A una semana de la Marcha Nacional por la Recuperación del Agua y la Vida, que evidencia el descalabro socioambiental que vive nuestro país en la voz de los territorios impactados por el modelo extractivista impuesto en Chile; y a menos de un mes de los aluviones del norte y los incendios del sur, que evidencian la insostenibilidad ecosistémica del modelo, el gobierno anuncia la creación de la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)… a juzgar por sus integrantes, las autoridades no están entendiendo nada.
Entre los 23 miembros de este espacio de debate y problematización urgente sobre una parte de la institucionalidad ambiental que opera en Chile, no hay ni un solo representante territorial, ni una voz de las comunidades indígenas, campesinas, de pescadores artesanales, de trabajadores, de la sociedad civil, en fin de quienes sufrimos los embates de las decisiones impuestas por el poder ejecutivo que luego se transforman en pérdidas irreparables del patrimonio natural, cultural y social de nuestro país, pero también en fuentes de enfermedad, muerte, división y precarización de la vida de nuestros territorios y familias.