Hoy, a partir de las 10:00 de la mañana, la comunidad llevará a cabo una gran movilización para manifestar su desacuerdo a las actividades mineras.

En El Peñón, Santander, ya no se podrán realizar trabajos de minería, así lo aprobó el Concejo de este municipio mediante el Acuerdo 004 del 2018.

Dicho proyecto establece que se prohíbe “en la jurisdicción del municipio de El Peñón el desarrollo de actividades mineras de metálicos y la gran y mediana minería de los demás minerales, actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y las actividades relacionadas a la ejecución de proyectos de producción energética como centrales hidroeléctricas, ya que de ésta manera se evitarán los impactos de las actividades que responden a un modelo minero energético del que actualmente depende Colombia, pero que afrenta en gran medida con la soberanía de los pueblos”.

El proyecto fue presentado por el alcalde Francisco Cruz Güiza, quien en el 2017 fue notificado de unos títulos mineros adjudicados aproximadamente en el 2006 a la empresa GEO-Cooper SAS, en la que María Eugenia Coronado es la titular minera y responsable del contrato de concesión No HGR-14171.

Actualmente en este municipio se planean iniciar la etapa de exploración y explotación de minería de cobre y otros minerales, lo cual es rechazado por la comunidad que conserva la tradición agrícola y campesina, y como un lugar con potencial turístico de talla mundial.

Marcha de rechazo a la minería

‘Es Peñón agua y progreso, la mina está en el Congreso’, ‘Acá vivimos sin oro, el agua es nuestro tesoro’, ‘Santander se manifiesta, la minería no es la respuesta’, ‘Ni en Santurbán, ni en El Peñón, la minería es la solución’, son algunas de las consignas de protestas que expresarán la comunidad y líderes del Movimiento Popular en Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio de El Peñón, durante la movilización en rechazo a la minería.

La manifestación pacífica para reiterar el ‘No rotundo a la minería’ iniciará hoy a las 10:00 a.m. desde la Parroquia Santo Cristo.

Este jueves ciudadanos marcharán contra la minería en el municipio de El Peñón, Santander, pues temen que se afecten los ecosistemas de la provincia de Vélez. Además, solicitan al Gobierno Nacional que avalen la consulta popular.

José Agustín Aguilar, oriundo del municipio de El Peñón, aseguró a Vanguardia.com que en ese municipio santandereano existen cerca de 15 concesiones mineras, que pondrían en riesgo el ecosistema de esta zona ubicada a más de 250 kilómetros de Bucaramanga. «Hay una empresa que ya entrará en proceso de exploración para establecer la cantidad y calidad de los minerales del municipio».

Según José Aguilar, la población teme que esta actividad genere consecuencias graves en la gran mayoría del territorio de El Peñón y se afecten paisajes como el Cerro de Panamá. “El municipio tiene tierras muy frágiles. Cuando llueve las aguas van por cráteres y se forman ríos subterráneos. Si usan métodos agresivos para la minería, este sistema natural desaparecerá».

El líder cívico agregó que la comunidad teme que municipios de la provincia de Vélez, como Landázuri, Bolívar, Sucre y Jesús María, también resulten afectados por la actividad minera. «En El Peñón nace la quebrada Grande, en inmediaciones de donde se haría la exploración. Este afluente desemboca en el río Aventadero, que llega alos ríos Blanco, luego al Horta y finalmente desemboca en el Sogamoso. Estos recursos hídricos se podrían contaminar».

Aguilar indicó que El Peñón es una localidad apetecida por compañías mineras que pretenden extraer metales como el cobre. «Hace más de 40 años los campesinos sacaban a lomo de mula las piedras de cobre, que brotaban en la superficie terrestre. Ahora solo se encuentran a grandes profundidades».

Aguilar reiteró que en la zona sur de Santander existen intereses mineros en varias localidades, por lo que pobladores de Jesús María y Sucre acudieron a consultas populares, en las quelos participantes rechazaron la minería. El No ganó con 97,05% y 98.21%respectivamente.

