Miembros de Ecologistas en Acción y de la Plataforma No a la Mina han presentado esta mañana, en la Delegación de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, un escrito con una veintena de alegaciones contra el proyecto de la mina de titanio en Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo.

Al igual que en los casos de Fontanajero y Abenójar, estos colectivos se oponen a proyectos “muy perniciosos” para unas de las zonas mejor conservadas de monte mediterráneo de la Península Ibérica. Además, apuntaba Rafael Gosálvez, portavoz de Ecologistas en Acción, las afecciones a la salud serán “bastante importantes”, perjudicando especialmente a la localidad de Arroba de los Montes.

Este proyecto de minería, recalcaba Gosálvez, pasa por su tercer proceso de impacto ambiental. “Por dos veces se ha dicho ya que no por parte de la Junta de Comunidades a la mina, y con dos gobiernos distintos: el de Barreda (PSOE) y el de Cospedal (PP)”. No entienden, por tanto, por qué se afronta una nueva DIA, máxime cuando la legislación contempla que “cuando un proyecto ha tenido declaraciones de impacto ambiental negativas, ni siquiera se debería haber dado acceso a un nuevo procedimiento”. Con los antecedentes, la presión social en los municipios afectados y a las puertas de unas elecciones municipales autonómicas, confían en que el Gobierno regional no desee “asumir el coste político de una mina que tiene a los pueblos de la zona en contra”.

Por parte de la Plataforma No a la Mina, Francisco José Sarrión, abogaba por “otro tipo” de desarrollo para la zona. “Venden” el proyecto minero como una alternativa para la despoblación, explicaba, “pero creemos que tenemos recursos, valores y riqueza suficiente para que la comarca se desarrolle de forma sostenible, tenga un futuro sin contaminación y conserve su patrimonio natural y cultural; que es lo que vamos a perder a cambio de diez o quince años de minería”.

Fuente:https://www.miciudadreal.es/2019/01/04/ciudad-real-alegaciones-contra-un-proyecto-minero-muy-pernicioso-para-arroba-y-puebla-de-don-rodrigo/

Ese enorme trecho de tierra y selva que se extiende a lo largo de 7.4 millones de kilómetros cuadrados por Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam, concentra el 60% de la biodiversidad del mundo, incluyendo especies animales y vegetales que aún no han sido catalogadas y estudiadas por la ciencia, es el hogar de 34 millones de personas, incluidas 385 comunidades indígenas. Una buena parte de ese territorio, en los últimos años viene soportando un crecimiento alarmante de la minería ilegal, estimulada por el precio del oro y otros minerales preciosos que alberga e sus entrañas. Ahora se cierne sobre él la plaga Bolsonaro, auspiciada por los intereses de la agroindustria que lo catapultaron al poder del país que controla la mayor parte de la tarta amazónica.

Un reciente informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), con datos de seis países de la región -Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela-,  recogidos por ocho grupos de ambientalistas apartidistas que elaboraron un mapa a partir de imágenes de satélite, evidencia que Venezuela tiene más minas ilegales que cualquier otro de los países estudiados, seguido por Brasil y Ecuador. Un informe de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, titulado «El crimen organizado y la minería ilegal del oro en América Latina» publicado en 2016, ya revelaba que entre 80 y el 90 % del mineral producido en Venezuela es ilegal.

El mapa publicado por RAISG muestra que hay minería ilegal en 37 territorios indígenas, dieciocho de ellos en Brasil, y que hay sitios cerca o alrededor de otros 78 territorios. Según Alicia Rolla, una de las coordinadoras de la RAISG, «la situación actual es peor que nunca».

Pero el efecto Bolsonaro sobre la Amazonía brasileña no se limita a la minería ilegal. Con su llegada a la presidencia de Brasil empieza una época dorada para los agronegocios. Según el Observatorio del Clima, los datos del Deter B, un sistema del Instituto Nacional de Estudios Espaciales que controla la Amazonia en tiempo casi real, muestran que la tasa de deforestación ha subido un 36% entre junio y septiembre, período de la precampaña y campaña electoral.

