Al menos 20 denuncias por incumplimientos e irregularidades ambientales y un proceso sancionatorio tardío por parte de la autoridad gubernamental, es parte del resumen de años de resistencia a un proyecto hidroelèctrico que -según coinciden vecinos, agrupaciones y representantes políticos- pone en riesgo el ecosistema del Cajón del Maipo, así como el abastecimiento de agua para la Región Metropolitana.

“Nuestro objetivo es que la autoridad ambiental aplique la sanción máxima a este proyecto, y esto es la revocación del permiso ambiental”. Con esas palabras Anthony Prior, vocero de la Red Metropolitana No Alto Maipo explicaba a concejales, dirigentes, autoridades y vecinos del Cajón del Maipo y de Santiago la nueva etapa que se abre en el conflicto con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de la transnacional estadounidense Aes Gener. Todos están en la calidad de “denunciantes interesados” en el nuevo proceso sancionatorio abierto.

Prior explicó en la reunión de este 27 de marzo en las dependencias del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) que tras las casi 20 denuncias que se hicieron comunitariamente a lo largo de casi tres años, recién en enero de 2017 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había iniciado un proceso sancionatorio. Y tal como se establece en la institucionalidad, la empresa había presentado un plan de cumplimiento, que significa que el proyecto, de aprobarse ese plan, no va a recibir ninguna sanción. “Y lo que nos interesa es que se sancione, pues si llegara a cometer otro incumplimiento, se consideraría como reincidente, y eso ya es mucho más grave, lo que le podría costar la revocación del permiso”, sostiene el dirigente. Sin embargo, como se está evaluando el Plan de Cumplimiento, la estrategia deberá ser de mayor control comunitario en la institucionalidad ambiental del país.

La SMA abrió el primer proceso sancionatorio contra Alto Maipo el 30 de enero de 2017, luego de tres años de denuncias de la comunidad sobre incumplimientos y graves irregularidades a sus compromisos ambientales establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Este proceso se inició una vez que Antofagasta Minerals, brazo minero del Grupo Luksic, saliera del proyecto tras llegar a acuerdo con Aes Gener.

Álvaro Toro, abogado ambientalista del OLCA  y asesor a la Red, sostiene que la normativa ambiental “nos parece débil”, aún más si se considera que “la información que tenemos no oficial es que la SMA va a aceptar el Plan de Cumplimiento”. Y si a eso le sumamos que “este mismo superintendente, Cristián Franz, tiene hartas ganas de dilatar esto porque como sabemos que se mezcla con lo electoral, van a tratar de que no florezca mucho”.

En ese sentido, el dirigente Prior sostiene que el objetivo de la Red es la sanción del proyecto, y que “queremos la revocación del premiso ambiental y no dar ‘segundas oportunidades’, sino que, si Alto Maipo no es capaz de cumplir la ley, entonces que se retire del territorio, porque en Chile somos todos iguales ante la ley ¿o no?”.

Tres concejales y una parlamentaria

A la reunión asistieron tres concejales, un representante de la diputada Camila Vallejo (PC), dirigentes de la comuna e integrantes de la Unión Comunal de Puente Alto, además de miembros de otras organizaciones. Todos apoyan la gestión de la Red Metropolitana No Alto Maipo, tanto en la defensa ambiental como en el seguimiento que ha hecho al proyecto hidroeléctrico.

Los concejales coincidieron en la necesidad de apoyar el proceso social de resistencia tanto como lo administrativo de la SMA, porque están convencidos de que Alto Maipo está trayendo consecuencias nefastas para toda la región Metropolitana.

En ese sentido Maite Birke, concejala que en las últimas elecciones sacó la primera mayoría en san José de Maipo, expresó que seguirá participando de las estrategias ciudadanas pues “sé que va a producir mucho daño” y llamó a que quienes son autoridades trabajen de forma consciente.

Además, la edil explicó que la comunidad se ha visto tensionada por la presencia de Alto Maipo, ya que San José existe un problema de empleabilidad, “y cuando llegan estos megaproyectos ofrecen trabajo, pero, en este caso, de 4 mil solo 600 son para la comunidad, lo que equivale al 15%”. Y agrega: “No es que tengan a toda la comunidad trabajando, ganando plata y saliendo adelante, sino que es una cantidad pequeña de personas”.

Sin embargo, confiesa que ha estado conversando con algunos trabajadores de Alto Maipo y que “están con el corazón dividido, porque saben que lo están haciendo mal y que va a haber un daño al medioambiente”.

Por su parte, Orlando Vidal Duarte, concejal de La Florida, manifestó que “el proyecto Alto Maipo es un atentado a la naturaleza, a la vida y a la sobrevivencia de la ciudad”, y expresó que ha estado en la lucha administrativa, judicial y en la calle, “porque estoy convencido que es justa”.

El edil manifestó que “no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que este proyecto sí va a generar impactos negativos en un amplio sector del Cajón que todavía sigue siendo un pulmón para esta ciudad tan contaminada”, y agregó que Alto Maipo va a afectar a toda la Región Metropolitana, pues “el agua va a terminar siendo un tema de la ciudad”.

