El 28% del área total de Salento está amenazada por la minería, así lo indicó Johanna Suárez Montejo, coordinadora de la oficina ambiental de la alcaldía municipal.

“Según la Agencia Nacional de Minería, entre los títulos solicitados y los vigentes estamos hablando de 10.742 hectáreas, lo que quiere decir que es el 28,4% del territorio”, dijo la funcionaria.

Afirmó que los títulos vigentes en el municipio son ocho, de los cuales cuatro son de una multinacional. “El área total de Salento es de 37.767 hectáreas y el área comprometida por los títulos es 6.611 hectáreas, lo que representa el 17,5% del territorio”.

Explicó que hay 11 solicitudes de títulos, los que comprometen 4.130 hectáreas, es decir, el 10,9% del área total de la localidad.

“Los títulos vigentes y solicitados afectan de alguna manera las determinantes ambientales establecidas por la administración municipal, ya que todos los que se encuentran vigentes están dentro de la reserva forestal central, mientras que 8 de las solicitudes se localizan o participan con un porcentaje dentro de la misma área”.

Suárez Montejo aseveró que, sin excepción, los títulos y solicitudes se encuentran en la zona de importancia de la cuenca de afluentes hídricos de importancia para la región y cinco de los que están vigentes en el complejo de páramos del Parque Nacional Natural Los Nevados, en jurisdicción de Salento.

“A pesar de que en la ley ambiental se encuentra prohibida la explotación de minerales en los parques nacionales naturales, cuatro de los títulos vigentes afectan las reservas y los predios de la CRQ destinados para la protección. Además, dos de las solicitudes están en el área principal del Paisaje Cultural Cafetero, PCC”.

Se presentó la pregunta para consulta popular

El fin de semana pasado, la alcaldía de Salento presentó ante el concejo municipal la pregunta que pretende utilizar para hacer una consulta popular minera.

“Es: ¿Está usted de acuerdo o no con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala? El cuestionamiento fue construido de manera conjunta con el acompañamiento de reconocidos abogados ambientales a nivel nacional”, dijo la coordinadora de la oficina ambiental.

Puntualizó que se ha encontrado que dentro de las solicitudes de títulos también se habla de piedras preciosas, por eso lo incluyeron en la pregunta que se está debatiendo en la corporación.

“Estamos a la espera de que el concejo nos dé el visto bueno de la pregunta para presentarla ante el Tribunal Administrativo del Quindío, que debe dar la viabilidad a la consulta”.

Hizo énfasis en que en el mecanismo de participación no se está hablando de minería de subsistencia, ya que se está adelantando un proceso de legalización de los mineros artesanales y, por tanto, están blindados, con el fin de no vulnerar sus derechos fundamentales y constitucionales al trabajo.

Con respecto a las dificultades que se han presentado en los últimos días para la consulta popular minera de Córdoba, la funcionaria indicó: “Estamos esperando los pronunciamientos respectivos a las acciones legales que ha instaurado el municipio de Córdoba. Igualmente, la alcaldía de Salento garantizará y tomará las medidas necesarias para que se pueda llevar a cabo la participación ciudadana”.

Fuente:http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-28_del_rea_de_salento_est_amenazada_por_la_minera-seccion-la_regin-nota-115690

La Procuraduría General de Colombia pidió hoy a la Unesco otorgar el título de Patrimonio Natural de la Humanidad a todos los ecosistemas de páramos ubicados en el país para preservar la biodiversidad y el agua.

«Con la inclusión de estos sitios naturales en la lista de Patrimonio Mundial, se busca preservar la biodiversidad de los páramos, la cual se encuentra amenazada por la intervención del hombre», informó el Ministerio Público en un comunicado.

La petición la hizo el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, en una carta dirigida a la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Unesco), Audrey Azoulay.

Blanco señala en su misiva que, si bien el Gobierno colombiano ha venido trabajando en la delimitación de esos ecosistemas para su protección y conservación, todavía se desarrollan actividades humanas.

Igualmente aseguró que el reconocimiento internacional le permitiría a Colombia recibir asistencia técnica y económica para lograr la recuperación de los páramos afectados por la minería, la ganadería y la agricultura.