En El Peñón también se iba a realizar una consulta popular el pasado 5 de noviembre, pero «vino la consulta popular para elegir candidato presidencial del Partido Liberal, que costó demasiado dinero ($40 mil millones) y nuestra consulta minera fue rechazada por el Gobierno Nacional. Aún estamos a espera de que se pueda realizar», criticó Aguilar.

Entre tanto, para este jueves a las 10:00 a.m., el Comité por la Defensa del Territorio de El Peñón programó una marcha a la que asistirán habitantes de los diferentes municipios de la provincia de Vélez. «Varios sindicatos están analizando qué acciones legales se pueden tomar. Entre tanto vamos a adelantar esta jornada. Debemos hacer presencia y resistencia ante este conflicto», agregó Aguilar.

Piden consulta popular, así sea con fotocopias

El alcalde de El Peñón, Francisco Jesús Cruz, expresó su apoyo a la movilización, pues aseguró que la economía de su municipio ha sido tradicionalmente agrícola y ganadera. «Nunca hemos vivido de la minería».

De acuerdo con el mandatario, existen solicitudes para que se concesione cerca del 70% del territorio de esta localidad a empresas mineras. «Somos unos de los municipios más elevados de la provincia de Vélez. El agua es caprichosa y nace en lo más alto, donde hay minerales».

Igualmente, el Alcalde de El Peñón criticó que la Registraduría no defina aún la suerte de la consulta popular suspendida en noviembre. «Faltando cinco días nos dijeron que no había plata para esta jornada».

Ante esta situación, la Administración Local sugirió hacer un convenio para aportar los recursos necesarios para llevar a cabo la iniciativa, pero la respuesta fue negativa. «Rechazaron la oferta al decir que constitucionalmente ellos (Registraduría) eran los que tenían que hacer el trabajo y sacar el presupuesto».

En vista de lo ocurrido en las pasadas elecciones, cuando se agotaron los tarjetones de las consultas de los candidatos presidenciales, Francisco Cruz pidió que se adelante la consulta popular en El Peñón así sea con fotocopias. «Que se haga nuestra consulta de la forma más barata posible, no importa si son fotocopias».

Desde entonces, Francisco Cruz afirmó que ha imperado el silencio absoluto para que la Registraduría defina una nueva fecha para realizar este mecanismo de participación ciudadana. «No nos confirman si se hará o no».

Para el miércoles 25 de abril se convocó a los niños entre seis y 17 años residentes en El Peñón, para que se pronuncien sobre el tema de la minería. «Ellos tienen que arraigarse pues son quienes nos reemplazarán y definirán el futuro de la región. Queremos que su opinión sea un precedente».

Fuente:http://www.vanguardia.com/economia/local/429168-convocan-a-nueva-marcha-contra-la-mineria-en-santander

Existe una creciente preocupación en la comunidad internacional ante las situaciones extremas generadas por el cambio climático y los daños irreversibles que viene sufriendo la biodiversidad. En Medellín se reunieron 550 científicos provenientes de 129 Estados, para analizar las amenazas y los riesgos que tiene la humanidad ante esta tendencia, que pone en peligro las economías, la seguridad alimentaria, el agua y la calidad de la vida. El reto es parar ese proceso de degradación.

Así mismo, 14 científicos colombianos hacen un llamado al gobierno nacional para que desista del proyecto minero en el páramo de Santurbán. El impacto en la biodiversidad y el riesgo de la contaminación y provisión de agua para más de tres millones de habitantes de la zona hacen inviable este proyecto. “Proyectos extractivistas similares en Latinoamérica han producido severos y negativos impactos en las comunidades”.

Ejemplos de la degradación de la biodiversidad y los impactos sobre la vida, los tenemos a diario en este país. La deforestación, el impacto desastroso de las minas de carbón del Cerrejón sobre las comunidades indígenas y el derrame de crudo en el campo Lizama, una tragedia sin precedentes en el país, que destruye la biodiversidad, contamina 49 cuerpos de agua y arrasa con las posibilidades alimentarias y de trabajo de cientos de familias.

No hay culpables. Hay desconocimiento científico de los impactos posibles de los proyectos. La incidencia de fallas geológicas en zonas donde se desarrollan proyectos hidroeléctricos, mineros y de hidrocarburos, pueden repercutir en posibles tragedias. Puede que la represa del Sogamoso incida en la erupción de los pozos, como es posible también que los depósitos de relaves de la minería localizado en Suratá se vean afectados por la falla que pasa por la zona de su ubicación.

