El proyecto de minería submarina Don Diego para dragar 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino en el Golfo de Ulloa, pretende operar en una zona de gran incidencia de vida marina, reconoció el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud .

«Estamos conscientes que en esa zona donde se está haciendo está solicitud es una zona de una gran incidencia de vida marina. Sabemos que hay tortugas, sabemos que es la ruta de las ballenas que pasan hacia el sur de Baja California, y sabemos también que hay una gran inconformidad de algunos ambientalistas de la zona», destacó Guerra Abud.

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Unas 150 personas mantienen tomado desde el pasado viernes 28 el palacio municipal de esta ciudad, en protesta por los escasos apoyos recibidos tras la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México.

Los inconformes cerraron las puertas del inmueble con cadenas y lo cercaron con pancartas.

La protesta se da a cuatro días de que se cumplan cuatro meses del derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados y sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.

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30 de Noviembre 2014

Al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima, México.

A la opinión pública nacional e internacional.

En una jornada histórica, en este 30 de Noviembre 2014 la comunidad indígena de Zacualpan, en el municipio de Comala, estado de Colima, México, y en un ejercicio democrático y decidido por la vida, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio ha ganado una vez más la elección del Comisariado de Bienes Comunales.

Con ello, el Consejo Indígena mantiene su rechazo a la imposición del proyecto minero y blinda su territorio a favor de la vida, del agua, y de los derechos humanos para todos y todas.

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En Oaxaca, la Procuraduría Federal del Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), ha ejercido al menos dos procedimientos de sanción administrativa a 2 empresas mineras que operan el territorio estatal por generar presuntos daños al ambiente en su operación.

Las empresas son Don David Gold México, S. A. de C. V. y Cía. Minera Cuzcatlán, S. A. de C. V.,  que cuentan con concesión para la explotación de minerales metálicos (oro y plata). Dichas empresas se ubican en las localidades de San José de Gracia y en San José del Progreso, en los municipios de San Pedro Totolapan y Ocotlán de Morelos, respectivamente.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dio a conocer que ha realizado acciones de inspección y vigilancia en materia forestal, impacto ambiental e industrial a las dos empresas de referencia.

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OTRA VICTORIA MÁS DEL CONSEJO INDIGENA

POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE ZACUALPAN, COLIMA, MEXICO

México, 30 de Noviembre 2014

Pese a las amenazas de muerte, detenciones ilegales, intentos de corrupción y división del empresario minero; pese a las intimidaciones, violencia física y verbal de un grupo corrupto encabezado por el depuesto ex comisariado de bienes comunales Carlos Guzmán; pese al hostigamiento policiaco y militar, pese a la difamación gubernamental local y estatal, así como de los partidos políticos y congresistas locales, especialmente del PRI; y pese a las ya muy conocidas artimañas, ilegalidades, actuaciones de mala fe, amenazas e irresponsabilidades administrativas y jurídicas de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, evidenciada y denunciada ya ante la opinión pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la misma Secretaría de la Función Pública, los comuneros y comuneras ratificaron en Asamblea su decisión por un no rotundo a la minería de oro que se pretende imponer en su territorio.

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Para ratificar su «no» a la minería y denunciar devastaciones en varias comunidades de la Sierra, las autoridades comunales y municipales de Capulálpam, realizarán un festival denominado «Sí a la vida, no a la minería» los próximos 21 y 22 de noviembre. 

Señalaron que en tan sólo nueve años, el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía (SE), asignó más de 50 mil hectáreas en concesiones mineras a empresas privadas, concesiones que están localizadas en tierras comunales de comunidades agrarias de la Sierra Juárez. 

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En los últimos años la violación de una serie de derechos de los pueblos indígenas a raíz de la imposición de proyectos de desarrollo ha desatado graves controversias, y en ocasiones conflictos sociales. Los pueblos, las comunidades indígenas y sus organizaciones exigen que estos se respeten y al Estado que garantice su ejercicio. Cuando esto no sucede acuden a los tribunales para que obliguen a las autoridades y las empresas a que ciñan sus actuaciones a lo que la ley establece.

En particular, la región de la Sierra Norte de Puebla se ha visto amenazada por una compleja red de megaproyectos. Ciento cuarenta y un títulos de concesión minera se encuentran vigentes en esta región del país[1], entre los cuales se ha determinado que existen 26 proyectos en los cuáles la explotación de minerales pareciera inminente.

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Ocho localidades del municipio de Tapachula entregaron sus actas de asamblea ejidal ante el Registro Agrario Nacional (RAN), en las que ratificaron su decisión de mantener sus territorios libres de minería y de represas, informó Gustavo Castro Soto, representante de la organización no gubernamental Otros Mundos, AC.

Dijo que “esta acción sin precedente es el resultado de un largo proceso de defensa de la tierra, del territorio y de los bienes comunes que los diferentes ejidos y comunidades de Tapachula llevan a cabo de manera conjunta desde hace más de un año, dentro de un movimiento llamado ‘La Voz del Pueblo’».

En entrevista, explicó que los documentos fueron entregados la tarde de ayer miércoles en las oficinas del RAN ubicadas en Tuxtla Gutiérrez.

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La postura que tomó el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) frente al proyecto minero marino, no agradó al sector pesquero de Comondú, e inclusive de algunas cooperativas que sacan camarón en la zona del Golfo de Ulloa de Bahía Magdalena, provenientes de Sinaloa.

Edgardo Camacho Bareño, integrante de la Asesoría Técnica de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, afirmó su preocupación por la opinión que solicitó a Semarnat y, la cual, puede influir en la decisión de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) para la aprobación de Don Diego.

“Nos preocupa que estos dictámenes tengan cierto peso en una decisión como aprobar el proyecto o no. No se basaron en otras, como en Cibnor o la UABCS (negativas); todo el sector pesquero ha argumentado porqué no hacer una mina; el Congreso del Estado está en contra”, resaltó.

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Las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), demandamos de manera inmediata la aplicación de las medidas cautelares 388/12 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y declaradas desde el 6 de noviembre de 2012, para la protección de nuestro compañero Martín Solís Bustamante, ante las amenazas que ha recibido por defender los bienes naturales de nuestro país.

Su situación está enmarcada en los asesinatos de Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís, a raíz de oponerse a que la empresa canadiense Mag Silver destruyera y contaminara sus tierras. Por lo tanto, exigimos que no sea la omisión de sus actos lo que inhiban la aplicación de lo definido por la corte, de tal manera que urge se proteja al compañero Martín Solís.

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