Satisfacción causó entre las organizaciones ambientalistas la decisión que tomaron las 12 autoridades técnicas de rechazar el proyecto minero-portuario Dominga, cuya construcción se emplazaría en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. «Hoy día la institucionalidad sí dio frutos porque los Seremis y el intendente, bajo una exhaustiva revisión al proyecto y a la evaluación ambiental, determinaron que no se puede llevar adelante el proyecto», manifestó la directora ejecutiva de Oceana, una ONG que vela por la protección de los océanos, Liesbeth van der Meer.

Asimismo, señaló que «esta fue una de las instancias en donde nos damos cuenta que las personas que hoy día gobiernan sí están tomando las decisiones correctas». Y agregó que «son pocas estas instancias y por eso hoy día hay que celebrar la decisión del intendente de Coquimbo (Claudio Ibáñez) optó por un desarrollo sostenible de la pesca y del turismo, actividades que van a estar por el resto del tiempo, y no optó por aquellas medidas cortoplacistas». Por su parte, desde el movimiento ciudadano de investigación y creatividad para la conservación, Chao Pescao, indicaron que «estamos bastante conformes con lo que ocurrió. Era de esperarse que esto debería haber sido así debido a que este proyecto era completamente ilegal, con varias irregularidades y también era un proyecto que pretendía ser emplazado frente a reservas marinas y una reserva nacional frente al desierto florido. Era completamente incompatible con el desarrollo de la mega minería».

«Esto recién comienza porque este es un lugar que debemos proteger y debemos desarrollarlo de manera sustentable y ser un ejemplo a nivel mundial. Las condiciones y las características que tiene la comuna de La Higuera debido a su riqueza y recursos naturales dan el escenario perfecto para desarrollarse como la primera comuna sustentable del país», aseguró uno de los directores de la agrupación, Cristóbal Díaz de Valdés. Con respecto al anuncio que dio Andes Iron de apelar al Comité de Ministros, el activista dijo que no cree que sea del todo efectiva ya que el gobierno no cambiará de parecer al respecto.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/10/848734/Organizaciones-ambientalistas-por-rechazo-a-Dominga.html

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó ayer –miércoles 8 de marzo–  el recurso de protección presentado en contra de la compañía minera Nevada SpA, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Comisión de Evaluación Ambiental de la Tercera Región, tras establecer que no existen actos concretos de los recurridos que afecten los derechos de las comunidades indígenas y de los habitantes de la cuenca del río Huasco, los que solicitaron el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama.

En fallo unánime (causa rol 4147-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Manuel Díaz Muñoz y el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada- estimó que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que justifique acoger el recurso incoado u actos concretos que afecten los derecho de los recurrentes por la aprobación del proyecto minero.

El recurso de protección solicita en primer lugar, la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental –RCA- otorgada a Pascua Lama en 2006 y el cierre definitivo de complejo minero.

«En relación a dicha pretensión, no puede dejar de tenerse presente que la Resolución de Calificación Ambiental N° 24/2006, otorgada al proyecto minero Pascua Lama, constituye la culminación de un proceso de evaluación ajustado a lo preceptuado en la ley 19.300 relativa a las bases Generales del Medio Ambiente, y es un acto administrativo con el que pueden concordar o discrepar las personas, teniendo estas últimas, la posibilidad de hacer valer su oposición y por ende, pretensiones como las sustentadas por los recurrentes en esta causa, judicialmente, en un proceso de lato conocimiento, en que todos los involucrados a favor o en contra, puedan hacer valer y aportar todos los elementos que los apoyen o los desvirtúen», establece el fallo.

Resolución que agrega: «El recurso de protección en esta causa no reviste la calidad de proceso de lato conocimiento, al no constituir un juicio, sino solamente un medio para amparar derechos y garantías constitucionales debidamente especificados, que se ven turbados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, ejecutados por personas determinadas en casos de urgencia e inequívocos, por lo que el mismo, no es la vía idónea para hacer valer el desacuerdo a lo resuelto en un acto administrativo, contra el que, el artículo 20 de la ley 19.300 contempla recursos, primero ante el Comité de Ministros y luego, en contra de lo decidido por el Comité, ante el Tribunal Ambiental, en la forma que regula el artículo 60 del texto legal ya indicado y la ley 20.417».

Contaminación de las aguas
Asimismo, los recurrentes solicitaron que se declarara ilegal la resolución N° 094, o, en subsidio, no se la tome en cuenta para verificar la contaminación de las aguas. Con relación a dicha pretensión, el tribunal de alzada sostiene que «es dable reiterar que el recurso de protección es el medio idóneo para amparar derechos y garantías constitucionales específicos, que se ven turbados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, ejecutados por personas determinadas, por lo que no es la vía idónea para hacer valer el desacuerdo a lo resuelto en un acto administrativo, contra el que, el artículo 20 de la ley 19.300 contempla recursos, primero ante el Comité de Ministros y luego, en contra de lo decidido por el Comité, ante el Tribunal Ambiental, en la forma que regula el artículo 60 del texto legal ya indicado y la ley 20.417, por lo que la solicitud de declarar ilegal la resolución 94/2016, no puede ser acogida en este recurso».

Tampoco resulta procedente, «vía el presente recurso, la petición subsidiaria de no considerar la Resolución N° 94/2016 en la verificación de la contaminación de las aguas, habida consideración que conforme al inciso final del artículo 24 de la ley 19.300, el titular del proyecto o actividad, durante la fase de construcción y ejecución del mismo deberá someterse estrictamente al contenido de la indicada Resolución de Calificación Ambiental, en lo que se refiere la línea de base de las aguas la que, además, deben ajustarse a lo previsto en la Norma de Calidad de agua potable que fija la NCH 409, aprobada por Decreto Exento N° 446, de 16 de junio de 2006, del Ministerio de Salud».

En tercer lugar, los recurrentes solicitaron que se ordenara la entrega agua potable para el consumo humano, animales y siembras a todos los habitantes de la cuenca del río Huasco «hasta el fin de los deshielos o hasta que se acredite que las aguas no están contaminadas».

«En los motivos séptimo, octavo y noveno precedentes se ha concluido que las aguas que provienen del rajo de la mina se descargaron al río Estrecho luego de haber sido tratadas, y por ende, que ellas no resultaron contaminadas, situación por la que resulta improcedente la tercera petición formulada por los recurrentes, y que se base en una estimación infundada de su parte», resolvió la Corte de Apelaciones.

Riesgo nuclear
Como cuarta petición, los recurrentes solicitaron se tomen las medidas necesarias para acreditar, «si la población está bajo riesgo nuclear».

