El director de la DGA Oscar Cristi señaló que se duplicará con creces las denominadas zonas de prohibición este año de 30 a por lo menos 70.
22/02/2019
(Pulso) En una respuesta tardía a la caída de los niveles de agua dulce en las zonas desérticas, Chile busca proteger un recurso natural que se ha desgastado tras décadas de actividad minera.

En medio del aumento de las quejas de comunidades locales y el empeoramiento de los efectos del cambio climático, el mayor productor mundial de cobre planea implementar medidas que dificultarán a las mineras el bombeo de agua dulce.

La Dirección General de Aguas duplicará con creces las denominadas zonas de prohibición en todo el país este año de 30 a por lo menos 70, según su director general, Oscar Cristi. No se pueden otorgar nuevas licencias dentro de las zonas de prohibición y cualquier extensión de los permisos existentes deberá ser aprobada por autoridades ambientales.

“Hay áreas donde hay minería que van a estar dentro de las nuevas zonas de prohibición”, explicó Cristi, quien declinó identificar las áreas para evitar posibles especulaciones sobre los derechos de agua. “En algunos lugares, las mineras pueden extraer más que el nivel de recarga y eso amenaza la sustentabilidad del acuífero”, añadió.

El desierto de Atacama en el norte del país, el lugar más árido de la Tierra, alberga algunas de las minas de cobre y litio más grandes del planeta. Si bien ocasionalmente se ve azotada por lluvias intensas e inundaciones, la región se ha vuelto más seca en las últimas décadas, según la DGA. Al mismo tiempo, se espera que la demanda de agua de las mineras aumente a medida que disminuyen las leyes de los minerales, lo que obliga a procesar más material para mantener los niveles de producción.

En respuesta, las mineras construyen grandes plantas desalinizadoras y se espera que el uso de agua de mar se triplique de aquí a 2029, según el pronóstico más reciente de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Pese a eso, el uso de agua dulce en las minas gigantes del país crecerá un 12% para 2029, agregó Cochilco.

El plan de la DGA para incrementar las áreas de protección del agua es parte de una reforma de mayor alcance que incluye la realización de estudios independientes para determinar los niveles de agua en 10 cuencas distintas. Por el momento, la agencia depende de la información contenida en los informes de empresas a la hora de otorgar los derechos de agua.
Caso complejo

Esto ha demostrado ser un desafío en Atacama. La mina de cobre más grande del mundo, Escondida de BHP, y Zaldívar de Antofagasta solicitan extensiones de permiso para bombear agua desde el sur de Atacama. Más al norte, las dos principales mineras de litio, Albemarle y SQM también extraen agua dulce y lodo rico en litio desde debajo de la llanura salada.

“Este es el caso más complejo que tenemos en este momento”, admitió Cristi. “Es importante que Escondida y Zaldívar puedan ajustar sus niveles de extracción actuales si quieren continuar operando dado que la disponibilidad de agua en el acuífero no es suficiente para permitir los niveles de extracción actual”, indicó.

Escondida, que cuenta con permiso para extraer 1.400 litros por segundo, promete reducir la tasa a 640 litros desde 2020 y hasta 2030, según documentos oficiales. BHP quiere dejar de usar agua fresca en Chile para 2030 y el año pasado inauguró una planta desalinizadora de US$3.400 millones que extrae agua de mar a 3.000 metros sobre el nivel del mar hasta la mina Escondida.

BHP declinó comentar sobre el estatus de su solicitud para extender permisos de agua.
Sin plan B

El caso de Zaldívar es diferente porque no tiene un plan de contingencia. La mina tendrá que cerrar si no se renueva su licencia de agua, aseguró la compañía en un correo electrónico. La mina está en los últimos años de vida útil y probablemente dejará de producir en 2029. La licencia actual le permite a la empresa sacar 500 litros por segundo hasta 2025 y Antofagasta solicitó permiso para bombear 213 litros por segundo hasta 2029.

Los niveles de agua en los salares de Atacama son ahora más bajos que antes de que comenzaran las operaciones mineras hace décadas, afirmó Cristi. Si las compañías reducen su consumo de agua, las cuencas podrían recuperarse a niveles previos a la actividad minera en 2040, según cálculos de la DGA.

Las comunidades locales no están de acuerdo y piden al gobierno que rechace las solicitudes de las compañías para seguir extrayendo agua. El Servicio de Evaluación Ambiental detuvo el proceso evaluativo de Escondida y Zaldívar mientras estudia los informes de las empresas y las comunidades locales. Al final del proceso, un comité técnico que incluye a la DGA someterá a votación las extensiones de licencia.

