Argonaut Gold para su Proyecto Cerro del Gallo.

8 de julio 2019Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

AT E N T A M E N T E

Comunidades Opositoras al Proyecto Minero Cerro del Gallo

SANTA BARBARA | CERRITO DE GUADALUPE | LA COLMENA | EL DURAZNO

| PALACIO DE ABAJO | EL POTRERO DE GUADALUPE | SAN JOSÉ DE LA CAMPANA | SAN JOSÉ DE LA PALMA | EL LLANITO | LA VENTILLLA | SANISIDRO EL SISOTE | SAN MARCOS | PURISIMA DE CEBOLLETAS | CABAÑA DESAN JERÓNIMO | LA TINAJA

HERMANDAD DE LA CUENCIA DE LA INDEPENDENCIA

ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERIA

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/boletin-de-prensa-no-al-proyecto-minero-cerro-del-gallo-en-la-cuna-de-la-independencia/

Después de 7 años y gracias a un amparo, los pobladores de Bacanuchi, Sonora, recibieron el informe Preventivo que Grupo México entregó a Semarnat para abrir una presa de desechos tóxicos de la mina de cobre Buenavista, que la empresa echó a funcionar sin el consentimiento de los pobladores

La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace 3 años una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.

A la comunidad jamás se le informó nada. Este 5 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para explicar el “Informe Preventivo” de Grupo México que aprobó para que se construyera la presa, el por qué dio visto bueno al proyecto, bajo qué criterio, y por qué no informó a la población.

El biólogo Germán González Siqueiros recita a la comunidad de Bacanuchi el informe que Grupo México entregó para abrir la presa de desechos tóxicos de la mina de cobre. Este informe fue redactado en 2012 y aprobado en 2013; el histórico y terrible derrame ocurrió en 2014. La presa de jale opera desde 2015. La gente, que apenas se recuperaba del derrame de 2014, se enteró del proyecto hace un año y medio porque vio la construcción, y porque Grupo México quitó el camino comunitario a Cananea. Hace un año, la comunidad, apoyada por la Organización Poder, interpuso un amparo que, en septiembre pasado, fue otorgado por la Segunda Sala de la SCJN.

La reunión de este 5 de julio de 2019 es resultado de ese amparo.

Al lado del biólogo se encuentra Dulce María Villarreal, suplente por ausencia del delegado de la Semarnat en Sonora, quien guarda silencio durante todo el evento. Del otro lado se encuentra Cristina Martin, directamente enviada por el nuevo titular de Semarnat, Víctor Toledo. Al frente, un centenar de personas de la comunidad y de poblados también afectados río abajo; hay observadores de derechos humanos, y también dos enviados de Grupo México: un notario y lo que parece ser un guardaespaldas.

El biólogo da el informe con la ayuda de un powerpoint. Este trámite debió haberse realizado por 2012, antes de que Semarnat aprobara el proyecto. Pero se lleva a cabo en 2019, después de que Grupo México obtuvo aprobación, compró ejidos, movió caminos, construyó una presa tan grande que tan sólo la corona es de ocho kilómetros de circunferencia y el muro de 117 metros (a lo lejos recuerda el muro de hielo de Juego de tronos) y le permite albergar el equivalente de 102 millones  de pipas con desechos tóxicos. Es decir, unas 51 mil veces el derramado en 2014. Si la presa se reventara, sumergirá por completo Bacanuchi.

El biólogo Germán González lee con voz somnífera el informe que Grupo México entregó en aquel 2012 a la Semarnat, para que se aprobara su proyecto. Según su dicho, el proyecto contempla los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Recalca que las presas de jales (es decir, de desechos y lodos tóxicos) son usadas en todo el mundo. Que el diseño lo hicieron con un software muy moderno. Y que por eso se aprobó.

Los pobladores de Bacanuchi y de comunidades río abajo escuchan, mientras se abanican con revistas o papeles el calor del mediodía bajo la resolana del kiosko. La reunión es lenta; pero pobladores, mujeres amas de casa, hombres de botas y sombrero no quitan la atención: saben que es de vida o muerte, literal.