Brasil es el principal exportador de soja en el mundo. El ex ministro de agricultura, Blairo Maggi, ha anunciado que duplicará su producción durante los siguientes 10 años. Con la tasa actual, Brasil ya utiliza dos millones de kilómetros cuadrados (24% del territorio), pero para alcanzar el nivel de producción proyectado se necesitan entre 70 y 75 hectáreas más. La poderosa bancada parlamentaria que representa los intereses del sector de la agroindustria fue la gran impulsora de la candidatura de Bolsonaro.

Con la fusión  de los ministerios de agricultura y medioambiente, una de las primeras promesas de campaña el nuevo presidente dejó claro que la política ambiental quedará relegada a la agresiva explotación de la tierra. En una entrevista el pasado abril en The Guardian, Bolsonaro afirmó que la causa de la deforestación en la Amazonia no es la tala excesiva, sino el aumento de la población. En sus palabras: «no vas a cultivar soja en la terraza de tu edificio o criar ganado en el jardín. Así que debemos tener una política de planificación familiar. Así comenzarás a reducir la presión sobre esos problemas que llevan, sí, en mi opinión, al calentamiento global, que podría ser el fin de la especie humana».

Cuando aún era precandidato a la presidencia, ya anunció que no demarcaría las tierras indígenas, una exigencia histórica que garantizaría la conservación de sus modos de vida.  En tono despectivo dijo que «el indio es nuestro hermano, quiere ser reintegrado a la sociedad. El indio ya tiene demasiada tierra, vamos a tratarlos como seres humanos».

Su promesa de campaña se convirtió en su primer decreto presidencial según el cual la demarcación de las tierras indígenas deja de ser responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (Funai), para pasar al control del Ministerio de Agricultura.

«Más del 15 % del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombola (poblados por exesclavos fugitivos). Menos de un millón de personas viven en esos lugares aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por las ONG. Juntos vamos a integrar a esos ciudadanos y a valorar a todos los brasileños», tuiteó Bolsonaro, tras firmar el decreto.

De acuerdo con la disposición, el Ministerio de Agricultura tendrá a cargo todo lo relacionado con «la reforma agraria, la regularización de la propiedad en áreas rurales en la Amazonia legal (no sólo el estado Amazonas), las tierras indígenas y los quilombola».

Agricultura abraza en la nueva administración los intereses de la agroindustria, que entran en frecuentes conflictos con organizaciones de trabajadores rurales, con los grupos indígenas y de protección al medio ambiente. Al frente de este ministerio colocó a Tereza Cristina da Costa, una partidaria de los agrotoxicos y la producción de alimentos a gran escala.

Según numerosos científicos, la función de la Amazonía es vital para mantener la temperatura del planeta y evitar el calentamiento. Sin embargo, de acuerdo con el reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund por sus siglas en inglés) publicado en octubre del año pasado, una quinta parte de la selva ha desaparecido en los últimos 50 años como parte de la explotación de los recursos, y solamente el año 2017 se perdieron 4.921 kilómetros cuadrados. Bajo el mando de Bolsonaro, esta situación solamente va a empeorar, si lleva a cabo su ambicioso proyecto de abrir una carretera a través del Amazonas y concesionar nuevos proyectos de explotación. La ganadería y la agricultura fueron responsables de una cuarta parte de la deforestación en el mundo y entre 2015 y 2016, la deforestación en Brasil alcanzó la escalofriante cifra récord de 7,800 kilómetros cuadrados. Según Greenpeace, la deforestación de la Amazonia en los años 70 alcanzaba un 1% del territorio, mientras hoy llega al 18%.

