Hay entre tres y cuatro proyectos mineros importantes, de inversión canadiense, podrían comenzar a operar en los próximos meses en territorio duranguense.

Así lo indicó Luis Madrazo Bonilla, delegado de la Secretaría de Economía, quien mencionó que esto se debe principalmente a la mejoría en los precios internacionales de los metales.

“Había proyectos con avance lento y ahora han tomado velocidad, de tal forma que para próximos meses podrían entrar en operación varias minas”, expuso.

Manifestó que el proyecto de Metates podría reactivarse, teniendo en cuenta la inercia positiva en los precios de los metales preciosos.

PROCEDIMIENTOS

Mencionó que cada empresa comienza de manera distinta los trámites requeridos para operar, por lo que es posible que haya algún otro proyecto por conocer.

Algunos se ponen en contacto muy pronto con las instancias relacionadas con el tema económico, pero otras se van primero a atender los asuntos de carácter ambiental o la energética.

Madrazo Bonilla consideró que la minería es un sector productivo que tiene todavía mucho potencia en el estado de Durango, tanto en lo que se refiere a los pequeños proyectos, como en el caso de las grandes empresas.

Fuente:https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/903287.en-puerta-3-o-4-proyectos-mineros.html

Jalisco destaca como la novena entidad con más violaciones ejercidas contra defensores de derechos humanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según se desprende del informe titulado La Esperanza no se agota y dado a conocer por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

El documento, que busca documentar la situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la actual administración federal, recoge que desde diciembre de 2012 se han presentado 302 casos de agresiones de diversas índoles en 30 entidades del país, 11 de las cuales ocurrieron en Jalisco.

Éstos se han dado principalmente en los rubros de defensa del territorio, minería y cuestiones relacionados con megaproyectos.

“Los estados que presentan mayor incidencia en violaciones a los derechos humanos y delitos contra personas y colectivos ligados a la defensa de la tierra y el territorio son: Chiapas (24), Oaxaca (24), Jalisco (10) y Chihuahua (8) (…) El registro que tenemos de casos relacionados con megaproyectos abarca 21 entidades federativas, de las cuales Oaxaca tiene el mayor número de casos documentados, representando 20 por ciento (13). En Jalisco, de lo que conocemos, se registra el 11 por ciento (siete), mientras que en Chiapas, Puebla, Chihuahua y Sonora registramos 7.5 por ciento (cinco en cada entidad) de los casos en cada uno”, se expone en el documento, aunque no se hace un desglose explícito de megaproyectos como la construcción de la Presa El Zapotillo y el acueducto para llevar el agua desde ésta hasta León, Guanajuato.

Respecto a proyectos mineros, se documentaron un total de 18 violaciones de los derechos humanos de los defensores en todo el territorio nacional. De ellos, tres tuvieron lugar en Jalisco, cuyas mineras se han asentado principalmente en zonas limítrofes con Colima, como en Cuautitlán de García Barragán –uno de los municipios más marginados del estado–. El informe resalta que con frecuencia las mineras enfrentan la oposición de las comunidades “debido a las violaciones que provocan a sus derechos económico, sociales, culturales y ambientales”.

En el recuento de los 30 defensores y defensoras “ejecutados extrajudicialmente y asesinados durante 2017”, existen tres casos acontecidos en Jalisco: el de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, miembros de la comunidad wixárika involucrados en la recuperación de tierras, a quienes un grupo de desconocidos dio muerte el 22 de mayo; y el de Gerardo Corona Piceno, quien buscaba a su hermano desaparecido en 2012 y señalaba como presuntos responsables de funcionarios de Ixtlahuacán de los Membrillos y que fue asesinado el 20 de abril a las afueras de su domicilio en la colonia Jardines de la Cruz, de Guadalajara.

A nivel nacional, el informe resalta un repunte en la criminalización de la protesta social, se contabilizan 90 mil 694 asesinatos relacionados con la estrategia de seguridad emprendida y se señala un aumento de los feminicidios.

NÚMERO

3 agresiones contra defensores ligadas a proyectos mineros se dieron en Jalisco

Fuente:http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=80783

Muchas empresas de minería han ocupado terrenos que no les corresponden  y ya han comenzado a afectar a la población en general.

Chiapas.- Las empresas minera en el estado han comenzado a afectar la vida de los pobladores así como su salud, esto debido a que la operación de las 25 concesiones para la explotación de minerales se hace sin que la Secretaría de Economía (SE) especifique los criterios de su entrega y sin que  a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  publique la información correspondiente a los proyectos, los concesionarios, o las manifestaciones de impacto ambiental.

La investigadora de la organización Impunidad Cero, Ana Ávila afirma que no hay supervisión de los organismos encargados de medir el impacto ambiental de los megaproyectos mineros en la zona, lo cual ya generado graves consecuencias para la salud de los habitantes de la región que han presentado nuevas enfermedades asociadas con el consumo de agua contaminada.

Ávila señala en su investigación de Impunidad Cero, que tampoco se respeta el derecho a consulta de los pueblos afectados por la exploración y explotación de minas y que en muchas ocasiones se violan los derechos de estas personas. Mismas que son víctimas de la falta de transparencia, la dificultad para encontrar información pública y de interés y la contradicción en los datos oficiales.