“Cada compañía tiene un modelo hidrogeológico diferente y todos están diseñados para echarle la culpa a la minera de al lado si bajan los niveles de agua”, explicó Felipe Lerzundi, abogado que representa a la comunidad de Coyo en el proceso. “Los humedales se secaron, el medio ambiente fue dañado. Para los salares y las comunidades locales ya es demasiado tarde”, indicó.

http://www.mch.cl/2019/02/22/direccion-aguas-restringira-derechos-las-mineras-operan-norte/

Se determinaron 18 hechos de infracción contra la empresa, 11 de ellos clasificados como graves. La minera podría ser objeto de revocación de la RCA, clausura temporal o definitiva, o de una multa de más de $35.938 millones.

Publicado el 19 de febrero del 2019
MINERÍA CHILENA
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de SCM Lumina Copper Chile S.A., por infracciones a las disposiciones establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), tanto del proyecto minero Caserones, como de la línea de transmisión eléctrica necesaria para el desarrollo del mismo.

Según comunicó la SMA, este procedimiento sancionatorio incorpora una serie de denunciantes que informaron a la Superintendencia respecto de incumplimientos en que habría incurrido el titular, sobre distintas materias. Entre ellas, destacó la sobre-extracción de aguas en pozos autorizados para la remediación de infiltraciones de aguas de contacto desde depósitos de relaves, la construcción y operación de pozos no autorizados para el mismo fin, la no entrega de aguas desaladas en el caudal comprometido en Caldera y en el canal Mal Paso, entre otras.

“Adicionalmente, la formulación de cargos considera infracciones asociadas a la falta de respuesta a requerimientos de información y cumplimiento parcial de medidas dictadas por esta SMA, con ocasión del primer procedimiento sancionatorio a que fue sometido la empresa (http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Ficha/61), y respecto del derrame de lamas ocurrido con fecha 20 de marzo de 2018″, indicó la autoridad.

A estos cargos se agrega la construcción de zanjas cortafugas de los depósitos de relaves, “sin cumplir con las condiciones establecidas en la evaluación ambiental del proyecto, lo que implicó una infiltración permanente desde esa obra, lo que causó un daño ambiental al acuífero del sector”, añadió.

18 hechos, 11 graves
El procedimiento sancionatorio determinó 18 hechos de infracción contra la empresa, de los cuales 11 fueron clasificados como graves y 7 como leves, por lo que la minera podría ser objeto de revocación de la RCA, clausura temporal o definitiva (en el caso de las infracciones graves) o de una multa de hasta 62.000 unidades tributarias mensuales (UTA), equivalente a más de $35.938 millones.

Tras la notificación de esta formulación de cargos, SCM Lumina Copper Chile S.A. tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos respectivos.

Para acceder a los detalles de la formulación de cargos en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA): http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Ficha/1851.

http://www.mch.cl/2019/02/19/sma-formulo-cargos-contra-scm-lumina-copper-chile/

Cómo minera Los Pelambres destruyó gran parte del patrimonio diaguita
Michael Lieberherr & Lila Osorio
15/02/2019
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Tranque de relave El Mauro. Imagen extraída de Minería Chilena.

Con el fin de obtener los permisos para construir el relave minero más grande de Sudamérica, la empresa del Grupo Luksic manipuló estudios arqueológicos. Expertos afirman que se trata de la mayor pérdida de patrimonio precolombino en Chile, a pesar de que la compañía construyó un pequeño museo en que se alojan algunos objetos rescatados.

El valle de El Mauro, en la región de Coquimbo, se extiende de mar a cordillera a la altura de Los Vilos, y corresponde a una zona de asentamiento diaguita, uno de los pueblos precolombinos de Chile, quienes tienen presencia en el lugar desde el año 900 d.c. El valle se caracteriza por ser el lugar donde este pueblo andino plasmó uno de sus mayores legados: una serie de más de 2.700 petroglifos dispuestos en casi 500 lugares diferentes, que resultan clave para la comprensión arqueológica e histórica de su pasado precolombino.

A 25 kilómetros de Los Vilos, hacia la cordillera de los Andes, se ubica El Mauro, una localidad homónima al valle, que hoy sirve de base para la operación del relave del mismo nombre. En este lugar se depositan los deshechos tóxicos de Minera Los Pelambres del Grupo Luksic, que es también donde se concentra buena parte de todo el patrimonio de petroglifos diaguitas.