Si bien hace tiempo que ha manifestado su apoyo a la defensa del Cajón del Maipo, ahora Rosario Carvajal participó como concejala por Santiago, antes era presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. En la ocasión expresó que Alto Maipo “pone en riesgo el abastecimiento del agua de toda la Región Metropolitana”, por eso es necesario que desde Santiago la ciudadanía participe.

Carvajal explicó que este proyecto causará “un impacto para toda la región y el país y es inconcebible que un recurso vital como el agua esté en función de un proyecto hidroeléctrico”.

El acuerdo incluye la adquisición por parte de Goldcorp de un 50% de Cerro Casale y un 100% del proyecto Caspiche.

GoldCorp anunció este martes que suscribió un acuerdo con Barrick Gold Corporation con el objeto de aprovechar potenciales sinergias en el Cinturón de Oro Maricunga, ubicado en la Región de Atacama, a través de un joint venture dividido en parte iguales.

La transacción se llevará mediante una serie de acuerdos incluyendo: la adquisición por parte de Goldcorp de un 25% de participación en Cerro Casale y un 100% de participación en el proyecto de exploración Quebrada Seca, ambas de propiedad de Kinross Gold Corporation, en contraprestación a un pago inicial en efectivo de $260 millones; el otorgamiento, por parte de Goldcorp, de una regalía de un 1,25% sobre el 25% de los ingresos brutos obtenidos por ventas de metal proveniente de Cerro Casale y Quebrada Seca, renunciando Kinross a los primeros 10 millones pagaderos; un pago contingente de $40 millones, pagadero desde una decisión de construcción en Cerro Casale, y la asunción de una obligación de pago a Barrick ascendiente a $20 millones, pagadera con el inicio de la producción comercial en Cerro Casale.

La adquisición, por parte de Goldcorp, de un 25% de participación adicional en Cerro Casale, de propiedad de Barrick, en contraprestación a una obligación de pago diferido de $260 millones, a ser satisfecha mediante el financiamiento del 100% de los gastos en Cerro Casale; el otorgamiento, por parte de Goldcorp en favor de Barrick, de una regalía de 1,25% sobre el 25% de los ingresos brutos obtenidos por ventas de metal proveniente de Cerro Casale y Quebrada Seca; un pago contingente de $40 millones, pagadero desde una decisión de construcción en Cerro Casale; y la transferencia a Barrick de un 50% de participación en Quebrada Seca, seguida de la contribución conjunta por parte de Goldcorp y Barrick de un 100% de participación en Quebrada Seca al joint venture.

Además se contempla la adquisición por Goldcorp de Exeter Resource Corporation y el 100% del proyecto Caspiche de su propiedad ubicado en el Cinturón de Oro Maricunga en Chile, aproximadamente 10 kilómetros al norte de Cerro Casale, por un precio accionario de aproximadamente $185 millones (sobre una base totalmente diluida) y el aporte de Caspiche al joint venture, siendo un 50% de su costo de adquisición, o aproximadamente $85 millones, utilizado para reducir la obligación de pago diferido de $260 millones.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/goldcorp-barrick-anuncian-acuerdo-explotar-yacimientos-auriferos-chile/

La comunidad Atacameña de Peine, que desde el 2013 se ha opuesto al proyecto minero de extracción de cobre “Delfín”, protestan durante la mañana de este lunes afuera del Ministerio del Medio Ambiente.

El proyecto que ya fue rechazado en la Comisión de Evaluación Ambiental regional, busca ser aprobado en el Consejo de Ministros.

Los manifestantes reclaman que el proyecto minero puede afectar directamente el tema medioambiental y patrimonial del lugar donde habitan.

Sergio Cubillos, presidente de la comunidad de Peine, explicó a Radio Bío Bío que llegaron a Santiago para decirle no a la minera Delfín que quiere instalarse a 7,3 kilómetros al sur del lugar, afectando directamente la vida de sus habitantes.

“Esta minera pretende instalarse con piscinas de relave, piscinas de ácido y dañar nuestras aguas y aire, nuestra rutina, quiere afectar también nuestro patrimonio cultural que está entre cuatro a cinco kilómetros de esta minera”, dijo.

Asimismo, agregó que durante esta jornada en el Consejo de Ministros tienen la intención de apelar a que las autoridades los puedan escuchar.

Asimismo, manifestó que los daños directos respecto de la implementación de la iniciativa cuprífera a la comunidad, tienen relación con las vibraciones realizadas al momento de dinamitar, lo que afecta al patrimonio.

“Es un sector patrimonial que está hace miles de años, el cual también es frágil y las piscinas de ácido, cuando llueve en Peine los caminos quedan intransitables, un claro ejemplo es Collahuasi, y también nuestro sistema de vida donde nuestra principal actividad es la agricultura que es de lo que nosotros vivimos”, manifestó.

La marcha se realiza de manera pacífica y no ha complicado mayormente el tránsito ni tampoco el trabajo del ministerio durante esta jornada.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/03/27/comunidad-de-peine-protesta-afuera-del-ministerio-del-medio-ambiente-por-proyecto-minero.shtml

Barrick Gold intentó superponer dos cierres ambientales a través de dos servicios del Estado diferentes para abaratar costos del proyecto Pascua Lama. Sin embargo, en un juicio de dos años, la Corte Suprema dio la razón a la Junta de Vigilancia y obligó a la gigante del oro a seguir con el pago anual de 3 millones de dólares a la organización, y con la vigencia de las condiciones ambientales para el valle del Huasco. Las comunidades valoran el fallo, pues dejaba a todos los habitantes con menores resguardos ambientales.