Al terminar, vienen las preguntas, y estas son quizá lo más interesante de la reunión:

“¿Por qué hasta ahora nos vienen a informar?”, pregunta María Elena Bustamante, una de las 42 quejosas que interpusieron el amparo ante la SCJN.

“Cuando aprobaron esos informes ¿fue trabajo detrás del escritorio o hicieron trabajo de campo?”, pregunta otra mujer. Otro más cuestiona: “¿Por qué dan tantos permisos detrás del escritorio si nosotros somos los afectados?”

Un hombre lanza: “¿Cómo no revirtieron la autorización, si ustedes la aprueban en 2013 y en 2014 se dio el derrame?”

Óscar Pineda, investigador de Poder, toma la palabra, otorgada por María Elena Bustamante. Se levanta y entrega un sobre color manila con todas las observaciones halladas: los volúmenes del vaso contenedor de la presa de jales que presenta Semarnat no son los mismos que los que han sido conseguidos vía transparencia. Hay discrepancias, de 1 mil 700 millones cúbicos a 2 mil 40 millones cúbicos.

Agrega que no se contemplan normas vinculadas a la salud humana. Tampoco se contempla el impacto acumulado del derrame de 2014, ni de las décadas y siglos de explotación minera.

No es posible hablar de la nueva presa de jales sin mencionar el desastre de 2014. Es imposible, a pesar de que las autoridades piden eso. Juan Flores, un joven originarios de Bacanuchi, explica: lo que más les importa es la salud. Cuando ocurrió el derrame de 2014, las autoridades les prometieron construir un pequeño hospital o clínica para dar seguimiento médico. No solo no construyeron nada, sino que el pequeño centro de salud que tenían ahora está cerrado.

Juan Flores también advierte que hay corrientes de agua donde antes no había. Eso, explica, son ya las filtraciones de la presa. ¿Qué software revisa eso? Porque saben que el agua lleva cadmio, plomo, arsénico y fierro, todo el tiempo.

Héctor Vega, profesor investigador de la Universidad de Sonora, pregunta: “Acaban de decir que la empresa manifestó que se realizarían análisis de agua y aire periódicos para monitorear el medio ambiente. ¿Por qué no presentan ustedes los datos?”

Y más cuestionamientos: en el informe elaborado por la empresa en 2012, se advierte que la presa tendría un fondo protegido contra la filtración de minerales y tóxicos. Pero a nosotros nos consta que no es así. En 2015, que comenzó a operar la presa, no tenía recubrimiento alguno. ¿Por qué no han dado seguimiento? Tampoco tiene pileta de recuperación, como asegura el documento que Grupo México entregó.

Por otro lado, la empresa ha construido 15 pozos alrededor de arroyos que van hacia el norte (es decir, del lado contrario a los escurrimientos). Esos pozos no son para recuperar escurrimientos tóxicos, sino para llevarse el agua limpia, sospechan los pobladores.

Pero Mario Salcedo, ejidatario, es quien mejor explica el sabor de la reunión: “oiga”, advierte al biólogo, “de todo lo que dijo, a mí no se me pegó nada”, dice, mientras se lleva la mano a la cabeza. “Nada, pero sé de un derecho: el derecho a la vida. Estoy hablando por los niños.” Aquí, remata: “nos están matando”.

Cristina Martin es amistosa: recalca todo el tiempo el interés de escuchar, de dialogar. Se compromete a que la Semarnat revise si Grupo México cumplió con todo lo que aseguró que haría para prevenir un nuevo desastre; revisar temas específicos de Salud, agua, y sobre todo, hacer una próxima reunión, esta vez extensa, que incluya a todas las comunidades (esta, al ser mandatada por la Scjn y luego implementada por un juez de distrito tenía limitaciones: solo los 42 firmantes del amparo)  tenían voz y voto.

Los que estuvieron en 2014, recuerdan que en aquel entonces la Semarnat no accedió a dialogar con la población. “Se metieron a hablar con los de la mina, los funcionarios, y nada más”, “firmaron todo en secreto”, recuerda Héctor Vega, académico.