«Dicha pretensión la basaron los recurrentes en la circunstancias de haber densímetros nucleares en el proyecto Pascua Lama, los que, como se indicó en el considerando decimoprimero, están autorizados por el Servicio de Salud, lo que conlleva a que solo lo operan personas que tienen los conocimientos y competencia que requieren esos instrumentos, lo que impide concluir que ponen en riesgo a todos los habitantes de la Cuenca del Río Huasco, por lo que no resulta procedente acoger la petición en análisis», establece el tribunal de alzada.

Finalmente la Corte de Antofagasta analizó la petición de los recurrentes en orden a que se «verifique la contaminación que venga de lugares no descritos en la emergencia, de diversas plantas y por petróleo de los camiones accidentados».
«De acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 24 de la ley 19.300, la Compañía Minera en la ejecución del Proyecto Pascua Lama debe someterse estrictamente al contenido la resolución de calificación ambiental, y por su parte la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a la letra d) del artículo 3° de la ley Orgánica del mismo, debe «exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deben proporcional de acuerdo a las normas, medidas y condiciones definidas en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental o en los planes de Prevención y o de descontaminación que les sean aplicables, de lo que se desprende que corresponde a dicha autoridad controlar que la Compañía Minera en la ejecución del proyecto o en la etapa actual de paralización, no infrinja lo previsto en la Resolución 24/2006, y por ende debe verificar que no se produzca contaminación o si la hay, se realicen obras tendientes a la descontaminación, por lo que resulta innecesaria lo pedido por los recurrentes a este respecto, ya que ello ha sido establecido como obligación legal, con anterioridad a la fecha de interposición del presente recurso», sostiene el fallo.

Resolución que agrega sobre el punto que: «Por lo demás, no resultó demostrado que los camiones Copec arrastrados por las avalanchas del 31 de mayo al 05 de junio de 2016, cargaban petróleo, por lo que la alegación de los recurrentes, que así ocurría, aparece infundada, debiendo rechazarse esta quinta petición, máxime si se considera que ella y todas las anteriores se basan en que por actos arbitrarios e ilegales de los recurridos, se atentó contra el derecho a la vida y a la salud, así como al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación que detentan los habitantes de la Cuenca del Río Huasco, afirmación, cuya efectividad no resultó demostrada».

Convenio 169 de la OIT
Además, los recurrentes, en su calidad de diaguitas, invocan el Convenio 169 de la OIT para fundar el recurso de protección «en la circunstancia de resultar afectados los derechos de los numerales 1° y 8° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, respecto de todos los habitantes de la cuenca del Río Huasco, por lo que es dable concluir que no hay una afectación especial, exclusiva para la calidad étnica ya indicada».

«En suma, según se ha venido razonando, no existe una acción u omisión arbitraria o ilegal que justifique acoger este recurso y en lo esencial, actos concretos que afecten los derechos invocados como conculcados por los recurrentes, al punto, que necesariamente deberá rechazársele», concluye.

Fuente:http://www.elclarin.cl/web/noticias/medios-y-periodismo/22-medio-ambiente/21715-corte-rechaza-recurso-de-proteccion-contra-proyecto-minero-pascua-lama.html

La magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Daniela Guerrero, rechazó el recurso de reposición que presentó la defensa del ex Presidente Sebastián Piñera en el marco de los casos Bancard y Barrancones-Dominga.

El abogado Juan Domingo Acosta, representante del ex mandatario, solicitaba revocar la admisibilidad de la ampliación de querella que interpuso el diputado Hugo Gutiérrez (PC) respecto a los negocios del family office de Piñera en la minera.

Justificaba en su escrito el hecho de que no había hechos constitutivos de delito.

Sin embargo, la jueza Guerrero decidió respaldar el recurso de reposición presentado por el diputado comunista, argumentando que «la acción ejercida contiene imputaciones penales precisas dirigidas contra el ex Presidente Sebastián Piñera sobre el supuesto uso de información concreta que habría conocido en razón de su cargo para obtener un beneficio económico, constitutivas eventualmente del delito sancionado en el artículo 247 bis del Código Penal, a propósito de su intervención en el repliegue del Proyecto de la Central Termoeléctrica Barrancones, que habría afectado una zona en la que tenía interés económico».

«Ahora bien -agrega- aunque es cierto que el querellante no señala el contenido preciso de la conducta que habría cometido el querellado, falta que alega la Defensa para demostrar que los hechos denunciados no encuadran en tipo penal alguno, baste recordar el requisito de toda querella que exige el artículo 114 letra c) del Código Procesal Penal, a saber: la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se hubiere ejecutado, si se supieren».

«Así, entonces, no es de extrañar que el actor no enuncie en el escrito de querella el contenido exacto de la acción que estima desplegada, pues bien puede no conocerlo, más si se trata de hechos de evidente complejidad como los descritos. En este escenario, no es posible desechar de plano la comisión de algún delito. Necesariamente habrá de estarse a las conclusiones que arroje la investigación que ahora se inicia», concluye.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/09/tribunal-rechaza-solicitud-de-pinera-y-acepta-incluir-dominga-en-querella-de-hugo-gutierrez/

Entre el 4 y el 8 de septiembre se llevará a cabo en nuestro país el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, en La Serena y Coquimbo. Sin embargo, habría fuertes rumores de que el evento –que se realiza cada 4 años y convoca a comitivas de 80 países– se trasladaría a Viña del Mar, debido a que dentro de los próximos días podría aprobarse el controvertido proyecto minero-portuario en la IV región. Celebrarlo allí, en medio de los fuertes cuestionamientos que han hecho grupos ambientalistas, es lo que el Ejecutivo estaría tratando de evitar.

Un eventual e inminente “sí” del regulador medioambiental al proyecto minero y portuario Dominga en los próximos días podría complicar al Gobierno.

No tan solo por los reclamos de diferentes organizaciones sociales de la zona y medioambientalistas que han criticado el proyecto –lo han tildado de ilegal”– por encallarse en una zona de rica biodiversidad de especies y no cumplir con los procesos, sino también por un tema organizativo.

Este año Chile organizará IMPAC4, el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, cita a la que se comprometió en 2013 y que este año confirmó que se llevaría a cabo entre el 4 y el 8 de septiembre.

El evento, que moviliza a 1.500 representantes del mundo político, científico, y organizaciones no gubernamentales como la WWF, del ámbito artístico e intelectual de más de 80 países, ya tenía afiches alusivos al evento y la organización preparada, sin embargo, las polémicas que se han generado por el proyecto minero habrían posado un manto de dudas sobre la sede de este “mundial” de las conservación marina, que se realiza cada 4 años y cuya última edición fue en Francia en 2013

Las interrogantes se dispararon luego de que la página web del evento apareciera caída (situación que permanece hasta el día de la publicación de esta nota) y algunos proveedores del evento indicaran la posibilidad de que se traslade a otro lugar.