La minera canadiense Barrick Gold ha continuado presionando a la comunidad del Valle del Huasco para dividirla, aún cuando Pascua Lama sigue detenido por graves incumplimientos ambientales que tienen al proyecto con procesos sancionatorios. La Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes, una de las organizaciones que hasta el año 2005 fue parte de la oposición al mega proyecto, ha recibido desde el año 2006, 30 millones de dólares.

Barrick solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que decretara el cierre temporal de Pascua Lama, pese a que el proyecto ya estaba paralizado. Así pretendía abaratar costos, ya que de aprobarse dicha solicitud, conseguirían por una parte reducir el cumplimiento de las exigencias ambientales vigentes en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y, por otra, dejarían de pagar los tres millones de dólares anuales convenidos con la Junta de Vigilancia conformada por los accionistas de agua del Valle del Huasco.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), irónicamente manifiesta que esta era “una leguleyada de la Barrick”, pues intentaba superponer resoluciones de cierre de faenas de diferentes servicios del Estado. Agrega que “es un cierre sobre un cierre, pero desde el punto de vista legal, es distinto”, pues estando paralizada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Barrick “no suspende la vigencia de los compromisos de la empresa, todo lo contrario”. Cuenca explica que, además de continuar entregando el monitoreo de glaciares, “también tenía que seguir pagándole los tres millones de dólares a la Junta de Vigilancia”.

Nicolás del Río, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes informó en una conferencia de prensa en Vallenar el nuevo golpe que le habían dado recientemente a Barrick Gold. El regante afirmó que la Corte Suprema, este 13 de marzo, les había dado la razón “al acoger por un fallo unánime (5-0) un recurso de protección interpuesto en contra del Sernageomin y la Compañía Minera Nevada (nombre de fantasía de la internacional canadiense en Chile), dejando sin efecto el Plan de Cierre Temporal del Proyecto Pascua Lama”, decretado el 29 de septiembre de 2015.

Sernageomin tuvo una conducta “arbitraria”

La historia del conflicto con Barrick Gold es larga. El año 2005, antes de que el ex Presidente Ricardo Lagos aprobara el proyecto Pascua Lama, la Junta de Vigilancia firmó lo que se conoció como el Protocolo de Acuerdo entre Barrick y la organización de regantes. Entre otras cosas, comprometía a la minera canadiense a desembolsar 60 millones de dólares en 20 años, entregados en cuotas de tres millones anuales. Esta fue una estrategia para dividir a los agricultores, principal grupo opositor al proyecto hasta ese año.

El acuerdo se cumplió hasta el mes de septiembre del año 2015 debido a que entonces el Sernageomin aprobó la solicitud de Barrick, mediante la Resolución Exenta N°2418, de acogerse a un Plan de Cierre Temporal.

Según la multinacional aurífera, de esta forma se hacía cumplir el párrafo quinto de la cláusula octava del Protocolo de Acuerdo, donde se sostenía que si las faenas de Pascua Lama se paralizaban por motivos económicos, podía cesar el pago de los tres millones de dólares anuales. Entonces, la Junta de Vigilancia presentó un Recurso de Protección contra esta resolución del Sernageomin, puesto que existían procesos pendientes en la SMA que hacían que el proyecto en la práctica ya estuviera detenido.

Si bien el recurso fue rechazado en agosto de 2016 por la Corte de Apelaciones de Santiago, en marzo de 2017 fue acogido por la Corte Suprema que declaró que el Sernageomin “se apartó del principio de imparcialidad” y que su conducta había sido “arbitraria”, dándole la razón a la organización de regantes.

Por eso, en la conferencia de prensa realizada el 20 de marzo recién pasado en Vallenar, Nicolás del Río, presidente de la Junta de Vigilancia, hizo un llamado explícito a los ejecutivos de Barrick “a concurrir con el pago de las cuotas suspendidas que tienen en una difícil situación a nuestra organización de usuarios”.

“Para Barrick este fallo es un golpe”

Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Guasco Alto, expresa que era “muy extraño” que el Sernageomin aprobara el Cierre Temporal del proyecto Pascua Lama cuando “la empresa estaba paralizada (anteriormente), con dos procesos sancionatorios abiertos por parte de la SMA”.

Para San Juan “la Junta de Vigilancia interpuso el recurso de protección porque, entre otras cosas, ponía en peligro el medio ambiente, pero también porque hay un tema de dineros con Barrick”. Agrega que quien más ganaba era Barrick, pues “el cierre temporal (del Sernageomin) le ayudaba a la empresa a ahorrarse mucho dinero”, ya que reducía significativamente el cumplimiento de las exigencias ambientales que están establecidas en la RCA.