Además, advirtió que «está en juego la oferta hídrica nacional, de la cual se abastece el 80 % de la población del país».

La petición de la Procuraduría a la Unesco surge en momentos en que el ministro colombiano de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aseguró hoy que el Gobierno no ha autorizado ni autorizará la explotación minera en los páramos.

«No se está haciendo ni se va a hacer minería en los páramos», sostuvo Murillo ante periodistas al salir al paso de la polémica suscitada alrededor de un proyecto minero en las inmediaciones del páramo de Santurbán, en el departamento de Santander (noreste).

El conflicto surgió cuando el proyecto Minesa, que tiene como principal accionista al fondo Mubadala de Emiratos Árabes, pidió una licencia para desarrollar una explotación de oro en inmediaciones del páramo, una región natural protegida que además provee de agua a los municipios próximos.

Según cifras oficiales, en Colombia hay 36 complejos de páramos que suman 3 millones de hectáreas y son el 50 % del área total que existe en los 6 países andinos, únicos con este ecosistema.

Los páramos se extienden por 12 de los 32 departamentos del país y abastecen acueductos para más de 12 millones de habitantes de capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Bucaramanga.

Además, abastecen de agua a 138 cabeceras municipales y múltiples acueductos de caseríos. EFE.

Fuente:http://www.trt.net.tr/espanol/cultura-y-arte/2017/11/22/solicitan-a-unesco-que-paramos-de-colombia-sean-patrimonio-natural-de-humanidad-852347

Estimadas y estimados amigos,

Les dejamos invitación a participar del Lanzamiento del Libro y Conversatorio «Minería, Violencia y Criminalización en América Latina», que se llevará a cabo el día 23 de noviembre a las 6 pm en Calle 37 Nº 15 – 40, Bogotá, Colombia.

Participaran como ponentes:

– Diana Murcia, de la Universidad del Bosque

– Milson Betancur, de la Universidad Nacional de Colombia y Censat Agua Viva

– Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca – Cosajuca

– Asocomún Fortaleza de la montaña

Dudas e información, escribir a minería@censat.org o a censatconflictosmineros@gmail.com

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, intentó este miércoles bajarle el tono a la creciente indignación nacional sobre la posibilidad de que se desarrolle un proyecto minero en el páramo de Santurbán, entre Santander y N. de Santander.

“No hay ninguna actividad, ni proceso de licenciamiento de ningún proyecto en área de páramo” fue su declaración, a decir verdad, ciertas en el estricto sentido de la palabra.

El proyecto Minesa no se encuentra en área de páramo, sino en zona de bosque alto andino, sobre los 2.640 metros sobre el nivel del mar, y por fuera de la línea de protección trazada por el Gobierno en colaboración con el instituto Von Humboldt, que dice que inicia a los 3.100 metros.

Sin embargo, este factor no es el tema de fondo de la protesta que se viene elevando hace dos semanas en el país, cuando el ministro de Minas, Germán Arce, confirmó las intenciones de Minesa en la región, tras una visita a los jefes del fondo Mubadala, árabes dueños del proyecto minero.

“Es que una cosa es lo que ellos (Gobierno y Minesa) dicen que está por debajo de la línea de páramo, pero el agua hace parte de un sistema. Porque el páramo, como tal, no es nada sino que hace parte de un ecosistema”, aseguró a EL COLOMBIANO Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga que se ha convertido en la cabeza visible de la oposición a la minería en la zona de Santurbán.

El mandatario decidió arremeter contra el presidente, Juan Manuel Santos, a quién le envío cinco preguntas sobre el futuro de este proyecto.

“Debajo de la línea, si usted derrumba la composición del terreno, va a derrumbar toda el agua que llega. Entonces es como decir que en un cuerpo, la cabeza es páramo y de ahí para abajo no”, explicó Hernández.

Voces contrarias

Al tiempo que el Minambiente intentó echar agua al fuego de la indignación, aprovechó para criticar al alcalde. “Las afirmaciones del señor alcalde no tienen ningún asidero en la realidad. Realmente son afirmaciones irresponsables y desinformadas”, ya que el Gobierno “ha garantizado la protección del agua de los colombianos”, dijo.

