Neftalí Reyes Méndez y Armando de la Cruz Cortés
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios / Rema / M4
La defensa contra la minería en México es una cuestión de vida o muerte, así lo manifestó la Red Mexicana de Afectados por la Minería en un comunicado emitido en el aniversario del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, quien desde 2008 denunció las violaciones a derechos humanos y la contaminación ambiental de la empresa minera Fortuna Silver Mines, en el estado de Oaxaca.
Actualmente las empresas mineras instaladas en México cuentan con los recursos legales, políticos y mediáticos para la imposición de proyectos en territorios de comunidades indígenas, campesinas y rurales. Existe en México un marco legal que favorece la inversión privada en detrimento de los derechos colectivos de dichas comunidades.
Las empresas pagan una cantidad “ridícula” por la explotación de los yacimientos: activistas
Esbozados, piden un encuentro con el gobernador Graco Ramírez para conocer su postura sobre las concesiones otorgadas a la empresa Esperanza Silver
Aunque la Constitución de México dicta lo contrario, la actividad minera sólo beneficia al sector privado, mientras afecta el derecho al agua, a la alimentación y al desarrollo integral y sustentable del país.
Los más de 500 asistentes de 65 municipios de la Sierra Norte, representantes de movimientos en sus comunidades contra los “proyectos de muerte”, que se reunieron en el auditorio municipal de Tetela de Ocampo, enmudecieron cuando escucharon un dato que les pareció devastador: “Se necesitan demoler 18 toneladas de roca, millones de litros de agua y tóxicos para producir el oro necesario para un anillo”, manifestó Germán Romero, de presidente de la asociación Tetela hacia el Futuro.