Publicado el 30 de enero del 2017

Trabaja en un proyecto de ley para atraer a empresas del sector; hay preocupación entre los ambientalistas

(La Nación) Después de cuatro meses de intensas negociaciones con las provincias, el Gobierno ultima los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país. La intención de la Casa Rosada es multiplicar los proyectos y duplicar las inversiones en el sector para que la Argentina se convierta en una potencia regional en ese rubro.

La herramienta central de esta política -considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren- es un proyecto de ley para establecer un nuevo Acuerdo Federal Minero. Apunta a homogeneizar las legislaciones nacional y provinciales, para darles estabilidad impositiva a los inversores, evitar conflictos con los gobiernos locales y lograr el respaldo de las comunidades donde se desarrolle la actividad. Es algo similar a lo que hizo el gobierno anterior con la actividad petrolera.

La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero mucho menos que lo invertido en ese tiempo en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones).

Descubrieron que el Poder Ejecutivo prepara un decreto de reglamentación de la ley que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera. De hecho, dos tercios del monto de inversiones previsto hasta 2024 corresponden a emprendimientos con conflictos potenciales con la ley de glaciares (de lo que se informa por separado).

En cambio, los defensores de la iniciativa -impulsada por el secretario de Minería, Daniel Meilán- sostienen que se protegerá el ambiente y hacen foco principalmente en el enorme beneficio económico que podría traer consigo un eventual boom de la minería.

Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000, entre empleos directos e indirectos, podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar 130.000 puestos de trabajo para 2021.

Todavía con resistencia firme de algunas provincias, como Chubut, el proyecto para un nuevo acuerdo federal ya superó la instancia del Consejo Federal de Minería (Cofemin), integrado por representantes de todos los distritos. Tras una última ronda de negociaciones con los gobernadores, prevista para la semana que viene, será enviado al Congreso.

La idea de la Casa Rosada es que empiece a discutirse a partir de la reapertura de las sesiones ordinarias, el 1° de marzo.

“Estamos trabajando contra reloj. Necesitamos que salga rápido para aprovechar el viento a favor que sopla en la actividad, después de haber levantado el cepo cambiario y eliminado las retenciones”, dijo a LA NACION el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Eduardo Cáceres (Pro-San Juan).

El oficialismo parlamentario ya inició conversaciones con el sector más moderado de la oposición. Por tratarse de una ley-acuerdo, su texto puede ser aprobado o rechazado, pero no modificado. Después debe ser ratificado por las legislaturas provinciales.

La cuestión ambiental

El debate encenderá la polémica. Sobre todo por la cuestión ambiental. La ley de glaciares no es una norma turística. El ambiente glaciar y el periglaciar son considerados un reservorio estratégico de agua para el país.

En atención a esa resistencia, el borrador de la iniciativa, que ya circula entre diputados y senadores, hace hincapié en la factibilidad social de la actividad.

Entre las premisas de acuerdo se afirma que la política minera deberá incluir “mayores beneficios para las comunidades en las zonas” donde se desarrollan los proyectos de extracción, “mayor participación en los ingresos a las provincias” y “altos estándares de gestión y control ambiental”.

Respecto de este último punto, se dispone la creación de un equipo consultivo, con autonomía funcional e integrado por técnicos de “reconocida trayectoria”, con el objetivo de “generar y promover la adopción de las mejores políticas de la gestión ambiental minera”, entre otras cosas.

Para el desarrollo de las comunidades locales se propone crear un programa que capacite de manera anticipada a los pobladores para que puedan dar respuesta a las demandas productivas de las empresas mineras, tanto en la captación de empleos como en la contratación de servicios.

El proyecto tiene un apartado destinado al “empleo local”. Pero no se establecen cuotas mínimas, como se decidió el año pasado en la ley de inversión privada para el desarrollo de la obra pública. Se dispone, en cambio, “adoptar medidas de promoción tendientes a hacer atractiva a los empleadores la contratación” de trabajadores autóctonos. Respecto de los proveedores locales, se establece que “a igualdad de condiciones, en precios y plazos, tendrán preferencia” en las compras de las empresas mineras.

Otro capítulo importante es el impositivo. El acuerdo establece que las provincias no podrán cobrar más del 3% de regalías sobre el importe total de los ingresos de las empresas y que no se podrá aumentar el canon, fijado cada dos años por la Secretaría de Minería, mientras un emprendimiento minero se encuentre en actividad.

El proyecto se propone también garantizar un régimen promocional de inversiones y regular el funcionamiento de las empresas públicas provinciales, para evitar que compitan con ventaja respecto de las firmas privadas.

“El acuerdo perjudica a las provincias y el único beneficio sería para las empresas”, se quejó en diciembre el secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo.