La investigadora denuncia que las irregularidades de acuerdos con los mineros resultaron en que la gente , después de meterse al agua de los ríos Cintalapa y Cacaluta, les salía un sarpullido en la piel que, con el tiempo, se convertía en llagas; además veían cómo los peces se morían.

Las mujeres embarazadas parían bebés que nacían ya con heridas en la piel. El médico del municipio de Escuintla reportaba índices más altos de cáncer. Impunidad Cero también aclara que al momento no existen  estudios toxicológicos ni un reconocimiento de las afectaciones por la extracción de titanio, por lo tanto, no hay un tratamiento adecuado para las enfermedades.

De acuerdo con Impunidad Cero, durante la investigación de Ana Ávila, se encontró que en la reserva de El Triunfo hay 25 concesiones mineras, las cuales suman 240 mil 578 hectáreas, territorio que rebasa en 121 mil 401 hectáreas a la propia reserva de la biósfera, pues de acuerdo con la página oficial de las APNs, ésta tiene una extensión de 119 mil 177 hectáreas.

Fuente:http://mxpolitico.com/chiapas/ambiental/companias-mineras-en-chiapas-provocan-ecocidios-y-enfermedades-chiapanecos

El proyecto de minería a cielo abierto Caballo Blanco pone en riesgo al corredor de aves rapaces en Actopan, así como la biodiversidad de la zona e incluso se expone ante los meteoros como huracanes que históricamente afectan al lugar, alertó el director del Instituto de Ecología (Inecol), Miguel Rubio Godoy.

Entrevistado en la XXX Reunión Nacional de Jardines Botánicos, aseguró que para el Inecol no es un proyecto recomendable y que no se necesita ser doctor en ecología para advertir el riesgo que representa la explotación de minerales en esta zona.

Por ese motivo, dijo que la semana pasada envió una carta al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que no se ha querido pronunciar sobre la solicitud de la empresa ante Semarnat para la explotación de la zona– a fin de darle a conocer su preocupación por este proyecto que incluye 300 hectáreas en el Cerro de La Paila.

«El Instituto de Ecología está preocupado porque se trate de revivir el proyecto. En 2012 se propuso pro primera vez y el Inecol junto con otros 50 investigadores recomendamos que no se autorizará y ahora es exactamente el mismo sitio. Ahora han entregado un Documento Técnico Unificado y a reserva de que estudiemos con mucho cuidado esas mil 400 páginas y tengamos una opinión mucho más informada, lo que nos preocupa es que hay cosas que no pudieron haber cambiado».

Explicó que en este lugar hay biodiversidad que se pondría en riesgo, ya que es la única parte de la Sierra Madre que llega prácticamente hasta el mar, lo que lo convierte un sitio único. Además, recordó que es el corredor de aves migratorias más grande del mundo.

«Es el famoso corredor de rapaces y no tiene que ser un doctor en ecología para darse cuenta que si tienes una laguna llena de metales pesados donde llegan millones de aves migratorias, no es muy buena idea».

Rubio Godoy agregó que en este lugar hay cícadas milenarias; es decir, plantas que sobrevivieron desde la extinción de los dinosaurios, y que es una de las pocas poblaciones en el mundo con silos tropicales.

Abundó que a esto se añade el hecho de que el proyecto está muy cerca de la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde y de zonas de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

«No me parece conveniente que esté cerca de los ductos, no soy experto en esto. Es una minera a cielo abierto y la otra objeción que le hacía al Gobernador la semana pasada es que nos preocupa que es un lugar expuesto a meteoros, hace dos semanas pasó uno que pasó más arriba y la probabilidad de que haya una tormenta muy grande es súper alta y es un riesgo que aumenta con el cambio climático porque es mucho más probable que haya meteoros más frecuentes y más fuertes».

Advirtió que esta actividad podría generar que ante un huracán las aguas y minerales que se usan para la extracción vayan a dar a zonas pobladas y, más aún, a los mantos freáticos, con lo cual se contaminarían las aguas que surten a las poblaciones vecinas.

«Si tienen a cielo abierto las cosas y les cae una cantidad descomunal de agua, todo eso se va a salir y los minerales pesados se van a diseminar por el suelo, se van a los mantos freáticos y la afectación puede ser gigantesca y permanente».​

Fuente: https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=130235&s=4

Ejido Miguel Hidalgo, Mpio. De Perote.- La secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Mariana Aguilar López, evitó hacer un pronunciamiento sobre el proyecto de minería a cielo abierto Caballo Blanco, a pesar de que el pasado 17 de agosto la empresa solicitó de manera formal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), permiso para la explotación de 300 hectáreas en el Cerro de La Paila.

En entrevista, dijo que la postura sobre este tema la tendrá que dar a conocer el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que en diversas ocasiones se ha negado a hablar del tema, a pesar de que especialistas, activistas y pobladores de la zona de Alto Lucero se han manifestado en contra de este proyecto.

«Lo hemos acercado al Gobernador y nos ha hecho que primero están los veracruzanos (…) La tendencia es para que el Gobernador tenga una posición de favor a los veracruzanos y el tomará la decisión, esperemos que en los próximos días fije su posición».