De hecho, desde la intendencia de Coquimbo explicaron que el evento ya estaría en vías de ser trasladado a Viña del Mar.

Por el momento, ya hay varias licitaciones adjudicadas de parte de prestadores de servicios en la zona y los hoteles ya estarían reservados. En el caso de Enjoy, uno de los hoteles más grandes de Coquimbo, sus 111 habitaciones ya están reservadas del 4 al 9 de septiembre.

De trasladarse el evento, significaría un alto costo para el estado tanto de hotelería como de servicios en el sector.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron de forma escueta a este medio de que no hay cambios y que el lugar del evento es Coquimbo.

De aprobarse Dominga, se descartaría la posibilidad de que La Higuera se transforme en un área marina protegida, y eso impactaría directamente en la imagen que daría Chile al organizar un evento que precisamente busca ampliar la zonas marinas protegidas en el país.

“El objetivo de los Congresos IMPAC es implementar una red global, duradera y ecológicamente representativa de áreas marinas protegidas, efectivamente manejadas. IMPAC tiene como objetivo, de cumplir con las metas globales de conservación marina, convenidas por los signatarios de la Convención de Biodiversidad (CBD), de proteger el 10% de los océanos de aquí al 2020, siendo la creación de AMPs una forma efectiva de conservar los ecosistemas marinos”, señala una nota alusiva al evento en el sitio web del Ministerio del Medioambiente.

Complicados por Dominga

Dominga, que involucra una inversión de 2.500 millones de dólares, generaría unos 10 mil puestos de trabajo en el transcurso de su construcción y 1.450 durante su operación, de acuerdo a la compañía, pero el proyecto y el proceso no han estado exentos de polémicas.

De hecho, este miércoles la Cámara de Diputados citó a sesión especial para tratar las posibles irregularidades en la evaluación ambiental de Dominga. Esto, luego de que el pasado 27 de febrero el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo recomendara aprobar el proyecto minero portuario Dominga en la comuna de La Higuera.

Pero hay otro problema latente respecto al proyecto: en los últimos días se reveló que hasta 2010 la familia del ex Presidente Sebastián Piñera era una de las principales inversionistas a través de un Fondo de Inversión Privado (FIP).

De acuerdo al reportaje de Radio Bío Bío, ingresaron al proyecto cuando recién se empezaba a gestar en 2009, y permanecieron ahí cuando Piñera ya estaba en La Moneda, hasta que se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar la central termoeléctrica Barrancones.
Fuente:http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/03/08/inminente-aprobacion-de-proyecto-dominga-ruboriza-al-gobierno-en-organizacion-del-mundial-de-proteccion-de-areas-marinas-a-realizarse-en-chile/

El Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida trabaja para organizar su II Foro Social por el Agua y los Territorios, instancia desde donde saldrán las definiciones para la 5ta Marcha Plurinacional en Defensa del Agua y la Vida. “Hay una propuesta para recuperar la idea de realizar marchas paralelas en todo Chile”, señala la vocera de la organización.

Este sábado 4 de marzo se realizó, en el centro de Santiago, una reunión del Movimiento por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida – Zonal Centro, para coordinar el Foro y la Marcha Plurinacional que se realizan cada año como respuesta y propuesta de los territorios en su defensa ambiental.

Estas dos instancias constituyen hitos claves para el trabajo de las diversas organizaciones que son parte del Movimiento que cumplirá su quinto año este 2017 y cuyo principal propósito es y ha sido desprivatizar la gestión del agua en Chile.

Para este 25 de marzo se proyecta la realización del II Foro Social por el Agua y los territorios: “Nos estamos articulando como eje en torno a la marcha anual que es el 22 de abril, y el Foro se considera como la otra instancia principal del año porque es el momento en que nos reunimos a analizar cómo hemos estado funcionando y cuál es el camino a seguir”, explica Pablo Schnake, miembro del Bloque Andino por la recuperación de las aguas y los territorios.

Francisca Fernández, vocera del Movimiento, asegura que es en el Foro donde se tomará la decisión más definitiva del carácter y del lugar de la marcha, sin embargo, adelanta que “hay una propuesta para recuperar la idea de realizar marchas paralelas en todo Chile”. Y agrega que “va a ser un momento para repensarnos como Movimiento, la orgánica, las demandas centrales y el plan de trabajo para el 2017, así como pensar en cómo reposicionar el conjunto de demandas y reivindicaciones en pro de la derogación del Código de Aguas, que se vincula directamente con los territorios”.

Discusión, demandas y marcha

El Foro Social por el Agua y los territorios se realizará este año en el Cerro Blanco, en la Región Metropolitana. Según el programa preliminar, se iniciaría a las 9 de la mañana con un desayuno comunitario y a las 10 comenzarán las mesas de discusión. “Lo principal es analizar nuestro funcionamiento como Movimiento zonificado, ver su orgánica; y, en la tarde, analizar las estrategias y las demandas que, si bien siguen siendo las mismas, se van a ratificar y actualizar para la marcha del 22 de abril”, sostiene Schnake. Añade que en la noche se realizará una fiesta andina con Manka Saya y el Grupo Huari, pues “como bloque andino estamos muy contentos de que se haga en nuestra casa y estamos trabajando para que las condiciones sean óptimas para el desarrollo del Foro y recibir a los compañeros y compañeras del norte y del sur”.

reunión del pasado 4 de marzo, además, se decidió apoyar la lucha del Pueblo Mapuche en la recuperación de su territorio, para lo cual el Movimiento participará en el Primer Encuentro de Redes que se realizará los próximos 11 y 12 de marzo en Panguipulli. En dicho espacio convergerán la Red por la Defensa de los Territorios, la Red de Economías Territoriales, la Red de Medios de los Pueblos y la Red de Salud y Territorios.

Francisca Fernández explica que esta decisión se tomó para apoyar a las organizaciones que han sido criminalizadas en el Wallmapu, y que constituyen una parte esencial del Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del agua y la vida.

Fuente:http://www.elciudadano.cl/2017/03/06/364247/movimiento-por-el-agua-a-paso-firme-hacia-el-foro-social-y-la-marcha-plurinacional/

El historiador del paso a Chile Pablo Lacoste advirtió que no se cumplen los protocolos para tránsito de carga peligrosa por la ruta internacional.

El paso a Chile, la ruta internacional que une al océano Atlántico con el Pacífico y la posibilidad de que se pueda transitar mejor o peor, de acuerdo a las circunstancias, es un tema de contante análisis en Mendoza. Al fin y al cabo, somos «el puerto oeste» de la Argentina, aunque «el puerto del este», Buenos Aires, requiera de toda la atención.

