Un acuerdo entre CORFO y SQM acaba de ser anunciado en Enero del 2018. En la primera parte, se analizan las consecuencias ambientales sobre el Salar de Atacama. En la segunda parte, se discuten el costo de oportunidad de ampliar una cuota de extracción sin valor agregado. En la tercera, se cuestionan las cifras de recaudación tributaria difundidas por CORFO. En seguida, se desmiente que el nuevo contrato era la mejor opción legal frente a la falta de alternativas para el Estado; allí se revela que CORFO volvió a colocar al mismo árbitro actual, a pesar que argumenta que éste es un impedimento para otras alternativas. Finamente, se sugiere una nueva Política Pública.

LA SITUACION AMBIENTAL.

Una primera debilidad del acuerdo es que no se hace cargo de la fragilidad del Salar de Atacama. Se le permite a SQM triplicar la cuota de extracción de Litio en el mismo Salar de Atacama sin haber un estudio hidrológico previo integral del Salar y a pesar de encontrarse acreditadas múltiples infracciones ambientales acreditadas mediante informes oficiales Mayores antecedentes sobre este tema se puede encontrar en la investigación de la Dra. Ingrid Garcés y de Sergio Mantilla para su tesis de Magister en Medio Ambiente del CREA.

El Salar de Atacama es un sistema ecológico que alberga vegetación y especies animales que dependen del agua. De allí surgen actividades económicas agrícolas importantes para la autosuficiencia alimentaria de los pueblos originarios y para el turismo. No es por tanto de extrañar la movilización en contra del Acuerdo por parte del Consejo de los Pueblos Atacameños.

El agua que se utiliza se encuentra en la salmuera que contiene el Litio. Hace unos meses ya se había acordado con Rockwood Litio triplicar la cuota de extracción sin tampoco un estudio previo. Entre estas dos empresas, había un tope de extracción de 135.000 toneladas, ahora, con estos dos acuerdos, la extracción en el Salar aumentaría a 570.000 toneladas.

De acuerdo a CORFO, los acuerdos que citamos no obstruyen las obligaciones ambientales de las empresas, incluso, los nuevos contratos, aparentemente las refuerzan. Sin embargo, la información de consumo de agua, seguirá a cargo de las mismas empresas. El Estado no cuenta con mediciones propias o de organismos independientes. Tampoco está en los nuevos contratos.

Asimismo, en el mismo Salar, gozan de derechos de agua gratuitos, otras grandes empresas mineras: Escondida y Zaldívar entre ellas. Fácilmente, entre todas podrían diluirse las responsabilidades. Sobre todo, considerando que cuando existen recursos naturales compartidos, existen todos los incentivos para una carrera olímpica por consumir el recurso antes que lo hagan los competidores.

Sin embargo, el Salar es un sistema ecológico integrado donde el sobreconsumo de agua en cualquiera de sus partes afectará a otra zona. Los estudios tienen que abarcar al sistema completo. Actualmente, sin línea de base, no hay argumentos que avalen mantener el actual ritmo de extracción y mucho menos multiplicarlo por tres. Parafraseando a Nicanor Parra, el acuerdo se hace sobre un Salar de Atacama imaginario.

GANANCIA IMAGINARIA.

Una segunda debilidad del acuerdo es la generación de valor agregado. Las 240.000 toneladas adicionales de materia prima entregadas a SQM, tienen un elevado costo de oportunidad. Por cada tonelada exportada de materia prima se pierde la oportunidad de multiplicar su valor en varias veces agregando valor de la materia prima. Como se trata de un recurso no renovable, esta pérdida es irremediable. A éstas 240.000, deben agregarse las 195.000 recientemente entregadas a Roockwood-Albermarlie, más las 135.000 ya entregadas en el pasado a estas empresas.

Curiosamente, a este proceso de ampliar la producción dilapidando recursos no renovables, vendiéndolos como materia prima, CORFO le llama “mantener el liderazgo de Chile en el mercado del Litio”. Mientras tanto, la provincia argentina norteña de Jujuy, tiene en funcionamiento un Centro universitario de alta tecnología para crear valor agregado cerca de sus Salares y un acuerdo para instalar una planta de baterías de Litio. El Gobierno de Bolivia tiene en operación una planta piloto de baterías de litio.

En lugar de promover acuerdos entre países productores vecinos para agregar valor, estimula una competencia perversa. Si otros grandes productores, imitando la política chilena, multiplicaran su oferta por tres, crearían un sobrante de materias primas que haría descender su precio Se trata de una invitación al suicidio colectivo de los países que detentan las mayores reservas: Chile, Argentina y Bolivia.

Es cierto que los nuevos contratos reservan un 25% de la venta de litio a productores que a futuro puedan generar valor agregado. Sin embargo, el país no tiene un plan de desarrollo industrial que a corto plazo, pueda garantizar la industrialización del Litio de ese 25%. Por mientras, el otro 75% de exportación de materia prima, ahora se transforma en un 75% multiplicado por tres con los nuevos contratos.

También es verdad que CORFO se encuentra en proceso de seleccionar a un grupo de empresas postulantes a ocupar ese 25% donde se creará valor agregado. Aunque a ellas muy poco se les exige. El Estado no participa en su Directorio, pueden emplazarse lejos del Salar de Atacama, no se pretende formar una cadena industrial entre ellas, no se conectan con la cadena que pretenden crear nuestros países vecinos. Con todo, en este 25% se puede resumir el avance en estos últimos cuatro años. ¿Cúal será la brecha de formación de valor agregado al año 2030 respecto a los países que se disponen a hacer grandes inversiones en la cadena en los próximos años?

Pero además, al firmar un contrato hasta el año 2030, la pérdida es creciente. En la actividad minera se parte por explotar los yacimientos de más fácil acceso y se van postergando los yacimientos más costosos. Esto significa que si el Estado pretendiera estatizar el Litio a futuro se encontraría con recursos desvalorizados. El grueso de la renta que proviene de yacimientos de menor costo, la capturan los primeros entrantes. Cuando el Estado pretenda hacerlo y además agregar valor, el costo de la materia prima y los avances tecnológicos de las empresas que agregan valor, será mayor.

En el intertanto, el país perderá la oportunidad de sacar valor a miles de toneladas de litio que se habrán dilapidado exportándolas como materia prima. Aquello se podría evitar apoyando una Empresa estatal de Litio que capture la renta de los yacimientos que están en manos de SQM y que mediante ella financie nuevas industrias.

Mientras tanto, nuestros países vecinos y otras naciones avanzan rápidamente en cada una de las etapas de la movilidad eléctrica, ninguna de las cuales se realiza en Chile. El Cuadro siguiente muestra estos segmentos. Para los próximos años estos mercados crecerán a una tasa exponencial ya que en las próximas décadas se pretende reemplazar totalmente los vehículos actuales por vehículos eléctricos.

Es decir, en el mundo comienza la cadena industrial de valor agregado donde en Chile termina, con el carbono y el hidróxido de litio, que deben ser refinados para ser parte de la primera etapa, la de componentes de celdas para baterías, la primera línea del cuadro de valor agregado.

IMPUESTOS IMAGINARIOS.