Solo el conocimiento nos dará las herramientas y la moratoria minera, un camino.

Con el diálogo y el consenso político es posible un acuerdo que permita la defensa de nuestros ecosistemas y la vida misma.

Fuente:http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/movimiento-civico-conciencia-ciudadana/429196-biodiversidad-versus-mineria

En una carta firmada por 14 científicos colombianos e internacionales, publicada en la prestigiosa revista Science, los expertos le hacen un llamado a las autoridades ambientales del país para que tomen “las medidas necesarias para detener el proyecto de minería de oro en Santurbán (Santander) y en su lugar promover la preservación activa y la restauración de los páramos y bosques andinos”.

Se trata del controversial proyecto Soto Norte, con el que la empresa Minesa espera extraer 255 millones de gramos de oro durante 20 años y dejarle una ganancia a Colombia de 2 mil millones de dólares. Sin embargo, los científicos advierten de las consecuencias ambientales y sociales: desplazamiento involuntario de algunos asentamientos humanos, fragmentación y pérdida del hábitat –lo que a su vez amenaza la flora y fauna endémica-, además de distintas afectaciones para las comunidades agrícolas, problemas en la calidad del agua y el aire, así como posibles conflictos violentos.

“Los trópicos americanos son el hogar de aproximadamente el 10 por ciento de las especies de la Tierra. Estos ecosistemas entregan numerosos servicios, tales como proporcionar agua a millones de personas, pero también son extremadamente sensibles a las perturbaciones y difíciles de restaurar. A pesar de su importancia y fragilidad, una compañía de minería de oro ha propuesto un proyecto que pondrá las montanos y páramos de Colombia en riesgo”, advierte la misiva.

El documento está firmado por investigadores de ocho países, liderados por Óscar Alejandro Pérez-Escobar, experto en orquídeas; además de Rodrigo Cámara-Leret, Alexandre Antonelli, Richard Bateman, Sidonie Bellot, Guillaume Chomicki, Antoine Cleef, Mauricio Diazgranados, Steven Dodsworth, Carlos Jaramillo, Santiago Madriñanm Ingrid Olivares, Alejandro Zuluaga y Rodrigo Bernal.

Fuente:http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/en-revista-science-cientificos-le-dicen-no-a-mineria-en-santurban-200680

El tribunal realizará una audiencia el 12 de abril en el en marco de una tutela de Mansarovar Energy Colombia Ltda.

Estamos contestos y felices con la noticia de que un juez fallara a favor en segunda instancia, así como sucedió en la primera instancia donde se ratifica el apoyo a la consulta popular, el juez además dice que el Concejo Municipal no puede hundir la consulta contra la minería y los hidrocarburos en este municipio”, expresó Jhon James Ducuara Gómez, líder ambiental de Ortega tras conocer el documento remitido por el Juzgado Promiscuo de Familia.

La decisión fue tomada en primera instancia el pasado 20 de marzo por la rama judicial del poder público donde el demandante es líder ambiental y el demando para este caso es el Concejo de Ortega.

Así mimo Ducuara Gómez explicó que la ley 1757establece que para convocar una consulta el comité promotor debe recolectar el 10% de las firmas válidas para el proceso electoral.

“En el municipio de Ortega hay 24 mil votantes, lo que equivale al 10%, seria así 2.400 firmas, debo decir que el artículo noveno de esta ley dice que si recolecta más del 20%, el doble de lo que está establecido, el Concejo no puede detener la consulta, nosotros actualmente tenemos 5.338 firmas equivalentes al más del 20%, entonces la corporación al querer hundir la consulta, porque es potestad de ellos decir de manera política si se puede o no hacerla, lo que hicieron fue violar la ley y el debido proceso”.

Agregó el líder ambiental que el concejo incurrió en un tema disciplinario por violar el derecho a la participación ciudadana.