En ese contexto, el historiador Pablo Lacoste fue invitado a participar de la «MesaMDZ» (a las 20.15 por por MDZ Radio), en donde muchos de sus conceptos (sobre éste y otros temas) dejaron huella en la audiencia.

Uno de ellos fue su conocimiento del tema del paso internacional, habida cuenta que su primer estudio sobre el particular data de 1996. En diálogo con los periodistas de MDZ sostuvo que «hace ya 20 años se hablaba que iba a producirse una saturación de camiones, autos y turistas». En aquella época, rememoró, «hicimos un estudio que entre muertos y heridos ese tramo entre Mendoza y Las Cuevas nos dejaba 100 víctimas por año». Lacoste comparó: «Hace 20 años pasaban 2 millones de toneladas de mercadería por año y hoy pasan 5 millones».

El historiador se quejó de que «de lo que no se habla es de la carga peligrosa que va por la misma ruta». En ese punto, especificó que «Chile demanda muchísima carga peligrosa para la minería, como el cianuro».

«Imagínense: en San Juan, con la inversión de la Barrick hubo una pérdida de solución cianurada, agua con unas gotitas de cianuro. Imagínense un camión que lleva 30m toneladas de cianuro de máxima pureza. ¿Qué hacemos con el millón de habitantes de Mendoza que se quedaría inmediatamente sin agua?».

Ese argumento, el de los camiones con carga peligrosa, fue el que impidió la minería metalífera en Uspallata, pero Lacoste contrastó que «hay cientos de vehículos con carga peligrosa que van con insumos para la minería, para la agricultura, como fertilizantes, químicos y plaguicidias, cada día».

En ese sentido, sostuvo que «un experto en el tema me explicó que el protocolo para que pase un solo camión con ese tipo de carga peligrosa hay que dejar pasar de a uno por el túnel internacional y cerrar todo el tráfico hasta que pase el camión. Eso no se cumple debido a la saturación. Pasa uno detrás de otro. Es un peligro silencioso», advirtió Lacoste.

«Imaginemos lo que puede ocurrir si choca uno de esos camiones», concluyó.

Fuente:http://www.mdzol.com/nota/721265-los-peligros-del-paso-a-chile-y-el-cianuro-por-la-ruta/

Las razones de la sanción se deben a infracciones vinculadas a daño ambiental irreparable sobre patrimonio arqueológico, mal manejo de residuos y no implementación de medidas de mitigación para fauna silvestre.

SANTIAGO.- La Corte Suprema confirmó la multa cursada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que sancionó en 2015 a la empresa minera Pampa Camarones, titular de los proyectos «Explotación Mina Salamanqueja» y «Planta de Cátodos Pampa Camarones», ubicada en la Región de Arica y Parinacota. En esa oportunidad, la SMA multó con 3.575,9 UTA -equivalentes a $1.989 millones- a la empresa minera, debido a una serie de incumplimientos asociados al resguardo del componente arqueológico; la no implementación de medidas de mitigación y monitoreo respecto a la fauna del sector; mal manejo de residuos peligrosos; entre otros. Estas infracciones se detectaron tras fiscalizaciones realizadas por profesionales de la SMA, el Sernageomin y el Consejo de Monumentos Nacionales.

La sanción del ente fiscalizador fue reclamada ante el Segundo Tribunal Ambiental, el cual rechazó el recurso interpuesto por la empresa y confirmó la resolución de la Superintendencia. Posteriormente, la minera recurrió de casación ante la Corte Suprema. La Tercera Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación en forma y fondo, confirmando así el actuar de la SMA. Al respecto, el superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, afirmó que «con esta nueva sentencia favorable, esta vez, obtenida en la Corte Suprema, se confirma una vez más el alto nivel técnico y jurídico de las decisiones que hemos tomado a lo largo de estos años».

El contenido del fallo La SMA en su resolución sancionatoria incluyó 12 infracciones a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Una de ellas generó un daño ambiental irreparable producto de la intervención a monumentos arqueológicos en una extensión de 15 hectáreas y la no recolección de restos líticos, que se encuentran emplazados en el sitio denominado «Salamanqueja 12-13». La acción de la minera causó la pérdida de una importante cantidad de dichos restos líticos, los que se encuentran protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales, y corresponden a restos de antiguos asentamientos humanos, pertenecientes al período arcaico-costero, el cual data entre 9000 y 3500 años antes de nuestra era. El actuar de la empresa imposibilitará generar una investigación completa respecto de las condiciones de vida de los habitantes primitivos de ese sector. El Tribunal también consideró que la sanción aplicada por la SMA es proporcional y que la finalidad de la multa es «erigirse como un instrumento eficiente que tienda a disuadir incumplimientos». Asimismo, el fallo advierte que «la capacidad económica de la infractora ha sido suficientemente ponderada a través del examen de la documentación aportado por el titular del plan a solicitud de la SMA, sin que se observe el yerro jurídico denunciado a este respecto, razón que conduce a la conclusión que el recurso de casación en el fondo intentado por la reclamante carece de fundamento y deberá también desestimarse». Ahora la compañía deberá pagar la sanción interpuesta ante la Tesorería General de la República, dentro del plazo que establece la Ley.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/03/847728/Corte-Suprema-confirma-multa-cursada-por-la-SMA-a-minera-Pampa-Camarones-por-dano-ambiental.html

Benjamín Miranda 27-02-2017
La diaguita Amalia Robles Alcayaga obtuvo un triunfo frente a la transnacional canadiense que construyó irregularmente parte del camino hacia su mega proyecto minero en terrenos familiares. La Corte Suprema ordenó reabrir el juicio civil en que se busca probar el atropello de Barrick al derecho la propiedad de Robles.
Luego de presentar un recurso de casación que fue acogido por la Corte Suprema el pasado 22 de febrero, Amalia Robles Alcayaga (59) continuará su batalla legal contra la filial chilena de Barrick Gold, la empresa de origen norteamericano que emplazó Pascua Lama en 1997 sobre la Región de Atacama. La disputa entre ambas partes se inició luego de que un camino de entrada al proyecto se construyera sobre los terrenos de la familia Robles sin la autorización de las reparticiones públicas competentes, pasando a llevar un cementerio ancestral indígena, sepultando el canal Gárate que servía como fuente de agua para ellos y violando el derecho constitucional a la propiedad privada.

Tal como reveló The Clinic Online en un reportaje que detalla la extensa contienda, Amalia acudió a la justicia por primera vez el 18 de marzo de 2009, cuando presentó una querella contra la Compañía Minera Nevada S.A, en el Segundo Juzgado de Vallenar por los delitos de daños calificados y usurpación. Desde entonces, fue representada por el abogado Walter González, quien condujo el proceso legal hasta mediados del 2016, cuando se produjo el quiebre entre el jurista y su antigua clienta.