Murillo echó mano de los 23 páramos que han sido delimitados en el Gobierno para resaltar que “el país puede tener la tranquilidad que no se va a hacer ni se está haciendo minería en páramos, porque está prohibida, porque tenemos un compromiso con la protección del agua”.

Sin embargo, no se refirió a la preocupación de fondo, que es la interconectividad del agua en todo este ecosistema.

“El páramo no puede reducirse a una simple cota en metros sobre el nivel del mar; es una unidad biogeográfica”, explicó Erwing Rodríguez-Salah, miembro del Comité Cívico del Páramo de Santurbán, que recalcó que “existe el superpáramo, el páramo, el subpáramo, el bosque alto andino, bosque bajo andino y las zonas de amortiguación, elementos que son interdependientes por lo cual no se puede pretender intervenir uno de ellos sin considerar la afectación de los demás”.

Entre las declaraciones cruzadas existe una realidad y es que en el momento, la delimitación de Santurban, que demoró años en hacerse y se conoció en 2014, no se encuentra vigente.

Un fallo de la Corte Constitucional, en respuesta a una tutela que argumenta que no se tomaron en cuenta a todas las voces involucradas en el momento de trazar la línea, exige que dentro de un año se surta nuevamente el proceso de concertación y se expida una nueva delimitación.

Lo que sigue

¿Qué va a pasar con el proceso de licencia ambiental que para Minesa no está aún muy claro? Los tiempos indican que en los primeros meses de 2018 la Anla debería tomar una decisión, aunque el Ministro dice que habrá primero acatar la revisión pedida por la Corte.

“Esta es una decisión eminentemente técnica. Sin embargo, no se tomará ninguna decisión de licenciamiento de este proyecto hasta tanto se surta el proceso de revisión del páramo de Santurbán-Berlín”, subrayó, y agregó que se contará con el acompañamiento de la Procuraduría para garantizar la transparencia y participación ciudadana.

Asimismo, aseveró que la Anla creará un Comité de Expertos nacionales e internacionales para realizar el acompañamiento y seguimiento al proceso licenciatorio.

No obstante, el fallo del alto tribunal podría virar la forma como se había estado tomando las decisiones en Santurbán, pues podría abarcar dentro de los involucrados a los habitantes de Bucaramanga, que se surten del agua que produce el páramo.

Así lo explicó Rodríguez-Salah, uno de los accionantes, al aclarar que la delimitación original vulneró los derechos de los bumangueses. Sobra decir que este argumento dictaría un precedente importante para las delimitaciones hechas, pues abriría el espectro para que otras comunidades distintas a las que viven en territorio de páramo tengan voz y voto en estos territorios.

Más aún porque el alcalde Hernández enfiló energías en busca de un asiento para su ciudad en la mesa de la Anla, que ya anunció que estudia la posibilidad.

De conseguirla, conseguiría cambiar el discurso de la política de páramos y de paso, podría un gran asterisco sobre los logros en la materia hasta la fecha.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/aumenta-el-tono-de-la-discusion-por-santurban-MC7747385

A propósito del Día Universal de los Derechos de las niñas y los niños, este lunes en el Congreso de la República se desarrolló una audiencia pública sobre la situación de las y los menores de edad integrantes de las comunidades de La Guajira, afectados por la actividad minera de la empresa El Cerrejón.

Así lo denuncian las comunidades y la abogada Dora Lucy Arias, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien señala que esta audiencia se convoca para llamar la atención nuevamente «no a voces, sino a gritos sobre los impactos en la salud de la minería de carbón en las comunidades indígenas y afrodescendientes».

En ese sentido, han traído a la capital casos puntuales de niñas y niños gravemente afectados por la extracción de carbón a manos de El Cerrejón, como es el caso de Moisés Guette, niño indígena Wayuu de 2 años quien padece graves problemas respiratorios y de hemoglobina, por cuenta de las fuertes explosiones producidas para la extracción carbonífera, según denuncian.

Los niños están sufriendo mayores enfermedades pulmonares, de la piel y del estómago, y aunque usualmente la explicación que se da es la desnutrición, se trata de un problema cuyas raíces nacen en la actividad minera que acaba con la comida de las comunidades y con la calidad del aire, debido a la contaminación que del agua, la tierra, y el aire.