Fuente:https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2019/01/06/bolsonaro-maduro-peligro-amazonia-planeta/00031546795084785808768.htm

A partir del 1 de enero se tendrán que cerrar las mineras en todo el país español.

A ese cierre se comprometió el Gobierno con la Comisión Europea a principios de esta década, cuando Bruselas concedió la prórroga final a una actividad económica deficitaria que lleva más de 30 años de ocaso en España.

En noviembre ya solo quedaban 2.046 trabajadores adscritos al régimen especial de la minería del carbón, frente a los 51.420 que había en 1985. Y el 90% del carbón que se quema en España para producir electricidad se importa ya de otros países como Colombia o Rusia.

La generación de electricidad con este combustible, está también en el punto de mira de las políticas medioambientales por ser altamente contaminante. Además, esta actividad acumula alrededor del 15% de todos los gases de efecto invernadero de la economía española.

Las normas europeas van encaminadas a hacer desaparecer las centrales de carbón. Desde hace años funciona un mercado de emisiones que ahora obliga a las plantas a pagar más de 20 euros por cada tonelada de CO₂ que expulsan a la atmósfera. La previsión es que ese precio siga aumentando. Además, Bruselas pone cada vez más trabas a los Estados a la hora de dar subsidios encubiertos a las plantas.

Considera que la iniciativa prevista en Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo “perjudicará al medio ambiente y a la salud de las personas»

Su estudio de impacto ambiental está actualmente en información pública y el Gobierno regional ha reconocido su «complejidad»

Una nueva asociación se ha constituido con el nombre de Plataforma No a la Mina de Arroba para luchar contra el  proyecto de mina de titanio, zircón y turilo que se está tramitando en los términos municipales de Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo, ambos  pueblos de la provincia de Ciudad Real y en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros. El acto se ha llevado a cabo junto a la cabeza megalítica de Arroba, un lugar “cargado de simbolismo”.

Con este acto, el colectivo ha querido recordar el ritual de despertar a la Tierra que se hacía en época prerromana, deseando que la población de la comarca elija desarrollarse de forma sostenible, conservando «la gran riqueza patrimonial y natural que atesora para el futuro» y muestre su rechazo a este proyecto.

La Plataforma cree que el proyecto de mina de Arroba y Puebla de Don Rodrigo infringe numerosas normas del procedimiento administrativo y “perjudicará seriamente al medio ambiente y la salud de las personas». También asegura que supondrá un freno al desarrollo pues, aparte de “interferir en las posibilidades actuales de desarrollo sostenible”, tras los años de explotación “los pueblos quedarán sin trabajo y con el terreno destruido y contaminado, con la posibilidad de que los contaminantes se dispersen llegando incluso al Guadiana y sus embalses y sin que los problemas actuales del mundo rural se hayan solucionado».

Entre los objetivos de la Plataforma destacan, en primer lugar, presentar alegaciones en diversos formatos accesibles a todas las personas que deseen participar: alegaciones jurídicas, alegaciones resumidas y firmas clásicas, pidiendo la declaración de impacto ambiental negativa. En segundo lugar, difundir los valores ecológicos y culturales mediante charlas, marchas de senderismo y otras actividades; y finalmente unir a todos los pueblos con proyectos mineros de minerales tóxicos.

Inicio de trámites

Este proyecto minero ha iniciado trámites para instalarse en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros, y su promotor es Explotaciones Mineras de Titanio. Las aleaciones de titanio se utilizan  en el ámbito industrial, principalmente en los aviones y también en helicópteros, blindaje, buques de guerra, naves espaciales y misiles.

Actualmente, su estudio de impacto ambiental se encuentra en información pública, un documento donde se recoge el objetivo de aprovechar estos recursos minerales en el yacimiento ‘Pochico’, ubicado en el monte público de Riofrío. El proyecto supone una inversión de más de 8 millones de euros y contempla la implantación de una planta mineralúrgica. El dato más significativo es que el área de extracción está a cuatro kilómetros por el oeste de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes”.