Aseguró que la información sobre el proyecto así como su impacto por estar cerca de la planta Nucleoléctrica de Laguna Verde y su cercanía con el mar, ya fue entregado al Gobernador, e incluso las consideraciones que llevaron al Gobierno en 2010 a manifestarse en contra de la minería a cielo abierto.

Fuente:http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=921855

Una resistente movilización recorre diferentes geografías de México; desde el Itsmo de Tehuantepec hasta la Hustaca veracruzana, comunidades y pueblos se movilizan en acciones dislocadas para manifestar su malestar contra el modelo extractivo capitalista, en donde se funde el despojo con el ecocidio.

En la Huasteca, en el municipio veracruzano de Tlapacoyan; como en Ixtepec, en el corazón del Istmo de Tehuantec, Oaxaca, integrados en diferentes espacios organizativos, luego de dos días de reflexión y análisis, expusieron un total rechazo al modelo extractivo que está alcanzando su peor expresión con la imposición de las denominadas zonas económicas especiales, que representan los sitios en donde se entretejen megaproyectos mineros, eólicos, gasoductos, presas, maquiladoras o mecanismos REDD, que amenazan toda forma de vida; que sólo vendrán a maximizar los ya comprobados daños ambientales, a la salud, sociales, económicos y culturales que este tipo de proyectos genera y que afectan directamente la vida de los pueblos originarios que vivimos en los territorios que intentan explotar.

Las organizaciones integradas en el Istmo de Tehuantepec convocantes como el  Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP AC), y en Tlapacoyan por la Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales (LAVIDA), la Alianza por la Cuenca del Río Bobos y la determinante participación del Comité Reordenamiento Integral Territorial de Cuetzalan, (COTIC), representan un esfuerzo sostenido para abonar a una estrategia que ha encuentrado en la Red Mexicana de Afectadas por la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano contra las Presas y Defensa de los Ríos, (MPDER), referentes organizativos de resistencia, cuyas prioridades se inscriben en la movilización, en la información a contra corriente de los medios masivos de comunicación, en el cuidado de la tierra y sus bienes naturales, en cientos de talleres de capacitación en temas de derechos humanos, salud e incluyendo la incidencia socioambiental jurídica aún con el marco legal tan adverso…  Todo, absolutamente todo lo necesario para detener embestida ambiental en ciernes.

Este ha sido el motivo principal de ambos encuentros: construir en confianza, refrendar la solidaridad entre los pueblos que rompiendo la geografía oficialista se moviliza por sus territorios, no sin dificultades y esfuerzos extraordinarios, para encontrase con el otro y la otra, compartir estrategias e intercambiar reflexiones, viajar muchas horas y preparar muchos tamales y agua fresca; pues tanto en Ixtepec como en Tlapacoyan nos oponemos al extractivismo y a la imposición de la zona económica especial por ser un modelo capitalista e industrial de apropiación y despojo de los bienes naturales que se ha impuesto a nivel mundial.

Entro los participantes la preocupación es alarmante ante este tipo de proyectos que destruyen la naturaleza y los bienes comunes, afectan directamente la fuerza de trabajo local, se apropian de las semillas nativas que son base de nuestra cultura, salud y alimentación, a demás de trastocar todos los medios de vida que nos son indispensables como el agua y la energía.

En ambas citas, se intercambian experiencias útiles para continuar fortaleciendo  procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios que han alzado la voz para detener estos proyectos que, con el falso discurso del progreso y desarrollo, están generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, lo cual en consecuencia, genera el desplazamiento forzado de miles de pobladores quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto son los que nos dan sentido de pertenencia.

Nuestro diálogo sirvió para actualizar la información sobre el Modelo Extractivo y en particular de los diferentes megaproyectos que siempre están encadenados entre sí y que han alcanzado su máxima expresión de usurpación con la descarada definición de las Zonas Económicas Especiales, en donde es manifiesto el cinismo desmedido con el cual, el gobierno antinacional y sumiso, en colaboración con todos los partidos políticos, han dispuesto cambios tanto a la constitución, como a diversas leyes y reglamentos, para que el despojo quede “legalizado” y con ello legitimen y permitan la voracidad, el saqueo, la contaminación, la destrucción y los irreversibles daños a la salud y el ambiente, que el modelo extractivo y sus megaproyectos ocasionan.

Se requiere desmontar el discurso de legalidad con el que se impone y simula leyes o iniciativas legislativas para operar a favor de las empresas, incluyendo la relamida Ley de Consulta, con la que se pretende maicear y dividir a las comunidades, porque lo único que han demostrado es su capacidad para engañar y hacer trampas que justifiquen su modelo de imposición y despojo. Por el contrario, son las asambleas agrarias, municipales y de barrios, el proceso basado en nuestro derecho a la libre determinación que desde hace siglos hemos asumido como elemento fundamental de consentimiento pleno, libre, informado y culturalmente adecuado, porque es ahí, en ese espacio colectivo, en el que mejor se emana el espíritu y ejercicio de nuestros derechos colectivos, por lo tanto, lo que ahí dirimimos fortalece nuestra autonomía y nuestra capacidad para decidir por nosotros mismos, siempre en total correspondencia con nuestro territorio y nuestros bienes naturales. Es ahí en donde decidimos el rumbo que deseamos como pueblo y para nuestras familias.