Las exigencias de las comunidades

Ante dicha situación y 35 años después de que iniciara la extracción de carbón, el Tribunal de La Guajira le dijo al gobierno que debe realizar los estudios pertinentes para determinar científicamente este impacto en la salud y en el ambiente. A su vez, las comunidades indígenas exigen que se aplique el principio de precaución y prevención, para que se impida que se mantenga esa contaminación hasta tanto, no se verifique que esa actividad es inocua.

No obstante, «ha habido una respuesta muy cosmética por parte de la empresa y el gobierno», señala la abogada, quien agrega que pareciera que se busca tapar esta situación para impedir que no se debata de manera seria para que el problema sea atendido de la manera adecuada.

Otras actividades de visibilización

Además de la audiencia, hay otra serie de actividades que se realizarán en Bogotá para que se conozca la realidad de este territorio. Una de ellas es una exposición fotográfica en la Plaza de Bolívar el lunes en la mañana, y en la tarde de 2 a 5 pm, se presentará en la Facultad de medicina en la Universidad Nacional.

El martes se realizará la II Conferencia Temática:  ​“Los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, uno de los Desafíos de la PAZ en Colombia”.  de 09:00 a 5:30 p.m. en las instalaciones del Centro Cultural Gabriel García Márquez, -Auditorio Rogelio Salmona.

Fuente:http://www.contagioradio.com/comunidades-de-la-guajira-exige-articulo-49283/

Los indígenas del pueblo Arhuaco continúan con la movilización pacífica exigiendo que se respeten sus derechos territoriales sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. En una rueda de prensa realizada en Valledupar, la Confederación Indigena Tayrona argumentó que hay una amenaza sobre el pueblo Arhuaco debido a la existencia de más de mil solicitudes de títulos mineros que buscan activar la extracción de minerales en la Sierra Nevada.

Los indígenas Arhuacos, que desde hace una semana se encuentran concentrados frente a la Gobernación del Cesar en Valledupar, indicaron que hay incumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional que protegen la identidad cultural de este pueblo ancestral. Además, indicaron que se han reunido con el viceministro de participación del Ministerio del Interior para realizar un acercamiento con los indígenas.

El 25 de noviembre se instalará la mesa de negociación de alto nivel

En repetidas ocasiones, los Arhuacos han pedido que el Gobierno Nacional haga presencia en el territorio a través de una delegación de alto nivel a la cual le puedan expresar sus preocupaciones. Sin embargo, hay que recordar que esta solicitud no fue atendida por las instituciones del Gobierno y los diálogos de la semana pasada tuvieron que ser suspendidos.

Indicaron que el viceministro de participación del Ministerio del Interior «apenas está desarrollando la agenda política que se va a desarrollar en la mesa de negociación», pero que,  «no tiene capacidad política para resolver nuestras solicitudes» por lo que continúan esperando que otros funcionarios hagan presencia.

La autoridad indígena Leonor Zalabata indicó que “la decisión política debe estar encabezada del Presidente de la República”. Dijo que no van a aceptar que los temas de las actividades mineras en la Sierra Nevada, “sean presentados como un tema de desarrollo porque van a acabar con el agua de nuestra madre y con el pueblo Arhuaco”.Sierra Nevada está amenazada por 348 títulos mineros

En varias ocasiones, las comunidades indígenas han denunciado que en su territorio hay 160 minas que están afectando 332 fuentes hídricas donde se incluye la Ciénaga Grande de Santa Marta. Además, según el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Martaen, total son 348 títulos y solicitudes de títulos mineros, 285 títulos vigentes, 132 proyectos en marcha.

Adicionalmente hay cerca de 1320 solicitudes de títulos y otros 18 títulos de explotación en convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esta situación tiene en alerta al pueblo Arhuaco que ha insistido en que esto supone una amenaza para la subsistencia de los pueblos originarios.

Finalmente, Zalabata recordó que los indígenas de la Sierra Nevada cuentan con la solidaridad de diferentes organizaciones sociales y han programado una movilización para el día jueves 23 de noviembre en Valledupar. Allí, buscarán defender los recursos hídricos que hacen parte de su territorio sagrado y de una gran parte de la población colombiana.