Desde el Gobierno castellano-manchego han reconocido que este proyecto es el más “complejo” de los que se están tramitando en la provincia, por el entorno en el que se encuentra y por otras muchas circunstancias.

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/plataforma-combatira-proyecto-titanio-Cabaneros_0_850065042.html

Una incipiente ‘fiebre del oro’ de la minería en los fondos marinos podría provocar daños sin precedentes a los frágiles ecosistemas de aguas profundas.

Importantes decisiones internacionales sobre el futuro de la minería de los fondos marinos se esperan para 2019-20, y científicos y expertos en políticas de la Universidad de Exeter y Greenpeace han recomendado una serie de medidas para prevenir daños ambientales. Dicen que los ecosistemas de aguas profundas actualmente necesitan más protección, en lugar de nuevas amenazas.

También argumentan que la minería en las profundidades marinas (por debajo de los 200 metros) podría evitarse por completo si la humanidad se moviera hacia una «economía circular» que se centra en la reutilización y el reciclaje de metales, reduce el consumo excesivo y limita la obsolescencia de la tecnología. «Esta ‘fiebre del oro’ está siendo impulsada por nuestra demanda cada vez mayor de minerales», opina David Santillo, un biólogo marino y científico senior de Greenpeace han recomendado una serie de medidas para prevenir daños ambientales.

Ecologistas en Acción ha registrado hoy en Toledo, en la sede del Gobierno regional, las más de 100.000 firmas recogidas en solo dos meses contra la mina de fosfatos proyectada en Fontanarejo (Ciudad Real), que tendría unas dimensiones de 30 hectáreas y sería la única de estas características en Europa.

Así lo ha subrayado hoy ante los medios, momentos antes de registrar las firmas, Rafael Gosalvez, de Ecologistas en Acción de Ciudad Real, quien ha explicado que, con esta acción, piden a la Junta que archive el expediente de concesión de apertura de dicha mina, la cual ha obtenido ya una Declaración de Impacto Ambiental positiva condicionada a un estudio hidrogeológico aún pendiente.

En este punto, el miembro de Ecologistas ha considerado la citada declaración ambiental positiva, aprobada el pasado 15 de noviembre, “un fraude y un posible delito de prevaricación administrativa”, al ocultar el Gobierno regional información relevante sobre la importancia ambiental de la zona afectada por la mina, sobre las especies amenazadas y el uso que hacen de este espacio.

En este sentido ha subrayado que, en esta zona, se encuentra uno de los pocos lugares de reproducción de aves protegidas como el águila imperial ibérica, cigüeña negra, milano real, buitre negro, buitre leonado y lince ibérico.

Y se ha referido también a las graves afecciones a las aguas subterráneas y superficiales, dado que la mina de extracción de fosfatos va en la cabecera del río de San Marcos, un río que drena sus aguas hacia los embalses del Cíjara y que desemboca en el río Guadiana.

En opinión de Gosalvez, se ha ocultado también información en relación con el impacto de ruido y vibraciones que va a tener sobre la población, al tratarse de una mina a cielo abierto con voladuras con explosivos situada a un kilómetro y medio del pueblo, cuando, en el caso de las granjas porcinas, la distancia requerida es de más de dos kilómetros, ha remarcado.

“Es mucha información que se ha ocultado”

El miembro de Ecologistas en Acción ha asegurado que “es mucha la información que se ha ocultado” y se ha mostrado convencido de que, de no haber sido así, esta mina hubiese contado con una declaración de impacto medioambiental negativa.

En este contexto ha aludido a los otros dos proyectos mineros contra los que Ecologistas en Acción tiene “un frente abierto” en la provincia de Ciudad Real, que son la mina de wolframio de Abenojar, también con una declaración ambiental positiva y a falta del estudio hidrogeológico, y la mina de titanio de Arroba de los Montes, actualmente en fase de información pública.