Esto, luego de que de la Corte de Apelaciones de Copiapó dictara el “abandono del procedimiento” el 14 de julio del año pasado, tras seis meses de inactividad judicial. Es decir, congeló la causa en contra de la empresa porque los demandantes no presentaron iniciativas legales durante medio año.

Según Amalia esta situación habría sido producida deliberadamente por su exabogado, a quien demandó ante el Colegio del gremio por no defender sus intereses y dejar de mostrar interés en la causa.

Ahora representada por un nuevo equipo de defensores, liderados por Óscar Briones y Ricardo Venegas, Robles logró probar que no tuvo responsabilidad en la inacción previamente señalada y el máximo tribunal falló en su favor, ordenando que se reabra el caso y continúe la investigación que iniciara ocho años atrás.

Así se corrobora en la sentencia emitida por la Corte Suprema, donde se refiere al abandono de procedimiento como una “errónea aplicación de la ley”, la que “ha tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo, pues en mérito de ella se acogió una incidencia que debió ser desestimada”.

A ojos del tribunal, por lo tanto, “corresponde hacer lugar a la casación en el fondo interpuesta”, invalidando lo ordenado a mediados del año pasado y reemplazando dicha decisión por la recientemente adoptada. Es decir, se reanuda el juicio civil.

BARRICK VA A APRENDER A RESPETARME

La primera acción que tomó Amalia en contra del proyecto de Barrick Gold fue el lunes 18 de agosto del año 2008, cuando aun faltaba poco más de un año para que se decidiera a llevar el caso ante la justicia.

Según consignó a este medio, aquel día cerró el camino que permite el acceso a Pascua Lama, cansada de advertirles a las autoridades regionales que Barrick Gold Corporation había construido hace más de una década, sin permiso alguno, una ruta sobre sus terrenos.

Además, Amalia había presenciado la destrucción del cementerio ancestral de su comunidad diaguita en los cerros de la provincia del Huasco y había observado cómo la poderosa empresa dejó bajo tierra el canal de regadío que permitía a su familia realizar cultivos.

Ese día se prometió que no iba a permitir más abusos. Cuando los funcionarios de Barrick intentaron transitar por la carretera, no la tuvieron fácil. Se encontraron con una barricada de piedras que Amalia y su familia montaron sobre la vía.

Durante una semana Amalia custodió la trinchera, volvió a ser dueña de sus tierras y frenó los camiones de la empresa.

Pero su porfía chocó de frente con la decisión de las autoridades de Atacama que buscaban despejarle el camino a Barrick.

-Llegaron los carabineros y nos llevaron a Alto del Carmen. Después de un rato nos devolvieron al lugar, cuando la caravana de camiones ya había pasado… Barrick es la reina de la Región- resume Amalia.

Desde aquél aquel lejano día en que se tomó la vía, Robles no ha desistido en su batalla contra la empresa. Tampoco ha cambiado su impresión acerca de la firma, a quien ha acusado insistentemente de no mostrar un interés real por solucionar el problema o reparar el daño causado. “Sigo en esto porque, aunque no lo crea, Barrick va a aprender a respetarme”, asegura. Hoy agrega que ha vuelto “a creer en la justicia en este país”.

Por su parte la poderosa empresa indicó que se ha buscado un pago justo a los Robles Alcayaga alcanza, el que alcanzaría “un máximo de $200 millones por permisos de servidumbre”.

Al ser consultados nuevamente por este medio, desde Barrick aseguraron que la última sentencia de la Corte Suprema “no implica un pronunciamiento de la causa, solo que se seguirá investigando”.

Juan Pablo Figueroa
27-02-2017
Cuando el entonces presidente Sebastián Piñera negoció en agosto de 2010 la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones, su familia era una de los principales accionistas de un negocio que pretendía instalarse en el mismo sector: Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Esta es la historia hasta ahora inédita de cómo la carta fuerte de Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales y su familia ingresaron al proyecto Dominga cuando recién se empezaba a gestar en 2009, de cómo siguieron ahí cuando él ya estaba en La Moneda y de cómo se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar Barrancones, en una operación por más de 6.765 millones de pesos.

Sebastián Piñera llevaba apenas seis meses como Presidente de Chile cuando el 26 de agosto de 2010 anunció que la Central Termoeléctrica Barrancones ya no iba más. Aunque sólo dos días antes la Corema de Coquimbo había aprobado el millonario proyecto energético que la empresa franco-belga Suez Energy (actualmente Engie) pretendía construir y operar en la costa de la IV Región, él, con sólo una llamada telefónica desde La Moneda, pactó con los representantes de la firma su retirada y la búsqueda de una nueva locación para reinstalarse.

Con eso Piñera pasó por alto toda la institucionalidad medioambiental vigente del país. Fue criticado, pero la jugada resultó como la planeó: eliminó de raíz una fuerte amenaza para los habitantes de la comuna de La Higuera y los ecosistemas de dos zonas bajo protección ecológica, la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

“Hemos enfrentado el tema de la central con responsabilidad, sabiduría y respetando nuestro estado de derecho (…) Puedo decir a todos los amantes de la naturaleza que, como Presidente, me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza que he podido disfrutar con mis propios ojos”, dijo ese día el entonces Mandatario.

Lo que no mencionó Piñera en esa oportunidad -ni en ninguna otra- es que él, sus cuatro hijos, dos de sus ejecutivos de mayor confianza y un amigo cercano, tenían profundos intereses comerciales en la zona donde se instalaría la termoeléctrica. Todos formaban parte de un proyecto que se venía gestando desde hacía más de un año, que por esos días agarraba fuerza y que sólo unos meses después empezaría a tramitarse en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

Cuando el Presidente bajó Barrancones, su familia era uno de los principales accionistas de Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga.

Nada de ello aparecía en sus declaraciones de patrimonio e intereses (descarga aquí su declaración de patrimonio en PDF).

Radio Bío Bío rastreó publicaciones en el Diario Oficial y distintos documentos en notarías y el Archivo Judicial que dan cuenta de que en la génesis del proyecto minero y portuario Dominga, Sebastián Piñera fue clave: no sólo tenía inversiones allí; él y su familia eran los socios mayoritarios.

La participación de los Piñera Morel era indirecta en una estructura de propiedad en forma de cascada. El vehículo que utilizaron fue el mismo que usaban en esos años para invertir en el extranjero: Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), un fondo de inversión privado gestionado por Administradora Bancorp S.A., una de las empresas del Grupo Bancard, el family office del expresidente.

Fue a través de ese FIP que, al menos desde abril de 2009, tenían la posición predominante en Minería Activa Uno SpA, sociedad que cuando se creó Minera Andes Iron, se adjudicó el 99,9% de la propiedad.

