El Salvador es un territorio pequeño con poco más de 20 mil kilómetros cuadrados. El principal problema del país de acuerdo a la “vox pópuli” es la violencia e inseguridad que actualmente posiciona a este pequeño paraíso entre los más violentos del mundo.
No obstante, hay municipios que llevan años sin saber sobre hechos violentos. Nueva Trinidad en el departamento de Chalatenango, al norte de El Salvador es uno de ellos. Un municipio rodeado de montañas que colindan con Honduras, pinos, calles asfaltadas y buen clima, parece que es el cielo en la tierra, o el lugar con el que cualquier salvadoreño sueña tener como hogar.
Un pueblo con 46. 33 kilómetro cuadrados. Tiene una población de 2, 103 habitantes según el último censo de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), y cuenta con siete comunidades.
La comunidad La Maraña, enmarañada entre caminos serpenteados, tramos de asfalto y tramos de piedra, la encontramos escondida en el municipio de Ilobasco, Cabañas, a 65 kilómetros de San Salvador. Ahí se conmemoraba con una misa el quinto aniversario de la muerte de tres ambientalistas de comunidades aledañas, quienes se opusieron a la operación de la empresa minera canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, quien actualmente ha demandado a El Salvador ante instancias internacionales por más de $300 millones de dólares por negarle actividad minera en “El Dorado” en la zona norte de Cabañas. 
En el marco de las elecciones legislativas y municipales, la Mesa Frente a la Minería lanzó una campaña denominada «Yo voto contra la minería», que consiste en informar y sensibilizar a la población salvadoreña sobre los impactos sociales y ambientales de la exploración y explotación minera, y para ello realiza una serie de foros municipales y departamentales con los candidatos y candidatas.
Personas que trabajan en la empresa Oceana Gold al ser consultadas expresaron “estar preocupados por la estrategia de desestabilización y de violencia que se puede generar en los próximos meses, ya que han iniciado el fortalecimiento del área de recursos humanos contratando a ex empleados que estuvieron trabajando para la empresa Pacific Rim en el área de seguridad y de operaciones”
El arbitraje que dirime el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ente del Banco Mundial (BM), inició en Washington en septiembre de 2014 y la resolución final se espera para el mes de febrero.
En el marco de la conmemoración del 5 Aniversario de los asesinatos de las mártires ambientalistas, esta la posición del Arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas sobre prohibición de minería en El Salvador.
A escasos 15 kilómetros de la frontera con El Salvador, en el municipio de Asunción Mita del Departamento de Jutiapa, se encuentra ubicada la mina Cerro Blanco, un proyecto de la empresa Entremares S. A. subsidiaria de Goldcorp Inc. El proyecto es promocionado como el segundo más grande yacimiento de oro y plata del país. Los trabajos iniciaron en 2007, cuando fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Ese mismo año el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió las Licencias de Construcción y Operación (1) por 25 años (2007 -2032) en una propiedad de 174 hectáreas adquirida por el proyecto (2). Sin embargo, para el 2012 el Ministerio de Energía y Minas reportó la obra como temporalmente “suspendida”, pues supuestamente la empresa prefirió esperar a que el mercado internacional del metal precioso mejorara a nivel internacional (3).
El representante del Centro de Investigación Sobre la Inversión y Comercio (CEICOM) y otras organizaciones provenientes de El Salvador, manifestaron frente a la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en rechazo al proyecto minero en el municipio Cerro Blanco, Jutiapa, ubicado a 40 kilómetros del vecino país.
El 99% de las y los habitantes del municipio de San José Las Flores, Chalatenango votaron en contra de los proyectos de minería en su municipio, lo equivale a 803 votos. Un total de 811 personas de un padrón electoral de mil 115 habitantes acudieron a los centros de votación, es decir, el 67.64% de la población participo en la Primer Consulta Popular.