El diputado regional de Podemos, David Llorente, que ha acompañado a los ecologistas en la entrega de las firmas, ha indicado que éstas demuestran que “la gente se está organizando contra los proyectos de minería especulativa en la provincia ciudadrealeña”, como ya sucedió en el Campo de Montiel contra la minería de tierras raras, ya desestimada.

“Las más de 100.000 firmas reflejan un amplio rechazo social”

Y ha valorado que estas más de 100.000 firmas reflejan “un amplio rechazo social” a esta minería “que no genera nada bueno para Ciudad Real ni para la región, ya que arrasa con el territorio y supone una grave amenaza para el abastecimiento y la calidad del agua, para la salud pública, para las actividades productivas de la zona y para la fauna y, en definitiva, para la vida en el medio rural”, ha dicho.

En este contexto, el diputado regional de Podemos ha remarcado que el Gobierno regional “tiene la obligación de actuar con transparencia y garantizar el rigor de los procedimientos de evaluación ambiental, cosa que no está haciendo como se está denunciando por parte de Ecologistas en Acción”.

Y se ha puesto a disposición de este colectivo para trasladar a las Cortes Regionales las iniciativas que sean oportunas para seguir defendiendo la tierra, el agua y la vida en nuestros pueblos y “Page tiene que darse cuenta de que la gente no quiere minería especulativa en Castilla-La Mancha”, ha aseverado.

Por su parte, el vecino de Arroba de los Montes Pepe Martín ha destacado la gran afectación que esta mina de fosfatos tendría sobre el río San Marcos y la zona ZEPA de las Hoces del río Guadiana, por donde “campean”, ha dicho, aves protegidas que tienen un plan de protección y de recuperación a nivel nacional, regional y europeo.

Y ha resaltado las “prisas” que, a su juicio tiene el Gobierno regional, para que salgan adelante, “antes de las elecciones”, tanto la mina de Fontanarejo como la mina de titanio de Arroba de los Montes, cuando ambos municipios pertenecen a la zona de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Por otro lado, Jaime Patiño, que es quien ha impulsado la recogida de firmas en change.org, ha indicado que la mina de Fontanarejo, “lejos de ser un incentivo para la economía local, es todo lo contrario” pues generaría pocos puestos de trabajo y a corto plazo y cuando se agotara la mina “sólo quedará un espacio destruido”, con lo que descendería aún más la ya menguada población.

Fuente:http://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/presentan-mas-de-100-000-firmas-contra-mina-de-fosfatos-en-ciudad-real/

La organización confía en que esta propuesta se frene, ya que “abre la puerta al expolio del territorio, vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución”

Ecologistas en Acción instó este viernes los grupos parlamentarios de las Cortes en la oposición a rechazar una proposición de ley del PP “que autoriza las actividades extractivas en cualquier suelo rústico con protección” y que los ‘populares’ trasladarán al Pleno del próximo miércoles. A juicio de la organización verde, la negativa a esa medida supondría la protección del medio rural de Castilla y León “de los intereses especuladores de las empresas mineras”.

En este sentido, Ecologistas en Acción reclamó al resto de grupos parlamentarios que tiren abajo esta propuesta, ya que “abre la puerta al expolio del territorio, vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución Española”.

La finalidad real de la modificación de la Ley de Urbanismo que promueve el Grupo Popular es, “como él reconoce, desbloquear proyectos mineros especulativos objeto de oposición en toda Castilla y León”. La organización ecologista apeló a la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios para frenar con su voto en contra esta propuesta que “resta soberanía a los ayuntamientos y da alas a una burbuja minera que, junto a la explotación porcina industrial, esta relevando a la especulación inmobiliaria como principal amenaza para los pueblos y el medio ambiente de Castilla y León”.