Desde Administradora Bancorp señalaron a Radio Bío Bío que dicho negocio se realizó como parte “de sus inversiones en capital de riesgo” y estuvo “orientado a promover la inversión y desarrollar una industria relevante para nuestro país”. Además, aseguraron que “Sebastián Piñera Echenique no participa ni ha participado nunca en la administración de Administradora Bancorp S.A. y, por tanto, no participó en la decisión de inversión en Minería Activo Uno SpA”.

De acuerdo a registros que revisó este medio, aunque no estaba en la administración, Sebastián Piñera sí participaba en la propiedad del FIP y la sociedad que lo gestionaba a través de Inversiones Odisea (bajar a recuadro 1). Y si bien no tenía poderes de gestión sobre Administradora Bancorp, éstos seguían en su núcleo íntimo: su hermana María Teresa y su hijo Juan Sebastián, su amigo y socio José Cox y cuatro de sus ejecutivos más cercanos, Ana María Délano, Nicolás Noguera, Santiago Valdés y José Ignacio Bravo.

Como gerente general de Bancard y hombre fuerte en los negocios del entonces Presidente, Nicolás Noguera era quien representaba al FIP en sus inversiones. Y él también invertía por su cuenta en Minería Activa Uno SpA. Lo hacía a través de Asesorías e Inversiones Larraín y Noguera, más conocida como Átomo Ltda., una sociedad que compartía en partes iguales con Juan de Dios Larraín, hijo del senador y ex presidente de la UDI, Hernán Larraín.

Otro ejecutivo cercano a Piñera que invertía por cuenta propia en Minería Activa Uno SpA y tenía poderes de administración sobre el FIP, fue su exadministrador electoral y exgerente de administración de Bancard, Santiago Valdés. El participaba con su sociedad Inversiones Calatrava. Hoy Valdés está formalizado en el Caso SQM por haber emitido 16 facturas de Bancorp a la minera no metálica controlada por Julio Ponce, por asesorías sin respaldo que suman un total de $340 millones.

Aunque inicialmente había más de 30 socios tras Dominga, siempre se presentó como la incursión minera de Carlos Alberto Délano, controlador del Grupo Penta, amigo cercano y socio histórico de Piñera y parte de su grupo informal de asesores cuando era Presidente, el llamado “tercer piso” (bajar a recuadro 2). Por esto cuando se detectaron pagos irregulares del holding que Délano controlaba junto a Carlos Eugenio Lavín por $42 millones al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el Ministerio Público los interpretó como un soborno para eventualmente favorecer la tramitación de Minera Dominga. Los tres serán reformalizados el próximo 1 de marzo por el posible cohecho y por una serie de delitos tributarios en el marco del Caso Penta.

Los documentos que recopiló Radio Bío Bío revelan que al principio la participación de Délano en el proyecto Dominga era menor que la de la familia Piñera, y que entre ambos concentraban cerca del 55% de las acciones de Minería Activa Uno SpA. También dan cuenta del millonario negocio que había detrás.

La que sigue es la historia hasta ahora inédita de cómo la carta fuerte de Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales y su familia ingresaron con su FIP al proyecto Dominga cuando ya había anunciado su candidatura en 2009, de cómo siguieron ahí cuando él ya estaba en La Moneda y de cómo se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar Barrancones, en una operación por más de $6.765 millones.

La semilla de Dominga
Las primeras huellas que unen a Piñera con Dominga aparecen en abril de 2009. Por entonces, el empresario dejaba parte de sus negocios en manos de cuatro administradoras de fondos que los gestionarían discrecionalmente, con la única condición de no informarle nada al respecto. Eran sus denominados fideicomisos ciegos. Todas las inversiones en el Mercado de Valores nacional que tenía a través de Inversiones Santa Cecilia S.A. y Bancard Inversiones Ltda. quedaban sujetas a ese régimen. No así sus otros negocios, entre los que estaba el FIP Mediterráneo.

Las cuatro firmas seleccionadas por Piñera para gestionar sus fideicomisos fueron Moneda, Celfin (hoy BTG Pactual), BICE y LarrainVial. Al menos tres han estado fuertemente ligadas con él y sus negocios.

Moneda, por ejemplo, cuenta entre sus principales socios a Juan Luis Rivera, ex hombre fuerte de Piñera y antecesor de Noguera en la gerencia general de Bancard. Bajo su administración, la cartera de inversiones del family office del exmandatario se quintuplicó, pasando de US$ 250 millones a unos US$ 1.300 millones. Celfin era la empresa que fundó y por entonces controlaba Jorge Errázuriz, un viejo amigo de Piñera y hermano de uno de sus abogados. LarrainVial en tanto, ha sido uno de los operadores históricos de Bancard en la Bolsa. De hecho, dos de sus principales ejecutivos defendieron a Piñera en el proceso que derivó en una multa en su contra por no abstenerse en 2006 de comprar acciones de LAN cuando era director de esa compañía y tenía acceso a información que no estaba abierta al mercado.

LarrainVial fue también la firma que puso la primera piedra de lo que después sería el proyecto Dominga.
Sólo unos meses antes de firmar los fideicomisos, en enero de 2009, LarrainVial creó junto a una sociedad del geólogo Iván Garrido, el ingeniero en minas Félix Susaeta y la familia Laso Bambach, un private equity llamado Minería Activa S.A., con un capital de $60 millones.

Su objetivo: administrar recursos de terceros para invertir en el sector minero. En marzo, la sociedad creó una filial: Minería Activa Uno SpA. Fue ahí que, seis días después de firmar los fideicomisos, el FIP de la familia Piñera y sus colaboradores se embarcaron en el proyecto.

De eso da cuenta el primer pacto de accionistas de la sociedad (ver documento en PDF), donde figuran 31 socios distintos. Con el 33,4% de las acciones, el FIP Mediterráneo -representado por Nicolás Noguera- quedaba al tope de la lista de mayores accionistas, seguido por Inmobiliaria Duero Ltda., de Carlos Alberto Délano y su familia, con el 22,8% de los títulos.

Pasó un año. Piñera ganó las elecciones presidenciales de 2009 y el 11 de marzo de 2010 asumió el cargo. Cuatro días después, Minería Activa S.A. (0,0001%) y Minería Activa Uno SpA (99,9%) crearon la Minera Andes Iron Ltda., con un capital inicial de $576 millones compuesto es su mayor parte por concesiones mineras. Empezaba a tomar forma Minera Dominga y lo que más adelante se convertiría en una nueva amenaza ecológica para los santuarios naturales y los ecosistemas marinos y terrestres de La Higuera.