De acuerdo a CORFO, el Estado recaudaría una suma acumulada de cerca de US$9.000 millones de dólares con los nuevos contratos hasta el año 2030. Se trata de un monto tan importante que “se estaría recuperando el Litio para Chile”. Además una parte iría a parar a la Región extractiva de Antofagasta.

Sin embargo, la proyección tributaria de CORFO no parece verosímil. En la proyección de CORFO, se omiten los múltiples mecanismos que existen para eludir y evadir impuestos. La literatura técnica muestra que la minería es uno de los sectores privilegiados. En su alocución ante la Cámara de Diputados, el mismo Vicepresidente Ejecutivo de CORFO lo reconoce involuntariamente. Señaló que las diez empresas privadas más grandes del cobre actualmente tributan en conjunto no más de U$1000 millones de dólares al año, cifra que según este personero sería el valor a tributar en el nuevo contrato por una sola empresa: SQM. La primera cifra está basada seguramente en recaudación efectiva. La segunda, en recaudación teórica. En tal caso, ambas no son comparables.

CORFO no detalla cual es la base tributable del acuerdo. Solo se indica que depende del precio. ¿Se trata de un royalty sobre Ventas o de un impuesto sobre ventas menos costos? No hay un Proyecto de Ley que pueda aclarar estas dudas. Si fuera necesaria una Ley, habría que esperar las modificaciones que puedan hacer el Ejecutivo y el Parlamento; ya se cuenta con el ejemplo de la “cocina” que preparó la reciente reforma tributaria. Otro ejemplo, fue la reforma del año 2005. Esta otorgó un nuevo período de estabilidad tributaria por 12 o por 15 años según el caso, a cambio de someterse al Impuesto Específico a la Minería (IEM) de 5%. Sin embargo, el Estado rebajó la tasa adicional, que, es más gravosa que el IEM, sin que la opinión pública lo notara.

Tampoco aparece en la proyección tributaria de CORFO, el agotamiento progresivo de las reservas de aquí al 2030. Si bien, aparentemente Chile dispone de cerca del 40% de las reservas mundiales, las utilidades de SQM y el impuesto de primera categoría, deberían disminuir como resultado del aumento progresivo del costo de producción.

En realidad, mientras no se conozcan mayores antecedentes técnicos y las bases de la proyección CORFO no es posible validar sus cifras. Menos aun conociendo la conducta tributaria de SQM y los variados instrumentos con que cuentan las empresas mineras para minimizar el pago de tributos. Este punto se vincula a la conducta de los actuales propietarios, tema que se analiza a continuación.

NUEVOS DUEÑOS IMAGINARIOS.

CORFO argumenta que no existía la alternativa para el Estado de recuperar SQM. De acuerdo al Contrato vigente, el árbitro no impondría más que una modesta multa. Sin embargo, en el acuerdo actual, se opta nuevamente por dejar la solución de futuros conflictos, en manos de la misma entidad que actualmente oficia de árbitro por libre decisión de las partes: El Tribunal de la Cámara de Comercio de Santiago que regirá hasta el año 2030 (Ver CORFO, 2018, acápite 2C5).

Por otra parte, Ponce Lerou habría aceptado perder la Presidencia, perder el control y pagar una mayor tasa de impuestos a pesar que el Estado no con contaba con contratos que le favorecieran, según la versión de su Vicepresidente Ejecutivo de CORFO. ¿Cómo se justifica esta buena voluntad del controlador? Es la pregunta que hace la diputada Alejandra Sepúlveda al rechazar el acuerdo junto a otros 37 diputados que conformaron mayoría.

Parte de la respuesta la tiene la teoría financiera. El valor de una empresa es el valor de sus flujos futuros. En realidad, la sola expiración de la licencia significaba la agonía económica para SQM. Una empresa que depende de un producto que no podrá vender a futuro verá escapar a sus financistas, sean estos accionistas, proveedores, bancos, socios futuros. El precio de sus acciones depende de los dividendos futuros. Importantes recursos humanos, alianzas estratégicas también se verán afectadas.

Otra respuesta tiene el académico de la Universidad de Santiago, Roberto Mayorga (2018). Este Doctor en Derecho, señaló a Radio Cooperativa que las conducta de SQM » está condenada por la Constitución con la prohibición, intervención y confiscación de los bienes», y que «todo lo que ha hecho Soquimich y la CORFO es de nulidad absoluta, imprescriptible, porque es una violación constitucional».

Vale la pena recordar que en la larga de infracciones de SQM se cuenta: incumplimiento de impuestos, falsificación de lo exportado, venta de salmuera sin autorización, constitución de propiedades mineras encima de las que posee CORFO, constitución de Derechos de Agua que imposibilitan el cambio de concesionario, infracciones ambientales. A esta lista se agrega el cohecho a funcionarios públicos, la falsificación de boletas y la infracción a las normas laborales que motivó una carpeta en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una explicación de acceso público se encuentra en Daza (2017), Arellano y Carvajal (2016)

Por otro lado, resulta ingenuo suponer que con los nuevos Contratos se previenen las conductas ilícitas. Ni Ponce Lerou ha perdido el control ni tampoco ello garantiza gran cosa.

Si Ponce Lerou perdió el control de su empresa, esta sería administrada por lo que queda de los nuevos controladores que ya estaban en la propiedad y que tenían Directores. Resulta inverosímil suponer que el resto de los controladores desconocían larga lista de infracciones y que no podían hacer nada. Tan poco creíble como atribuir los manejos turbios en la directiva de la ANFP exclusivamente a la conducta de sus ex presidentes.

Finalmente, se puede dudar que Ponce Lerou vaya a perder el control de la empresa. Según el acuerdo, retendría cerca de un tercio de la propiedad hasta el año 2030. La literatura técnica, indica que este porcentaje es suficiente para seguir controlando la empresa. Existe la posibilidad para el dueño de conformar alianzas con otros propietarios de menor tamaño para influir en las decisiones estratégicas de SQM. Sobre todo si la propiedad restante se encuentra atomizada en pequeños inversionistas, lo cual es frecuente en Sociedades que transan acciones en Bolsa. Además, a nivel internacional, son frecuentes los acuerdos en vendedores y compradores a través de empresas relacionadas. Existe una extensa literatura sobre los precios de transferencia, triangulación de ventas, directores entrelazados.

UN MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO

En lugar de lo anterior, se sugiere una nueva política para el Lito:

1. Una evaluación hidrológica del Salar de Atacama por organismos independientes de las empresas para evaluar su capacidad máxima de explotación. En esta evaluación debería tener una participación importante el Centro especializado en Medio Ambiente de la U. de Antofagasta (CREA).

2. Dado el conjunto de ilegalidades en las que ha incurrido la empresa SQM, su licencia debe ser removida. Debe hacer cargo de sus yacimientos, una empresa del Estado., con lo cual el Estado podría capturar cerca un tercio de la producción y renta mundial de litio. El proyecto de ley fue presentado el 7 de Junio de 2017 en la Cámara de Diputados.

3. Con un porcentaje de las ventas del litio, el Estado debe financiar la inversión en plantas piloto de bienes industriales en la Región de Antofagasta. La principal aplicación del litio son las baterías y los cátodos de litio para baterías de litio. La tecnología es conocida. Por ejemplo, la Universidad de Antofagasta cuenta con un centro piloto donde se fabrican baterías de litio. Este centro puede trabajar en red con investigadores localizados en Chile, Argentina y en Bolivia (el ABC del Litio). Debería recibir financiamiento directo del Estado.