Y ante la embestida que se avecina, se reconoció que una forma efectiva de cuidar la tierra es mantener la cohesión y el cuidado mutuo ante la delincuencia que es usada para amedrentar a las organizaciones que se han puesto a la cabeza demandando a las Secretarías de Estado y empresas como PEMEX, o a las mineras canadienses Almaden Mineral’s y Candelaria Mining corp, esta última vuelve a pretender hacer pasar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la etapa de exploración en Caballo Blanco, en Alto Lucero y Actopan, a 3 km de la nucleoeléctrica de Laguna Verde(!)

En la cita en Tlapacoyan tuvo presencia de actores de movimientos latinoamericanos internacionales que compartieron su experiencia en defensa del territorio  de Perú, Ecuador y Brasil, en ocasión de la 21ª Asamblea del Pueblo Maseual, Totonaku y Mestizo por la Defensa del Territorio. Mientras, en el istmo de Tehuantepec, en el foro “El extractivismo o la vida”, se recibieron saludos  del Movimiento Latinoamericano de Afectados por Represas (MAR).

De Tlapacoyan a Ixtepec, (y en octubre en Malinaltepec, Gro., en el “Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero”)  al igual que en otras partes del mundo se debate, se resiste y se actúa. “No pueden arrebatarnos lo que es nuestro”, es la resonancia en la memoria de los miles de participantes, que en ambos actos miramos en la resistencia un camino que va más allá del calendario electoral del 2018, pues es una agenda que insiste en nuestro derecho sine qua non a vivir sin violencia estructural, que es lo que representa el neo colonialismo extractivista, ecocida y patriarcal, racista y miserable.

*Colectivo Tajtolmej Taltipak A. C./Consejo Tiyat Tlali

Fuente:http://www.remamx.org/2017/08/de-la-huasteca-al-itsmo-de-tehuantepec-resistir/.

El proyecto La Paila, en Alto Lucero, Veracruz, pretende extraer oro y plata a través de un proceso de minería a cielo abierto, a tan sólo 3 km de la central nucleoeléctrica Laguna Verde.

Cada vez es más frecuente escuchar que los proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, que fueron detenidos gracias a la presión de la sociedad, vuelven a surgir años después con ligeras modificaciones, pero manteniendo su impacto potencial en las comunidades y en el medio ambiente. Tal es el caso del proyecto minero “La Paila”, anteriormente conocido como Caballo Blanco, ubicado en el municipio de Alto Lucero, Veracruz.

El proyecto Caballo Blanco pretende extraer oro y plata a través de un proceso de minería a cielo abierto, el cual implica la extracción de grandes volúmenes de tierra y, en consecuencia, tiene severas repercusiones al medio ambiente puesto que impacta de manera irreversible en los suelos, el agua y la biodiversidad. Pero más allá del riesgo que implica la minería a cielo abierto, la preocupación por este proyecto aumenta al pretender ubicarlo a tan sólo 3 km de la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Esto implica que de concretarse, su operación estaría perfectamente ubicada dentro de las áreas cercanas a la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), mismas que requieren medidas de protección a la población en caso de que ocurriera alguna emergencia, y que han sido definidas a través del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE).

El PERE define un área conocida como Zona Vía Pluma, que comprende un radio de 16 km alrededor de la central nuclear y, dentro de ésta, se delimita a su vez un área más reducida que se conoce como Área Precautoria que abarca un radio de cero hasta 5 km. Cabe destacar que tanto la delimitación de estas zonas como las medidas de protección a la población están sujetas a la regulación emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Entonces, en una zona considerada como crucial ante una emergencia nuclear, ¿no sería el Área de Precaución una zona que debería estar libre de proyectos de alto riesgo como es la operación de una mina a cielo abierto?, ¿no debería garantizarse la seguridad de la población por encima de cualquier otra actividad económica?

La sola existencia de la Central Nuclear Laguna Verde, construida desde hace más de dos décadas a pesar de una fuerte oposición social, representa por sí misma un motivo de constante preocupación no sólo para la sociedad veracruzana, sino para el país, que ante una eventual emergencia radiológica tendría que evaluar a nivel de competencia federal las medidas ante los posibles impactos de la radiación en agua, aire y suelos, y evitar que sus potenciales efectos puedan dañar a la población.

Aunado al riesgo del proyecto Caballo Blanco, es necesario señalar que la minería en México es un sector sobrevalorado; la extracción de minerales metálicos no es esa actividad pujante que deja una derrama invaluable en la economía mexicana, su aporte al PIB es menor al 1 %. En cuanto a las promesas de empleo y desarrollo local, estimaciones señalan que por cada mil dólares de oro vendido, las comunidades solo reciben en promedio 5.9 dólares. En ese sentido, pese a la bonanza de la industria minera, las condiciones de pobreza, pobreza extrema e inseguridad alimentaria prevalecen en buena parte de los municipios mineros.