Según admite el Partido Popular, esta propuesta se crea específicamente para tres proyectos concretos, en las provincias de Zamora, Segovia y León. “Estos casos podrían desarrollarse sin modificar la normativa actual”, pues la Ley de Urbanismo de Castilla y León “ya señala una categoría de suelo rústico de actividades extractivas, constituido por los terrenos que el planeamiento estime necesario reservar para tal finalidad”.

De este modo, la “modificación pretendida”, prosiguió Ecologistas en Acción, “carece de sentido, ya que la normativa urbanística vigente prevé un suelo específico para las actividades extractivas que hace incongruente la autorización de las mismas en cualquier suelo rústico con protección, que es lo que pretende esta proposición”.

“Con ello, el PP no persigue combatir la despoblación del medio rural, sino al contrario, vaciarlo para allanar el desembarco de multinacionales mineras como la australiana Berkeley en Salamanca, la francesa Roullier en Soria, la alemana Hanson en Valladolid, la canadiense Almonty en Zamora o los consorcios internacionales que intentan la reapertura de las minas del Bierzo que motivan la proposición, para las que el acceso fácil a derechos mineros es un activo en los mercados financieros internacionales, independientemente de que el yacimiento en cuestión se acabe explotando o no”, lamentó Ecologistas.

La minería supone una aportación económica y laboral marginal dentro de Castilla y León (360 millones de facturación y 4.000 empleos, según la organización), con una media de puestos de trabajo de las explotaciones de minería no energética de seis personas. Por el contrario, “se trata de una actividad que deja tras de sí territorios esquilmados eliminando muchas veces la posibilidad de desarrollar actividades agrícolas o ganaderas”.

Ecologistas en Acción anunció que combatirá, junto a las plataformas vecinales afectadas y otros sectores perjudicados, “cualquier propuesta desreguladora en esta materia del Grupo Popular o la Junta de Castilla y León”.

Fuente:https://www.elbierzodigital.com/ecologistas-insta-a-la-oposicion-a-rechazar-una-proposicion-del-pp-que-autoriza-las-extractivas-en-cualquier-suelo-rustico-con-proteccion/268200

La minería extractiva de tierras raras en el Campo de Montiel se convirtió a mitad de legislatura en uno de los asuntos medioambientales más polémicos del Gobierno de Emiliano García-Page. La declaración de impacto ambiental fue negativa sin paliativos: el proyecto que quería llevar a cabo la empresa Quantum tenía graves afecciones a la flora y fauna de la zona y contó además con un gran rechazo ciudadano. Desde entonces, han aflorado en la provincia proyectos mineros de menor envergadura pero que también han sido contestados por los ecologistas en unos casos y por los ciudadanos en otros. ¿Para qué sirven? ¿Por qué se quieren construir? ¿Son “minería especulativa” o responden a la necesidad de impulsar el empleo y el desarrollo en zonas despobladas de la provincia de Ciudad Real?

La minería extractiva de tierras raras en el Campo de Montiel se convirtió a mitad de legislatura en uno de los asuntos medioambientales más polémicos del Gobierno de Emiliano García-Page. La declaración de impacto ambiental fue negativa sin paliativos: el proyecto que quería llevar a cabo la empresa Quantum tenía graves afecciones a la flora y fauna de la zona y contó además con un gran rechazo ciudadano. Desde entonces, han aflorado en la provincia proyectos mineros de menor envergadura pero que también han sido contestados por los ecologistas en unos casos y por los ciudadanos en otros. ¿Para qué sirven? ¿Por qué se quieren construir? ¿Son “minería especulativa” o responden a la necesidad de impulsar el empleo y el desarrollo en zonas despobladas de la provincia de Ciudad Real?

La inversión inicial de la sociedad empresarial en este paraje de Ciudad Real ronda los 30 millones de euros, una iniciativa para la que estima una producción anual de 500.000 toneladas de concentrado de wolframio y oro que podría llevar a convertirla en la explotación más importante de Europa de este mineral estratégico.