Lucio Cuenca manifiesta que “el Sernageomin excedió sus atribuciones legales, pues debió haber considerado las condiciones ambientales del proyecto”. Además, afirma que este fallo beneficia a la comunidad en la medida en que “se restablecen los compromisos ambientales relacionados con la RCA”. Y espeta: “Para el conflicto, es una buena medida; para Barrick, este fallo es un golpe”.

Para San Juan, en tanto, este fallo “devela y demuestra que los servicios públicos están corruptos y funcionan para las empresas”.

Fuente:http://www.elciudadano.cl/2017/03/25/369423/la-ultima-leguleyada-de-barrick-gold-con-su-proyecto-pascua-lama/

Desde la compañía indicaron que «se sujetará a todas las instancias que disponga el Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo el proceso».

Este viernes y en fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por organizaciones ciudadanas y ordenó la realización de una consulta ciudadana sobre el proyecto de extracción de carbón de la mina Invierno, ubicada en la Isla Riesco, Región de Magallanes.

Teniendo en cuenta la normativa, el máximo Tribunal determinó que “debe otorgarse a los recurrentes la cautela requerida, en razón que, para la aprobación del proyecto “Incorporación de Tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en la Mina Invierno” es necesario se contemple un procedimiento de participación ciudadana”.

De esta forma, se consideró arbitraria la resolución de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por cuanto no abrió dicho proceso participativo.

Al respecto, desde Mina Invierno aseguraron que “es importante precisar que la decisión adoptada no cuestiona la calidad de los estudios que formaron parte de la evaluación ambiental, los que en su oportunidad fueron calificados favorablemente por los organismos técnicos competentes”.

“La Compañía se sujetará a todas las instancias que disponga el Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo el proceso de participación ciudadana y posteriormente implementar tronaduras como método complementario en la extracción de estéril”, agregaron.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/suprema-ordena-realizar-consulta-ciudadana-proyecto-minero-isla-riesco/

Comunidades del Valle del Huasco presentan recurso ante la Corte Suprema luego del fallo a favor de Pascua Lama que emitió el tribunal de Antofagasta. Según Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, este caso demuestra una confluencia de voluntades dentro del Estado para liberar las restricciones que el proyecto tiene para continuar.
El martes pasado las comunidades del Valle del Huasco apelaron ante el máximo tribunal chileno, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazara un recurso de protección que solicitaba una medida cautelar para resguardar los derechos de los habitantes del lugar, que han sido vulnerados por el impacto ambiental causado por Pascua Lama.

En la actualidad, la minera se encuentra cerrada temporalmente desde el 2013 por una orden de la Superintendencia de Medioambiente, ratificada por la Corte de Copiapó. Sin embargo, las localidades cercanas siguen siendo afectadas debido a la contaminación de los ríos y suelos.

Constanza San Juan, vocera de las Comunidades del Valle del Huasco, señaló que en junio del año pasado, producto de unas avalanchas, se rompió la Planta de Tratamiento de Aguas Contaminadas que la compañía Barrick Gold utiliza para limpiar los desechos que la minera dejó y que han perjudicado gravemente al río El Estrecho.
Después, en agosto, la planta volvió a operar, pero de manera incompleta y sin las medidas que había solicitado la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). “La misma que había sido destruida comenzó a funcionar solamente con la disponibilidad de un módulo operativo y sin la planta de osmosis, que es un segundo tratamiento. Y esto ocurre justo cuando la empresa viene diciendo desde hace dos años que las aguas están tan sucias que necesitan la fase de osmosis reversa”, explicó la vocera.

San Juan comentó que los informes emanados desde la propia empresa confirman la contaminación de las aguas del lugar. “Nosotros tuvimos los análisis que hizo la compañía, que al compararlos con la línea base de la RCA del año 2006, había superado todos los parámetros de contaminación en el punto más cercano a la población. A parte de ser contaminados en junio, también lo fuimos en agosto cuando la planta se echó a andar”, enfatizó.

Desde las comunidades acusan que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es irregular porque desconoce los argumentos que ellos presentaron. Además, advierten que el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA) aumentó arbitrariamente los índices mínimos de contaminación para que la compañía no fuera sancionada.
“La modificación de la línea base se reconstituyó el 2 de junio de 2016, justo en el momento en que se estaba desarrollando este nuevo desastre en Pascua Lama. Entonces, finalmente viene a ayudar a que la empresa no quede con otro hito de contaminación”, declaró la vocera, agregando que “el fallo se sustenta en que la empresa está cumpliendo la línea base de la nueva resolución que aplicó la RCA este año, pero si nosotros estuviésemos regidos por la RCA con la que fue aprobado el proyecto, esto habría sido un hito de contaminación como el del 2013 o más”.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló que la Corte de Antofagasta no hizo un análisis concienzudo sobre lo que realmente ocurre, basándose principalmente en la información que entregaron organismos que han sido cuestionados durante el proceso de fiscalización. Según el director del OLCA, “esto demuestra una confluencia de voluntades dentro del Estado para liberar las restricciones y los problemas que tiene Pascua Lama para continuar”.
Para Cuenca, la autoridad, junto a algunos tribunales, está buscando una manera de despejarle el camino al proyecto, reduciendo al máximo las incertidumbres de modo que Barrick Gold logre no solamente volver a explotar Pascua Lama, sino también conseguir un socio para hacerlo.

