Los países donde las compañías canadienses tienen más activos son México (20.000 millones de dólares), Chile (19.000 millones de dólares) y Estados Unidos (17.000 millones de dólares).
El sector minero y petrolero canadiense ha multiplicado sus inversiones en Latinoamérica en los últimos años, pero también se enfrenta a crecientes problemas, según constata la agencia EFE.
En Chile, las autoridades judiciales han paralizado por problemas medioambientales las obras de construcción de la gigantesca mina Pascua-Lama, un megaproyecto de Barrick Gold, el mayor productor mundial de oro, que está entre Argentina y Chile.
El vertiginoso progreso tecnológico y el incesante aumento de la población devoran recursos minerales a un ritmo creciente y obligan a buscar nuevas fuentes de materias primas en lugares inhóspitos y donde no se puede respirar ni trabajar sin la ayuda de trajes, vehículos y robots especiales: las grandes profundidades del mar.
Human Rights Watch investigó seis denuncias de incidentes de violaciones grupales por guardias de seguridad en la mina Porgera de Barrick Gold en Papúa Nueva Guinea. En todos los casos, las mujeres fueron violadas después de haber sido capturadas por el personal de seguridad de Barrick cuando intentaban la búsqueda de restos auríferos. Para recibir el paquete de supuestas soluciones –como si se tratara de algo con posible solución-, cada mujer debe llegar a un acuerdo por el que se compromete a no seguir o participar en cualquier acción legal ni judicial en contra de Barrick ni sus socios dentro o fuera del país.
La concesión de Reko Diq fue cancelada en enero por el Tribunal Supremo pakistaní. La sociedad reclamará daños y perjuicios exclusivamente monetarios.
El profesor Díaz-Fierros alerta de que “el carcinógeno supera 12 veces” lo permitido
Toronto (Canadá), 3 may (EFE).- El sector minero y petrolero canadiense ha multiplicado sus inversiones en Latinoamérica en los últimos años, pero también se enfrenta a graves acusaciones de violaciones de derechos humanos y conflictos legales con gobiernos por sus prácticas laborales, sociales y medioambientales.