Excellon Resources incumplió el contrato que firmó con los ejidatarios
Acusan a magistrado del TUA de colusión con Peñasquito en Zacatecas

El comisario ejidal Manuel Ordóñez Saucedo, acompañado del abogado Jaime Arturo Casas Madero, notario público número 42, acudió ayer al mediodía a las oficinas del Tribunal Unitario Agrario en la ciudad de Zacatecas para intentar entregar el dinero que los campesinos de Cerro Gordo devolverán a la empresa minera Peñasquito. Los recibió Sol Ferreira Garnica, secretaria de acuerdos del tribunal, quien se negó a recibir el pago en efectivo y les advirtió que debían hacerlo con un documento por la cantidad exacta.

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GERMÁN Romero menciona que las agrupaciones sociales comienzan la logística de la reunión de defensores de la tierra. Foto de Edgar Barrios

TETELA DE OCAMPO, Pue.- Le tomamos la palabra al Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación Federal, Jaime Martínez Veloz, para organizar el encuentro en esta ciudad con las demás regiones indígenas del país en donde las empresas mineras amenazan al medio ambiente y al tejido social, dijo en entrevista el presidente de la asociación civil Tetela hacia el Futuro, Germán Romero González.

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El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, concluyó la sesión luego que la asamblea rechazó incluir el tema en la agenda de hoy

Ciudad de México.- La sesión este miércoles en la Cámara de Diputados terminó sorpresivamente, luego de que el pleno rechazó incluir en el orden del día la reforma a la ley de minas.

Previo acuerdo entre PAN y PRI, la asamblea descartó incluir el tema en la agenda, por lo que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), concluyó la sesión.

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Ofrece foro un diagnóstico crítico de la actuación de la industria extractiva en el país. Urge una reforma congruente entre el derecho internacional y la legislación nacional: PRD.

En México, mineras trasnacionales y consorcios del país pagan por concepto de derechos, cinco pesos anuales por hectárea explotada; cada año piden a la Secretaría de Hacienda, crédito fiscal; tienen concesiones por 50 años renovables; pagan los salarios más bajos de Latinoamérica; han impactado negativamente los recursos hídricos y ambientales de diversas comunidades, y han provocado en ellas afectaciones sociales.

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DIVERSAS EMPRESAS MINERAS ASENTADAS EN LA ZONA DE JÁLTIPAN HAN DEJADO TERRENOS SIN VEGETACIÓN, ADVIERTEN AMBIENTALISTAS ¦ FOTO SERGIO BALANDRANO

Jaltipan, Ver.- La minería a cielo abierto es un negocio que lleva varios años contaminando y afectando a las poblaciones en el sur del estado de Veracruz y no se inició con proyectos como Caballo Blanco en Alto Lucero.

En Jaltipan, empresas multinacionales como Grupo Materias Primas de Monterrey, filial de la firma canadiense Unimil y la española García Munté están acabándose los recursos naturales de esta zona.

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La presencia de las compañías mineras en comunidades de San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otros, ha detonado en conflictos sociales, ya que éstas llegan sin consultar a las comunidades –la mayoría de ellas indígenas–, explotan los recursos y deterioran el medio ambiente

La minería en México ha encendido 35 focos rojos en todo el país, de acuerdo con datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y un análisis de Rurik Hernández, integrante la Rema y del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

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Neftalí Reyes Méndez y Armando de la Cruz Cortés

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios / Rema / M4

La defensa contra la minería en México es una cuestión de vida o muerte, así lo manifestó la Red Mexicana de Afectados por la Minería en un comunicado emitido en el aniversario del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, quien desde 2008 denunció las violaciones a derechos humanos y la contaminación ambiental de la empresa minera Fortuna Silver Mines, en el estado de Oaxaca.

Actualmente las empresas mineras instaladas en México cuentan con los recursos legales, políticos y mediáticos para la imposición de proyectos en territorios de comunidades indígenas, campesinas y rurales. Existe en México un marco legal que favorece la inversión privada en detrimento de los derechos colectivos de dichas comunidades.

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