El director del Observatorio agregó que mientras se mantenga una comunidad movilizada y existan actores civiles que fiscalicen lo que está ocurriendo es difícil que el proyecto vuelva a operar.

Este año las comunidades cumplirán más de 17 años luchando contra Pascua Lama y exigiendo su cierre definitivo, debido a los graves daños que ha provocado en la salud de las personas, las plantaciones de los agricultores y el hábitat de los animales. Todo esto generado principalmente por el exceso de metales en los ríos.

La anulación del cierre temporal que la Corte Suprema esgrimió a Barrick Gold
En un fallo dictado el 13 de marzo, la Corte Suprema decidió revocar el cierre temporal de Pascua Lama, decretado por el Sernageomin en 2015. No obstante, esto no significa que la compañía pueda reanudar sus faenas, pues todavía está vigente la orden de la Superintendencia de Medioambiente.

Lucio Cuenca explica que esta resolución corresponde a un juicio paralelo al que están llevando las comunidades locales. Se trata de un recurso interpuesto por la Junta de Vigilancia del Río Huasco que agrupa a los regantes, es decir, a quienes tienen derechos de agua en dicho río.

Esta organización habría firmado un trato con Barrick Gold que permitió que el proyecto se viabilizara el año 2005. En ese acuerdo, la compañía se comprometía a entregarle tres millones de dólares anuales durante veinte años.

Cuando comenzó la crisis y el proyecto fue suspendido, la empresa, para dar tranquilidad a sus accionistas, comenzó a señalar que la suspensión de las faenas correspondía a una iniciativa propia, para lo cual presentó un plan de cierre al Sernageomin que fue aprobado el 2015. Esta medida le permitió a Barrick Gold dos cosas: dejar de pagar los tres millones y no cumplir con las obligaciones que tenía con la Resolución de Calificación Ambiental. Fue por lo primero que la Junta de Vigilancia del Río Huasco se dirigió a la Corte Suprema.

Según Cuenca, con esta acción lo que la compañía buscaba era evitar que el valor de las acciones se desplomara, dado que a nivel global, durante el 2013, cayeron en orden del 40 o 50 por ciento.

Fuente: http://radio.uchile.cl/2017/03/16/comunidades-acusan-irregularidades-en-fallo-a-favor-de-pascua-lama/

El hecho se registró al interior de la oficina del municipio, cuando el encargado de proyecto Oscar Valenzuela de la empresa comenzara a dar conocer la descripción de las obras y actividades que se desarrollaran en las actuales áreas ocupadas por la Operacion Mantoverde, las cuales se localizan a 56 kilómetros al Sureste de la esta comuna y a 40 kilómetros al Este de Bahía de Flamenco.

La exposición tuvo una duración de más de tres horas, en donde grupos ambientalistas y vecinos del sector del balneario objetaban cada una de las presentaciones que se exponían, indicando que se generaba un daño indirectamente hacia la flora, fauna y el medioambiente.

(Un grupo de vecinos protestaron mientras que presentaba la descripción del proyecto minero Mantos Cooper en Chañaral.)

Mientras que la empresa señaló que se realizan trabajos y monitoreo en el lugar, por lo que no produciría daños como algunas personas señalan algunos señalan. Por lo que se comprometió el día 8 de abril volver a reunirse nuevamente con los vecinos el balnearia Flamenco con una mayor cantidad de antecedentes al respecto para clarificar las dudas de los asistentes.

Debido al enojo de los vecinos, se debió desalojar la oficina donde se realizaba la presentación, por lo que se quedaron sólo los posibles afectados por el proyecto.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Vecinos de Flamenco, Nilsa Guzmán, quien tuvo un intercambio de palabras con una asistente, señaló que «la verdad que me molesta tanta mentira ellos saben que estan contaminando las napas subterráneas y que como junta de vecinos presentaremos las observaciones por escrito y quienes viven en este balneario le entregaremos un formato para que también presente sus observaciones», explicó.

Mientras que el director regional del Servicio de Educación Ambiental, Marcos Cabello, fue criticado por uno de los asistentes, quien dijo que «como funcionario publico debería guardar silencio, ya que parecía más defensor de la empresa que de los intereses medioambientales».

Y Marcos Cabello señaló que «es bastante dificultoso lograr llevar una gran concurrencia como la que estamos en este instante y todo esto está en la vida republicana de un diálogo, consenso y discusiones y que si éste no se hubiese logrado no tendríamos porque realizar estas presentaciones. Ahora bien, tendremos otro encuentro, ya que el proyecto tiene que cumplir con todas las medidas de impactos ambientales y que la comunidad solo tienen que hacer llegar a calle Yerbas Buenas 295 hasta el día 24 de mayo sus observaciones», indicó.

En tanto, el encargado de proyecto Oscar Valenzuela al consultarle sobre las interrupciones indicó que esperaban que esto ocurriera ya que no es primera vez que la gente de Flamenco tiene dudas sobre el proyecto, pero tendremos una nueva ocasion para verlo y será en los próximos días.

Y con respecto a si este proyecto podría tener un fracaso agregó que aún queda todo un año para poder subsanar si es que existieran observaciones, pero mantenía la confianza que cumplirán con todas las normativas ambientales.