La historia parte en 2003, cuando Los Pelambres intentaba que fuera autorizada la construcción del tranque El Mauro, para lo que se comprometió -entre otras cosas- por medio de una resolución de calificación ambiental de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de La Serena, a construir un parque rupestre, donde se albergarían todas las piezas arqueológicas encontradas en la zona en la que se construiría el tranque. Este lugar, además, debía estar acondicionado para el estudio antropológico y arqueológico de las piezas.

“Los elementos arqueológicos rescatados desde los sitios intervenidos por el proyecto […] serán exhibidos en el parque rupestre que el titular ha propuesto construir en el fundo Monte Aranda. Dicho parque estará acondicionado con la antelación necesaria para recibir el material arqueológico procedente de los rescates, permitiendo su estudio en gabinete y poder planificar la exhibición de los materiales en condiciones apropiadas”, se afirma en el documento de compromiso.

Lo que no podía ser trasladado era un conjunto de más de 200 petroglifos diaguitas que se encuentran solo en los alrededores de la localidad El Mauro, los que están protegidos desde 1970 bajo la categoría de monumentos nacionales.

Se fue llenando de mercurio, arsénico, plomo y sales de cianuro, entre otros componentes tóxicos, en la misma medida en que se vaciaba de petroglifos la zona.

Sin embargo, el gran problema es que este parque fue creado con una tardanza de 14 años e incumpliendo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Además, hay un segundo museo -que también incumple la RCA- que se está construyendo en La Serena, a 300 kilómetros de distancia, lo que significó terminar sacando de El Mauro las piezas arqueológicas diaguitas encontradas, las que, a su vez, en todo ese tiempo, sufrieron irreparables daños, al punto en que hoy no se sabe a ciencia cierta ni siquiera cuántas son.

Lo que sí se construyó en 2004 fue el tranque El Mauro, el más grande de Sudamérica, con un muro de 1,4 kilómetros, una superficie de 1.800 hectáreas y una capacidad de 1.700 millones de toneladas, la que se fue llenando de mercurio, arsénico, plomo y sales de cianuro, entre otros componentes tóxicos, en la misma medida en que se vaciaba de petroglifos la zona.

Arqueólogos en la planilla de pago de Pelambres

Apenas se enteró que el arqueólogo Gastón Castillo, en ese entonces funcionario de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) de La Serena había sido contratado por Los Pelambres para levantar la información patrimonial de la zona y después emitiera un informe favorable a la edificación del tranque, el arqueoastrónomo Patricio Bustamante decidió intervenir. Llegó hasta la zona de relave y constató que hay una serie de petroglifos que no están en el informe.

“En 10 minutos vimos 10 petroglifos. Si no estaban contabilizados, quiere decir que el mapa del informe estaba mal. Hicimos junto a otro arqueólogo la denuncia al Consejo de Monumentos, el cual exigió hacer un nuevo estudio”, cuenta Bustamante.

El problema escaló a Contraloría, pues desde 1997 Castillo venía realizando trabajos esporádicos para la minera, en circunstancias en que era funcionario público, lo que representa un claro conflicto de intereses. Así lo corroboró el órgano contralor en agosto del 2010, tras recibir una carta de Bustamante, que denunciaba que el trabajo de la minera incumplía la RCA, lo que le valió a Castillo un sumario, que culminó con su renuncia voluntaria a la Dibam y una anotación de demérito en su hoja de funcionario público. Estas anotaciones son aquellas que dejan constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario reprochable.

Desde 1997 Gastón Castillo venía realizando trabajos esporádicos para la minera, en circunstancias en que era funcionario público, lo que representa un claro conflicto de intereses.

El informe de Contraloría no solo mencionó el caso de Castillo, sino que también el de Cristián Becker, quien también trabajó en paralelo en la Dibam y para Pelambres, a quien se sancionó con la disminución de su sueldo y también una anotación de demérito.

El caso llegó hasta la misma directora de la Dibam y vicepresidenta del Consejo de Monumentos Nacionales de entonces, Nivia Palma, quien la Contraloría en otro informe de 2012 sancionó con puntos de demérito por no ejercer ninguna acción teniendo la información del caso. “A doña Nivia Palma Manríquez, Directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y Vice Presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, RUN N° 7.441.543.-1, la medida disciplinaria de censura y una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente, establecida en los artículos 121, letra a), y 122 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo” señala el informe de contraloría.