Fuente:https://piedepagina.mx/grupo-mexico-y-semarnat-entregan-informe-preventivo-de-presa-de-jales-7-anos-tarde/?fbclid=IwAR1uVhH7LP1aZhvqRGWXybrjDe21nuqFH2LDvAKNWALs_4fbR6JpIyi_Cbo

• Su estrategia fue utilizar un contrato de arrendamiento, el cual además de ser fraudulento es vergonzoso y perverso

De acuerdo con el asesor jurídico del FAO, Carlos Covarrubias Rendón, la empresa canadiense Minera San Xavier (MSX), nunca obtuvo las licencias de uso de suelo, de funcionamiento y de construcción, durante el tiempo en que estuvo operando en un área de 136 hectáreas, las cuales hicieron pasar como parte del municipio de Cerro de San Pedro, siendo que en realidad pertenecen al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El también activista ambiental manifestó que este acto por sí mismo implica una demostración del estado de ilegalidad en que la empresa operó con la más absoluta impunidad y sin que la autoridad ambiental actuara a favor de la legalidad y del medio ambiente.

Explicó que la MSX elaboró un contrato de arrendamiento con el ejido Palma de la Cruz, el cual además de ser fraudulento es vergonzoso y perverso, ya que en la Cláusula Novena la empresa se deshace de los cerca de 200 millones de toneladas de material sulfuroso cargado de metales pesados que por cientos de años van a estar generando drenajes ácidos, contaminando el aire el agua y la tierra, dejándoles absolutamente toda la responsabilidad a los habitantes del ejido.

Carlos Covarrubias refirió que de acuerdo con los compromisos que le impuso SEMARNAT a la MSX, como condición para poder operar su proyecto, la empresa ya debería de estar llevando a cabo la remediación del sitio, lo que es imposible, y que por lo tanto lo que hay que exigirle a la empresa son medidas efectivas de seguridad ambiental.

Indicó que por desgracia se sabe que la empresa no está dispuesta a invertir los millones de dólares que implica un proyecto de remediación, o mitigación, y que a fin de evitarlo está intentando hacer arreglos con los ejidatarios para concertar una indemnización por daños a sus tierras, inconformándose debido a que en este caso el problema no solo es ejidal, sino más bien de agravios a la biodiversidad, concluyó.

Fuente:http://elheraldoslp.com.mx/2019/07/02/la-minera-san-xavier-se-deshace-de-cerca-de-200-millones-de-toneladas-de-material-sulfuroso-dejando-toda-la-responsabilidad-a-los-ejidatarios/

Una tarde de septiembre de 1996 los habitantes de Cerro de San Pedro fueron convocados a la iglesia del pueblo para recibir una plática sobre los beneficios que traería el proyecto minero San Xavier, de la empresa canadiense New Gold Inc., que entre otras cosas generaría cientos de empleos muy bien remunerados, mejoras en el pueblo para que Cerro “renaciera como un ave fénix, y volviera a tener el esplendor que logró durante la época de la Colonia, cuando era muy pujante por su producción de oro y plata”.

Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro, relata que un representante de la minera y el cura pretendieron convencer a las personas del pueblo para que apoyaran el proyecto de la mina de tajo a cielo abierto, lo que implicaba reubicar sus viviendas en otra zona y desaparecer el poblado de Cerro de San Pedro, con todo y sus iglesias. La gente no aceptó y comenzó un largo proceso de defensa de su territorio frente a la mina.

Los habitantes y las organizaciones se ampararon y demostraron el incumplimiento de la normatividad ambiental, pero a pesar de eso el proyecto avanzó y los opositores enfrentaron amenazas y hostigamiento de la empresa y de sus vecinos. Los opositores del proyecto de Minera San Xavier en Cerro San Pedro ganaron legalmente, pero perdieron por la vía de los hechos.

Dividir a las comunidades

La llegada de este proyecto trajo la división de la población y su enfrentamiento. En aquellos años, los inversionistas comenzaron a repartir dinero al cura, al presidente municipal y a algunos pobladores para que la mina. Al mismo tiempo, un comité ciudadano se organizó para diseñar una campaña de movilización en contra del proyecto minero por las afectaciones ambientales, sociales y culturales que ocasionaría.