En 2015, la producción de oro se concentraba en 22 municipios del país que, además, compartían algunas otras características como el nivel de pobreza y pobreza extrema. Los datos son claros al respecto: el 76 % de estos municipios tiene niveles de pobreza mayores al promedio nacional y más del 50 % alcanzó niveles de pobreza extrema que sobrepasan el promedio nacional.

Al ser un tema que podría representar un enorme riesgo para todos los mexicanos, dada su cercanía a la central nuclear, es importante manifestar también la necesidad de someterlo a consulta pública a toda la población. Finalmente, como señalan los zapatistas: la lucha es un proceso circular, se sabe dónde empieza, pero nunca se sabe dónde y cuándo termina.

                                                   La lucha contra los megaproyectos no termina nunca, es un continuo tejer de resistencias y batallas

Fuente:http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2017/08/28/vuelve-la-amenaza-proyecto-minero/

A dos años de haber sido demolidas sus casas, 150 familias de la comunidad La Colorada, en Chalchihuites, Zacatecas, reclaman a la minera Plata Panamericana, subsidiaria de la empresa canadiense Panamerican Silver Corp Mexico, que les reconozcan la propiedad de los terrenos e indemnicen los perjuicios.

La mina “La Colorada”, ubicada en la cordillera de la Sierra Madre en Zacatecas, extrajo mil 300 toneladas diarias en el 2014, y en unos meses pretendía alcanzar mil 800, de los cuales se obtiene plata, oro, plomo y zinc.

No hay planes para que la empresa se vaya pronto. La minera invirtió 163 millones de dólares entre el 2014 y el 2017 para la construcción de nueva infraestructura.

Al tiempo que autoridades locales del Partido Revolucionario Institucional, como el presidente municipal de Chalchihuites Manuel Rosales Pérez, intenta calmar la indignación con despensas, denunciaron apoderados legales de la comunidad.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Pobladores de la comunidad La Colorada señalaron haber sido descartados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante su demanda de ser despojados de sus propiedades por la minera Plata Panamericana.

“La comunidad era hecha y derecha, tenía todo. Y nosotros vivíamos ahí de la agricultura y la ganadería. Y la llegada de esta empresa lo cambió, llegaron ofreciendo trabajo y pensamos que las cosas iban a mejorar pero no fue así”, dijo Moisés Guerrero Pasilla, apoderado legal de la comunidad.

Al menos 47 comuneros interpusieron el año pasado una demanda en el Juzgado de Distrito Agrario de Zacatecas para reclamar terrenos que han sido apropiados por la empresa, de acuerdo con la versión de dos de los apoderados legales de la comunidad.

La respuesta legal se dio después de que al menos 150 propiedades fueron demolidas en el 2015 por la empresa, señalaron los comuneros.

Plata Panamericana buscaba trasladar a estas personas a casas en otro punto de la localidad.

“Ellos empezaron a construir una zona habitacional. No teníamos la idea de que era para destruir nuestra comunidad. A raíz de eso nos dijeron que nos iban a cambiar a este complejo. Nosotros preguntamos por qué nuestras casas iban a ser derrumbadas”, relató Miguel González, otro apoderado legal de la comunidad.

Alrededor de 250 pobladores fueron trasladados a las nuevas instalaciones, se trataba de unas casas de lámina, que no contaban con condiciones dignas de vida, señaló David Cayetano, miembro de la Red Internacional de Defensores de los Pueblos Indígenas, quien acompaña a la comunidad en su oposición a la mina.

Los locales aseguraron que la empresa se apoderó de tierras, incluidas aquellas donde habían construido sus casas desde hacía décadas atrás.

A la fecha, los comuneros denuncian que Plata Panamericana no cuenta con las escrituras de estas tierras, cuya clasificación debía ser la nacional.

En tanto que la mina alega estar registrada en el Registro de la Propiedad del municipio cercano Sombrerete, y estar sobre 8 mil 395 hectáreas, que se componen por 56 tierras solicitadas para minería, de las cuales 7 aún esperan un título, de acuerdo con el reporte Técnico Preliminar para la expansión de la Mina La Colorada.

González relató que pese a los intentos de denunciar la demolición encontraron la desatención por el Ministerio Público más cercano que corresponde al municipio de Sombrerete. Y tampoco la encontraron cuando el caso llegó a oídos de la Secretaría de Gobernación estatal.

De acuerdo con las palabras dadas por Carlos Bárcenas Pous, titular de la Secretaría de Economía de Zacatecas, durante un evento el 27 de enero, la mina consolidó la generación de empleos en la zona. Al menos 740 directos y mil 250 indirectos.

“Juntos, autoridades y empresa, contribuimos al desarrollo de las comunidades donde trabajan las minas, porque para nosotros las localidades y los trabajadores son nuestros socios y crecemos juntos”, correspondió el Presidente de la mina Ross J. Beaty.

No obstante, a los ojos de los comunitarios la empresa de origen canadiense les ha cerrado las puertas para dedicarse a otras actividades que no sean la minería.

“A mi mamá por ejemplo, el ingeniero Juan Villegas González [gerente general] le prohibió vender comida a los empleados de la mina, les dijo que los despediría si compraban”, denunció González.

En tanto que el Presidente Municipal de Chalchihuites Manuel Rosales Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, les ha llegado a ofrecer despensas a los inconformes, dijo Guerrero.