Fuente:http://www.contagioradio.com/arhuacos-continuan-en-movilizacion-exigiendo-se-respeten-sus-derechos-sobre-la-sierra-nevada-articulo-49286/

Hace más de una semana, el presidente Juan Manuel Santos visitó Abu Dabi. Tras reunirse con el príncipe heredero, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, un popular jeque de los Emiratos Árabes Unidos, anunció su principal objetivo: había conseguido que le donaran US$45 millones para impulsar el posconflicto. Al poco tiempo se supo que los árabes también habían logrado darles un empujón a sus intereses: invertirían US$1.000 millones en el proyecto con el que la empresa Minesa busca explotar oro en cercanías del páramo de Santurbán.

Luego de que el Concejo de Urrao, suroeste de Antioquia, expidiera el Acuerdo 008 del 26 de agosto de 2017, que dictó medidas para la defensa del patrimonio arqueológico y cultural del territorio, el Secretario General del Departamento de Antioquia solicitó al Tribunal Administrativo pronunciarse sobre la validez del mismo.

Según el demandante, el Concejo no tenía la competencia para fijar los usos del suelo y determinar las áreas protegidas, asumiendo prohibiciones que le corresponden al legislador.

El Concejo prohibió la realización de actividades mineras de metálicos y gran y mediana minería de los otros minerales. Por ello, “no se podrán adelantar actividades de prospección, exploración, construcción, montaje, explotación y transformación de metálicos”, quedó suscrito en el acuerdo del Concejo.

Ante esto, el alto Tribunal decidió declarar la invalidez del acuerdo, “por vulnerar normas constitucionales y legales, ya vez que se extralimitó, al no respetar los parámetros establecidos en norma legal, y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”. El Tribunal señaló que el acuerdo no tiene ninguna validez y que deberá ser comunicado inmediatamente al alcalde y Concejo de Urrao.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/cae-acuerdo-contra-la-mineria-en-urrao-IK7729965

Nuestras exigencias son tierra adecuada y suficiente para la reubicación de nuestra Comunidad afrodescendiente; de proyectos productivos para restablecer nuestras economías propias; de reconocimiento y reparación integral de los daños que se nos han ocasionado y que se acumulan por cada día que pasa sin que nuestra situación sea resuelta.

COMUNICADO

El Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabacoen el marco de las normas constitucionales que lo rigen y en defensa de los Usos y Costumbres de nuestra Comunidad despojada de sus derechos y su territorio,

hace saber a la opinión pública que:

La activad extractiva de carbón ha provocado daños irreparables a nuestra comunidad afrodescendiente con profundas transformaciones del territorio que han conllevado desarraigo social, familiar, económico y desvinculación de nuestra entrañable tierra de Tabaco. Hemos sufrido debilitamiento cultural y de la libre determinación social.

Llevamos más de 16 años echados de nuestro territorio. Resistimos con muchas dificultades a pesar de la diáspora a que hemos sido sometidos, procurando hacer uso de nuestras costumbres y buscando recuperar nuestra economía que se basaba en actividades propias como el pastoreo, recolección de frutos silvestres y la siembra de nuestra tierra.

Hoy, mientras que la Comunidad está sentada en una Mesa de diálogo con la empresa Cerrejón y la alcaldía de Hatonuevo esperando avanzar en la concreción de nuestros derechos y el cumplimiento de las obligaciones empresariales y estatales, vemos con gran preocupación como la empresa busca persuadir a la comunidad con maniobras que envenenan nuestras relaciones y pretenden exterminar nuestras esperanzas; esta actitud la ha desplegado en varias ocasiones para someternos a sus intereses.

La Buena fe, es un presupuesto para el diálogo. Sin embargo, la empresa Cerrejón conocedora de la vulnerabilidad en que nos dejó su explotación: sin territorio, sin cultivos, sin nuestras formas de subsistencia, sigue debilitándonos aprovechando la situación que ella misma ha provocado. Es clara la diferencia entre lo que dice públicamente la compañía y lo que hace.