El proceso de litigio de los ciudadanos para frenar este megaproyecto extractivo en San Luis Potosí duró más de 10 años, en los que los ciudadanos lograron tres victorias en los tribunales, pues las sentencias denegaban las autorizaciones para abrir la mina. Sin embargo, el incremento en el precio mundial del oro, la complacencia de autoridades municipales, estatales y federales, así como la presión de la minera, hicieron que sin los permisos requeridos la minera comenzara a trabajar, a dinamitar el cerro y extraer minerales.

La minera se valió de actas falsas e irregulares que avalaban la renta de tierras para poder llevar a cabo la extracción de los minerales, trazar sus caminos y establecer su patio de lixiviación. Muchos de los contratos de renta de tierras están a nombre de personas que ni ejidatarios eran, subraya Mario Martínez.

Algunos de los pobladores de La Zapatilla y otros de Cerro de San Pedro lograron ingresar a trabajar en la mina como vigilantes, obreros o inspectores, condicionados a no colaborar con los opositores al proyecto. Cualquier filtración de información o colaboración con los opositores les significaba el despido. Mario Martínez lamenta que “así se polarizaron las relaciones en la localidad. Todo el pueblo estaba enfrentado, pero la mina seguía trabajando.”

Aunque a algunas personas les fue relativamente bien con su empleo en la minera, las afectaciones ambientales los perjudicaron a todos. Con la remoción del Cerro de San Pedro, que incluso forma parte del escudo de armas del estado de San Luis Potosí, se modificó el clima: se hizo más caluroso, se perdió la vegetación, ahora hay muchas corrientes de polvo que generan enfermedades respiratorias a la gente, explica Ana María Rosas, ejidataria de Cerro de San Pedro y productora apícola.

Gana la minera, pierden todos los demás

En México más de 20 millones de hectáreas del territorio se encuentran concesionadas a la minería, lo que representa más del 12 por ciento de la superficie del país. Esta actividad extractiva goza de privilegios especiales, como el uso preferente de los territorios para su práctica sobre cualquier otro uso de la tierra, por considerarse en la legislación como una actividad de interés público.

A pesar de las enormes ganancias que las minas producen a los dueños de las concesiones para esta actividad, al Estado mexicano esta actividad le genera escasos ingresos económicos, enormes pasivos ambientales -que no atiende- y a los dueños legítimos de los territorios concesionados y los habitantes de las comunidades aledañas, la actividad minera les deja, ante todo, pérdidas de todo tipo, incluida la de sus medios de vida y conflictos y división entre los habitantes.

Ejemplo de ello es la Minera San Xavier, que enfrentó a los habitantes y removió más de 120 millones de toneladas de material mineral para la extracción de oro y plana en el Cerro de San Pedro, poblado que dio origen a la ciudad de San Luis Potosí.

Además de alterar radicalmente el paisaje en este pueblo, comunidades aledañas, como La Zapatilla, fueron reubicadas para instalar las áreas de trabajo de la mina; se gastaron millones de metros cúbicos de agua para lixiviar los minerales y se emplearon enormes cantidades de cianuro para la obtención del oro y la plata.

La comunidad de La Zapatilla, aledaña a Cerro de San Pedro, aceptó ser reubicada a un par de kilómetros, donde les dieron terrenos con dimensiones equiparables a los que tenían en el asentamiento original y les apoyaron con la construcción de pequeñas casas.

Lo que queda hoy de la comunidad original de La Zapatilla son montañas inmensas de residuos lixiviados. Se acabaron las actividades de esta región y de Cuesta de Campa, donde hace algunos años se producían maíz y frijol y se elaboraban quesos y melcochas de tuna y pulque, entre otras.

Por rentarle sus tierras a la minera para los patios de lixiviación, hoy lo que tienen los habitantes de esta región son inmensas montañas de residuos tóxicos al aire libre. Tierras muertas de las que escurre todo el tiempo una solución cianurada. La renta que los habitantes de Cuesta de Campa recibieron durante casi todos los años de operación del proyecto fue de 15 mil pesos al año. Este último año la renta es de poco más de un millón de pesos al año, que se dividen entre todos los ejidatarios.