Salvo los montos involucrados, poco había cambiado a junio de ese año (ver documento en PDF). La estructura de propiedad de Minería Activa Uno SpA, y por ende, de Minera Andes Iron, seguía Igual: los Piñera Morel a la cabeza, seguidos por Délano y éste por la familia Larraín Cruzat (uno de los dueños de LarrainVial).

Allí estaba el 70% de un capital que ya se alzaba por sobre los $8.786 millones. Poco después empezarían a preparar el terreno para desarrollar el proyecto, aunque todos esos movimientos pasarían desapercibidos: por esos días toda la atención estaba puesta sobre la Central Termoeléctrica Barrancones.

Barrancones, la amenaza
Felipe Camiroaga aún estaba vivo y conducía el matinal de TVN. Era el 25 de agosto de 2010, un día después de que Suez Energy obtuviera la autorización para construir en La Higuera su proyecto energético alimentado por carbón. En una entrevista en vivo con Rodrigo Hinzpeter, por entonces ministro del Interior, le dijo: “Quiero pedirle a título personal, pero sé que represento a la gran mayoría de los chilenos, que por favor el Presidente, el gobierno y su equipo se opongan con toda la fuerza que sea necesaria a esta termoeléctrica que quieren poner en un santuario maravilloso mundial”.

Camiroaga se refería a Barrancones.
El proyecto había desencadenado una fuerte oposición ciudadana en todo el país por el impacto ambiental que tendría sobre la zona costera de Punta de Choros y sus islas colindantes (Choros, Damas y Chañaral), todos parte de uno de los 36 sitios de prioridad internacional para la conservación de la biodiversidad biológica.

Allí, a sólo 25 kilómetros de donde se instalaría la termoeléctrica, están la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, zonas protegidas donde habita el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt en un ecosistema que comparte con colonias de delfines, lobos marinos y chungungos, además de distintas especies de plantas, peces, aves y mamíferos marinos.

Mientras eso sucedía, las gestiones para darle forma a Minera Dominga prosperaban. A comienzos de ese mes, Minería Activa Uno SpA -aún con el FIP de la familia Piñera como socio mayoritario- adquirió siete concesiones mineras en la comuna de La Higuera por US$ 300.000. Tres semanas después, al día siguiente del llamado de Camiroaga, todas esas concesiones fueron vendidas a Minera Andes Iron en $104 millones. Fue esa misma jornada que el Presidente comunicó que Barrancones no iba más.

Es difícil determinar si la paralización de Barrancones terminó allanando el terreno para el proyecto minero y portuario de Andes Iron. Consultado por Radio Bío Bío, el exseremi de Medioambiente de Coquimbo durante el gobierno de Piñera, Cristian Felmer, señaló que se trataba de proyectos de distinta naturaleza, que se tramitaron bajo leyes distintas y que si bien tendrían efectos sobre la misma zona geográfica, no eran necesariamente excluyentes.

“Para ver si el impacto sumado de ambos proyectos sobrepasaba la norma, habría que medirlo en forma sinérgica. Y eso es especular. Sería irresponsable afirmarlo o descartarlo. Lo real es que cuando ingresó Dominga al SEA, Barrancones ya no existía hacía tiempo”, señaló Felmer.

No está claro si la decisión de Piñera de parar Barrancones benefició a Dominga. Pero sí llama la atención que el ex Mandatario nunca haya transparentado que al tomar la decisión, su familia tenía profundos intereses comerciales en la misma zona donde se instalaría la termoeléctrica, en un proyecto que ya estaba casi listo para ingresar al SEA y que también tendría un alto impacto ambiental en los ecosistemas protegidos cercanos a Punta de Choros. El mismo que sólo unos meses después dejarían en medio de una multimillonaria transacción.

Una salida millonaria
El 12 de agosto de 2010, sólo días antes de que Barrancones desapareciera del mapa, aterrizó en Chile una sociedad de la familia Délano constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas: Andes Iron Ltd. Su llegada cambió el mapa de propiedad de Dominga. Con un aporte de $5.500 millones, esa sociedad se hizo del control de Minera Andes Iron, adjudicándose el 90,5% de la propiedad. El 9,5% restante seguía en manos de Minería Activa Uno SpA, donde el FIP de los Piñera Morel mantenía su posición dominante.

El proyecto Dominga todavía estaba en su etapa inicial. En el futuro, sus gestores pretendían instalar y explotar en la comuna de La Higuera dos minas de hierro a rajo abierto que además produjeran cobre como subproducto, con sus respectivas plantas de procesos y depósitos de lastre y relaves. A eso sumarían ductos que irían desde la faena hasta la costa para transportar agua y mineral en ambas direcciones y un gran puerto ubicado en el pequeño pueblo de Totoralillo Norte, apenas un kilómetro y medio de donde se iba a instalar la termoeléctrica.

Allí calarían las naves en las que se embarcarían las cerca de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre que produciría anualmente la mina. Todo eso implicaría una inversión por unos US$2.500 millones por un período de, a lo menos, 22 años.

Para concretar esos planes aún faltaba un paso previo: la exploración y prospección en las cerca de 60 concesiones mineras que ya a fines de 2010 poseía Minera Andes Iron. La idea era que cuando se diera el vamos a esa etapa, Minera Activa Uno SpA ya no estuviera vinculada al proyecto.

En su junta de accionistas del 1 de diciembre de 2010 (ver documento en PDF), Minería Activa Uno SpA ya daba cuenta de que la venta de su participación en la matriz de Minera Dominga era inminente. Fue ahí que se determinó que el 9,46% de los ingresos provenientes de esa operación se repartirían entre los titulares de las acciones serie C. Un tercio de esa clase de títulos estaba en manos del FIP Mediterráneo, es decir, de la familia Piñera Morel.

Sólo unos días después se concretó la venta (ver escritura en PDF). El comprador: el FIP Rucapangui, un fondo de inversión creado sólo un mes antes y controlado por la familia Délano Méndez. Pagó más de $6.675 millones por el 9,5% de la propiedad de Minera Andes Iron.

Como el FIP Mediterráneo poseía un tercio de las acciones de Minería Activa Uno Spa, su parte luego de esa operación debió haber sido millonaria. Sólo sus más de 996 millones de acciones de clase C le daban derecho a unos $213 millones. Radio Bío Bío consultó a Administradora Bancorp S.A. por los ingresos que obtuvo en esa oportunidad el FIP de la familia Piñera Morel, sin embargo no obtuvimos respuesta.

Tampoco quiso dar respuestas el expresidente Piñera, quien declinó dar una entrevista por este tema a través de su encargada de prensa.