4. El Estado debe crear una empresa mixta para desarrollar parte creciente de la cadena de valor del litio. Esta empresa mixta debería estar coordinada con los Estados de Argentina y de Bolivia, que también poseen reservas de importancia mundial. Entre ellos cabe acordar una división de tareas a lo largo de la cadena de valor. Esta alianza ABC debe descansar sobre la Planificación Industrial conjunta de bienes que utilizan litio y también de bienes sencillos que necesitan baterías y cátodos de litio para baterías. Esto permitiría la venta de las baterías. La demanda final incluye las bicicletas eléctricas y las baterías para acumular energía solar en viviendas. Esta coordinación permitiría romper con las cadenas verticales integradas, especialmente asiáticas.

5. La empresa mixta podría incorporar capitales extranjeros de empresas ya instaladas en esta cadena que le puedan proporcionar acceso a los canales de distribución internacionales y asegurar el abastecimiento de algunas sustancias químicas que son parte de las baterías de litio ( separadores, aglutinantes, grafito para el ánodo, solución electroquímica) .

6. Las empresas participantes de esta alianza, deben establecerse preferentemente en el Norte de Chile, Norte de Argentina y Sur Este de Bolivia, es decir cerca de los Salares. Esto lograría descentralizar y diversificar las economías de estas regiones que actualmente dependen de pocos productos. En estas zonas existen las capacidades tecnológicas suficientes, gracias a la presencia de Universidades regionales que operan en conjunto con los países vecinos. Un espacio industrial de colaboración conjunto permitiría también fomentar un área de paz y amistad.

REFERENCIAS:

Arellano, Alberto y Carvajal Víctor (2016):”Litio Las escandalosas fallas de la Comisión de Energía Nuclear que beneficiaron a SQM”. Recuperado de:

http://ciperchile.cl/2016/03/10/litio-las-escandalosas-fallas-de-la-comision-de-energia-nuclear-que-beneficiaron-a-sqm/

CORFO (2018): “Bases de Conciliación Proceso Arbitral Corfo|Sqm”. Recuperado de: file:///C:/Users/INGECO/Downloads/Ppt+Consejo+12.01.2018+(FINAL)+ebc+16.01.2018.pdf

Daza, Mauricio (2017). “Novedades del caso SQM con Mauricio Daza YouTube”. Programa Cadena Nacional Canal Vía X. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=VnG0yXLU_-U

Garcés Millas, Ingrid (2018) “¿Está Chile preparado para mantener la actual extracción de salmueras que requiere la industria del litio?

Lebedeva, Natalia; Franco Di Persio y Lois Boon-Brett (2016): “Lithium ion battery value chain and related opportunities for Europe”. European Commission.

Mayorga, Roberto (2018). Entrevista a Radio Cooperativa en http://www.cooperativa.cl/noticias/economia/empresas/fisico-de-la-corfo-el-acuerdo-con-sqm-es-un-insulto-para-el-desarrollo/2018-01-28/145735.html

Fuente:  JAN CADEMARTORI, Doctor en Desarrollo Económico.

Escribe Julián Alcayaga O. – Economista y abogado – Febrero 2018
Desde hace 2 años el precio del litio aumentó casi al doble, pasando de menos de US$ 6.000 la tonelada de carbonato de litio, a más de US$ 11.000, que es el precio al cual lo ha exportado la minera chilena SQM, una de las tres principales productoras de este metal en el mundo.

Las proyecciones apuntan a un aumento de la producción y del precio del litio, en razón que en el mediano y largo plazo, en muchos países del mundo ya no se producirán autos convencionales, y solo se podrá circular en autos eléctricos, los que obligatoriamente usarán baterías en las que el litio será uno de sus componentes principales. Según el Wall Street Journal, en la actualidad los automóviles eléctricos representan solo 2% de las ventas globales, pero el año 2025 ese porcentaje alcanzará el 10% y 30% el año 2030.

Además de los automóviles, también ya se están produciendo buses e incluso camiones eléctricos, todo lo que augura una demanda creciente en las baterías de litio. La electromovilidad creciente del parque automóvil mundial, es en la actualidad el principal factor del aumento de la demanda y del precio del litio.

Si bien las baterías y pilas de litio, es el principal impulsor del actual crecimiento del consumo y del precio del litio, existen además, otros sectores de la industria que también utilizan diferentes derivados del litio, como es el caso de la industria del aluminio, de las cerámicas, vidrios, grasas y lubricantes, aire acondicionado, cauchos sintéticos y es conocido desde años el uso del litio en el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas.

Pero la carrera por apoderarse del litio comenzó hace más de 40 años, cuando se descubrió que el litio enriquecido o litio 6, podría ser muy importante en la posibilidad de crear plantas de fusión nuclear, sin la contaminante radioactividad, lo que vendría a solucionar definitivamente el problema de la generación eléctrica en el mundo. En diferentes países se desarrollaron proyectos experimentales, pero sin resultados comerciales, lo que hizo disminuir el interés por el litio en la década de los ochenta del siglo pasado

A partir de los años noventa, varios países comenzaron a elaborar un proyecto científico común, con el objeto de llegar a la fusión nuclear de carácter comercial. Después de algunos desencuentros respecto del lugar y país para la construcción del reactor y la planta, el año 2003, se llegó al acuerdo que este se construiría en el sudeste de Francia, en Cadarache.

Este proyecto se llama ITER, (International Thermonuclear Experimental Reactor), en el que participan la Unión Europea, EEUU, Rusia, China, India, Japón y Corea del Sur. Según las últimas informaciones, la planta ya habría alcanzado el 50% en su construcción, y esta podría estar operativa en la producción de electricidad a partir del año 2025.

Si el proyecto ITER llega realmente a funcionar comercialmente, el interés por el litio sufriría un salto cualitativo, por lo que, se podría sostener, que en el mediano y largo plazo, el litio tiene un futuro luminoso tanto en la demanda como en su precio.

Tanto el aumento de la demanda como del precio del litio, tienen una gran importancia para Chile, donde se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, en diferentes salares del norte de Chile.

Dentro de ellos, de lejos el más importante es el Salar de Atacama, donde se concentra una de las mayores reservas de litio del planeta, y además de las mejores por la calidad del salar, su rápida evaporación y su bajo costo de producción y de transporte. Las pertenencias mineras sobre el litio del Salar Atacama, desde 1977, pertenecen casi en su totalidad a Corfo, (Corporación de Fomento de la Producción) entidad del Estado chileno.

Por otro lado, a raíz de la importancia que se auguraba para el litio desde los años sesenta del siglo pasado, en las futuras plantas de fusión nuclear, la Junta Militar de Gobierno de Chile, en octubre de 1979, en virtud de su poder constituyente, dictó el DL 2.886, que en su artículo 5° dispuso lo siguiente:

“Por exigirlo el interés nacional, desde la fecha de vigencia de este decreto ley, el litio queda reservado al Estado”.

El mandato es claro, por exigirlo el interés nacional, a partir de ese momento, solo el Estado puede explotar el litio.