“La minera llegó por la ignorancia de la gente, debido a la pobreza que existe en la región. La gente vio buena la llegada de Minera San Xavier en ese momento. No sabíamos el daño ecológico que iba a causar y que nuestras tierras iban a quedar inservibles”, dijo Amalia Silva Loredo, habitante de Cuesta de Campa, en el municipio de Cerro de San Pedro.

La minería de este tipo contamina ríos, lagos y acuíferos; destruye la orografía de las regiones y debido al uso excesivo de sustancias tóxicas para los procesos de lixiviado de los minerales contamina grandes extensiones territoriales que tardarán miles de años en perder esa toxicidad.

Además, la actividad minera, en especial mediante la técnica de tajo a cielo abierto, se asocia con la presencia o el incremento de enfermedades en los habitantes de los poblados aledaños a la actividad minera, entre ellas el cáncer y enfermedades estomacales y renales, entre otras.

Así quedaron Cerro de San Pedro y San Luis Potosí

Aunque la ciudad de San Luis Potosí sufre de manera cotidiana problemas de abasto de agua, la minera nunca tuvo ese inconveniente, siempre se le garantizó el abasto para sus actividades. De hecho, la compañía minera tenía el control del paso del agua hacia otras comunidades, lo que le sirvió de medida de presión para contener a los pobladores inconformes con la operación de la mina.

De acuerdo con los habitantes del ahora pueblo mágico de Cerro de San Pedro, la minera obtuvo ganancias diarias por aproximadamente 7 millones de pesos durante un periodo de al menos 10 años. Estas ganancias sin embargo no se ven reflejadas en el nivel de vida de los pobladores de las comunidades aledañas a la mina San Xavier.

El pueblo de Cerro de San Pedro no cuenta con escuela ni clínica de atención médica. “La clínica se usa como bodega para guardar materiales de la minera”, refiere Mario Martínez Ramos.

Ana María comenta que antes de la llegada de la minera, en Cerro de San pedro se daba muy bien la apicultura, se obtenían mieles de buena calidad y de distinta floración. Ella logró instauran un par de apiarios muy productivos que le generaban buenos ingresos a su familia. Pero con los trabajos de extracción del mineral en el que removieron todo el monte, se perdió la floración y las abejas murieron.

“Aunque intenté en otra ocasión armar un proyecto con otras mujeres de instalar apiarios, ya no se produjo ni una sola gota de miel,” lamenta Ana María.

Sin remediación y con más proyectos

La minera San Xavier terminó formalmente sus actividades de extracción de mineral en 2016, luego de diez años de intensa actividad de detonaciones y remoción de tierra. Desde entonces ya solo sigue lixiviando una montaña de 120 millones de toneladas de material mineral para seguir obteniendo oro, para lo cual rocía diariamente 16 toneladas de cianuro disueltos en 32 millones de litros de agua.

Con las altas temperaturas de la región la solución de cianuro se evapora y se traslada a kilómetros a la redonda en donde se esparce en forma de nubes. La principal población afectada es la ciudad de San Luis Potosí.

Por si esto fuera poco, por los montes de Cerro de San Pedro escurre el 30 por ciento del agua que abastece a la capital de San Luis Potosí. Es muy probable, de acuerdo con académicos de la región, que las aguas lleven residuos de las sustancias y minerales cianurados que escurren del patio le lixiviación de la mina al acuífero.

De acuerdo con Mario Martínez la minera está obligada a realizar trabajos de remediación de las afectaciones ambientales ocasionadas por las actividades de explotación mineral desde hace un par de años y a la fecha no ha hecho nada ni hay claridad de en qué consistirían esos trabajos. “Lo único es que han pintado algunas casas, colocado señalética y otros adornos en el pueblo para hacerlo un destino más turístico”.

De hecho, comenta que hay un proyecto para realizar un parque turístico temático en Cerro de San Pedro para difundir la minería y resaltar la tradición minera de la región.

Pero no hay ninguna acción para evitar que la montaña de lixiviación no contamine el ambiente ni el acuífero, tampoco hay labores de de reforestación ni de remediación de la cobertura vegetal que había en la región y que se perdió con la mina.