Por su parte Palma, que fue directora de la Dibam entre 2006 y 2010, se defiende. “Esta situación habría ocurrido en el proceso anterior al que yo era directora de la Dibam, y al final tuvo algunas sanciones por parte de la Contraloría. La persona [Castillo] se fue de la Dibam”, dice. Años después, en 2016, fue designada como ministra de Bienes Nacionales

100 arqueólogos y una nebulosa

Como el informe de Castillo no era útil y se requirió un segundo, Los Pelambres contrató a más de 100 arqueólogos y cerca de 150 estudiantes de arqueología para realizar un nuevo estudio. El proyecto se desarrolló entre los años 2005 y 2006, y es denominado en la página web del Parque Rupestre Monte Aranda como el “mayor rescate de piezas arqueológicas de la historia de Chile”, con más de 100 sitios arqueológicos distintos y unos 500 petroglifos

Pese al hallazgo, no hubo un nuevo estudio de impacto debido a que el proyecto ya estaba aprobado en la RCA-038 y para realizar uno nuevo debían presentar de nuevo el proyecto. Así, la construcción del relave continuó su marcha sin inconvenientes.

“Es un sitio que no puede ser alterado porque no sabemos interpretarlo, nadie sabe qué significan los petroglifos. Con qué derecho destruimos cosas que no sabemos», dice el arqueoastrónomo Patricio Bustamante.

“Es un sitio que no puede ser alterado porque no sabemos interpretarlo, nadie sabe qué significan los petroglifos. Con qué derecho destruimos cosas que no sabemos. Aquí llegaron seres humanos que nos dejaron algo escrito, y antes de leerlo lo estamos destruyendo. ¿Qué van a hacer los arqueólogos del futuro? Se van a sentar a leer los libros que estaban mal hechos”, dice Bustamante.

Además, el estudio de los arqueólogos sufrió bastantes complicaciones en su desarrollo, la mayoría surgidas porque las instalaciones comprometidas en Monte Aranda no estaban construidas cuando comenzaron con la remoción de piezas arqueológicas, lo cual contravino los compromisos contraídos. Ante ello, Patricio Bustamante escribió cartas a la contraloría.

De tal modo, la falta de un espacio adecuado de acopio y preservación llevó a que las piezas arqueológicas se guardarán en lugares que no cumplían con las condiciones mínimas, lo que significó un daño para diversas piezas arqueológicas y eventualmente la pérdida de algunas de éstas.

No se sabe a ciencia cierta si hay pérdidas de piezas, pues pese a que el trabajo exigido a los arqueólogos en terreno fue llenar a mano fichas con información de cada pieza y luego respaldar dichas fichas en computadores, cuando el proyecto terminó, parte de estas fichas se perdieron, al igual que la información digitalizada.

“Se empezaron a perder las fichas y nos enteramos que a los arqueólogos se les olvidó respaldar la información de los computadores. La información que quedó, cuando llegó gente de la minera, fue borrada en gran parte de los computadores. Se perdieron 2/3 de los datos”, afirma Bustamante.

Este hecho generó una total nebulosa respecto de las piezas arqueológicas catastradas. En el año 2005 se presenta la “Caracterización, Plan de Mitigación y Compensación Arqueológica de la Plataforma y Botadero Relaveducto y Recirculación de Aguas”, documento que señala que existe un registro de 22 sitios arqueológicos que incluyen 448 bloques, 765 paneles y 2.788 petroglifos. En el primer informe entregado por el Consejo de Monumentos Nacionales el año 2003 (dentro de la auditoria e inspección de la contraloría del año 2006, disponible en la carpeta de pdfs públicos), se habla de 64 sitios arqueológicos sin mencionar cuántos petroglifos hay. Además, en ese mismo informe se adjunta una tabla que demuestra las múltiples diferencias en los registros.

El informe de la Contraloría del año 2012 reconoce que “no existe un detalle en el Consejo de Monumentos Nacionales sobre el total de material arqueológico extraído desde el fundo El Mauro, así como tampoco las unidades llevadas a las dependencias de la Universidad de Chile (traslado que se realizó dado que las instalaciones de Monte Aranda no estuvieron listas a tiempo)”.