Quedaron sólo dos socios a cargo de Dominga, ambos vinculados a la familia de Carlos Alberto Délano: Andes Iron Ltd., basada en las Islas Vírgenes Británicas, y el FIP Rucapangui. Fueron ellos quienes ingresaron en febrero de 2011 al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto de exploración y prospección, que en sólo cinco meses fue aprobado (ver registro en el SEA). Serían 300 sondajes en tres años, a un costo de US$ 30 millones. Dominga ya entraba en tierra derecha.

No todos los colaboradores de Piñera se bajaron del proyecto con la millonaria venta al FIP Rucapangui. A fines de 2011, la matriz del proyecto se transformó en una sociedad por acciones dominada por los Délano Méndez (84,8%), pero donde también eran socios la familia del empresario y director de Consorcio y Embotelladora Andina, José Antonio Garcés Silva (15%), y Átomo Ltda., la sociedad del gerente general de Bancard, Nicolás Noguera (0,2%).

Aunque la inversión de este último era minoritaria, equivalía a unos $31,3 millones, monto que iría aumentando con el tiempo.

La etapa de exploración y prospección se desarrolló sin problemas bajo el gobierno de Sebastián Piñera, al tiempo que Andes Iron SpA -nombre que adoptó la matriz de Dominga tras su última transformación- abultaba su capital. Para septiembre de 2013, cuando ingresaron al SEA su proyecto minero y portuario, el monto ya se alzaba por sobre los $63.803 millones. Sin aumentar el porcentaje de su participación, lo invertido por Noguera se había cuadruplicado.

Fue recién entonces que Dominga se convirtió en una amenaza real y las localidades de La Higuera y organizaciones ambientalistas encendieron sus alarmas, y con razón. En su estudio de impacto ambiental, Andes Iron omitió información clave para medir el real impacto en la zona, sobre todo respecto a los efectos que tendría el tráfico marítimo y la actividad portuaria en los ecosistemas protegidos.

Tampoco presentó planes claros de mitigación ni consideró cómo su impacto se sumaba al de otro megaproyecto minero y portuario que se tramitaba en el sector -y que ya fue aprobado-: Puerto Cruz Grande, a cargo de la Compañía Minera del Pacífico (CAP). De eso dan cuentan los duros informes que emitieron Conaf, el Servicio Nacional de Pesca y la seremi de Medioambiente de Coquimbo.

“Los proyectos deben tener una línea base, que es la información que se levanta para conocer el impacto que tendrán sobre una determinada zona y poder mitigar, compensar y reparar. Pero Dominga no tiene línea base: luego de más de tres años de tramitación, aún no se sabe el real impacto que va a tener esta minera sobre el medioambiente, y eso es lo que tiene que buscar el SEA hoy en día”, acusa la directora ejecutiva de la ONG Oceana Chile, Liesbeth Van der Meer, en conversación con Radio Bío Bío.

Dominga sigue en tramitación. Ya tres veces el SEA ha solicitado que Andes Iron aclare las dudas respecto a su real impacto y en las tres oportunidades la respuesta ha sido insatisfactoria. De hecho, recién en la tercera Adenda, entregada en octubre de 2016, los gestores del proyecto reconocieron que su impacto sobre las zonas marinas será mayor al presupuestado y se abrió una etapa de participación ciudadana que acabó en enero de este año, con una cuarta solicitud de información, el ICSARA Nº 4. La respuesta llegó el pasado 10 de febrero.

Desde la ONG Oceana Chile denuncian supuestas ilegalidades por parte del SEA en el proceso: haber extendido la tramitación más de lo que permitiría el reglamento, eliminar en el último ICSARA las observaciones de Conaf por considerar que no tiene atribuciones -algo que desde la misma institución reclamaron formalmente (ver documento en PDF)- y haber solicitado una nueva línea base a Andes Iron. Es por ello que solicitaron al SEA de Coquimbo invalidar esa cuarta oportunidad para que Andes Iron aclare las dudas que aún persisten (ver solicitud en PDF).

Aunque después de que estallara el Caso Penta la familia Délano Méndez anunció que intentaría vender su participación en Dominga, el proyecto sigue bajo su control. Ya no a través del FIP Rucapangui, que se disolvió en marzo de 2014, sino a través de dos sociedades de inversiones que poseen el 75% de sus acciones. Según el sitio web de Andes Iron, sigue con ellos la familia Garcés Silva (14%) y algunos ejecutivos de la firma (11%). Nicolás Noguera se mantuvo en el negocio al menos hasta fines de 2014. Su inversión en la sociedad superaba los $177 millones.

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/02/27/los-desconocidos-intereses-de-la-familia-pinera-en-minera-dominga.shtml

27-02-2017
Así lo reveló un sondeo realizado por el Consejo Minero a más de 200 personas relacionadas al rubro.
(El Mercurio) La productividad ha estado en el centro del conflicto de Minera Escondida. La empresa dice que la productividad debe aumentar y el sindicato movilizado responde que ellos ya son los más productivos de la industria y se les debe remunerar por ello. Pues bien, este debate no solo se da en Escondida, operada por la angloaustraliana BHP Billiton, sino que cruza toda la gran minería.

Así lo reveló un sondeo realizado por el Consejo Minero a más de 200 personas relacionadas al rubro el pasado 10 de enero, en el marco del seminario “Turbulencias políticas, sociales y económicas. A qué nos enfrentamos”, organizado por este gremio e Icare. Los consultados definieron los principales desafíos que enfrenta esta industria, y en el primer lugar empatan tres: la productividad, la escasez de agua y la relación de las mineras con su entorno.

Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, señala que el desafío es elevar la productividad laboral, del capital y de los recursos geológicos. Y si bien hay acciones que pueden hacer las propias compañías, “para implementar estas mejoras tienen que sortear la rigidez de las normas laborales o de sus resoluciones de calificación ambiental”. También, sostiene, hay otras medidas que requieren “mejorar la calificación del capital humano a todo nivel, desde los ejecutivos a los operadores, pasando por los supervisores”.

En relación al agua, este tema surge por la sequía que afecta a algunas zonas del país, la mayor exigencia de usar agua desalada en la actividad minera y también por el debate relativo a la reforma al Código de Agua, señala el Consejo Minero.

Respecto a los vínculos con el entorno, Carlos Urenda sostiene que la industria minera chilena trabaja para que la actividad sea “cada vez más virtuosa, inclusiva y sustentable”. Más allá de las palabras bonitas, esto implica varias cosas concretas, detalla Urenda, como: reconocer los impactos positivos y negativos de una faena o actividad minera, gestionarlos y ser transparentes en este proceso; profesionalizar las relaciones comunitarias y gestar alianzas territoriales.

http://www.mch.cl/2017/02/27/productividad-escasez-agua-relacion-entorno-los-problemas-mas-importantes-la-gran-mineria/