La Policía y el Órgano Judicial son las dos instituciones más denunciadas en 2013 por vulnerar derechos humanos en el país, de acuerdo con el Informe sobre las Denuncias por Vulneración de Derechos Humanos Recibidos y Gestionados por la Defensoría del Pueblo.
El informe, presentado la mañana de ayer por el defensor del pueblo, Rolando Villena, establece que la Policía Nacional tuvo 978 denuncias en 2013, cuando en 2012 eran 876; mientras que el Órgano Judicial recibió un total de 783 quejas en 2013, frente a las 521 que recibió en 2012, según registró la agencia ANF.
En tercer lugar se encuentra el Ministerio Público con un total de 566 denuncias, cuando en 2012 eran 474. «Instituciones públicas más denunciadas, el Órgano Judicial representa el mayor incremento porcentual en relación al 2012, sigue la Policía Bolivia y el Ministerio Público”, manifestó el defensor, quien señaló que los derechos más denunciados son a la propiedad (13,17%), a los derechos laborales (10,93%), a la petición y respuesta (10,04%), a las garantías al debido proceso (9,78%), a la integridad (7,71%), entre otros.
El responsable de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Regional de Villamontes del departamento de Tarija, Erick Araos, informó que se convocó para los días 28 al 30 de agosto a una cumbre nacional para analizar la situación del río Pilcomayo.
Las comunidades originarias de Realenga, Toraca Alta y Toraca pertenecientes a la provincia Pantaleon Dalence del departamento de Oruro – Bolivia, reunidos en una asamblea el 2 de julio del presente, resolvieron de manera unánime, en defensa de su vocación agro ganadera y su derecho a la libre determinación, no permitir ningún tipo de instalación de ingenios mineros en sus terrenos, por ser una amenaza directa a la calidad de vida, ya que implica la contaminación del medio ambiente, el agua y los suelos por agentes químicos.
El reciente hecho de contaminación ocurrido en uno de los afluentes al río Pilcomayo desnudó la falta de control a la actividad minera en el país y los vacíos legales que hay a la hora del cuidado del medio ambiente.
Los comunarios de la sub Cuenca Poopó piden se aplique un análisis médico a nivel internacional para verificar si la contaminación de minerales pesados en las aguas provoca cáncer de vísceras en seres humanos, señaló.
Mario Cano Cruz, representante legal del ingenio minero Santiago Apóstol, fue aprehendido ayer en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Betanzos.
La Gobernación de Potosí, en febrero de este año, fue advertida y ya conocía el riesgo de una ruptura del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol, de acuerdo con un informe presentado por el Ministerio Público.
Comercializadores de pescado de la ciudad de Tarija se movilizaron este martes por la contaminación del río Pilcomayo, tras el colapso del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol de Potosí que botó los desechos químicos a ese afluente.
En Oruro, la Fiscalía del Distrito imputó formalmente a los responsables de la empresa minera Inti Raymi por delitos contra la salud pública a raíz de la contaminación de aguas con minerales pesados como el plomo.
La Alcaldía del municipio potosino de Puna emitió la Ley 015/2014 que prohíbe los asentamientos mineros y toda actividad que genere contaminación en el agua de las lagunas que sirven para el riego de la producción agrícola de la región, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.