Por su parte, el sitio web del Parque Rupestre Monte Aranda habla de 250 piezas en una parte y luego de 241 en otra, contribuyendo a la incertidumbre respecto del total de piezas en cuestión.

A este caos favoreció también un manejo totalmente inadecuado de las piezas, las que fueron indistintamente guardadas en cajas, casas particulares y lugares de acopio temporales. Esto constituyó múltiples infracciones, confirmadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, la que sancionó a Pelambres en 2014 con más de 1.200 millones de pesos (2.595 UTM), ya que “incumple gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental”.

Nuevo museo, nuevas infracciones

En septiembre del 2018, Minera Los Pelambres comenzó la construcción de un museo de conservación en La Serena donde, se guardarían más de 1.400 cajas con material arqueológico rescatado.

«Con esto se amplía la red de espacios de conservación e investigación arqueológica existentes en Chile, a la vez que ponemos en valor el patrimonio arqueológico de la Provincia de Choapa», dijo a El Mercurio, Jorge Araneda, gerente de Asuntos Públicos de Los Pelambres.

Este museo está a 300 kilómetros de Monte Aranda, el lugar original donde debía hacerse el parque y el museo para los petroglifos, lo que contradice el compromiso frente a la Corema.

El problema estriba en que este museo está a 300 kilómetros de Monte Aranda, el lugar original donde debía hacerse el parque y el museo para los petroglifos, lo que contradice el compromiso frente a la Corema y por el cual se autorizó la edificación del tranque El Mauro.

La confirmación de que existen más de mil cajas con petroglifos que no están en Monte Aranda y que se trasladarán a La Serena, pone nuevamente en evidencia las contradicciones de la minera. ¿Dónde están guardadas las piezas arqueológicas que pretenden trasladar?

Unos 300 kilómetros más lejos, en El Mauro, Cristián Flores, vocero de la comunidad maurina, manifiesta su dolor por la pérdida, saqueo y desalojo sufrido por los habitantes del sector. “Lo que hizo Minera Los Pelambres con nosotros en El Mauro fue un atropello tremendo. Desarraigarnos, quitarnos toda nuestra cultura, nuestra historia. La gente que hizo esos petroglifos, que dejó esas cartas abiertas en las piedras fueron nuestros antepasados”, dice.

Durante varias semanas INTERFERENCIA trató de contactarse con la compañía minera para obtener su visión de estos hechos. Nunca obtuvimos respuesta.

https://interferencia.cl/articulos/como-minera-los-pelambres-destruyo-gran-parte-del-patrimonio-diaguita

Isabel Reyes B.
Pedro P. Ramírez Hernández
20/02/2019

INTERFERENCIA accedió al documento que a fines del gobierno de Michelle Bachelet concedía 309,5 mil hectáreas al parque y que no fue considerado por Felipe Ward, actual ministro de Bienes Nacionales. Según Nivia Palma, la ex titular de la cartera, el asunto de fondo siempre fue la entrega o no de territorio para una minera australiana.

Tras la investigación de INTERFERENCIA que reveló la reducción del Parque Nacional Patagonia en casi 5 mil hectáreas y cuya modificación significó la instalación de exploraciones mineras por parte de la empresa australiana Equus Mining, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, salió en su defensa y desmintió la información entregada por este medio, calificando la publicación como una fake news.

A través de su cuenta personal en Twitter y un comunicado de prensa, el secretario de Estado, explicó que la superficie final del Parque Nacional Patagonia, aprobada durante la actual administración, sería mayor a la definida por el gobierno anterior.

En su justificación, Ward aludió a que la extensión suscrita por la administración de Michelle Bachelet para el Parque Nacional Patagonia fue de 302.335 hectáreas, por lo que el decreto del gobierno actual, en este caso, sería mayor ya que alcanza 304.525,75 hectáreas.

Con esto, Ward desestimó el dato ofrecido por INTERFERENCIA, que señala que hubo un decreto que ofrecía al parque 309.445 hectáreas.

Sin embargo, el decreto existió y puede ser consultado al final de este artículo. Se trata del Decreto Supremo N°3, ingresado el 12 de febrero de 2018, el que -aunque no alcanzó a tener toma de razón por parte de Contraloría- es posterior al documento del 10 de abril de 2017, que es al que ha aludido el ministro como la propuesta del gobierno de Bachelet.

Según información solicitada a través de transparencia a Contraloría, el Decreto Nº3 fue retirado sin tramitar por el ministerio de Bienes Nacionales el 16 de noviembre de 2018. Ese mismo día, el nuevo gobierno ingresó la nueva propuesta.