“Los dos fallos salieron a favor de nosotros y ahora lo que necesitamos es que se den estas votaciones para que el pueblo orteguno salga a definir esta situación de estar a favor o no de más de 90 actividades mineras que están en el municipio y el proyecto de ampliación petrolera que abarca la cordillera de esta zona del Tolima de 53 nuevos pozos petroleros”.

‘La pelea ha sido muy dura en Ortega (…) los concejales están a favor de esta industria’  

“Estamos peleando con una locomotora bioenergética que quiere acabar con los recursos naturales, aquí nos quieren acabar con la cordillera del municipio donde se produce la carga hídrica, acá nos quieren acabar todos los ríos, acá la Angloglod Ashanti tiene los títulos mineros para trabajar con mercurio y con cianuros y los concejales están a favor de esta industria porque lastimosamente cuando se dieron las votaciones 11 cabildantes votaron en contra de la consulta, una ausencia y uno solo voto a favor de 13”, puntualizó Jhon James Ducuara Gómez.

Recordó además que el alcalde de Ortega, Benjamín Aponte Bonilla, también está según sus palabras en contra de este proceso donde ellos actualmente están ganado la batalla jurídica.

“El alcalde y los concejales lo que buscan es el apoyo economico, el tema de regalías, y nosotros pensamos es en el futuro de nuestros hijos, ya que ellos son lo que más adelante deben gozar del medio ambiente sano”

Consultas populares al piso

Con la llegada de las elecciones presidenciales, el líder ambiental de Ortega precisó que las consultas se pueden venir al piso porque hay candidatos que proponen la consolidación de la política mino-energética.

Es decir que todas las consultas estarían en riesgo porque sería según sus palabras el ‘acabose’ de los recursos naturales en el territorio colombiano, sobre todo la defensa del agua, ya que la guerra del futuro va hacer por este recurso hídrico y no por el oro o el petrolero.

Le queda un recurso al Concejo

“Ahora lo que sigue para nosotros es lucharla más porque a los concejales les queda todavía un recurso ya que le pueden pedir a la Corte Constitucional una revisión de ese fallo argumentando que se le está violando algún derechos fundamental a ellos y de luego esto entra a un sorteo y allí la Corte decide si esto entra o no a revisarlo, para lo cual tendrá seis meses para dar la respuesta del caso, la cual esperamos que sea a favor de nosotros”, concluyó Ducuara Gómez.

Fuente:http://ecosdelcombeima.com/region/nota-123138-juzgado-promiscuo-de-familia-le-da-libre-la-consulta-popular-minera-de-ortega

El Congreso de Colombia acaba de aprobar el proyecto de ley 158 por medio del cual ratifica el convenio de Minamata, el cual está orientado a la eliminación del uso de mercurio, un metal pesado que es usado indiscriminadamente en algunas industrias y en minería, fundamentalmente la ilegal, y que es generador de graves enfermedades a las personas, a los peces y animales que consumen aguas contaminadas con ese elemento.

A pesar que Colombia es el segundo país con la mayor emisión de mercurio con cerca de 180 toneladas cada año, después de China, lo sorprendente es que, los legisladores se tomaron 5 años para entender la importancia del convenio, el cual fue firmado por Colombia en el 2013 en Japón. Pero aún faltan pasos definitivos para que el proyecto se convierta realmente en ley de la República, pues luego de la sanción presidencial deberá someterse a revisión por parte de la Corte Constitucional por su rango de tratado internacional, surtido ese proceso Colombia podrá participar con voz y voto en la toma de decisiones en la implementación y reglamentación del convenio y en las negociaciones, las cuales no serán nada fáciles si tenemos en cuenta que a ese nivel se requiere como mínimo coherencia en las argumentaciones y compromiso para cumplir lo pactado, en especial en la aplicación de normas y estrategias que conduzcan a la erradicación de mercurio en la minería, a partir de este año y de la industria antes del 2023, pues la comunidad internacional hace constantes llamados con carácter de urgencia para paliar la problemática ambiental y social, por lo que 91 países han ratificado el convenio.

