La Diputada federal del PAN, Jisela Paes Martínez, presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, para pedir a sus compañeros exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que le niegue autorización al proyecto denominado ‘Don Diego’, de la empresa Exploraciones Oceánicas, que se pretendería establecer en el Golfo de Ulloa, en aguas del municipio de Comondú.
El proyecto de minería submarina consistiría en el dragado para extraer 7 millones de toneladas de arena fosfática por año, durante 50 años, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas, trabajándose las 24 horas delos 7 días a la semana, con 80 personas en 2 turnos; el yacimiento tiene un potencial de fosforita de 92 millones de toneladas, en un área de 23 km2, a una distancia de entre 20 a 40 km de la línea de costa, a una profundidad de 70 a 90 metros, y con un espesor de hasta 6 metros debajo del lecho marino.
El Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur se manifestó contra los proyectos de minería a cielo abierto en la entidad. El representante del organismo, Ramón Alejandro Carballo Cota, señaló que esta actividad representa un riesgo para la salud y refirió que en las zonas de La Paz donde se explotaron minerales hay pozos de agua contaminados con arsénico y una alta incidencia de cáncer. Puntualizó que desde hace varios años la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna está en la mira de inversionistas nacionales y extranjeros que pretenden explotar oro a cielo abierto, lo que preocupa a la población, pues se trata de un ecosistema único en especies endémicas, pero sobre todo, es fuente de agua para el sur del estado.
El Movimiento «Para que no nos mines la mina» promulgará hoy a la ciudadanía el peligro fronteriza la inminente amenaza a la población con la explotación de la mina de Samalayuaca, donde se localiza la fuente de abastecimiento de agua más importante de la ciudad. 
Luego de sostener una reunión con individuos de la sociedad civil, científicos, miembros de organizaciones civiles, líderes de los pueblos Wixáricas y ejidatarios de pueblos de Concepción del Oro, Santo Domingo y otros, estos grupos hicieron un pronunciamiento en el que exigen la cancelación de todas las concesiones mineras del territorio denominado Wirikuta que abarca 140 mil hectáreas.
Cada año, la ballena gris protagoniza uno de los recorridos migratorios más largos: casi 
Científicos, miembros de organizaciones civiles, representantes del pueblo Wixarika se reunieron en Catorce para un debate-científico sobre la problemática ambiental en Wirikuta.
Tras la última audiencia del Cabildo de La Paz con ciudadanos organizados en contra de la instalación del proyecto minero Los Cardones en la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna, así como de la minería extractiva de metales preciosos en el estado, ocurrida el 6 de agosto de este año, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y un grupo de abogados representados por Arturo Rubio Ruiz, miembro del Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas del Delito, el Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó mandato popular soberano a las organizaciones civiles para solicitar a los 13 regidores paceños que no otorguen el uso de suelo a Desarrollos Zapal, promovente minero.
Prácticamente la mitad del territorio de Ensenada, el municipio más extenso del país, se encuentra concesionada a empresas privadas para la explotación minera y generación de energía eólica. Entre los propietarios de esas firmas se encuentran Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailleres, de acuerdo con un estudio dirigido por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
Un total de 902 proyectos de exploración e inversión de capital extranjero en el sector de la minería se encuentran en operación en nuestro país, y de los cuales 18 corresponden a San Luis Potosí, con lo que se coloca entre las primeras doce de 25 entidades con presencia de este tipo de empresas.