Plata Panamericana no tiene planes de irse de La Colorada.

Un proyecto de expansión iniciado en el 2013 hará que la mina pase de procesar mil 229 toneladas por día a mil 800 al final del 2017. Por lo tanto, se espera un aumento en la producción anual del 64 por ciento, hasta llegar a 7.7 millones de onzas de plata en el 2018.

VIOLENCIA CONTRA POBLADORES

La empresa canadiense ha sido señalada en reiteradas ocasiones de utilizar a las fuerzas de seguridad privada para someter a los pobladores.

Tenemos unos corrales con marranos y vacas. Cuando en eso, Karla Sosa, la de recursos humanos de la minera manda a vigilancia a que quitemos los animales de ahí, porque iba a haber una medición de los terrenos”, dijo González.

Estos mismos guardias son los que someterían a los locales a cumplir con un reglamento para quienes viven en las casas construidas por la mina para sus trabajadores.

La rigurosidad queda a criterio de la empresa. Una copia del reglamento entregada a este medio devela que la comunidad pese a ser rural sólo puede contar dentro del complejo residencial con gatos, perros o peces.

No se permiten fiestas afuera de las casas, y el volumen de cualquier radio debe ser apagado a las 11 de la noche. No hay espacio para los negocios ni las tiendas, ni la modificación de ninguna de las propiedades.

A cambio, las viviendas se hayan equipadas con aparatos electrodomésticos y los gastos de servicios corren por cuenta de la empresa, según se constató en el contrato de comodato celebrado entre un trabajador y la empresa Argentum Panamericana.

La instalación de megaproyectos es uno de los principales causas de violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, realizado con la colaboración de más de 100 organizciones civiles durante la visita de representantes de Naciones Unidas, en México se constaron al menos 60 casos de violaciones de derechos humanos por empresas.

“Una preocupación que se expresa repetidamente en este documento es que el Estado está sujeto a los intereses de las empresas y que en la práctica no se aplican los marcos de políticas ni se cumplen los compromisos”, apuntó el informe presentado en junio.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/27-08-2017/3293314

Los indígenas me´phaa de San Miguel del Progreso, en La Montaña de Guerrero dijeron no a la destrucción que dejarían las minas en su territorio y llevaron la resistencia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la mano de Tlachinollan, pusieron contra las cuerdas la Ley Minera, que facilita a las empresas la ocupación de tierras. No modificaron la ley, pero cancelaron toda posibilidad de que una mina se instale en su San Miguel.

Malinaltepec, Guerrero. Al terminar el rosario en la iglesia, Valerio Mauro Amado Solano vuelve a casa para ofrendarles a los principales del pueblo el caldo de gallina y las tortillas de maíz que se cocieron en el fuego sagrado. Esta ofrenda busca proteger a los abogados de Tlachinollan y tener procesos judiciales sensatos. Los habitantes San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero, confiaron la defensa de su territorio en las instituciones y en su cosmovisión me´phaa.

Es 21 de junio de 2017, día en que los habitantes de esta comunidad, también llamada Júba Wajiín, cumplen con la creencia de sus antepasados: rezan para proteger al pueblo, incluidos los malos, para que cambien de parecer.

En esta mesa quedó la lista de nombres que el “tata” Donato leyó en la cocina. Lo mismo estaba Abel Barrera Hernández, el director de Tlachinollan; Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Enrique Peña Nieto. Ningún nombre sobra si se trata de cerrarle el paso a las empresas mineras. Sobre todo si Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón Tinieblas, dos territorios de más de 40 mil hectáreas repleta de minerales, en los que reposa parte de San Miguel, están otra vez a la merced de los empresarios.

Las mujeres participan en las tareas de la cocina: sirven el caldo, envuelven tortillas, lavan trastes o reparten dulces de pan. A todas las invitó doña Guadalupe, la esposa de don Valerio, para sacar el compromiso de la ofrenda.

Don Valerio hace varias reverencias cuando le entrega la comida al “tata” Donato, su hermano mayor y el principal más longevo en la cocina. Así cierra un día de compromisos: la ofrenda de los rezos, el rosario como rezandero del pueblo; y la sesión del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, en la comunidad de Ojo de Agua de Cuauhtémoc, en su faceta de presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de San Miguel del Progreso.

Por la noche ve el documental El mineral o la vida, que le regalaron los abogados de Tlachinollan, donde se explica el plan de las empresas mineras de terminar con el corazón hidrológico de la región Costa Chica-Montaña. Valerio tiene más de 60 años, pero su energía aparenta la edad de un joven.

“Nací y crecí aquí y nunca me imaginé que íbamos a tener problemas por la minería. Que nos quisieran sacar de nuestra propia tierra”, dice Pedro Flores, un compañero de lucha de don Valerio, durante un recorrido entre las comunidades. Por eso a él y los otros pobladores, les interesa conocer los daños e intereses detrás de la mina.

La biodiversidad y el agua de la región Costa Chica-Montaña se concentran en las 157 mil 896 hectáreas donde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero impulsó la Reserva de la Biósfera, un supuesto proyecto de conservación del ambiente que concentraba todo el territorio que en el 2016 llegaron a concesionar las empresas mineras.