Posteriormente, el nuevo Código de Minería, de 1983, en su artículo 7° declaró que el litio no es concesible, y la Constitución de 1980, en el inciso décimo del N° 24 del art. 19, dispuso que:

“La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”.

La Constitución de 1980, dispone perentoriamente que solo el Estado o sus empresas pueden explorar, explotar o beneficiar los yacimientos con sustancias no concesibles, entre las que se encuentra el litio, con la sola excepción que se podrían otorgar concesiones administrativas o contratos especiales de operación, pero solo el Presidente de la República lo puede hacer, por decreto supremo.

En resumen: primero, desde 1977 los yacimientos de litio del Salar de Atacama pertenecen a Corfo entidad del Estado; segundo, desde 1979 el DL 2.886 reserva el litio al Estado; tercero, en 1983, el nuevo Código de Minería, declara no concesible el litio, que es similar a reservarlo al Estado; cuarto, la Constitución de 1980, establece que solo el Presidente de la República puede permitir que terceros otros que el Estado puedan explotar el lito chileno, mediante decreto supremo.

Es una verdadera coraza jurídica que defiende al litio chileno y en particular al del Salar de Atacama, que impide su explotación por empresas privadas nacionales o extranjeras. Además, nunca un Presidente de la República ha firmado un decreto supremo para otorgar derechos de explotación en el litio a alguna empresa privada, sin embargo, dos son las únicas empresas que en la actualidad explotan el litio en Chile, y ninguna es del Estado: Ellas son Rockwood-Albemarle, empresa estadounidense que lo explota desde 1980, y SQM, empresa de capitales nacionales y extranjeros, que lo explota desde 1993.

Que sean dos empresas privadas sean las únicas que exploten el litio, es un contrasentido y es inconstitucional e ilegal, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales que expusimos anteriormente.

Pasar por sobre la ley solo se puede hacer mediante contratos secretos fuera del alcance de la opinión pública, y porque a la vez deben existir enormes coimas para conseguir esos contratos. El secretismo y la completa ausencia de prensa independiente era la realidad con la dictadura militar, y ello hizo posible que en 1980, solo meses después que se reservara constitucionalmente el litio al Estado, se firmara un contrato entre Corfo y Foote Minerals Company, de EEUU, hoy Rockwood-Albemarle, para formar la “Sociedad Chilena del Litio Ltda.” –sugestivo nombre de chilena–, para explotar el litio del Salar de Atacama, sociedad en la que Foote tendría el 55% del capital, aportando tecnología e inversión, y Corfo quedaba con el 45% del capital, aportando 3.344 de su pertenencias en el litio del Salar de Atacama. El contrato era por la producción de 200 mil toneladas del equivalente de litio metálico, con vigencia hasta el año 2014.

Este contrato es ilegal, porque ya estaba vigente la reserva al Estado del litio, y por tanto Corfo no podía aportar pertenencias mineras reservadas al Estado, a una empresa privada extranjera, por más que Corfo participe en dicha empresa. Pero quién y cómo podría denunciar u oponerse a esta ilegalidad, cuando esta dictadura tenía a su haber miles de desaparecidos, miles de asesinados, y decenas de miles de presos y exiliados, todo lo cual se hizo también en la más completa ilegalidad y violación de los derechos humanos.

La dictadura terminó en 1990 y fue reemplazada por el gobierno de Patricio Aylwin, quien asumió en marzo de 1990. En lo que respecta al litio, se podría haber llegado a pensar que el contrato entre Corfo y Foote Mineral sería anulado, precisamente por ser ilegal e inconstitucional. Bien por el contrario, este gobierno democrático volvió a entregar el litio de manera ilegal e inconstitucional a otra empresa, Soquimich.

Soquimich era una empresa minera e industrial que explotaba salitre, yodo, potasio, bórax, etc. en el norte de Chile y que pertenecía al Estado, pero que en 1987 la dictadura la privatizó por un valor muy inferior a su valor comercial, en favor de Julio Ponce Lerou, yerno del General Pinochet, empresa a partir de la cual ha formado un verdadero imperio, aliándose con empresas extranjeras.

En 1993, Corfo le entregó en arriendo a Soquimich, llamada ahora SQM, sus pertenencias en el Salar de Atacama, para extraer el equivalente a 180 mil toneladas de litio metálico, con vigencia hasta el año 2030. Al ritmo actual de producción ya casi no le queda especio a SQM para completar la cuota de 180 mil toneladas, por lo que necesita obligatoriamente un nuevo contrato.

Ante el término del contrato con Rockwood-Albemarle, el año 2014, y el casi término del contrato con SQM por agotamiento de la cantidad autorizada, todo daba a pensar que por fin el Estado se haría cargo de la extracción e industrialización del litio en Chile, ahora que la demanda y el precio del litio no paran de crecer, y como en cierta manera lo está haciendo el Estado boliviano.

Pero nada de eso ha ocurrido por un lado porque “poderoso caballero es don dinero”, que consiguió a a fines de 2016 Corfo hiciera un nuevo contrato con Rockwwod-Albemarle para extraer 262 mil toneladas, hasta el año 2044. Y hace unas semanas se dio a conocer que Corfo concedía a SQM una nueva cuota de extracción de 350 mil toneladas, hasta el año 2030.

Varios parlamentarios, dirigentes sindicales y de organizaciones civiles se han manifestado completamente contrarios al nuevo contrato entre Corfo y SQM, sin embargo, nada han dicho respecto del nuevo contrato entre Corfo y Albemarle. No nos parece aceptable y más bien sospechoso que no se pronuncien contra el contrato con esta empresa estadounidense, y solo se opongan al contrato con SQM.

Fuera del hecho que es el dinero que ha conseguido estos nuevos contratos en los que Corfo entrega a empresas privadas nacionales y extranjeras, el litio que dictador Pinochet reservó al Estado, también existe una operación política a solo 2 meses que asuma el nuevo Presidente de derecha Sebastián Piñera, de esta manera liberarlo a él, del estigma de entregar a extranjeros lo que dictador Pinochet reservó para todos los chilenos.

Lo lamentable, es que esto se realiza en las postrimerías del gobierno de la “socialista” presidente Michelle Bachelet.

El análisis de la firma nace luego de la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente y el estudio de una opción de desarrollo minero subterráneo.
Jueves 08 de Febrero de 2018.- La resolución de clausura total y definitiva que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) decretó sobre el proyecto minero binacional Pascua-Lama reforzó la idea de la canadiense Barrick de explorar una alternativa de desarrollo subterráneo.

Por esto, y según comunicó la minera a través de un comunicado, está reclasificando las reservas probadas y probables de Pascua-Lama de aproximadamente 14 millones de onzas, que se basan en un plan de mina a cielo abierto, como recursos medidos e indicados.

Como resultado de este análisis y de la clausura de las actuales instalaciones, la firma realizará una pérdida contable de US$ 429 millones antes de impuesto.

Sin embargo, mantiene la esperanza de poder desarrollar el proyecto y reforzó la opción de asociarse con la firma china Shandong para seguir adelante con una iniciativa subterránea.

