A cinco meses de concluir su gobierno, Miguel Alonso Reyes emitió una “declaratoria de zona de riesgo” en la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, para que en los próximos días sean desalojadas 19 familias que desde hace cuatro años se oponen a ser expulsadas de ese poblado en el que opera la Minera Tayahua, filial de Grupo Frisco y propiedad de Carlos Slim Helú.
El mandatario priísta instruyó al director de Protección Civil (PC) estatal, Felipe Muñoz Ruvalcaba, “salvaguardar la vida de los habitantes” de esa comunidad, debido a una falla geológica y antes de que comiencen las lluvias, “ya que existe el riesgo de que en cualquier momento la naturaleza tome su curso y ponga en riesgo a hombres, mujeres y niños”.
El gobierno estatal llevó lanchas a los pescadores que no fueron aceptadas al considerar que esos regalos pretenden únicamente corromper el movimiento que tiene causas justas. Mario Valentín Ramírez manifestó que el conflicto por la contaminación de la minera Media Luna ubicada en el municipio de Cocula, continúa.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Centro para la Diversidad Biológica consideran correcta la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de negar la autorización en materia de impacto ambiental al proyecto de minería submarina “Don Diego”, que pretendía llevarse a cabo en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, debido a los posibles impactos ambientales para la región.
Ciudad Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos -entre otros- del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos.
Un estudio realizado por expertos de diferentes áreas de la salud de los Estados Unidos determinó que las acciones del Grupo México en la remediación de la zona contaminada por el derrame tóxico en 2014, son insuficientes. Según la investigación, el desastre ambiental afectó a 22 municipios del Estado de Sonora, dejando a la población con graves problemas de salud y un “ecosistema sin vida”. El 70 por ciento de los habitantes de siete poblados tienen problemas de salud debido al desastre ambiental ocasionado por la empresa Grupo México, que afectó a los alrededores de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto del 2014.
El alcalde enfatizó que no importa que sean empresas extranjeras o nacionales, deben acatar los ordenamientos legales del estado y municipio donde trabajan.
A través del presente comunicado las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) queremos informar que los días 31 de marzo y 01 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió dos comunicados -134/135-, en los cuales realiza afirmaciones sobre los resultados de su gestión vinculada al connacional Gustavo Castro Soto, integrante de REMA/Otros Mundos-Chiapas, quien fue retenido de forma innecesaria, ilegal e injusta en Honduras, aún y a pesar de ser víctima y haber recibido el estatus de testigo protegido, por la causa haber presenciado el cobarde asesinato de la compañera Berta Cáceres, además de salvar la vida del atetando que él mismo sufrió.
La mañana de este martes, vecinos del Ejido Cananea, continuaron con la serie de protestas y manifestaciones que han venido realizando en las últimas semanas, donde exigen que la empresa minera Buenavista del Cobre, se retracte de cercar el camino a Libramiento, que fue construido para la comunidad y que conecta la ciudad en el lado sur, el cual mantuvieron bloqueado por alrededor de 2 horas. La minera es la misma que en 2014 provocó uno grave derrame de tóxicos en el Río Sonora que obligó a instalar plantas potabilizadoras por parte del estado.
La Secretaría de Economía entregó en concesión 240 mil hectáreas de la Sierra de la Laguna a empresas mineras, de las cuales 600 son parte del proyecto Los Cardones, “punta de lanza” de la minería tóxica en esa área natural protegida, advirtió Juan Ángel Trasviña Taylor, dirigente de la junta directiva de la asociación civil Medio Ambiente y Sociedad.
El estudio titulado “El crimen organizado y el oro ilegalmente extraído en América Latina” de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, asegura que las organizaciones delictivas que se dedican al narcotráfico, han incrementado la extorsión, robo y amenaza a empresas mineras que operan en el país, propagando así la violencia en contra de trabajadores y comunidades en donde se instalan los proyectos mineros.