Mientras el Gobierno nicaragüense abre sus puertas a la inversión extranjera a través de 1er Congreso Internacional de Minería, más de 1,000 personas de las comunidades de municipios afectados por proyectos mineros fueron retenidas de movilizarse a la ciudad de Managua a expresar públicamente sus preocupaciones por los impactos de la minería en sus comunidades.
El día de hoy 13 de agosto de 2014, organizaciones sociales que velan por la defensa del medio ambiente organizaron una caminata ambiental en Managua para expresar preocupación por los impactos negativos que proyectos mineros están teniendo en diferentes comunidades del país, pero a medida que la caminata se organizó, varias medidas fueron tomadas por autoridades del Gobierno para impedir la movilización de las comunidades que defienden sus bienes comunes y la madre tierra.
En Matagalpa, 12 de agosto de 2014 la Policía Nacional llamo a los conductores para informales que desde Managua les orientaron que no había permiso para ir a Rancho Grande a traer gente para la caminata ambiental en Managua. El 13 de agosto de 2014, 500 integrantes del Movimiento Guardianes de Yaoska son retenidos en Palo Solo, Peñas Blancas de Matagalpa por patrullas antimotines y policía de tránsito, reteniéndoles sus documentos (licencia y circulación de vehículos) y diciéndoles que no hay paso a Managua.
Claro ejemplo del vínculo empresarial, gubernamental y policial de las empresas transnacionales para seguir manteniendo la estrategia de represión y criminalización en las luchas legitimas de los Pueblos en la defensa de la Madre Naturaleza. Todo esto se da en el contexto de la resistencia mantenida por el pueblo maya sipakapense en contra de la licencia minera denomida «los Chocoyos», ubicada en Sipakapa. La empres Montana Exploradora es subsidiria de la trasnacional canadiense GoldCorp.
El conflicto de la mina San Rafael Las Flores dejó algo más que un Estado de Sitio como respuesta a la oposición de los pobladores a la explotación de su territorio. Fue el punto de partida para que el Gobierno ensaye una nueva estrategia de seguridad, impulsada en secreto, y que ubica a los movimientos de oposición a los proyectos extractivos como una amenaza para la seguridad nacional.
El conflicto de la mina San Rafael Las Flores dejó algo más que un Estado de Sitio como respuesta a la oposición de los pobladores a la explotación de su territorio. Fue el punto de partida para que el Gobierno de Guatemala ensaye una nueva estrategia de seguridad, impulsada en secreto, y que ubica a los movimientos de oposición a los proyectos extractivos como una amenaza para la seguridad nacional.
Siete campesinos guatemaltecos demandaron civilmente en Vancouver Canadá a la empresa minera canadiense Tahoe Resources por los daños que sufrieron en abril de 2013 cuando agentes de seguridad de dicha empresa les dispararon en medio de protestas contra una de sus minas en Guatemala.
Luego de siete años de litigio entre los Peticionarios/Denunciantes de Sipakapa, San Miguel Ixtahuacán contra el Estado de Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- aprueba el Informe sobre Admisibilidad y decide que los hechos denunciados en el año 2007 pueden violar derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pobladores de comunidades aledañas al proyecto minero Progreso VII Deriva, conocido como El Tambor, en La Puya, San José del Golfo, aseguraron que se mantendrán en la lucha hasta que la empresa desista de continuar con la extracción de minerales.
Llegó con el argumento de que sembraría orquídeas. Compró terrenos boscosos de los indios mam. Llegó y lo que hizo fue empezar a explorar, a cavar y a llevarse el agua, a pesar de las denuncias de las comunidades. Luego, llegaron los prostíbulos, los guardias de seguridad, la división de las comunidades y las enfermedades.
1 de mayo de 2014
-Al escribir esta nota, me tiemblan los dedos sobre el teclado, los lentes se empañan y las lágrimas brotan, obedeciendo la ley de la gravedad, caen.