Susana Muhamad, secretaria Distrital de Ambiente, solicitó este martes al Gobierno Nacional que excluya las zonas compatibles con la minería en el Distrito Capital, tanto en las zonas urbanas como rural. Esto con el fin de que la minería quede absolutamente prohibida en Bogotá como actividad económica por el ente rector en materia ambiental de nuestro país.
Según la Autoridad Ambiental de Bogotá, no es necesario esperar la modificación estructural del POT, en el año 2016, para eliminar esta actividad, por lo que en la petición incluyó una solicitud para que los cuatro títulos mineros vigentes en la capital del país se sometan a un régimen de transición.
“Le expusimos toda la información legal y técnica, la prohibición iría con un régimen de transición para las minas que hoy tienen título y permiso ambiental hasta que terminen el proceso, pero no se podrán abrir nuevas explotaciones, lo que significa evitar nuevas afectaciones en el sector del Tunjuelo”, manifestó Muhamad.
Durante una visita de cuatro días a los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, la Defensoría del Pueblo comprobó una vez más los estragos que sigue ocasionando la minería ilegal en esa región del país.
“Esa tutela, que fue admitida el mismo día por el juzgado, resume la voz de por lo menos 75.000 afrodescendientes que están pidiendo que los gobernantes de Colombia se ocupen del desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, en el Chocó”, 
Los páramos son asociados principalmente a la producción de agua; sin embargo, éstos ecosistemas cumplen muchas más funciones, entre las que cabe resaltar su papel como retenedores y fijadores de carbono. Sumado a esto se destaca su belleza paisajística, dada por su vegetación nativa, sus lagunas y demás cuerpos de agua, además de la fauna que habita en él.
¿Pueden los municipios decidir si se hace o no explotación minera en su territorio? ¿Cómo conciliar los intereses de las autoridades nacionales con los de las territoriales a la hora hacer minería? Esas son algunas de las preguntas que desde hace más de un año no tenían una respuesta certera y hacían parte de lo que algunos expertos llamaron un limbo jurídico. Mientras unos municipios tomaban decisiones —como el de Piedras (Tolima), que convocó a una consulta popular en la que el 99% de los habitantes dijo no a la minería—, algunas normas (específicamente el decreto 934 de 2013) habían buscado frenar el interés ciudadano.
Mucho se ha escrito sobre Goldex, una empresa comercializadora de oro, que lideraba en Colombia John Hernández. Lo que pocos saben es que ese nombre esconde la fachada de la que podría ser la más grande operación de lavado de activos y minería ilegal, con tentáculos en Colombia y en el extranjero.
Después de varios años de espera, el gobierno nacional por fin emitió su decisión acerca de la delimitación del páramo de Santurbán. Tal definición ha estado rodeada de cuestionamientos planteados por organizaciones campesinas, ambientalistas y pobladores de la región.