Palma vs Ward

Consultado por INTERFERENCIA por este antecedente, el ministro Ward indicó que el único documento válido para él, es la resolución del Comité de Ministros del 10 de abril de 2017, pues el decreto de febrero de 2018 no cuenta con la toma de razón de Contraloría.

«Uno no puede aprobar algo en un Comité de Ministros y luego llevar un tema distinto a la Contraloría. Ahí se equivocan ellos», dice Felipe Ward sobre las dos propuestas del gobierno de Bachelet.

“Nunca he escuchado una explicación de por qué la diferencia entre 302 mil y 309 mil hectáreas [la diferencia que hay entre los dos propuestas elaboradas por la administración Bachelet]. Uno no puede aprobar algo en un Comité de Ministros y luego llevar un tema distinto a la Contraloría. Ahí se equivocan ellos. El único documento formal con el cual se crea o se intenta crear el Parque es la resolución de Comité y ahí hay una sola cifra que son 302 mil hectáreas”, asevera.

Por su parte, la ex ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, acusó a Ward de “faltar a la verdad”. Según Palma no es cierto el argumento de su sucesor en el cargo. “Los decretos no deben pasar de nuevo por el Comité de Ministros. Si la tesis del ministro Ward fuera verdadera, el contralor no habría tomado razón de todos los decretos anteriores de los otros parques y el gobierno actual los habría retirado todos”, dice Palma.

«Me molesta que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia», dice Nivia Palma.

“El terreno ingresado por la presidenta Bachelet era sobre las 309 mil hectáreas. El ministro Ward sacó 5 mil hectáreas básicamente para permitir que allí se lleve adelante el proyecto minero. Aquí no hubo un problema de límites, eso estaba súper claro. Me molesta, con el respeto que le tengo al ministro Ward, que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política del gobierno del presidente Sebastián Piñera de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia. Así de claro”, sentencia Palma.

Palma además asegura haber recibido presiones durante su gestión para proteger la misma zona donde hoy se encuentra la exploración minera.

“Tanto el diputado Sandoval [UDI] como autoridades locales y empresarios, hicieron un duro lobby frente a nuestro gobierno. Recibí muchas llamadas, peticiones de reuniones y fuertes presiones cuando fui a la región de Aysén para acoger la exclusión de estas cinco mil hectáreas. La decisión de la presidenta y la mía como ministra de Bienes Nacionales fue no aceptar las exigencias para llevar ahí proyectos mineros. Por eso es que el parque quedó con 309 mil hectáreas”, dice Palma.

Problemas también le ha traído a Nivia Palma los argumentos de su sucesor en el cargo, Felipe Ward, respecto a las razones para cambiar el trazado del proyecto de creación del Parque Nacional Patagonia.

“Heredamos un problema y por ello tuvimos que sentarnos a redefinir los límites del Parque. Tuvimos que excluir propiedad privada que había sido incluida erróneamente y aun así logramos que la cantidad de hectáreas protegidas sea mayor”, escribió Ward en un comunicado ampliamente difundido.

Palma se refirió a la responsabilidad que le han atribuido por los supuestos errores acusados por Ward.

“En Bienes Nacionales hay equipos técnicos permanentes, cambian los gobiernos y los equipos quedan exactamente igual. Entonces creo que no es correcto echar la culpa a un tema de imperfecciones por una decisión política. Eso es grave”, dice.

https://interferencia.cl/articulos/este-es-el-decreto-que-el-gobierno-retiro-para-reducir-parque-patagonia-y-entregar

20.02.2019 cnnchile
La compañía Newmont, actualmente posicionada como la industria de oro más grande del mundo, tiene puesta su atención en la zona de la Región de Aysén

182 solicitudes para explotar más de 50 mil hectáreas en la zona de la Patagonia de la Región de Aysén inscribió la empresa estadounidense Newmont, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial el pasado 10 de enero de este año.

Los terrenos que fueron inscritos por la minera se encuentran cerca de la frontera con Argentina, una zona caracterizada por sus bosques de lenga y ñire, además de su patrimonio arqueológico y paleontológico, según da cuenta el medio local Interferencia.

El 15 de enero de este año Newmont adquirió a su rival, la canadiense GoldCorp, transacción que la convirtió en la minera de oro más grande del mundo.