Fuente:http://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2017/03/15/452314/Vecinos-protestaron-en-presentacion-de-proyecto-Mantos-Cooper-en-Chanaral.aspx?utm_source=Interna+Arriba&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Botones+Sociales

La empresa española Aguas Andinas también es cuestionada por los dineros entregados al mundo político.

Desde las 8 de la mañana del domingo 26 de febrero se cortó el suministro de Agua Potable en 33 comunas de la Región Metropolitana, debido a la turbiedad que mostraron las aguas del Río Maipo, obligando a la empresa distribuidora Aguas Andinas tomar esta medida.

Esta es la segunda vez en menos de un año que Aguas Andinas efectúa un corte tan masivo, con el agravante que este año la alerta se dio en horas de la madrugada lo que impidió que miles de personas estuviesen al tanto de la noticia y, por ende, despertaron sin el suministro de agua.

El gerente de la empresa de capitales españoles pidió comprensión a la ciudadanía e informó que no existe una hora específica para reponer el servicio. Así aseguró que trabajan para tener un suministro de agua alternativo, para evitar posibles problemas futuros.

El corte es muy similar al que se vivió en abril del año pasado, ocasión donde se emplazó a la empresa a invertir en soluciones que impidan que hechos de este tipo se repitan. En ese sentido, se anunció de un plan que recién en 2019 comenzaría a materializarse.

El Superintendente de Servicios Sanitarios, Rolando Bruna, aseguró “se van a evaluar los protocolos que usan las empresas”. Sin embargo, argumentó que los ajustes y las inversiones para mitigar los efectos del cambio climático “toman tiempo”.

El temor de las comunidades

Para las comunidades que habitan el Cajón del Maipo, este tipo de eventos van a ser cada vez más frecuentes, ya sea como aludes durante el verano o aluviones durante el invierno porque el país está en un contexto de cambio climático y particularmente la región Metropolitana, de acuerdo a diversos estudios, es la que más sufrirá estos efectos. En ese sentido recalcan que “el proyecto Alto Maipo hay que analizarlo desde ahí, desde el cambio climático”.

En ese sentido, María Jesús Martínez criticó que “el proyecto Alto Maipo, en su proceso de evaluación, no presentó estudios de cuál iba a ser su rol en este contexto de cambio climático, la autoridad tampoco lo advirtió, entonces, aquí hay una relación directa entre los eventos de hoy y el año pasado, con la construcción del proyecto Alto Maipo, porque, con el grado de intervención que tiene, que es altísimo, y por el lugar donde interviene, que es el sector de las altas cordilleras, acentúa los efectos del cambio climático en Santiago”.

La contaminación del pulmón verde de la Región Metropolitana es una preocupación constante para los vecinos, quienes denuncian el silencio de las autoridades: Para María Jesús Martínez, esto no tiene otra explicación que “el tráfico de influencias y la corrupción de este país, donde Alto Maipo es el claro ejemplo entre el maridaje de la política con el empresariado. Es un proyecto que, a todas luces, perjudica a la ciudadanía, sin embargo, el Gobierno le da todo el apoyo y los permisos necesarios”.

Aguas Andinas y sus vínculos políticos

La empresa española es otra de las cuestionadas en este puzzle, sobre todo al ser una de las firmas investigadas en los casos de financiamiento irregular de la política: Por sus oficinas han desfilado una larga lista de nombres que circula por la puerta giratoria que une lo público con lo privado.

Por ejemplo, Juan Eduardo Saldivia, militante DC y ex superintendente de Servicios Sanitarios trabajó en la empresa entre 1996 y 2006, entre 2010 y 2015 recibió $55 millones de pesos de parte de la española. A él se suman varios camaradas demócrata cristianos: Guillermo Pickering, ex subsecretario de Obras Públicas, recibió 35 millones en 2012; Clemente Pérez, también ex subsecretario DC obtuvo $46 millones en aportes; el senador Andrés Zaldívar, quién recibió 150 millones por lo que él justificó como asesorías de “seguimiento legislativo”.

A estos dineros se suman los $430 millones de pesos entregadas a tres sociedades del abogado Pedro Yaconi, yerno de Eduardo Frei y gestionador del comité de finanzas de la campaña presidencial de 2009.

Para la Unión Demócrata Independiente también hubo ayuda: $27 millones de pesos a una sociedad de Pablo Longueira y $53 millones a una empresa ligada a Laurence Golborne.

Además, la contabilidad de Aguas Andinas registra pago $422 millones de pesos a centros de pensamiento asociadas a todos los sectores políticos: $117 millones de pesos al Instituto Libertad, vinculado a RN; $72 millones a Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, al igual que la Fundación Jaime Guzmán que recibió $52 millones. Chile 21, ligado a Carlos Ominami, recibió $34 millones de pesos, mientras que Proyectamerica, relacionado a Ricardo Lagos, $66 millones.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2017/02/27/alto-maipo-y-aguas-andinas-las-responsabilidades-empresariales-que-se-cruzan-con-los-aluviones/

La moción ingresada por la organización hace menos de un mes, donde acusaban a sus antiguos defensores Ossa y Cía. de prevaricación, fue aceptada en tribunales y derivada a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. Los querellantes esperan que tras una nueva revisión, Andrónico y Jean Paul Luksic sean citados para esclarecer el pago de $3.100 millones que Minera Los Pelambres destinó a la firma de juristas en 2016, a cambio de finalizar la histórica batalla legal que ha enfrentado a la localidad de la Cuarta Región con la poderosa empresa metalera.