Más allá de avanzar hacia la remediación, los pobladores de Cerro de San Pedro hablan sobre otros proyectos mineros que tienen algunas empresas para seguir atrayendo oro, plata y otros minerales tanto a tajo abierto como con minería subterránea.

“El pueblo de Cerro de San Pedro se salvó del avance de la mina San Xavier, pero aún está amenazado por la ambición de las mineras de seguir explotando la tierra. Hay estudios que indican que debajo del pueblo hay una gran veta de minerales preciosos”, subraya Mario Martínez.

“Ahora el pueblo está más informado y ya vio que la minería no nos dejó nada y que destruyó la región, esperemos que no vuelva a pasar ningún otro megaproyecto por aquí”, concluye.

Tomado del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, fotografías de Enrique Abe.

Fuente:https://potosinoticias.com/2019/07/03/reportaje-msx-en-cerro-de-san-pedro-ilegalidad-despojo-y-destruccion-ambiental/

Debido al asentamiento de diferentes metales y minerales durante varios años

Integrantes de diferentes organizaciones civiles ambientalistas reclamaron que no existan políticas públicas enfocadas en la atención de los jales, los cuales, señalaron, deterioran la calidad del medio ambiente tanto en el aire como en la tierra y atenta contra la salud de la población.

Luis Eduardo Vázquez, integrante de la asociación Pachuca Amigable, dijo que la situación se presenta en mayor medida en los municipios de Mineral de la Reforma y Zimapán, donde prevalecen los jales, los cuales almacenan diferentes tipos de metales y minerales que al combinarse con el ambiente pueden ser nocivos para la flora y fauna de la zona.

El también biólogo refirió que han trabajado con vecinos de las colonias aledañas a los jales que han indicado que desde hace años se ha tratado la problemática que representan los jales, pero ninguna autoridades municipal ni estatal se ha enfocado en resolver la situación, por lo que acudirán en los próximos días al Congreso local para pedirle a los integrantes de la comisión de Medio Ambiente que se tomen medidas al respecto.

Por su parte, Marco Antonio Moreno Gaitán, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense, reconoció que no existen políticas públicas dirigidas a solucionar la problemática que representa para los ciudadanos en un futuro la acumulación de distintos materiales químicos que pueden ser nocivos para la población, por lo que incluso ha disminuido la fauna por esta situación.

El activista expuso que es una problemática que debe ser atendida tanto por las autoridades federales como municipales y estatales para que se solvente dicha situación, pues reconoció que en el caso de Zimapán han incrementado las condiciones adversas para el municipio.

Los defensores ambientales indicaron que los municipios han sido omisos en la atención del problema, por lo que los ciudadanos se han organizado para buscar revertir el daño que se ha causado, por lo que incluso algunos investigadores han reconocido el asentamiento de minerales y materiales pesados que fueron extraídos en su momento de las actividades de minería.

Por su parte, los diputados locales que forman parte de la comisión ambiental han asegurado que atenderán las problemáticas derivadas de los jales y las decenas de años que han permanecido como un problema de infección para la población.

Fuente:/www.elsoldehidalgo.com.mx/local/piden-acciones-contra-jales-3833680.html?fbclid=IwAR3c4_9FNftYSQcGZP9bEZ2CYZ0Co4O_Byr9X6JTCY9LipHrOKwPOUZ6Ec4

La Semarnat tiene dos meses para definir si avala o no la propuesta de mina a cielo abierto para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, realizada por la canadiense Almaden Minerals. Durante el proceso, la empresa ejerce presión en el pueblo

En las playeras amarillas leían “Sí al proyecto Ixtaca”. Era una sesión informativa y pública realizada por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Una minera canadiense, Almaden Minerals, pretende pasar de fase de exploración a la más destructiva: explotación del oro de este pueblo; quienes portaban la playera con esta frase no eran pobladores de la comunidad, si no acarreados llevados por la empresa canadiense desde Veracruz.

El foro público de la Semarnat del 25 de junio se enmarca en el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó la empresa canadiense para poder modificar el permiso que tiene y pasar conseguir pasar a la fase de explotación.