“La resolución no afecta la evaluación continua de la compañía de una operación subterránea de excavación en bloques de Pascua-Lama, que requeriría permisos adicionales y aprobaciones regulatorias tanto en Argentina como en Chile, independientemente de la reciente decisión de la SMA. En cualquier escenario subterráneo, Barrick también cerraría las instalaciones del sitio y las alteraciones de la superficie en Chile, que no son necesarias para una mina subterránea”, señaló.

Agregó que “un cambio a una operación subterránea resolvería una serie de inquietudes de la comunidad al reducir significativamente los impactos ambientales generales del proyecto, en comparación con una operación a cielo abierto”.

Recalcó que “además, una operación subterránea sería menos susceptible a los impactos en la producción relacionados con el clima durante el invierno”.

La iniciativa ya había sido sancionada por la SMA en 2013; sin embargo, el tribunal ambiental decretó que la agrupación de infracciones que se utilizó en el fallo no se ajustaba a la ley, por lo que instruyó un nuevo proceso en donde se considerara cada falta de manera independiente.

Así, y luego de años en tramitación, la Superintendencia del Medio Ambiente emitió su resolución que incluyó un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves. Asimismo, se aplicaron diversas multas a un total de 24 infracciones, las que sumaron US$ 11,5 millones.

Dos personas que se presentaron como abogados llegaron a la sede del Peñón de Semita, en la comunidad del río Colorado en el Valle del Limarí, región de Coquimbo, a informar a las personas de la Asociación de Comunidades Agrícolas del Limarí, que tenían que autorizar la instalación de plataformas de sondaje en su territorio a cambio de 10 millones de pesos.

Además, les dijeron que no tenían derecho a negarse, porque el Gobierno estaba apoyando las gestiones y la Dirección General de Aguas (DGA) tenía arrendada las aguas necesarias para realizar el cometido.

La situación causó extrañeza en algunos comuneros que hicieron averiguaciones, porque en la reunión les informaron además que el sábado 10 de febrero debían concurrir todos para firmar el contrato que posibilitaría los sondajes. Entre las irregularidades que hasta ahora han constatado los comuneros, figura el hecho de que es inviable que la DGA esté arrendando aguas, porque esa no es facultad del organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Además, los presuntamente abogados dijeron representar a las comunidades agrícolas, sin embargo la Asociación de Comunidades Agrícolas del Limarí, informó que la comunidad del río Colorado, no está afiliada a la organización y que no tienen antecedente alguno de abogados que estén trabajando para comunidades agrícolas, menos imponiendo una negociación, engañando y fijando unilateralmente las condiciones.

También en dicha reunión se informó que los sondajes que llevan tres años en la cordillera no han arrojado resultados concluyentes, lo que resulta sumamente extraño, porque en noviembre de 2017 se publicó en el diario El Montepatrino que se había suscrito el protocolo adicional específico para el Proyecto Los Azules, en el marco del Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina. Esto quiere decir que las autoridades chilenas y argentinas por solicitud de la transnacional minera canadiense Mc Ewen consideraron que había mérito suficiente para crear un distrito minero en la cordillera de Tulahuén, contrario a lo que expresaron los abogados en la reunión.

Por último, los vecinos indagaron con dirigentes de la Junta de Vigilancia de la cuenca del Río Grande, y se les informó que nadie se ha acercado a la Junta para solicitar permisos para sondajes en el Río Colorado, ni hay antecedentes de que algún canal esté arrendando aguas para una minera, por lo que sería falso que estén disponiendo, al menos legítimamente, de aguas para realizar faenas en la alta cordillera.

El sábado en la sede comunitaria del Peñón de Semita está fijada una nueva reunión, donde esperan que los comuneros y los vecinos del territorio aclaren la situación y no se dejen engañar por estas malas prácticas.
https://www.elciudadano.cl/mineria/denuncian-enganos-malas-practicas-minera-canadiense-valle-del-limari/02/09/

… y que operadores ambientalistas recibieron millonarias sumas de la minera
Una serie de irregularidades y dudas quedaron dando vueltas en el Valle del Huasco tras la firma del Memorándum de entendimiento entre Barrick Gold y comunidades diaguitas. ¿Cuánto dinero quedó? El Ciudadano presenta una lista con los gastos de 2014, donde aparece Alonso Barros y Patricio Rodrigo involucrados.
09/02/2018
El año 2014, Barrick Gold logró firmar un Memorándum de entendimiento con comunidades diaguitas del Valle del Huasco, cuya rúbrica creó una figura sui géneris en la fiscalización de la iniciativa minera de oro y plata Pascua Lama. La idea era que la transnacional canadiense entregara dineros a través del Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto (asociación creada por comunidades que firmaron el memorándum) que tenía la misión de administrar la plata, contratando consultoras y asesoría legal para la fiscalización del proyecto.

Sin embargo, tanto la firma del documento, como la utilización de los dineros, se manejaron con mucho celo. Tanto así que una vez que dieron término al contrato en 2016, los montos usados quedaron sin ser aclarados. Producto de este acuerdo, dirigentes del Valle del Huasco dieron cuenta del quiebre comunitario que produjo, además, denuncian que Barrick usó a comunidades diaguitas del Huasco.

El Ciudadano accedió a parte de los montos que Barrick entregó al Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto por medio de un archivo Excel que da cuenta de los pagos realizado por la empresa el año 2014, que ascienden en total al menos a $684.563.979 al Consejo Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto, y a $52.527.948 millones a Alonso Barros quien hizo de honorable componedor. Además, obtuvo otro documento que da cuenta de pagos entre septiembre y octubre a Patricio Rodrigo que ascienden a $173.275.351 millones de pesos y por último al el número de tres facturas comerciales donde se menciona a Patricio Rodrigo y Alfonso Barros (ligados al mundo ambientalista e indígena) y un archivo Excel donde se aclaran las cifras mensuales.

En la factura 7017029 por Asesoría Jurídica, Barrick (Compañía Minera Nevada Spa) pagó $26.263.974, el 6 de junio de 2014 al abogado Alonso Barros Van Hovell Tot Westerflier por honorarios de “amigable componedor PL–Diaguitas”. Con la factura comercial 7017692, la minera canadiense pagó $86.122.500, el 7 de octubre por los trabajos realizados a Patricio Rodrigo con las comunidades. Finalmente, la factura comercial 7017017, fechada el 4 de junio, de $163.079.436 del mes de mayo a la Asociación Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto, corresponde a la entrega de la segunda cuota a las comunidades según MOU (Memorandum de Acuerdo), y se describe como “CSR Due dilligence”.
“El negocio del vivo”

Para Sebastián Cruz, de la comunidad diaguita Patay Co, esta información es muy relevante pues esto se sabía, pero no tenían cómo demostrarlo, y recuerda que este memorándum de entendimiento entre Barrick y comunidades indígenas fue gestado por Alonso Barros, abogado cuestionado por realizar este tipo de convenios, y Lorenzo Soto, quien el año 2012 interpuso un recurso de protección contra la transnacional canadiense e intentó crear las condiciones para generar indemnización económica y como no le resultó por esa vía, también impulsó el memorándum de entendimiento.

Sin embargo, este memorándum fue supuestamente creado bajo fraudulentas condiciones, tal como denuncia Susana Campillay, quien no pertenece a comunidad alguna pero que asistió representando a su padre a la reunión de la comunidad indígena Placeta, justo el día en que presentaron el memorándum y solicitaron las firmas. Hoy tiene una demanda contra este Memorándum en Vallenar. “Ellos utilizaron mi firma, lo que fue un delito, porque gracias a mí y a tres personas más que firmaron dos veces en mi comunidad al momento de repartir el dinero, lograron reunir el quórum mínimo”, recuerda.