Por ejemplo, en escritos que la empresa nos envía, se evidencia que el trabajo como derecho ciudadano y de las víctimas del desplazamiento minero, la empresa lo convierte en instrumento de presión, sometimiento y división de nuestra Comunidad.

Nuestras exigencias son tierra adecuada y suficiente para la reubicación de nuestra Comunidad afrodescendiente; de proyectos productivos para restablecer nuestras economías propias; de reconocimiento y reparación integral de los daños que se nos han ocasionado y que se acumulan por cada día que pasa sin que nuestra situación sea resuelta.

Frente a ello, la empresa Cerrejón, aprovecha la Mesa para mostrar nacional e internacionalmente que tiene interés de dialogar mientras dilata la respuesta a nuestras exigencias. Abusa de las profundas desigualdades existentes entre su poder y la capacidad de publicidad que tiene en Colombia y el mundo y los enormes problemas económicos que enfrenta nuestra comunidad para sostener esta lucha después de tantos años y que nos impide tener los espacios y el tiempo para comunicarnos, reflexionar, hacer memoria, etc.

Así, la respuesta que da Cerrejón es la contratación (precaria y temporal) de 35 obreros para construir un centro de reunión que hoy no es prioritario para nuestra comunidad y que ha ocasionado fuertes debates a su interior. Esto lo vemos como una trampa porque la empresa sabe muy bien que existiendo un número muchísimo mayor de personas que necesitan trabajo e ingresos, esta selección provocará nuevas fracturas en la Comunidad.

Si la empresa actuara de Buena fe, por qué no nos entrega el territorio que necesitamos para recuperar nuestros proyectos productivos? Por qué, a pesar del tiempo transcurrido (más de 16 años), de ser su obligación actuar con debida diligencia mantiene su posición de negar sus responsabilidades en el desarraigo que sufrimos y asumir la reparación integral de nuestros derechos?

Adicionalmente, la empresa aprovecha su capacidad de incidencia y comunicación para confundir en su favor mostrando que si no puede avanzar es por nuestra actitud y las de nuestros representantes. Nos preguntamos ¿por qué la empresa asume que la exigencia de nuestros derechos es obstáculo para avanzar? ¿Por qué la empresa busca reducir el cumplimiento de sus obligaciones a su mínima expresión?

La dilación de sus respuestas, la forma como invisibiliza la realidad de Tabaco en su publicidad, su renuencia a reconocer que el paso del tiempo sin que la comunidad sea reubicada agrava nuestra situación, la manera en que utiliza su posición dominante para imponer tiempos, espacios y formas en la relación con Tabaco, evidencian que la empresa Cerrejón lejos de interesarse en la recuperación del tejido social y físico de nuestra comunidad, desea “cerrar el caso” de cualquier forma.

Frente a esta situación,

Exigimos:

Del estado colombiano en cabeza de las entidades municipales, departamentales y nacionales el cumplimiento de sus obligaciones de protección y garantía de nuestros derechos como comunidad étnica minoritaria en lugar de seguir protegiendo a esta multinacional con actos amañados y cómplices. Existen pronunciamientos judiciales que también debe acatar en el restablecimiento de garantías para Tabaco ¿por qué sigue privilegiando los intereses de la empresa Cerrejón y desconociendo sus responsabilidades frente a nuestra comunidad?

A la empresa Cerrejón le exigimos que responda con sus obligaciones frente a nuestra Comunidad afrodescendiente entregando las tierras necesarias en cantidad y calidad para la recuperación de nuestros derechos territoriales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Para ello es necesario que repare integralmente a los miembros de Tabaco y cese su comportamiento dilatorio.

Igualmente, exigimos a la empresa Cerrejón que no siga señalando a miembros y representantes de nuestra comunidad como el obstáculo para el cumplimiento de sus responsabilidades. Este comportamiento pone en grave riesgo nuestra vida e integridad personal y colectiva.

Mantendremos nuestra lucha y no permitiremos que el abuso empresarial de Cerrejón siga imponiéndose sobre los derechos y la dignidad de nuestra Comunidad.

Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco

Fuente:https://www.colectivodeabogados.org/?Comunicado-Consejo-Comunitario-Negros-Ancestrales-de-Tabaco-sigue-luchando