Ante la posible apertura de una mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata en la colindancia de los municipios de Xochitepec, Temixco y Miacatlán, el edil de Xochitepec, Rodolfo Tapia López, convocó a los ayudantes municipales, comisariados ejidales, de bienes comunales, alcaldes en funciones, junto con su cabildo, y alcaldes electos para conformar un frente de oposición y a una reunión informativa realizada por especialistas en el tema que fue encabezado por Paul Hersch Martínez, investigador del INAH y titular del Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos.
La posición del Ayuntamiento y del Gobierno municipal de Xochitepec es concreta: No a las concesiones mineras; «en el municipio estamos en contra de la práctica de la minería a tajo abierto», reiteró el alcalde.
III DECLARACIÓN DE TAPACHULA: TERRITORIOS LIBRES DE REPRESAS Y MINERÍA EN LA SIERRA MADRE DEL SUR Y LLANURA COSTERA DE CHIAPAS
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) atendió un derrame de 450 toneladas de relaves mineros o jales, suscitado en la empresa minera Saucito S.A. de C.V. (dedicada al beneficio de oro, plata y plomo) ubicada en el Ejido Saucito del Poleo, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. El percance se derivó de la ruptura de una de las tuberías que conducen el material de la planta hacia la presa.
El consorcio canadiense Goldcorp, responsables de la explotación de una mina en el municipio de Melchor Ocampo, Zacatecas es objeto de una manifestación por parte de habitantes de la comunidad quienes informan que policías estatales y federales, así como soldados, los han estado acosando después de que Compañía Minera Peñasquito presentó una demanda penal contra 31 de los 44 integrantes del ejido.
Un grupo de habitantes de la comunidad de Coatetelco de esta localidad rechaza a la empresa minera Alamos Gold Company (antes Esperanza Silver), la cual busca explotar alrededor de 303 hectáreas de tierras de cultivo y de uso común de la comunidad para extraer metales como antimonio, arsénico y oro.
Cientos de hombres y mujeres salieron a las calles del municipio de Pijijiapan para exigir al gobierno federal que cancele las concesiones a empresas mineras y también que frene la construcción de “minipresas hidroeléctricas” en la región.
La tarde de este jueves, 40 campesinos del ejido Matamoros en el municipio de Melchor Ocampo se manifestaron en el vestíbulo del Congreso del estado.
A seis años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, el homicidio no solo sigue impune sino que la mina de barita contra la que Mariano luchó por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, amenaza nuevamente con iniciar sus operaciones en el ejido Grecia, Chicomuselo, en medio de mayores divisiones y tensiones entre la población como las que genera también la extracción de barita en el ejido Santa María. Del mismo modo sigue impune la corrupción generada entre la empresa minera canadiense apoyada por su embajada y el ex presidente municipal Julio César Velázquez Calderón ya que, pese a las pruebas contundentes, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Chiapas, desistieron de esta investigación.
Diferentes organizaciones, denuncian a la minera canadiense Black Fire de operar nuevamente en el ejido Gracia, Chicomuselo, Chiapas. Familiares del activista Mariano Abarca Roblero, quien luchaba por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, y en contra de la minera, fue ultimado el 27 de noviembre de 2009.
En los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor del 90% del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos.