REPORTAJE NACIONAL.- Las empresas mineras que operan en México, la mayoría trasnacionales extranjeras y contaminantes del medio ambiente, están a punto de lograr con la mediación política de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) una “reforma fiscal” que les permitirá reducir los ínfimos impuestos que la Federación les cobra y aun también los mínimos salarios que pagan a sus trabajadores.
Esta regresión hacendaria, de acuerdo con luchadores sociales y ecólogos consultados por buzos, está en marcha en la Cámara de Diputados donde legisladores de los tres partidos citados se disponen a añadir un párrafo al artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a modificar la Ley Federal de Derechos, a fin de que la tasa del 7.5 por ciento por derechos de explotación que ahora pagan esas empresas se reduzca a solo tres por ciento y para que, asimismo, se les elimine el cobro de un 0.5 por ciento adicional por la extracción de metales preciosos (oro, plata y platino).
Los cobros fiscales aún vigentes, aprobados por el Congreso de la Unión en 2013 y puestos en marcha en 2014, son menores con respecto a la legislación internacional y su valor monetario no corresponde a la enorme cantidad de metales que las compañías explotan en el país, ni al valor que éstos tienen en el mercado financiero internacional, “ni mucho menos subsanan el gran daño ambiental y social que sus operaciones causan en el entorno ecológico nacional”.
La iniciativa para modificar los gravámenes y devolver a los corporativos mineros la posibilidad de deducir impuestos, fue introducida el pasado siete de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro por el grupo de legisladores priistas de Sonora, con obediencia a una propuesta de la gobernadora de su estado, Claudia Pavlovich, a quien “le nació la gran idea” de mejorar las condiciones económicas de Sonora mediante el otorgamiento de más garantías a las inversiones mineras.
El proyecto legislativo está apadrinado por la diputada federal y secretaria general adjunta del PRI Sylvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora y excoordinador de los diputados federales del PRI y también, por supuesto, por los legisladores priistas sonorenses Susana Corella, presidenta de la Comisión Especial de Minería; Abel Murrieta, Próspero Ibarra e Ulises Cristópulos.
La propuesta, sin embargo, no es nueva: En 2014, el diputado del PAN, Marcelo Torres Cofiño, vicecoordinador de su partido en la Cámara de Diputados, introdujo un proyecto similar para reintegrar la deducibilidad de impuestos a los corporativos mineros, que acompañó con una iniciativa para disminuir del 7.5 al tres por ciento la tasa del pago de derechos asignado a los titulares de las concesiones mineras, así como eliminar el de 0.5 por ciento en la explotación de metales preciosos (oro, plata y platino).
Actualmente, la iniciativa priista cuenta con el respaldo político no solo del PAN, sino también de Morena, cuyo dirigente nacional y virtual candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha pronunciado en favor de otorgar más beneficios a las empresas mineras, entre las que se halla una de plata que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, entre cuyas compañías resaltan TV Azteca y Electra. Esto explica por qué en fecha reciente Esteban Moctezuma Barragán, director de la Fundación Azteca y empleado de Salinas Pliego –ex secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo (1994-2000), periodo en el que AMLO emergió a la palestra política nacional después de sus fracasos como priista en Tabasco– es ahora asesor y miembro del equipo de asesores del dirigente de Morena con vistas a la elección presidencial de 2018.
Una regresión de 111 años
El nuevo proyecto legislativo, quetiene altas posibilidades de ser aprobado, es criticado y rechazado por organizaciones ambientalistas y sociales del país porque su éxito representaría el fortalecimiento económico de los grandes consorcios empresariales y de los políticos que tienen a su servicio; porque habría una pérdida significativa de ingresos fiscales para el Estado y porque las empresas “tóxicas” contarían con mayor libertad para seguir depredando el medio ambiente nacional.
Por ello, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) sostiene una campaña en la que denuncian estas nuevas acciones de la élite política que, obedeciendo a intereses económicos -resalta la agrupación- está dispuesta a encontrar formas de cobijar las ganancias de las empresas mineras, sin que les importe nada la destrucción del entorno ecológico del país, ya que en los sitios donde operan –en particular en las minas que extraen metales “a cielo abierto”– la calidad de vida de las poblaciones vecinas se reduce porque los ecosistemas se deterioran sustancialmente.
La Rema, que agrupa desde 2008 a organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, ambientalistas, académicas y estudiantiles –entre ellas el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)– fue creada específicamente para denunciar los daños ambientales y sociales que las corporaciones mineras trasnacionales causan en México, Centro y Sudamérica.
La Presidencia de la República misma inició en febrero pasado una acción jurídica contra el impuesto ecológico que el Congreso de Zacatecas, a iniciativa del gobernador Alejandro Tello, aplica a partir del 1º de enero a las empresas mineras a fin de obligarlas a resarcir los daños ambiental y social que generan en esa entidad.
Al cierre de esta edición, en la Cámara de Diputados seguía el trámite legislativo de la gobernadora Pavlovich, quien con esta promoción no solo demuestra su distancia ideológica y política con la lucha obrera de Cananea en 1906 –preámbulo del movimiento revolucionario y nacionalista iniciado en 1910– sino también su estrecha vinculación política con los corporativos mineros trasnacionales que operan en su entidad y que están causando pérdidas irreversibles al medio ambiente, al agua, y a la vida de las comunidades sonorenses, resaltaron a buzos Francisco Javier Cravioto, investigador y asesor de diversas organizaciones y Raymundo Espinosa Hernández, especialista de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA),
Rema, por su parte, ha enfatizado su lucha política mediante la denuncia del contubernio del PRI, el PAN y Morena con las corporaciones mineras, aunque ulteriormente particularizaron el servilismo que el dirigente de Morena mostró hacia éstas el pasado 20 de enero cuando señaló la necesidad de que haya mayor inversión extranjera en la minería mexicana.
Una expansión de las empresas mineras foráneas como la que propone AMLO, coincidieron los especialistas de la red de organizaciones, llevaría a México a un neo-extractivismo muy similar al que prevaleció en el Porfiriato y sus efectos, en lugar de traer progreso y felicidad para todos, como entonces se decía, acarrearían daños irreversibles a los ecosistemas y empeorarían las condiciones de vida de la población.
Compra de voluntades
En un análisis de la Rema, con motivo de la presentación de la iniciativa a favor de los empresarios mineros en la Cámara de Diputados, se indica:
“La pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no solo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de servilismo a favor de intereses económicos contrarios al bien común de nuestra población y de nuestros territorios.
“Únicamente se basa en una idea de beneficio económico cortoplacista que no toma en cuenta el medio ambiente y la salud pública. La iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto (a cielo abierto) y con utilización de tóxicos (cianuro que envenena el agua)”.
Desde el punto de vista de quienes defienden los intereses de los corporativos mineros, es necesario dar más garantías a las firmas mineras para que se queden en México y no se vayan a otro país lo que, indica la Rema, es una zanahoria que se ha usado en todos los ámbitos de la economía en los que se ha justificado la aplicación de inversiones en condiciones preferentes y hasta leoninas.
La necesidad de brindar más garantías a las mineras, fue mencionada por la presidenta de la Comisión Especial de Minería de la Cámara de Diputados, Susana Corella Platt, una de las impulsoras de la citada iniciativa, durante la comparecencia del subsecretario de Economía, Mario Alfonso Cantú Suárez, realizada el cinco de marzo pasado. Corella expuso que las mineras extranjeras y mexicanas requieren el apoyo del Congreso federal y del titular del Poder Ejecutivo, para que tengan incentivos para invertir en el país.
Opacidad
Raymundo Espinosa Hernández, especialista de la ANAA, explicó a buzos que la aplicación de impuestos a las mineras se hace en un marco de opacidad. “Si yo saco una tonelada, debería gravarse eso, pero en realidad el impuesto está vinculado a la venta. Hay mucha opacidad.
Hay varios casos a los cuales les estamos dando seguimiento. Por ejemplo, la mina de Goldcorp (canadiense) en El Carrizalillo, Guerrero, dónde saca 240 o 250 mil onzas de oro al año y alrededor de 40 o 50 millones de onzas de plata, sobre lo que no están obligados a presentar a sus socios sus estados de resultados; eso en México no existe, entonces, prácticamente, hacen una especie de código voluntario, en donde las empresas definen (al fisco): pues vendí equis, y a partir de lo que dice la empresa, se aplica esa tasa del 7.5 por ciento; entonces es una tasa de risa.
“En Guerrero tenemos ocho empresas operando, de oro y hierro, y entre las ocho empresas contribuyeron al fondo minero del estado con apenas 124 millones de pesos.
Entonces, cuando uno hace los números ya específicos, por ejemplo, de una sola mina, en este caso la de El Carrizalillo, esa sola mina debería haber aportado 150 millones de pesos si se le aplicara impuesto al valor total de su venta anual ¿Cómo es posible que entre ocho minas apenas aporten 124 millones?…
No hay transparencia; hay un mecanismo de supervisión que literalmente es una burla. Entonces, hay un panorama con leyes tenues, y ahora esa nueva iniciativa que apareció, con la cual además esa cantidad se haría deducible. Entonces, es una tomada de pelo”.
Espinosa Hernández dijo incluso que el pago discrecional de las empresas mineras no es inmediato sino hasta que venden el producto.
“La única carga de impuesto previo es el pago por hectárea de la concesión, que es un pago por año, que empieza con 6.70 centavos por hectárea, en los primeros tres años, y subiría hasta 170 pesos por hectárea a partir del décimo año. Entonces es nada.
“De cualquier manera en México no venden nada; todo está distribuido en mercados que se posicionan en la bolsa, que es en donde se regula, y básicamente los sectores que participan ahí son el industrial, vinculado con la joyería, la más importante, al menos en los metales preciosos; la parte de la especulación de las bolsas y los bancos, es decir, que se va a la reserva de los países, que tienen un capital en oro acumulado y que no se utiliza en moneda circulante; y otra parte que se va a la tecnología electrónica.
Todo eso se mueve en la bolsa; en éstas no solamente se vende el oro como tal, sino también en acciones; es decir, venden en papel. Si está alto el precio, suben también las acciones. No solamente se dedican a la venta del oro, sino a la especulación financiera. Así es que tienen el oro y venden las acciones a las bolsas. En la actualidad la onza de oro tiene un precio aproximadamente de mil 600 pesos”.
En otra conversación con buzos, el activista especializado Francisco Javier Cravioto explicó que los actuales impuestos, derivados de la llamada reforma hacendaria aprobada en 2013, “son totalmente insuficientes para resarcir al pueblo mexicano y al ecosistema, de los daños provocados por este sector y generan ventanas de elusión fiscal gigantes, para que ellos (las mineras) no declaren. Son reyes en el Congreso y en los territorios en donde laboran.
Nadie les hace nada, todo mundo les pone un tapete para que hagan y deshagan a voluntad, Y entonces, no se conforman con estas mínimas contribuciones y lo que están haciendo es exigir que se derogue el pago de estos derechos que de por sí no están afectando en lo absoluto sus intereses”.
Cravioto rechazó asimismo el argumento de que las mineras beneficien a México con la generación de muchos empleos.
“El sector minero, en sus actividades de extracción, descontando la siderurgia y los minerales de la industria de la transformación, genera apenas 140 mil empleos nacionales que comparados con una población económicamente activa de 52 millones de personas son muy pocos”, enfatizó.
De acuerdo con datos oficiales, en el país se han expedido 25 mil concesiones mineras, que en realidad son 37 mil, representan el 25 por ciento del territorio nacional y están en manos mayoritariamente de corporativos canadienses, estadounidenses y algunas chinas, de acuerdo con información recabada por el activista especializado, Gustavo Soto Castro.
Los estados que concentran el 85 por ciento de la actividad minera de metales preciosos, oro y plata, así como de fierro, cobre, plomo y zinc, y metálicos como arcilla, vidrio, yeso, cemento y concreto, son Sonora, Zacatecas, Durango, Coahuila y Chihuahua.
Derogar impuesto ecológico
Al cierre de esta edición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no emitía su fallo sobre la controversia constitucional (CC) interpuesta por la Presidencia de la República para echar abajo el impuesto ecológico local aprobado por el Congreso de Zacatecas y propuesto por el gobernador Alejandro Tello.
La CC fue presentada por Alfonso Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, (oficio 1,0230/2017, expediente 56/2017, 14 de febrero de 2017 ) en la que se pide a la SCJN declarar inválidas las normas aprobadas por el Congreso zacatecano para aplicar un impuesto ecológico a la industria minera, toda vez que éste invadió una competencia federal y se está aplicando una doble tributación, ya que en las empresas mineras los pagos por derechos de explotación fueron establecidos en la reforma de 2013-2014.
Si la SCJN da la razón a la Presidencia, ese impuesto local dejará de cobrarse. Según reporte del gobierno de Zacatecas, de enero a abril había recaudado nueve millones de pesos por ese concepto, dinero que se usará para crear un fondo que le permitirá resarcir los daños ecológicos que los corporativos mineros causan a la entidad. Esta carga fiscal se aplica también a otros giros industriales como las cerveceras y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el objetivo estatal es crear un fondo de mil 230 millones de pesos.
En la defensa de su impuesto ecológico, presentada por el gobierno de Zacatecas el 11 de abril de 2017, se explica que no se trata propiamente de una norma de control de la actividad minera, sino de una medida tributaria de naturaleza económica local que deriva de otras leyes federales como la Ley General de Cambio Climático y de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Dos días después de la presentación de la CC por parte de la Presidencia de la República, el día 16 de febrero, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgias y Geólogos de México solicitó un amparo contra la aplicación del citado impuesto ecológico local. Sin embargo, como el juzgador no concedió una suspensión provisional, el impuesto quedó vigente hasta que la Suprema Corte emita una sentencia.
En consonancia, el 25 de febrero, la Cámara Minera de México (Camimex) publicó un pronunciamiento de apoyo a la derogación del impuesto ecológico aplicado en Zacatecas a partir del 1º de enero con el argumento de que la autoridad local debió consultar previamente a las mineras.
“El gobierno de Zacatecas habría excedido sus facultades legales e invadido atribuciones de competencia exclusiva de la Federación, por lo que confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a favor de la Controversia Constitucional que promovió el Ejecutivo Federal en contra del impuesto minero”, señaló la representación corporativa.
En una conferencia de prensa realizada el 10 de abril en Fresnillo, el secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM), Carlos Pavón Campos, dio a conocer un “manifiesto de lucha” en el que dijo que los trabajadores de las minas demandan derogar el impuesto ecológico aprobado por el Congreso de Zacatecas –el único en el país hasta ahora– que consiste en el pago de 250 pesos por tonelada de residuos tóxicos emitida al medio ambiente, el suelo, el subsuelo y el agua.
“Al contrario de este gobierno (de Zacatecas), en Sonora están pidiendo que sean deducibles las exploraciones de las empresas para que pueda permitir la generación de más empleos; si lo logran en ese estado van a haber siete mil empleos más; en Durango ya dijeron que no habrá ni un impuesto más”, expuso Pavón. Más allá de este pronunciamiento, el SNMM ya había presentado el 10 de febrero una demanda de amparo contra la aplicación del impuesto ecológico zacatecano.
En una entrevista con el diario El Independiente, de Granada, España, aparecida el 18 de abril pasado, el sociólogo y activista mexicano Gustavo Castro Soto, investigador de la Rema, y fundador y director de las organizaciones Otros Mundos, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y de la Red Internacional Amigos de la Tierra México, rechazó el argumento oficial de que las mineras producen beneficios al país, ya que al margen de los empleos que crean –con números apenas significativos– los daños que causan al entorno ecológico son muchos, pues “los habitantes de las regiones (donde hay minas) ya no pueden sembrar, ya no pueden producir sus alimentos”.
Además, enfatizó Castro Soto, “la riqueza generada por esa actividad minera se va del país, y en las localidades solo dejan miseria, más pobreza y contaminación”.
Las empresas mineras y el Estado, en sus tres niveles de gobierno, pretenden “incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos”, indicó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
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Pueblos y organizaciones demandaron a los gobiernos de EU y Canadá investigar el proyecto minero “Ixtaca”, por que la empresa canadiense Almaden Minerals ha ocultado información a sus accionistas y le apliquen las sanciones que correspondan.
Las trasnacionales mineras secan los veneros del país. Grupo México y Goldcorp encabezan la lista de las que más litros de agua ocupan para la extracción de los minerales. Además, la empresa de Germán Larrea, uno de los más ricos del país, se encuentra en la lista de “presuntos evasores fiscales”, elaborada por la Auditoría Superior.
Regeneración, 16 de mayo de 2017, Huauchinango, Puebla.- La agresión de Almaden Minerals contra pobladores de Ixtacamaxtitlán y miembros del Consejo Tiyat Tlalli que se oponen a sus actividades se inscribe en una campaña de difamación, criminalización, estigmatización y amenazas para “concretar sus acciones de despojo” en la Sierra Norte, consideró la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
La industria extractiva, a través de proyectos mineros, ha logrado concesiones federales para explotar 182 mil 774 hectáreas de territorio poblano en 48 municipios, que representan el 5.3 por ciento de la superficie total del estado, informó la Secretaría de Economía (SE).