En el camino hay un cerro grande y cubierto de bosque que cubre en sombra casi todo el pueblo de San Miguel del Progreso. Es el Tepilzahuac o el San Marcos mayor, uno de sus lugares sagrados.

Los habitantes de este pueblo me´phaa dejan en este cerro la petición de lluvias, las oraciones por rayos de sol, los ruegos por buenas siembras, las bienvenidas y despedidas de los años.

En las veredas que circundan la región hay matas de plátano, árboles de papaya y mango, sembradíos de maíz y plantas de café. Aquí cobra sentido lo que después dice Víctor Albino Agustín, el presidente del Consejo de Vigilancia de San Miguel: “nosotros tenemos tres climas. Allá abajo tenemos caliente, acá templado, y allá arriba frío. O sea, tenemos una tierra sagrada”.

La resistencia legal

Sí. La tierra de San Miguel es sagrada. Pero el valor que tiene para quienes la habitan y para quienes quieren comprarla no es el mismo. Unos quieren cuidarla para vivir aquí, otros quieren explotarla.

Miguel Mijangos, de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), explica por qué la tierra de San Miguel es motivo de deseo: “el problema es que abajo está el oro y la plata”.

Los primeros en darse cuenta de que el suelo de San Miguel es rico en oro y plata fueron integrantes de Tlachinollan, cuando en 2009 descubrieron que la Secretaría de Economía había otorgado 38 concesiones mineras en el territorio de Costa Chica-Montaña.

En un recorrido de campo en Zitlaltepec, comunidad de Metlatónoc, ubicaron la mina de San Javier en desuso, propiedad de la familia guerrerense Larequi Radilla, dedicada al transporte. Entonces también Paraje Montero, otro núcleo agrario de Malinaltepec, tenía firmado un convenio de exploración hasta 2014 con la empresa Camsim Minas.

Los hallazgos los empujaron a las brigadas de información en las comunidades sobre los efectos de la minería.

Tlachinollan tenía la experiencia con Carrizalillo, una comunidad de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero afectada por la instalación de una mina. En 2007 los abogados emprendieron una lucha y lograron un mejor pago anual de la canadiense Luismin (después absorbida por Goldcorp) para los ejidatarios por la renta de sus tierras: 13 mil 500 pesos por hectárea. Los ejidatarios reciben ahora un pago siete veces mayor, nunca tan alto como el nivel de la devastación de su ambiente.

San Miguel del Progreso es una de las tres primeras comunidades en rechazar la minería después de recibir la información de Tlachinollan: el 13 de septiembre de 2013 inscribieron su acta de rechazo en el Registro Agrario Nacional. Ahí comenzó la resistencia legal. “Si no hubiera sido por la información que nos dieron los licenciados de Tlachinollan… Son los que nos vinieron a informar, nos explicaron que sin darnos cuenta ya estábamos concesionados”, dice don Valerio esa tarde de junio.

Tlachinollan y San Miguel lograron revelar, a través de solicitudes de información, que la Secretaría de Economía concesionó más de 40 mil hectáreas en dos predios de su territorio: Corazón de Tinieblas, con el número 237861, y Reducción Norte de Corazón Tinieblas, con la serie 232560.

El primero abarca una extensión de 37 mil 531 hectáreas de verde bosque y cafetales a nombre de la minera británica Hochschild Mining, y el segundo concedía 3 mil 394 hectáreas a la empresa mexicana Zalamera, de acuerdo al mapa creado por la organización.

En los antecedentes de la Hochschild Mining figuran trabajos mineros en el Perú, con reporte de accidentes de empleados por falta de equipo en las minas que explota, como en la subterránea de Arcata, Arequipa. El trabajo de Zalamera se centra sólo en la exploración de los terrenos.

Con esta información y cuatro años de trabajo comunitario, los abogados de Tlachinollan y los habitantes de San Miguel presentan el 15 de julio de 2013 una demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito con dos peticiones: la cancelación de las dos concesiones y una revisión a los artículos de la Ley Minera.

Siete meses después, el juez Jorge Eduardo Espinosa Luna resolcvó el amparo de manera parcial en favor de San Miguel del Progreso: anuló las concesiones mineras otorgadas a Hochschild y Zalamera porque no se garantizó a la comunidad su derecho a audiencia, pero omitió la revisión de la Ley Minera.

Los argumentos del juez para no revisar esta Ley los sostuvo en que los abogados de Tachinollan sustentan su tesis en omisiones legislativas, que en la Ley de Amparo resulta un recurso improcedente.

Maribel González Pedro, la abogada de Tlachinollan que llevó el caso, dice que nunca plantearon el amparo más allá de que los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley Minera atentan contra los derechos de los pueblos indígenas.

Con esos artículos le asigna la ley un estatus de prioridad a la actividad minera, acredita a las empresas mineras concesiones hasta por 50 años y les garantiza derechos para expropiar tierras.

La cancelación de las concesiones tampoco procede de manera inmediata porque la Secretaría de Economía impugnó la resolución.

