Durante una visita de cuatro días a los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, la Defensoría del Pueblo comprobó una vez más los estragos que sigue ocasionando la minería ilegal en esa región del país.
En el recorrido hecho por las Defensorías Delegadas para los Indígenas y las Minorías Étnicas, para los Derechos Colectivos y del Ambiente, y por la Defensoría Regional en ese departamento, funcionarios de la Institución evidenciaron la destrucción que sufren los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó, cuyo cauce ha sido desviado y sus aguas profundamente contaminadas por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas para el proceso de separación y recolección del oro.
“Esa tutela, que fue admitida el mismo día por el juzgado, resume la voz de por lo menos 75.000 afrodescendientes que están pidiendo que los gobernantes de Colombia se ocupen del desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, en el Chocó”, 
Los páramos son asociados principalmente a la producción de agua; sin embargo, éstos ecosistemas cumplen muchas más funciones, entre las que cabe resaltar su papel como retenedores y fijadores de carbono. Sumado a esto se destaca su belleza paisajística, dada por su vegetación nativa, sus lagunas y demás cuerpos de agua, además de la fauna que habita en él.
¿Pueden los municipios decidir si se hace o no explotación minera en su territorio? ¿Cómo conciliar los intereses de las autoridades nacionales con los de las territoriales a la hora hacer minería? Esas son algunas de las preguntas que desde hace más de un año no tenían una respuesta certera y hacían parte de lo que algunos expertos llamaron un limbo jurídico. Mientras unos municipios tomaban decisiones —como el de Piedras (Tolima), que convocó a una consulta popular en la que el 99% de los habitantes dijo no a la minería—, algunas normas (específicamente el decreto 934 de 2013) habían buscado frenar el interés ciudadano.
Mucho se ha escrito sobre Goldex, una empresa comercializadora de oro, que lideraba en Colombia John Hernández. Lo que pocos saben es que ese nombre esconde la fachada de la que podría ser la más grande operación de lavado de activos y minería ilegal, con tentáculos en Colombia y en el extranjero.
Después de varios años de espera, el gobierno nacional por fin emitió su decisión acerca de la delimitación del páramo de Santurbán. Tal definición ha estado rodeada de cuestionamientos planteados por organizaciones campesinas, ambientalistas y pobladores de la región.
La política minera viene ocasionando graves afectaciones ambientales, sociales, culturales y económicas, que en muchos casos resultan irreversibles para comunidades y sus territorios. Esta aplanadora no descansa, pues en plenas festividades navideñas sigue avanzando amenazante. Desde las tres de la mañana del viernes 26 de diciembre, un grupo aproximado de 40 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), comandados por el mayor Córdoba y el capitán Jara, acompañados por la personera de Landázuri, Eulalia Chacón, hicieron presencia en la zona de Río Blanco -municipio de Landázuri, provincia de Vélez en Santander- custodiando el ingreso de maquinaria pesada para la extracción de minerales en la zona.
La líder afrocolombiana Francia Márquez, que denunció en Bogotá la minería ilegal en el departamento del Cauca, huyó este lunes de su casa tras recibir amenazas de muerte por parte de hombres armados en su domicilio, dijo la víctima.