GoldCorp ha desarrollado en Chile los proyectos Nueva Unión (Alto del Carmen) y Norte Abierto (Tierra Amarilla), ambos en la Región de Atacama, además de mantener en la región de Aysén concesiones de exploraciones en el sector El Estero, a cerca de 15 kilómetros al noroeste de Puerto Ingeniero Ibáñez.

El medio precisa que ambas firmas han tenido que enfrentar conflictos socioambientales y denuncias por violaciones a los derechos humanos en proyectos que han impulsado en países como Perú, Guatemala, Honduras y México.

Uno de los casos más polémicos es lo que sucedió en Guatemala, país donde la compañía GoldCorp operó por más de una década a través de la mina Marlin. Tras diversos hechos, como la muerte de un hombre que fue quemado vivo por trabajadores de la empresa y episodios de contaminación de ríos, se decidió cerrar la mina en mayo de 2017.

https://www.cnnchile.com/pais/minera-newmont-hectareas-patagonia-or_20190220/

La minera sinceró sus cifras y reveló que, además, tendrá que compensar parte de un acuerdo de venta adelantada de plata, la que totaliza unos US$253 millones.
Proyecto Pascua Lama. Foto: Rayen Luna-MCH
15 de febrero del 2019
(El Mercurio) La nueva administración de la canadiense Barrick tras la fusión con la sudafricana Randgold tendrá que seguir desembolsando fondos ligados al fallido proyecto minero Pascua Lama, el cual mantiene las obras paralizadas desde 2013 y que posteriormente fue clausurado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Según informó ayer la compañía, en sus estados financieros, al cierre de 2018, arrastra una deuda con el Estado chileno por unos US$ 443 millones producto de reembolsos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que suman US$ 340 millones en intereses.

Se trata de una operación común en este tipo de casos, en el que -según explican expertos tributaristas- las empresas se acogen al artículo 27 bis con el que se puede pedir al Estado que devuelva el IVA al adquirir productos y servicios que se realizan, en este caso, durante la construcción del proyecto.

Sin embargo, este dinero debe ser devuelto posteriormente por el contribuyente en operaciones en la que se cobre IVA; por ejemplo, en la extracción y venta de cobre. El problema para la minera es que esto no ocurrirá, ya que Pascua Lama se encuentra clausurado, a pesar del interés que hay en reactivarlo.

“En virtud del acuerdo actual, este monto debe reembolsarse si el proyecto no evidencia exportaciones por un monto de US$ 3.538 millones dentro de un plazo que expira el 31 de diciembre de 2026”, se consigna en los estados financieros, en donde se detalla que el acuerdo es aplicable a un diseño de mina a cielo abierto o subterráneo.

Y este no es el único compromiso financiero que mantiene la compañía, ya que en los mismos documentos se detalla un acuerdo de venta adelantada del 25% de la producción de plata del proyecto a la firma Wheaton Precious Metals Corp.

“La fecha de finalización de Pascua Lama fue originalmente el 31 de diciembre de 2015, pero posteriormente se extendió hasta el 30 de junio de 2020”, se explica. Sin embargo, si los requisitos de la garantía no se han cumplido en la fecha establecida, el acuerdo puede ser terminado por Wheaton. Esta tendría derecho a la devolución de la contraprestación en efectivo, por adelantado, pagada, menos el crédito por la plata realmente entregada, monto que al 31 de diciembre de 2018 se calcula en unos US$ 253 millones e incluye compromisos de entrega de otras tres faenas de la canadiense.

Todas estas obligaciones se suman al monto que realmente desembolsó Barrick en un proyecto que en sus inicios, hace casi 20 años, costaba unos US$ 950 millones, pero que terminó con un sobrecosto por sobre los US$ 8.000 millones. Fuentes de la industria señalan que el gasto real de la compañía alcanzó los US$ 5.000 millones a la fecha en que se suspendieron las obras.

Chile sale del mapa

Otro punto que llamó la atención de la presentación de Barrick tiene que ver con la reorganización que está impulsando la compañía, que significó la redistribución de distritos, en el que se definió el de Veladero-Lama para referirse a los proyectos que podrían desarrollarse en Chile.

Todo esto, tras eliminar el puesto de director ejecutivo en el país, lo que implicó la salida de la empresa de René Muga a comienzos de mes.

Y a pesar de que en sus primeras palabras, tras asumir en el cargo, el nuevo CEO mundial de Barrick, Mark Bristow, aseguró que el mensaje para Chile y Argentina es que la minera “estaba de vuelta”; al parecer, esto ocurre solo del otro lado de la cordillera.