La querella por prevaricación que presentó el Comité de Defensa de Caimanes el pasado 13 de febrero, contra sus exabogados Ossa y Cía., finalmente fue acogida por el Poder Judicial y traspasada a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. El documento firmado por 12 pobladores acusa que la compañía de juristas, antiguos defensores del colectivo, actuó en contra de sus intereses al pactar el “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca” con Minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luksic.

La negociación se selló en abril del 2016 y, entre otros puntos, estableció que la minera pagaría $2.400 millones a Ossa y Cía. por concepto de honorarios y 700 millones por los gastos incurridos en juicio, válido por los ocho años que duró su defensa. A cambio, Los Pelambres exigió “llevar al término los juicios actualmente existentes”, lo que fue aceptado por parte de la comunidad mediante sufragio. Sin embargo, el colectivo se mostró reacio a firmar el acuerdo desde el primer momento y se apoyó en Esteban Vilches, su nuevo representante, para emprender la querella que fue aceptada.

Junto con cuestionar este pago, uno de los principales aspectos de la acusación se centra en la empresa que desembolsó la suma. Es por esto que en la parte final del escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se solicita que Jean Paul y Andrónico Luksic sean citados a declarar como testigos para esclarecer el trato acordado con Ossa y Cía., que derivó en el cese de todas las iniciativas legales emprendidas en contra de Pelambres.

LA DEFENSA DE LOS QUERELLADOS

Desde la compañía acusada, Sandra Dagnino define la iniciativa en su contra como “una creación de problema artificial”, y se defiende asegurando que todas las decisiones tomadas por la firma contó con el debido apoyo de la comunidad.

Considera, además, que los 12 querellantes están en búsqueda de una retribución económica y que los alegatos presentados responden a intereses personales, desconociendo el beneficio de la mayoría de la comunidad. Respecto al millonario pago, sostiene: “Hicimos un cobro de honorarios por 8 años de trabajo, donde pusimos todo lo que podíamos exponer a nivel personal, donde mantuvimos la causa, donde fuimos perseverantes en demandar agua y seguridad”.

Más allá de estas palabras, sus dardos apuntan al presidente del Comité, Cristián Flores, como un dirigente que volcó la defensa comunitaria hacia una personal de un momento a otro. “Este discurso es nuevo, es distinto. Hoy día está orientado a plata. Antes, cuando fue un luchador admirable, nunca habló de plata (…) Su planteamiento con el de Vilches, es que nosotros debimos haber atendido los intereses de 12 personas”, argumentó.

Por tanto, los integrantes de la compañía afirman que se sienten confiados respecto a la nueva etapa en que ha entrado el conflicto y el futuro actuar de Fiscalía: “Este proceso va a terminar estableciendo que hay gente que ha cometido delitos, y que no es Ossa y Cía.”

El actual abogado del Comité, Esteban Vilches, asegura que “el problema con Ossa es que de los $3.100 millones totales, 2.400 dicen que son de honorarios, que corresponderían a clientes, pero nadie sabe quiénes son ni sus contratos, por lo que se desconoce cómo llegaron a esa cifra. No tiene respaldo real, ellos dicen que tienen contratos con clientes pero nunca los han mostrado. En cuando al pago por los costes de los juicios, tampoco han demostrado cuáles son. No hay boletas ni transparencia”.

Su principal inconveniencia con el actuar de la firma, está relacionado a que -desde su punto de vista- el acuerdo pactado no favorece en ninguna medida a la comunidad de Caimanes. “Si Ossa y Cía. hubiese cobrado esa cifra, con un trato que fija 200 millones de pago a cada familia, estaría muy bien ganado. Pero lo negociado no alcanza para nada, (las personas) se gastarán los $28 millones que puso Pelambres dentro de un tiempo y ahí se darán cuenta que lo que firmaron nunca los favoreció”.

“Hoy día me querello en contra de los abogados porque son los que traicionaron a Caimanes”, finaliza.

EL ROL DE OSSA Y CÍA. EN EL CONFLICTO

La querella presentada por el Comité en contra de sus exabogados abre un nuevo capítulo dentro de la lista de polémicas que suma la compañía.

Desde su llegada en 2007 a la Cuarta Región, la misión de la firma fue guiar la batalla legal de toda la comunidad de Caimanes en contra de la poderosa empresa metalera. La defensa anotó una histórica victoria en octubre de 2014 cuando la Corte Suprema ordenó restituir el curso natural de las aguas del Estero Pupío, afectadas por el tranque de relave El Mauro emplazado por Minera Los Pelambres y considerado como “un peligro para la vida humana” por el máximo tribunal.