La resistencia llega a la Corte

Debido a que el juez decidió no revisar los criterios de la Ley Minera, Tlachinollan buscó que lo hacieran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En febrero de 2015 consiguió que la ministra Olga Sánchez Cordero adoptara el caso e iniciara un juicio de revisión, lo que garantizaba un estudio de la inconveniente de la ley.

La intención de la organización era una modificación a la Ley Minera, donde quedara explícito los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre cualquier ingreso a su territorio.

Pero la Secretaría de Economía pidió a la SCJN el 9 de septiembre de 2015 sobreseer este juicio de revisión, porque las dos concesiones en las tierras de San Miguel del Progreso estaban canceladas desde julio y septiembre pasado. El primer amparo a favor de la comunidad así lo dictó.

La percepción de la abogada Maribel González es que la dependencia de gobierno evitó a toda costa la revisión del marco normativo minero vigente, ante la posibilidad de que se asentaran criterios legítimos de los pueblos y comunidades indígenas del país sobre su derecho a la consulta para cualquier ingreso a su territorio. Con la modificación a la Ley Minera no sólo San Miguel podría decir no a las mineras, también cualquier pueblo indígena.

A la par, la Secretaría de Economía dejó al descubierto la predilección por la actividad minera: el 24 de noviembre de 2015 publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de estas dos concesiones y otra vez la liberación del terreno.

Es decir, que a los 30 días siguientes Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de nueva cuenta estarían a disposición de las mineras en las ventanillas de la Dirección General de Regulación Minera.

Al final, la Corte acató la petición de la Secretaría y sobreseyó el caso el 25 de mayo de 2016. Dicho en otras palabras, terminó con el trámite de revisión y así la posibilidad, esta vez, de alguna modificación a la Ley Minera.

Después de saber la decisión de la Corte, Tlachinollan acuerdó con la comunidad buscar un segundo amparo ante el Juzgado Primero de Distrito contra la declaratoria de la libertad de las tierras, porque el gobierno federal no se detendría ahí. Este segundo amparo, presentado el 11 de diciembre de 2015, buscaba dejar sin efectos la decisión de la Secretaría de Economía de volver a poner a disposición de las mineras los dos predios liberados.

Tlachinollan y los habitantes de San Miguel no consiguieron modificaciones a la Ley Minera, pero tampoco dejaron ninguna posibilidad de invasión.

Mientras tanto, el caso avanzaba en otro sentido: las empresas desistían de 22 de las 44 concesiones en la región Costa Chica-Montaña, equivalente a 32 mil 616 hectáreas aún concesionadas. Y es que en 2016, según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la región de la Costa Chica-Montaña acumulaba 44 concesiones mineras, equivalente a 142 mil 430 hectáreas.

Hasta aquí San Miguel del Progreso se erige como la primera comunidad indígena en sentar la revisión de la Ley Minera en el ámbito judicial que, aun cuando no lo consigue, deja el antecedente para que cualquier pueblo del país que rechaza la minería siga este camino e insista en su modificación. Cualquier otra comunidad puede volver a pedir la Revisión de la Ley Minera.

Pero la lucha sigue. Una de las concesiones vigentes es Toro Rojo, un predio que incluye al San Marcos mayor, el cerro sagrado de San Miguel, y extensiones de otros pueblos de la Montaña.

La resistencia Me’Phaa

Con los rezos en casa de don Valerio, los principales del pueblo encargaron a sus antiguos buena conciencia para el juez que debía resolver este segundo amparo.

En esta lucha los habitantes de la zona han aprendido mucho. Don Valerio, por ejemplo, habla con mucha soltura de los conflictos mineros en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y  hasta conoce el caso de El Zapotillo, Jalisco, que explica en una frase: ricos embotelladores intenta llevarse el agua hacia Guanajuato sin considerar al pueblo. O don Víctor, quien está convencido que el cianuro utilizado en las minas a cielo abierto, como Carrizalillo, “es lo que más afecta a todos, a animales y a todo”.

Para el rezandero Alberto, la minería “todo lo destruye”.

En San Miguel destruiría árboles tropicales, neblina, flores, lluvia, pinos altos, el frío y el calor, café, tierra fértil, nubes cargadas de agua, maíz, pájaros, árboles curativos, cielo azul y sol brillante. Un paraíso de 4 mil 449 hectáreas (extensión del núcleo agrario, que forma parte del interés de las mineras) y 3 mil 800 personas. Quién podría cambiarlo por un infierno.

“Tiene mucho poder este rezo”, dice don Alberto sobre el ritual de invocar a las almas para pedir por el bien de su gente.

Desde la esquina de la mesa, sentado en dirección al fogón de la cocina, el “tata” Donato dice frases en me’phaa. Alrededor de él hay más hombres que mujeres. Son autoridades y principales del pueblo que las repiten. Se trata de plegarias con los nombres de la lista de los abogados, ministros y autoridades del país.

Siete días después de aquella tarde en la comunidad me’phaa Júba Wajiín, la jueza Estela Platero Salado les concedío el segundo amparo contra las facultades de la Ley Minera. Dicho de otra manera, canceló la posibilidad de que cualquier empresa minera pida concesiones en sus dos predios, si no hay antes una consulta a sus habitantes.

Fuente:http://ladobe.com.mx/2017/08/resistencias-la-lucha-juba-wajiin-la-ley-minera/