Lo grave del asunto es que, aunque Minamata es vital, Colombia no podría cumplirlo ni en lo más básico, pues entra en profundas contradicciones con sus “brillantes” programas ‘locomotora minera’ y ‘Colombia país minero 2019’, además de la minería ilegal, que está expandida por todo el país con explotadores de oro camuflados de honestos empresarios pero que no son otra cosa que rapaces oportunistas depredadores del medio ambiente, a quienes nada les importa que el mercurio sea altamente tóxico con afectación directa en el sistema neurológico con graves secuelas para quienes lo consumen y las consecuencias para los ecosistemas son igualmente fatales ya que se bioacumula en las cadenas alimenticias por lo que es letal para la fauna y los recursos hídricos.

Esto hace entonces que alcaldes, gobernadores y directores de Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, prioricen el cumplimiento del convenio para acceder a la asistencia técnica y recursos financieros del exterior para la implementación de acciones puntuales que posibiliten la descontaminación de ríos, mediante un eficaz control a la comercialización y uso del mercurio. La importancia de Minamata consiste en que, antes del 2020 los países que pactaron el convenio tendrán que prohibir la producción, importación y exportación de productos que usan o contienen mercurio, además tienen que controlar la minería aurífera ilegal, la artesanal y la denominada a cielo abierto. En ese sentido falta todo por hacer.

Fuente:https://www.cronicadelquindio.com/noticia-noticia_opinion-titulo-aprobado-convenio-minamata-op-18134

La Corte Suprema de Justicia ordenó a la multinacional minera Cerro Matoso a resarcir daño ambiental e indemnizar a afectados en Córdoba.

La Corte Constitucional ordenó a la multinacional minera Cerro Matoso resarcir el daño ambiental causado a las comunidades de la zona de influencia de la explotación minera. De igual forma, señala que las personas que vieron afectada su salud por cuenta de la actividad minera deberán ser indemnizadas por Cerro Matoso.

El alto tribunal también ordenó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que realice una consulta previa con todas las comunidades accionantes a efectos de fijar medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental respecto a los ulteriores perjuicios que podrían generar las labores extractivas de la compañía minera Cerro Matoso S.A.

Pidió al Ministerio de Salud que constituya una brigada para realizar una valoración médica de los habitantes de la zona; a la empresa accionada, que brinde atención integral y permanente a aquellas personas que padecen enfermedades relacionadas con la explotación minera de níquel y ferroníquel condena en abstracto a la empresa Cerro Matoso S.A. para que pague los perjuicios causados a los integrantes de las comunidades étnicas y financie la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo para reparar a las víctimas desde una perspectiva colectiva y étnica

También al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que realice los ajustes normativos pertinentes, conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud; a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, que realicen un control ambiental estricto y efectivo a las operaciones de Cerro Matoso S.A; a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República que establezcan una relatoría especial de seguimiento a las órdenes proferidas en la sentencia; y la advertencia a la empresa Cerro Matoso S.A. de cumplir cada punto resolutivo del fallo, so pena de que el juez de primera instancia de la tutela ordene la suspensión de sus actividades extractivas.

La Corte falló una tutela interpuesta por Javier Martín Rubio Rodríguez, Israel Manuel Aguilar Solano (Gobernador y Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge) y Luis Hernán Jacobo (Presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré), refieren que la empresa Cerro Matoso S.A. ha realizado actividades de exploración y explotación minera en el departamento de Córdoba desde el año 1982.

Indican que, a causa de ello, las comunidades étnicas cercanas al complejo minero han tenido que presenciar múltiples daños a su medio ambiente, así como, la aparición de distintas clases de enfermedades de tipo respiratorio, cardiovascular, dermatológico, entre otras. Adicionalmente, refieren que el 27 de diciembre de 2012, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Cerro Matoso S.A. suscribieron el Otrosí No. 4 al Contrato No. 051-96M, con el fin de modificar aspectos sustanciales de los contratos que regían las operaciones mineras y extender las mismas hasta el año 2064.

También deberán pagar indemnizaciones por los «cultivos o cosechas que se hayan visto deteriorados como producto de la contaminación ambiental y las pérdidas económicas causadas por la disminución de productividad agrícola y/o pesquera».

Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/condenan-a-cerro-matoso-por-haber-afectado-la-salud-de-los-pobladores-vecinos/20180316/nota/3725075.aspx.