Al cumplirse 5 años de la muerte de Mariano Abarca Roblero, asesinado por su resistencia contra la minera canadiense Blackfire demandamos respuesta a las autoridades mexicanas y canadienses para ejercer justicia por su muerte. Además, exigimos que el gobierno canadiense deje su política de la tal llamada ‘diplomacia económica’ y adopte una política basada en el respeto para los derechos indígenas y humanos, y para la protección de las defensoras y los defensores de sus territorios y el medioambiente.
Al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto
Al Gobierno del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello
Al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam
Al Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar
De todos los 642 proyectos de exploración en el sector minero de México realizados por empresas con participación de capital extranjero, las canadienses abarcan 79%, informó la Secretaría de Economía.
El pasado cuatro de noviembre el Gobierno del Estado mediante la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) declararon el levantamiento de la contingencia ambiental en la Cuenca del Río Sonora, dicha contingencia era el resultado del derrame de 40 mil litros de sustancias químicas toxicas al Río Bacanuchi por parte de la Minera Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México.
“En América Latina hay un panorama de proyectos de muerte, los cuales promueven el despojo de las comunidades indígenas y campesinas” así como la desaparición de diversas formas de vida y que criminalizan la protesta, denunciaron defensoras y defensores que participan en el V Encuentro Taller Latinoamericano Cuidado y Defensa del Territorio frente a la complejidad de las mineras en América Latina y el Caribe, que se realiza en la Universidad Iberoamericana (UIA) Puebla.
En Ciudad Constitución, en el municipio de Comondú, dio inicio la histórica reunión pública de información del proyecto “Don Diego”, que intentará convencer a pescadores, en su mayoría, de que minería marina no afectará a las especies de valor comercial de Bahía de Ulloa.
Son unos cien los kilómetros que separan la ciudad de Coalcomán de la ciudad de Colima, una distancia que se cubre más o menos en dos horas y media. Hace treinta años moverse entre estos dos lugares era un verdadero viaje de nueve horas, atravesando pueblos como La Cuchilla, Guadalupe del Cobre, Pantla y El Guayabo. Después de la realización de la carretera 110, de la inundación de la presa de Trojes y de veinte años de guerra entre el Cártel de Jalisco, los Zetas, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, lo que queda de la vida que animaba estos lugares es un puñado de casas abandonadas, esparcidas en una naturaleza que paulatinamente volvió a recuperar su poder. Nadie visita estos pueblos fantasmas, nadie habla de su gente desplazada o asesinada y, sobretodo, nadie se preocupa de que el nuevo negocio que está surgiendo –la explotación incontrolada e ilegal de las minas– transforme los pueblos todavía habitados en otros cementerios de vivos.
Habitantes de Chicomuselo, municipio de Chiapas ubicado en la sierra, efectuaron marchas y manifestaciones este lunes, como parte de una jornada de actividades de tres días, para declarar a Chicomuselo como un “municipio libre de la minería”.
Tres concesiones mineras de exploración que pretenden pasar a fase de explotación reactivaron la tensión en poblados de la zona de Los Chimalapas, en los límites del territorio que disputan Oaxaca y Chiapas.
El sector científico de Baja California Sur, detectó irregularidades dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Exploraciones Oceánica (filial de la empresa Odissey Marine Exploration) que van desde la omisión de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 hasta la emisión de escasos sobre las afectaciones por ruido que podría generar en ballenas.
En el último año las organizaciones que defienden los derechos indígenas y ambientales en el municipio de Comala, Colima, México, se han enfrentado a amenazas continuas, ataques, estigmatización y criminalización como resultado de su oposición a una concesión minera que se ha otorgado en la Comunidad Indígena Nahua de Zacualpan.