Campillay narra que el Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto ha sostenido que el dinero que Barrick entregó por concepto del memorándum“se ocupó en pagarle a la gente que estaba investigando lo que hacía y dejaba de hacer en Pascua Lama”. Entre ellos, estaba efectivamente Barros, que en el fondo hacía de mediador y Patricio Rodrigo, quien supuestamente iba a hacer un “trabajo muy selecto, con gente internacional, y el estudio que entregaron acá es para reírse… Entonces uno se pregunta, ¿para eso le pagaron a Patricio Rodrigo? No sé si es para reír o llorar”, sostiene Campillay.

La denunciante sostiene que este fue “el negocio del vivo”, porque en el fondo la plata era de Barrick pero la traspasaban a través de los diaguitas, “o sea, Barrick pagó y utilizó a las comunidades”, quien agrega que sospechaban que los montos eran más o menos los que se mencionan en los documentos recibido por El Ciudadano, pero nunca tuvieron ese documento. Por eso insiste en que a las comunidades diaguitas del Valle del Huasco fueron utilizadas “porque entraba plata a las comunidades y después se les pagaba a ellos (Soto, Barros y Rodrigo) y el asunto quedaba arreglado, y como ellos hicieron esto que las comunidades son totalmente autónomas, es poco y nada lo que se puede investigar. Hicieron muy bien el trabajo”, espeta.

Sin embargo, en los documentos recibidos por El Ciudadano no aparece mencionado Lorenzo Soto.
Memorándum de entendimiento

Este memorándum de entendimiento firmado el 2014 y que estuvo vigente hasta el año 2016, cuando Pascua Lama enfrentó el cierre temporal del proyecto, se manejó con mucho celo de parte de Alfonso Barros, Lorenzo Soto y las comunidades. La idea fue iniciada en las alturas de la ONU con James Anaya que al poco tiempo apareció como parte del directorio de Barrick Gold y proponía que las comunidades realizaran una supervisión del proyecto por medio de la entrega de dineros al Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto para contratar a consultoras y empresas que realizaran estudios y así pudieran fiscalizar el proyecto en las nacientes de la cordillera.

Así fue como llegó al Valle del Huasco a realizar una consultoría ambiental Patricio Rodrigo, quien en un principio se presentó como profesor titular de la Universidad de Chile, pero que por la rápida gestión de algunas comunidades y organizaciones del Valle del Huasco, fue desacreditado por el mismo rector de la Casa de Bello.

Sebastián Cruz, de la comunidad Patai Co, denuncia que fueron muy herméticos con este convenio y que incluso, en un momento fueron expulsados de una reunión, por lo tanto, “nunca tuvimos acceso a la información respecto a qué se hacía con el dinero de Barrick”.

Lo que sí percibieron, fueron los conflictos que se comenzaron a generar al interior de las comunidades derivados de la entrega de dinero. “Nos comentaban que se entregaban plata a los dirigentes por concepto de viáticos y diferentes cosas, entonces mucha gente integrante de las comunidades que estaban dentro del memorándum nos dijeron que estaban en desacuerdo, porque querían saber dónde estaban las platas”, expresa Cruz, quien agrega que “eso generó muchos problemas y al final, crearon este conflicto al interior de las comunidades que a la vez se fueron desintegrando”.

Esto lo reafirma Susana Campillay, quien asegura que las comunidades se rompieron y ya no se organizan. Lo que hacían antes, reuniéndose dos veces al año o en el Año Nuevo con la Fiesta de la Challa en febrero, ya no se hace. Porque “las comunidades quedaron quebrantadas”.

El memorándum se mantuvo de forma tan hermética que incluso Susana Campillay, representante de su padre en la comunidad de Placeta, logró obtener solo parcialmente el documento pues nunca le hicieron llegar los anexos. “Fue manejado totalmente oculto y nunca tuvimos acceso a las platas ni nada”, afirma.

Una vez que Barrick dejó de entregar el dinero al Consejo Comunal Diaguita del Guascoalto, “nunca aclararon qué pasó con el dinero entregado o si lo entregaron todo o si quedaron debiendo, nunca se aclaró”, expresa Campillay, quien también cuestiona la labor de CONADI de Copiapó, pues “no fue capaz de quemarse las manos por este tema”. Pese a que les informaron del menorándum, nunca ayudaron. “Nos dieron vuelta la espalda hasta el día de hoy”, dice y agrega que también pidieron ayuda a ciertos políticos.

Finalmente, Susana cree que tarde o temprano toda esta información va a salir a la luz, que las comunidades van a tomar conciencia y “van a tomar en serio lo que es cuidar su tierra y la Pachamama porque con la naturaleza no se juega”.

El Ciudadano intentó acceder a la versión del Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El ministro del Primer tribunal Ambiental fiscalizó las instalaciones que tiene la estatal para responder a la solicitud. Desde la empresa manifestaron que asumieron medidas.
09/02/2018
(El Mercurio de Calama) Por un riesgo o daño inminente al acuífero Pampa Puno como a la vega Sapunta, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), solicitó al Primer Tribunal Ambiental paralizar la extracción total de agua de los pozos 6B y 8B del proyecto “Suministro, Construcción y Operación Aducción de Agua Pampa Puno” que ejecuta Codelco para la división Ministro Hales.

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Tras segundo día de recorrido por La Higuera
Por Daniela Paleo el Vie, 09/02/2018, Crédito fotografía:Bastián Salfate
Durante este jueves el equipo del 1° Tribunal Ambiental de Antofagasta realizó un track marítimo por las bahías de Coquimbo. En la jornada se volvieron a escuchar, en un marco de respeto, las dispares voces del reclamado y reclamante en torno al proyecto minero portuario. Con esto se cumple la intención del tribunal de acceder a la mayor cantidad de información posible para dirimir el caso Dominga, en un plazo de 30 días a partir de hoy. Así, se espera que en marzo el tribunal dicte un fallo.

Una suerte de verdadero juicio público se ha llevado a cabo en la región durante el recorrido de los ministros del Primer Tribunal Ambiental, quienes están visitando la comuna de La Higuera como medida para mejor resolver el caso del proyecto minero portuario Dominga, que se encuentra en la etapa de sentencia en el tribunal, tras haber sido rechazado en dos instancias anteriores.

Y es que durante la segunda jornada de circuito, tal como sucedió el día miércoles, los ministros titulares Daniel Guevara y Marcelo Hernández se dieron el tiempo de escuchar con atención todos los comentarios que tanto representantes a favor como en contra, tenían que decir, como también de preguntarle al titular del proyecto (es decir Andes Iron, representado por el abogado Patricio Leyton), los comentarios y dudas que iban surgiendo a medida que avanzaban por el recorrido, que ayer jueves contempló un track marítimo por la ruta que harían los barcos que operarían en el puerto contemplado por Dominga, en el sector de Totoralillo Norte. Además de conocer la reserva de pingüinos de Humboldt en isla Choros y Damas.