La mayor mina de Europa

El proyecto fue autorizado en diciembre de 2015 después de que comenzara a tramitarse en la anterior legislatura, y en agosto de 2016 recibió la primera concesión para la explotación minera. Cuenta también con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y en abril de 2017 recibió además su calificación urbanística para la construcción de un acceso desde la carretera comarcal. Fue en este último trámite cuando la Consejería de Fomento ofreció algunos detalles de la iniciativa, entre los que destacó la creación de 175 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. Para el Gobierno regional, según comenta el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, es importante esta apuesta por la industria como “sector que posibilita la creación de empleo, el crecimiento económico y la fijación de población».

Hace unos meses se publicó la expropiación forzosa de los terrenos que albergará la mina, pero el proceso para su construcción se ha visto alterado por su suspensión cautelar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha admitiera el recurso de uno de los propietarios de las fincas que tienen que ser expropiadas. Se trata de un trámite ordinario, pero con ello han arreciado las críticas que desde el pasado mes de enero ha ido aglutinando este proyecto. Al margen de las expropiaciones, Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra la concesión de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) instando no solo a que se negara esa moratoria, sino también a que se archivara el expediente administrativo. Los primeros motivos que expuso este colectivo se referían a la falta de agua, a los riesgos de contaminación y a la afección a fauna de “altísimo valor”, comparando además esta situación con la denegación de los permisos del proyecto de tierras raras en el cercano Campo de Montiel.

El Gobierno castellano-manchego niega este extremo. Agustín Espinosa resalta que la Consejería de Medio Ambiente es “muy escrupulosa” en estas cuestiones y que si la medición del impacto fue positiva es porque no existe ninguna afección ambiental. A partir de ese momento, la Junta considera que el proyecto debe seguir delante de la misma forma: “Cumpliendo con la transparencia y con todos los trámites previstos».

A unos 70 kilómetros de Abenójar se fragua por su parte la mina de fosfatos a cielo abierto de Fontanarejo, con una vida útil de 35 años. Entre sus numerosos componentes, la obtención de fósforo juega actualmente un papel esencial en la formación de semillas y el crecimiento de las raíces, es decir, un componente esencial en la agricultura, aunque también tiene otras propiedades de carácter industrial. Este proyecto recibió recientemente la Declaración de Impacto Ambiental positiva tanto para su explotación como para la planta de tratamiento del mineral.

El objetivo es obtener roca fosfórica que se comercializará en forma de concentrado. Ocupará más de 1.200 hectáreas y sería la única existente en la Unión Europea, ya que se trata de un mineral que actualmente se compra a otros países. En este documento también se apunta que la inversión sería de 3 millones de euros y que su construcción generaría unos 45 puestos de trabajo directos  y otros tantos indirectos, y sería una medida para combatir la despoblación.

La mina de fosfato, promovida por Alcudia Mining S.L. -que comparte domicilio fiscal con Minning Hill’s-, se ha planteado asegurando el «vertido cero» de aguas contaminantes que afecten a los recursos hídricos de la zona, para lo que se ha proyectado más de una decena de balsas para contener aguas ácidas, salmueras, precipitados de lodos espesados o lixiviados, entre otros elementos. Y otro dato: la necesidad total de agua en la explotación minera para cubrir todos los procesos y labores se ha estimado en 214.552 metros cúbicos al año.

La ofensiva ecologista también ha llegado hasta aquí, y sus últimas acusaciones se han dirigido directamente hacia el Gobierno de Castilla-La Mancha: consideran un “fraude” y un posible delito de prevaricación administrativa haber dado luz verde a esa DIA. En este caso, organizaron recientemente una marcha senderista reivindicativa desde Arroba de los Montes. La declaración de impacto considera que el territorio afectado por el proyecto no presenta una especial relevancia para la conservación de la fauna silvestre, a pesar de encontrarse a menos de 10 kilómetros del Parque Nacional de Cabañeros. Pero el colectivo apunta que se trata una zona de campeo y alimentación de buitres negros y leonados, águilas imperiales y perdiceras y cigüeña negra, zona de invernada de milano real y, lo que es más importante, una zona «recientemente recolonizada» por el lince ibérico, según el informe del año 2017 del programa Iberlince financiado por la Unión Europea.