La empresa canadiense entró al municipio el 24 de enero de 2019 con una filial mexicana, Minera Gorrión, directamente a la comunidad más afectada: Santa María Zotoltepec. En febrero entregaron la MIA a la institución federal. Sin embargo, desde 2001 cuenta con oficinas en la zona.

En el documento la empresa anuncia su interés de ocupar 1,044.02 hectáreas de territorio en Ixtacamaxtitlán, donde hay yacimientos de oro y plata en la cuenca alta del río Apulco, y solicita el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para extraer mediante una mina a cielo abierto.

Entraron al evento público realizado por Semarnat favoreciendo la opción de la mina y la población se enfureció y lo denunció mediáticamente y a través de organizaciones sociales como Poder Project. La práctica fue evidente, pues contrasta con las asambleas regionales que organizan comunidades Masehual-Totonaku en defensa del Territorio en las que participan.

Semarnat tiene 60 días para devolver la MIA con su decisión, pero en algunos medios de comunicación se ha manejado el dato de 30, y el antecedente que en abril el Juzgado Segundo de Distrito de Puebla emitió una resolución que obliga a la canadiense a realizar una consulta con comunidades. Pobladores, sin embargo denuncian desconocer si esta infiltración es parte de ese requisito.

En la Sierra Norte de Puebla existen 105 concesiones mineras, 72 por ciento son de Almaden Minerals; Ixtacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Desde el 2011 que fue realizado el primer conteo, el número de concesiones mineras se ha triplicado.

Los pobladores de la comunidad más cercana a la mina se han opuesto a su operación en distintas ocasiones, han protestado ante Semarnat, en Palacio Nacional, incluso desde el periodo donde sólo estaba explorando. Ahora que la minera tiene intenciones de operar, recabaron información sobre una serie de puntos que esperan les dé la razón para que la Semarnat no les avale la manifestación.

El primer argumento que están planteando es que el proyecto está basado en una serie de concesiones que no existen porque se encuentran en litigio.

El amparo es el mismo que interpuso la comunidad de Tecoltémic desde el 9 de abril del 2015, en el Juzgado Segundo en Materia Civil Distrito de Puebla, el cual les otorgó la suspensión provisional y por ello la Secretaría de Economía suscribió en los títulos de concesión minera que éstos no podían revocarse, transferirse o hacerse ningún acto sobre ellos hasta que no concluyera el juicio.

Diana Pérez, abogada de la organización Tiyat Tlalli, que lleva el caso de la comunidad, explicó cuál es la estrategia de la minera: “quieren intentar reducir el número de concesiones; reducir las concesiones es algo así como partir el pastel en varios pedazos pequeños para después desistirse, decir, ‘bueno, yo no quiero estos pedazos’, pedazos que afectaban a Tecoltémic, ésa fue su estrategia para dejar sin estrategia el juicio”.

En marzo de 2018, un Tribunal Colegiado le volvió a dar la razón a Tecoltémic y le dijo a la Secretaría de Economía que no puede modificar los títulos de concesión que abarcan casi 14 mil hectáreas en el municipio –el 80 por ciento del municipio de Ixtacamaxtitlán– porque eso iría en contra de la sentencia que se dictó en el 2015.

Otro de los argumentos de los pobladores es que se omiten los impactos ambientales que el proyecto minero en la región. A lo que la empresa ha prometido en reiteradas ocasiones que la mina funcionará con agua de lluvia y que no hará uso del agua subterránea.

Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua, denuncia que el uso de agua que prevé la mina es desproporcionado con lo que los pobldores utilizan.“Con datos de los ponentes, la conclusión es que no es suficiente llevar a cabo el proyecto minero en tanto que están previendo utilizar cinco millones cuatrocientos mil litros de agua diarios, esta cantidad de agua es el doble de la cantidad de agua que utilizan las 120 comunidades de Ixtacamaxtitlan en su conjunto”, argumenta.

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3239-articulo-ixtacamaxtitlan-60-dias-de-tension-por-mina-canadiense?fbclid=IwAR2FDn52iSKIGD0FnO6SE901cqfNTM3MiHfQLjOOdTkzbrime1r6OMaKZtU