MINISTROS LOGRARON ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN DEL CASO

Marcelo Hernández, ministro en ciencias del Primer Tribunal Ambiental, señaló durante la jornada de ayer, que gracias a los dos días de recorrido terrestre y marítimo, ya cuentan con la información suficiente para dirimir. “Si bien uno nunca podrá tener la información completa, con lo que hemos recabado hasta ahora, hemos mejorado muchísimo los datos que ya teníamos. La inspección de terreno potencia mucho el enfoque de diálogo con los actores”, dijo y agregó que con ello podrán tomar una decisión imparcial y en conciencia, dentro de los próximos 30 días.

SEGUNDO CIRCUITO DURÓ 9 HORAS

Lejos de ser un paseo recreativo, el circuito de los ministros titulares del tribunal ambiental se ha destacado por ser extenso y detallista. Así, ayer jueves las autoridades zarparon a las 9 de la mañana desde el Puerto de Coquimbo con dirección a Totoralillo Norte.

Daniel Guevara, presidente del tribunal, comentó que recorrieron la misma ruta de navegación que tendrían los barcos hacia el puerto de Dominga. “Son barcos de gran volumen por lo tanto deben navegar a un máximo de 10 nudos. Es lento para evitar cualquier tipo de riesgos. Hicimos la misma línea propuesta por el titular del proyecto en el estudio de Impacto Ambiental”, dijo y agregó que el foco para dirimir estará puesto en lo jurídico.

“Con ese fin pasamos por las islas Pájaro 1 y 2, tomamos fotografías y hemos hecho consultas a una profesional bióloga que nos ha acompañado”, aseguró Guevara.

Todo, con el fin de tomar una decisión lo más informada posible y dejar tranquilas a todas las partes, de que no se dejó ninguna arista fuera.

Por otro lado, uno de los eventos que alteró el orden de las actividades de ayer jueves fue una protesta de pescadores en Totoralillo Norte, quienes de manera simbólica, se acercaron al barco de la Armada que transportaba a los ministros, en botes pesqueros con banderas negras, para hacer sentir su rechazo al proyecto minero portuario.

Sin embargo, Román Muños, abogado representante de la caleta de pescadores de Totoralillo Norte y otros, (a favor de Dominga), comentó que la protesta había sido iniciada por personas que no habitaban en el sector donde se emplazaría la mina, situación que fue corroborada por Raúl Julio, pescador y habitante de la caleta desde hace 22 años.

Al momento de la protesta, y siguiendo la línea de espacio para expresarse, los ministros titulares le preguntaron a Julio sobre su realidad económica, quién afirmó que básicamente viven del loco, y que esa actividad “no les alcanza para cubrir gastos mínimos”.

El recorrido de ayer jueves incluyó dos paradas, una en Totoralillo Norte y otra en Punta de Choros. Fue un circuito marítimo que tomó cerca de 9 horas, y que incluyó desembarque en isla Choros y Damas.

LA LÍNEA DE BASE NO ES SUFICIENTE PARA EVALUAR PROYECTOS PORTUARIOS

Hay que destacar que durante el día trascendió información importante respecto del sistema que rige la institucionalidad ambiental, ya que los mismos ministros y el Servicio de Evaluación Ambiental admitieron que falta información global para aprobar mega proyectos que tienen impacto ambiental.

“Hoy el SEA ha reconocido que no existe un manual o guía con datos completos para la construcción de una línea base para el territorio marítimo, y nosotros como jueces tenemos que resolver algo sin ello, que hubiese permitido una definición en detalle en el trabajo que tiene que hacer un titular de un proyecto. Será una tarea compleja y de gran responsabilidad dar este fallo”, reveló Guevara.

Por otro lado, no está de más mencionar que el presidente del tribunal acotó durante la jornada, que si bien hay especies que efectivamente se verán afectadas por este proyecto, “la vida tiende a buscar el mejor lugar para desarrollarse y cuando los espacios tienden a ser utilizados por vidas, no solo puede haber una coalición con un barco y cetáceo, por ejemplo, sino que también hay una relación de mutualismo”, dijo.

En este sentido, explicó que si el proyecto se llega a aprobar, debe existir un plan de manejo que no signifique una afectación para la fauna y flora tanto marina como terrestre.

“Podrían incluso haber soluciones que no están en la historia escrita o científica, pero sí en la experiencia de las personas como un guardaparque, que conocen al revés y al derecho el mejor manejo de áreas”, relevó.

EMPRESA LLAMA A PONER EL FOCO EN EL SEGUIMIENTO

Otro de los cometidos que resaltó durante la jornada de ayer fue el llamado del representante de Andes Iron, Patricio Leyton, de poner el foco en el seguimiento del proyecto, y no atascarse en la línea base. “No debiéramos enfocarnos tanto en el proyecto como línea base sino en el seguimiento y cumplimiento de las medidas de mitigación y conservación del medio. Y aquí al mismo tiempo hay que saber reaccionar con tiempo”, señaló.

Leyton además aseguró que la mirada de Dominga busca un valor compartido.

Al igual que el día miércoles, la dinámica de los ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental fue escuchar todas las partes del caso, incluyendo a pescadores, la empresa y ONG como Oceana.

Hoy abogados y ministros dan cierre a visita inspectiva

Hoy viernes, en tanto, está programada para las 9:30 de la mañana una reunión privada entre los ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental y los abogados de las partes, es decir reclamado (SEA) y reclamante (Andes Iron), para dar cierre a la actividad inspectiva a La Higuera, que buscaba conocer con mayor detalle los alcances del proyecto minero portuario Dominga.

Según explicó Marcelo Hernández, ministro titular del tribunal, la reunión será de carácter formal para culminar la fase de entrega de información y poder comenzar así, de lleno con la etapa de sentencia, situación para la que las autoridades tienen 30 días para dirimir.

Según ha revelado Mauricio Oviedo, también ministro titular de la instancia legal, el dictamen en torno a Dominga estaría a más tardar durante el mes de marzo.

Recordar que después de eso, y si la resolución del tribunal es negativa para Dominga, la empresa tiene una última instancia de reclamación, que es ante la Corte Suprema. Este trámite suele extenderse entre tres a seis meses como máximo.
http://www.diarioeldia.cl/economia/tribunal-ambiental-asegura-que-tiene-informacion-suficiente-para-definir-futuro-dominga

En enero la autoridad ambiental había formulado 20 cargos en contra de la empresa. La propuesta presentada incluye mejoras en el transporte vía ferrocarril del preconcentrado de hierro y un nuevo depósito de relaves fuera del lecho marino.
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(Diario Financiero) Un plan de cumplimientos que acarreará fuertes inversiones presentó CAP ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a raíz de la formulación de 20 cargos por incumplimientos ambientales derivados de su producción de hierro en la zona de Huasco.

Entre los hechos cuestionados, la SMA hizo ver que la empresa estaba depositando relaves en el mar sin contar con la debida autorización ambiental.

Entre las medidas propuestas por CAP, se implementará un sistema de limpieza periódico de los carros del tren que transportan preconcentrado de hierro y, en primera instancia, se cubrirán, para luego ir avanzando hacia un tapado definitivo de estas unidades. Además, se implementará un programa para limpiar las vías por las que transita y sistemas para disminuir el ruido cerca de zonas pobladas.