Si bien el magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, Jairo Martínez, resolvió demoler el muro de contención del tranque en marzo de 2015, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la orden el 8 de agosto del mismo año, bajo el argumento de que la reposición del cauce podía llevarse a cabo sin tener que desmantelar la edificación. Lo planteado por el juez Martínez, entonces, nunca se realizó, y de ahí en más la relación entre el Comité y Ossa y Cía. se desintegró.

Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo dejaron de representar oficialmente al Comité de Defensa de Caimanes en octubre de 2015, tras una irreparable “pérdida de confianza” por parte de sus exclientes, luego de que los abogados accedieran a negociar el referido “Acuerdo Marco” con Pelambres.

Tras la ruptura definitiva con el colectivo, Ossa y Cía. siguió representando a la población de Caimanes que no se cuadró con las demandas de la organización encabezada por Flores.

Con el apoyo del resto de la comunidad, tomaron las riendas del proceso de negociación del trato – el que contempló un presupuesto total de 24.700 millones de pesos, más un aumento de 30 millones de dólares si Minera Los Pelambres decidía construir un nuevo relave o bien, agrandar El Mauro- y llevaron a cabo una consulta ciudadana para determinar la adhesión a la propuesta.

La medición arrojó un saldo favorable para los intereses de los abogados y Minera Los Pelambres, aunque no cumplió con una premisa básica del trato: del 70% de quórum mínimo fijado, solo participó el 63,6% de la población habilitada para sufragar.

Tras la insistencia de la parte que votó a favor, que incluso envió una carta en enero de 2016 firmada por más de 400 personas para exigir el cumplimiento del acuerdo, un grupo de representantes legales de la empresa de Luksic y los “asesores legales de la comunidad” sellaron el pacto el 28 de abril del mismo año.

TESTIGOS PODEROSOS

Más allá de la responsabilidad que tuvo la firma en el cierre del acuerdo, la querella del Comité también apunta a la acción de Jean Paul y Andrónico Luksic como orquestadores del pacto. Para ganar esta pugna, aseguran, es necesario contar con sus testimonios en calidad de testigos.

Con la misma firmeza abordan la posibilidad de que la justicia así lo estime: “Yo no tengo muchas dudas de que vayan a citar a declarar a Jean Paul y Andrónico Luksic, por una razón simple: el acuerdo entre la minera y Ossa y Cía. es un muy importante para resolver un conflicto grave y que significa mucho dinero”, sostiene Vilches.

En tanto para el presidente del Comité, Cristián Flores, la relevancia de contar con los testimonios de ambos empresarios es “muy alta, debido a que ellos como dueños de la compañía deben estar al tanto del acuerdo que contrajeron”. Además, asegura que está confiado de que Fiscalía decida citar a los hermanos Luksic: “Nadie está por sobre la justicia y ellos no tendrían motivos para negarse a entregar una información tan relevante como esta”.

Desde Minera Los Pelambres, en cambio, definen esta pugna como una ajena al actuar de la empresa y planean mantenerse al margen hasta que sea estrictamente necesario.

Fuente:http://www.theclinic.cl/2017/03/09/fiscalia-alta-complejidad-investigara-acusacion-pobladores-caimanes-exabogados-millonario-acuerdo-empresa-luksic/

Ambientalistas solicitan a Contraloría revisar proceder del Ministerio Salud por no dictar norma que regule los niveles de arsénico respirable.

La organización Dunas de Ritoque solicitó a Contraloría General de la República que se pronunciara sobre el actuar del Ministerio de Salud, por eventual incumplimiento de deberes, luego que no se dictara una norma de calidad atmosférica para arsénico en la zona.

El 18 de abril de 1994 , el  Ministerio de Salud mediante el  D.S. N°477  dictó una   “Norma Primaria de Calidad del Aire para Arsénico”,  cuya duración fue de 4 meses,  la que  fue eliminada mediante  el D.S. 1364.  El Ministerio de Salud justificó  su decisión  de eliminar  dicha norma debido había que dictar previamente un Reglamento Específico para Elaboración  de Normas Primarias” señalando  que “una norma de tanta importancia como la de calidad del aire para arsénico debe ser dictada en el marco de las nuevas disposiciones legales permanentes”. No obstante  que este Reglamento fue publicado  el 26 octubre del año 1995, y que a la fecha  han pasado 21 años, el Ministerio de Salud todavía  no ha dictado la norma  arsénico.

El   Decreto Supremo N°  185 de año 1992,  decretó que el  Ministerio  de Salud  en un  plazo de  180 días debía decretar una norma  primaria de calidad para arsénico a nivel nacional con el fin de proteger la salud de la población, y que dentro de sus funciones y tareas, contempla la protección de la salu8d humana, para lo cual posee facultades políticas y programas.

El aire de Puchuncaví, Quintero, Calama, Copiapó, Tierra Amarilla   entre otras, contiene altos niveles de arsénico respirable emitido por fundiciones, los que  superan ampliamente  la norma máxima de  la Unión Europea y lo máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en el  año 2015 el límite máximo se sobrepasó en 23 veces en Puchuncaví, 13 veces en Quintero por lo que es urgente incorporar norma de calidad que proteja a la población.

Fuente:http://www.ucvmedios.cl/ucv-radio-noticia.php?nid=33809