«Un espacio geográfico de gran importancia ambiental»

Añaden que la zona afectada por la mina de Fontanarejo se encuentra en un “espacio geográfico de gran importancia ambiental”, considerado un importante corredor ecológico para especies en peligro de extinción como el lince ibérico, tal y como ha demostrado WWF en su informe sobre autopistas salvajes. El director provincial del Gobierno regional no lo ve así. Insiste que toda la tramitación, al igual que en el proyecto de wolframio, se ha realizado con “garantía de ley”. “Hemos estado y siempre estaremos comprometidos con el cumplimiento de las normas. Aunque un proyecto tenga beneficios económicos y genere empleo, si tiene afección ambiental, no sale adelante. Y si no lo tiene, sí. Actuamos con el mayor rigor”.

A estas dos iniciativas se suma una tercera mina a cielo abierto: la de titanio, zircón y turilo, entre Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes, es decir, también en el entorno de Cabañeros, y en esta ocasión su promotor es Explotaciones Mineras de Titanio. Las aleaciones de titanio se utilizan también en el ámbito industrial, principalmente en los aviones y también en helicópteros, blindaje, buques de guerra, naves espaciales y misiles.

Actualmente, su estudio de impacto ambiental se encuentra en información pública, un documento donde se recoge el objetivo de aprovechar estos recursos minerales en el yacimiento ‘Pochico’, ubicado en el monte público de Riofrío. El proyecto supone una inversión de más de 8 millones de euros y contempla la implantación de una planta mineralúrgica. El dato más significativo es que el área de extracción está a cuatro kilómetros por el oeste de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes”.

La de titanio es la mina «mas compleja»

Agustín Espinosa reconoce que es “la más compleja” por el entorno en el que se encuentra y por otras muchas circunstancias. El estudio de la promotora incluye una inversión de unos 13 millones de euros y empleos directos para 70 personas. Insiste en que estos puestos de trabajo redundan directamente en los  términos municipales donde se ubican, pero deja claro que en el caso de este último proyecto aún no hay DIA y por lo tanto, no hay respaldo de la Administración regional. “Nunca pondremos una prioridad por encima de la otra”.

También se ha incluido esta mina en el listado de proyectos ‘non gratos’ de los ecologistas. Insisten en que ninguno de los documentos incorpora las consecuencias que ocasionarán en el conjunto en la comarca y en el corredor ecológico identificado, recordando que todos ellos se encuentran en un radio de 30 kilómetros poniendo como centro de gravedad la mina de Arroba.

“Estamos ante una oleada de minería especulativa, ideada para inflar las acciones de las empresas mineras y promover la compra-venta de derechos mineros. Las dimensiones de esta dinámica se han multiplicado con los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, a nivel autonómico, quienes han puesto toda la maquinaria administrativa al servicio de este ‘boom’ de la minería especulativa”, recalcan.

Concluye por su parte el Gobierno castellano-manchego que todos estos proyectos se encuentran en zonas con gran índice de despoblación y altos niveles de desempleo desde hace tiempo, y recuerda que la apertura de minas no es una novedad en la provincia. “Aquí hay una tradición minera. El hombre ha explotado la minería siempre, porque no es algo que se pueda deslocalizar. Es un área económicamente más deprimida y es necesario contar con recursos propios para la generación de desarrollo económico. Es algo que está aquí, y que siempre se ha hecho y se hará con garantías de protección al medio ambiente y con acuerdo a la ley”.

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/Wolframio-fosfatos-Ciudad-Real-proyectos_0_843066432.html