También se ingresará un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para mejorar las condiciones de abatimiento de emisiones de una de las unidades de la Planta de Pellets, lo que en definitiva le permitirá emitir menos material particulado. En esta materia, también se presentará ante el Seremi de Medio Ambiente un programa para compensar emisiones.

Uno de los cargos de la SMA apuntaba a que CMP “se encuentra operando un sistema de depósito de relaves, que descarga dicho efluente en el mar, a 35 metros de profundidad, sin contar con la respectiva autorización ambiental”.

Ante esto, CAP señaló que ingresará al SEIA un plan de “cierre del sistema de depósito de relaves existente” en la bahía Chapaco. Esto se concretará dentro de los seis meses siguientes de que sea aprobado el programa por la SMA.

También buscará tener autorización ambiental de un nuevo depósito de relaves para la Planta de Pellets, según detalla el documento.

En Oceana, una de las denunciantes del caso, valoraron la acción aunque aseguraron que “no podemos esperar 24 meses para que esta medida se concrete, debe ser de inmediato”, señaló Javiera Calisto, directora de Campaña de Contaminación Marina de la ONG.

La propuesta debe ser aprobada por la SMA, trámite que puede demorar varios meses.

http://www.mch.cl/2018/02/08/cap-propone-la-sma-poner-fin-deposito-relaves-derivados-produccion-hierro-mar/

08/02/2018 Diligencias se prolongarán hasta mañana viernes y consideran también un sobrevuelo por toda la zona donde se pretende emplazar el proyecto minero.
(El Mercurio) Hasta la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, llegaron ayer los ministros del Primer Tribunal Ambiental, para realizar inspecciones en terreno en el marco de la reclamación realizada por la empresa Andes Iron y su proyecto minero portuario Dominga.

Los ministros fueron recibidos por el alcalde de la comuna, Yerko Galleguillos. Luego se trasladaron hasta el Rajo Norte, para inspeccionar el espacio donde se emplazaría la faena de extracción de mineral (principalmente hierro).

Observaron también la zona desde donde sería captada el agua y restituida al acuífero y vieron el tipo de vegetación y fauna presentes.

El abogado Fernando Roco, representante de la mesa comunal de La Higuera, indicó que “es importante que los ministros puedan conocer en terreno los alcances de este proyecto minero; todos hicimos exposiciones a favor y en contra, pero distinto es que ellos puedan conocer dónde estará la mina, el flujo que tendrá el material hasta el puerto de Totoralillo Norte, etcétera”.

El profesional indicó que es importante que los ministros puedan conocer, además, la realidad de La Higuera, que “es una comuna minera”, dijo.

El vocero de la mesa comunal de La Higuera, Jonathan Rojas, también destacó la importancia de que los ministros conozcan la zona. “La idea es que vean que la gente que está en contra del proyecto no es de acá, es gente que viene por el fin de semana y no vive el día a día como la gente nuestra, que necesita desarrollo, educación y progreso”, señaló.

“Nos parece fundamental tener plena apreciación de los hechos, no podemos aplicar el derecho de manera adecuada sin una revisión exhaustiva de los hechos con garantía de imparcialidad a todas las partes intervinientes, tal cual se ha dado en este primer día de la visita”, indicó el ministro, presidente del tribunal, Daniel Guevara.

La visita finalizó en la zona donde se busca construir el terminal de embarque de concentrado de hierro, la planta desaladora, captación de agua de mar y descarga de salmuera.

Desde el Valle del Huasco anuncian que evitarán que el proyecto se materialice: “Vamos a seguir luchando y resistiendo a cualquier empresa que quiera sacar el mineral”, dijeron a El Ciudadano. febrero 7, 2018
La transnacional canadiense Barrick Gold vuelve a la carga: ahora estaría negociando con la compañía china Shandong Gold para explotar Pascua Lama de forma subterránea. Esto luego de que las faenas del proyecto de oro y plata fueran cerradas por la Superintendencia de Medio Ambiente a mediados de enero. Ante la nueva opción, las organizaciones del valle del Huasco anuncian que continuarán con la oposición a cualquier proyecto que amenace las nacientes de las aguas.

“Vamos a rechazar el proyecto Pascua Lama y cualquier otro que esté en ese lugar que quiera sacar ese mineral, se llame como se llame y sea la compañía que sea”, espeta Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Guasco Alto, quien agrega que “vamos a seguir luchando y resistiendo a cualquier empresa que quiera sacar el mineral”.

Si bien, con el reciente acuerdo al que llegó Barrick con Shandong en Veladero, mina que está en Argentina, desde la Asamblea del Guasco Alto ya suponían que el acuerdo se podría repetir en Chile, la dirigente comenta que en el territorio ya se escuchaban estos anuncios, sobre todo los relacionados con el proyecto subterráneo. Sin embargo, señala que están en contra de que “se saque el mineral”, por cualquier empresa y “en las condiciones que propongan”, pues “para nosotros es muy importante defender la vida”.

Para San Juan esta negociación entre transnacionales del oro lo ve como un “contraataque” en el sentido que recién están celebrando el cierre definitivo del proyecto determinado por la Superintendencia de Medioambiente (SMA) y ya están pensando en cómo continuar. “Esperamos que con la cantidad de daño irreparable, incluso con riesgo para la salud, que ha quedado a la luz con la resolución de la SMA, el Estado y los gobiernos que vengan -aunque sea difícil-, no le den permiso a esta empresa criminal y no permitan que siga contaminando el valle del Huasco”, dice quien agrega que están conscientes de que todos los gobiernos “han ayudado a la empresa a que saque el mineral”.
Procuro no olvidarte

Ante el gabinete que asumirá el 11 de marzo presentado por Sebastián Piñera para su gobierno, en que, el ex Senador por la región de Atacama y nacido en Vallenar, Baldo Prokurica asumirá como Ministro de Minería, desde la Asamblea del Guasco Alto manifiestan que ven “con mucha alarma y preocupación su anuncio porque sabemos que es pro minera y pro empresa”, sostiene Constanza San Juan. Pero además, dan a conocer antecedentes que manejan en la zona respecto a “que se hizo de tierras de manera poco limpias en Chañar de Aceituno, y que después vendió a empresas que generan energía eólica y que era algo que las comunidades no querían en su territorio”, sostiene la vocera.

Por eso, la dirigente sostiene que “por algo lo pusieron a él de Ministro, porque en la Región de Atacama, tienen en carpeta grandes proyectos mineros y obviamente su tarea será agilizar y viabilizarlos”.

En definitiva, San Juan manifiesta que saben con quién están tratando, por lo que “solo nos queda seguir luchando”.
Operación subterránea

En un comunicado difundido por la transnacional canadiense, Barrick Gold, sostienen que la operación subterránea reduciría significativamente los impactos ambientales del proyecto en comparación con un rajo abierto, pero que además, “sería menos susceptible a los impactos de producción relacionados con el clima durante la temporada de invierno”, se lee en el comunicado.

Por ahora, Barrick tiene 30 días hábiles desde el cierre definitivo dictaminado por la SMA. De todas maneras, este proyecto subterráneo que anuncian desde Barrick deberá iniciar un nuevo proceso de evaluación ambiental para conseguir los permisos respectivos.

Por Javier Karmy Bolton