Según informan en la propia página web de la minera, a 15 días de asumir en el cargo, la plana mayor de Barrick realizó un recorrido por el continente, en el que solamente incluyó visitas a Perú y Argentina, donde se reunieron con autoridades locales.

http://www.mch.cl/2019/02/15/barrick-tendra-devolver-us783-millones-impuestos-suspension-pascua-lama/

Entidad dispuso la multa por extracción irregular de agua en el sector cordillerano de la comuna de Tierra Amarilla.

Fotografía: Caserones
Publicado el 14 de febrero del 2019

(El Mercurio) La multa más alta de su historia, y una de la más grandes a nivel nacional, cursó la Dirección General de Aguas (DGA) de Atacama -organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP)- a la minera SCM Lumina Copper Chile, vinculada al proyecto Caserones. La entidad sancionó con un pago de $325 millones (6.748 UTM) a la empresa por extracción irregular de agua.

El seremi de Obras Públicas de Atacama, Alfredo Campbell, indicó que la principal razón de la multa es la extracción de agua natural en pozos (puntos de captación) no autorizados por la DGA. “Se pudo establecer la extracción irregular de aguas subterráneas en 7 pozos al interior de la denominada Quebrada La Brea, comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó. La empresa tiene derechos suficientes para explotar el agua, pero lo hizo desde puntos distintos a los autorizados”, detalló.

Según los antecedentes del MOP, esta sería la multa más alta que la DGA ha cursado a nivel regional en su historia, luego de que el año pasado se le entregaran mayores poderes sancionatorios.

La autoridad enfatizó que la multa “marca un hito” en el correcto ejercicio de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, “estableciendo fuertes multas a quienes utilicen pozos ilegales”.

Por su parte, desde Caserones indicaron que “la sanción recae sobre pozos que fueron construidos por una necesidad técnica ambiental y que son parte de una barrera hidráulica (línea de pozos). La necesidad de su construcción y operación fue informada por la empresa a las autoridades de manera proactiva, y con anterioridad a que se iniciara el proceso sancionatorio que oficia la DGA”.

Puntualizó que la extracción de agua natural de Caserones es -en el área de la infracción- de 13 l/s, “caudal que se encuentra significativamente por debajo de los derechos con que cuenta la empresa para similar propósito, ascendente a 28 l/s, a metros de los pozos objeto de la infracción”.

La DGA explicó que se deben remitir los antecedentes a la Tesorería General de la República para dar curso al cobro de la multa, pero ello dependerá de las acciones que la empresa decida llevar a cabo en materia de reclamación ante los tribunales competentes.

Precisamente, Caserones informó que “está estudiando las acciones a seguir conforme al marco normativo vigente”.

http://www.mch.cl/2019/02/14/direccion-general-aguas-atacama-impone-mayor-sancion-historica-una-minera/

El grupo se presentó el pasado viernes en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez y criticó la ofensiva minera “avalada por el Gobierno”.

Diario Uchile

Lunes 11 de febrero 2019
Illapu y Mensaje en el escenario

Una fuerte crítica a la instalación de proyectos mineros en la región de Aysén realizó el grupo Illapu el pasado viernes, durante su presentación en el Festival Voces del Viento, que se realizó en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez.

Durante la actuación, el vocalista del grupo, Roberto Márquez, cuestionó los proyectos planificados en la zona: “Hemos gozado de este viaje, sobretodo lo que vimos desde Balmaceda para acá, la hermosura de esta Patagonia, que es una reserva de vida que hay que cuidar y defender, más aún cuando está recibiendo una ofensiva bien fuerte, que es avalada por este Gobierno, porque se pretende tomar territorios de áreas protegidas para destinarlos a la minería”, dijo.

En ese sentido, el músico destacó “la importancia que tiene la movilización social, sobre todo cuando se une un pueblo, para luchar contra intereses que muchas veces son muy fuertes, que tienen que ver con dinero, con cosas que definitivamente no respetan la palabra pueblo, a quienes se está pasando a llevar”.

Illapu llamó al público a manifestarse “por una Patagonia sin mineras” e interpretó la canción “La fuerza del glaciar”, grabada luego de las movilizaciones que la región de Aysén vivió en 2012.

“Por una Patagonia sin mineras”: Illapu protesta en pleno concierto en Aysén