El año 2015 murió de la misma forma que el gobierno del Partido Patriota (PP): en medio de un coro de miles de voces en las calles y plazas, que exigían su fin. Indignados, con toda razón, por las muestras de corrupción y despilfarro del PP, al mismo tiempo la gente moría por falta de medicinas o agua limpia en los hospitales. Al mismo tiempo que en las comunidades rurales y urbanas el Estado-gobierno no llega nunca en la forma de centros de salud, educación, arte o agua entubada, pero si en la forma de fuerzas de tarea y otros grupos armados encargados de “mantener el orden” dominante.
Corporaciones, estado nacional y autoridades municipales hostigan y detienen a Maya-Kichés por usar leña para cocinar mientras le abren las puertas a empresas que cortan y transportan madera ilegalmente todos los días.
Este domingo 6 de agosto, la comunidad de Santa Ana Huista en Huehuetenango, Guatemala conmemoró 8 años de la consulta de buena fe en la que la población expresó un rechazo total a la realización de toda actividad minera en su territorio.
El pasado viernes 22 de julio, en horas de la noche, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la Jueza Yassmín Barrios Aguilar, declaró inocentes por unanimidad a los defensores de derechos humanos Rigoberto Juárez Mateo – Presidente del Gobierno Plurinacional en el Norte de Huehuetenango-, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro, Domingo Baltazar – indígenas de la etnia Q’anjob’al de Santa Eulalia – y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Bernardo Ermitaño López y Mynor López –líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas-, de los delitos de detenciones ilegales, amenazas e instigación a delinquir. Todos son defensores del agua y el territorio en el norte del Departamento de Huehuetenango, Guatemala. 
El domingo 24 de julio en el pueblo maya popti de Ebanha’, Concepción Huista, conmemoró el Décimo Aniversario de las primeras 5 consultas de buena fe que se realizaron simultáneamente en los municipios de Concepción Huista, Colotenango, Santiago Chimaltenango, San Juan Atitan y Todos Santos Cuchumatan.
“Estamos haciendo un emplazamiento a la licenciada Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación para que se despoje y deje atrás las relaciones profesionales que tuvo con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA y proceda en representación del Estado y pida la caducidad del proyecto que ella en un momento dado asesoro a la empresa.”[1]
Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de Latinoamérica se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de desarrollo e infraestructura, también llamados proyectos de despojo, que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de la naturaleza que no tiene punto de comparación con procesos previos. Frente a este modelo, han surgido múltiples formas de defensa en los territorios, los bienes comunes, las diferentes culturas y modos de vida en las cuales implementan distintas estrategias basadas en los derechos humanos.
Hoy por la tarde el abogado del Centro de Acción Legal Social y Ambiental (CALAS), Rafael Maldonado, confirmó a través de sus redes sociales la suspensión definitiva de la licencia de explotación minera que el Ministerio de Energía y Minas otorgara a Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), S.A.:
El 14 de mayo, nuestra delegación caminó por los campos abiertos del pueblo Maya Mam de San José de la Esperanza donde Diodora cuidaba a sus vacas y ovejas como siempre.
Un colectivo de organizaciones sociales y dirigentes políticos de Guatemala pidió que se declare una moratoria sobre los proyectos mineros para adelantar un debate sobre el modelo de desarrollo que más le conviene al país.