Consultado por LA NACION, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, recordó que en su provincia está prohibida la megaminería a cielo abierto y anticipó que sólo estaría dispuesto a revertir esa situación “si así lo decide el pueblo de Chubut, por medio de un plebiscito”. El debate se anticipa intenso y de resultado incierto.

Claves de un proyecto que promete generar polémica

Plan minero

Tras varios meses de negociaciones con las provincias, el Gobierno ultima los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país con la intención de multiplicar los proyectos en operaciones y duplicar las inversiones en el sector

Acuerdo federal

La herramienta central de esta política, considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, será la firma de un “Nuevo Acuerdo Federal Minero”, el cual espera ser sancionado mediante un proyecto que el Gobierno enviará en las próximas semanas al Congreso

Unificar legislaciones

El acuerdo comprenderá una homogeneización de las legislaciones provinciales y la ley nacional en materia minera, para garantizar estabilidad impositiva a las empresas que inviertan en el país y lograr el respaldo de las comunidades vecinas a los emprendimientos

Duplicar inversiones

La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero todavía mucho menos que lo invertido en los últimos ocho años en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones), las dos potencias mineras de América latina

Nuevos empleos

Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000 entre empleos directos e indirectos, también podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar los 130.000 puestos de trabajo para 2021

Rechazo ambientalista

El plan enfrenta un gran escollo: el rechazo de organizaciones ambientalistas y varias comunidades locales, en estado de alerta ante la posibilidad de que la minería siga avanzando sobre áreas protegidas por la ley de glaciares. Las organizaciones argumentan que el Poder Ejecutivo prepara un decreto de reglamentación de la ley, que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera

El Gobierno de Río Negro transmitió hoy a los directivos de la empresa MCC Minera Sierra Grande, “la firme voluntad de rescindir el contrato de concesión si no cumplen de manera inmediata con su obligación de explotar la mina de hierro”, señala la información oficial. También advirtió a los empresarios chinos que de haber despidos de trabajadores deberán ajustarse a la legislación Argentina y cláusulas del contrato.

“Le hemos hecho saber a MCC Minera Sierra Grande SA que si no corrige sus posturas y asume sus obligaciones legales, le rescindiremos la adjudicación del complejo minero”, explicó el secretario de Estado de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero.

Ayer se reunieron en esta capital, representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el gremio AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) con el gobernador Alberto Weretilneck y le trasladaron la preocupación sindical por el anuncio patronal del inminente despido de 200 trabajadores sin pagar indemnizaciones.

Ante la inminencia del conflicto laboral, el gobierno convocó esta mañana a los directivos de la firma MCC y les transmitió la firme voluntad de rescindirles el contrato de concesión si no cumplen de manera inmediata con su obligación de explotar la mina, advirtiendo que cualquier cese de actividades será motivo de incumplimiento contractual.

Además, se indicó que en caso de que se analice la posibilidad de despedir trabajadores, la empresa deberá ajustarse a la legislación Argentina y a las pautas previstas en el contrato.

La reunión se llevó a cabo en la Secretaría de Estado de Trabajo, con la participación de Lucas Pica y del secretario de Minería, Juan Pablo Espínola, por parte de la Provincia; mientras que la compañía minera estuvo representada por Qifang Chen y Jorge Roa, gerente General y asesor letrado, respectivamente.

La empresa sostuvo que se encuentra atravesando una situación crítica, afirmando que la explotación del complejo le genera pérdidas económicas, a raíz de la baja que viene sufriendo el precio internacional del hierro y pérdida de competitividad que afectarían su explotación por incremento de costos.

Durante la audiencia, los empresarios ratificaron la intención de despedir en forma inminente a 200 trabajadores, abonándoles sólo el 50% de las indemnizaciones de ley, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis iniciado por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Ante esta situación, los funcionarios rionegrinos le hicieron saber la posición oficial de la Provincia de Río Negro sobre el conflicto, exigiendo a MCC Minera Sierra Grande SA que atienda al reclamo del gremio, anunciándole que en caso que se mantenga en la intención de abonar indemnizaciones reducidas y especular con el derecho de los trabajadores, la Provincia tiene decidido avanzar por las vías legales para rescindirle la adjudicación del Complejo Minero.

“El contrato de adjudicación es absolutamente claro: los bienes fueron cedidos a la empresa con el objeto y la obligación de reactivar y explotar el complejo minero. Si no cumple con ese objeto, pretende despedir a los trabajadores sin darles las debidas y justas indemnizaciones, o pretende suspender indefinidamente la explotación, vamos a activar los mecanismos contractuales para rescindirle la adjudicación y revertir así a la Provincia el dominio de los bienes y derechos oportunamente cedidos, con más las multas e indemnizaciones que correspondan”, sostuvo el Secretario de Energía.

“Podemos analizar y hasta entender las complicaciones económicas que puede atravesar hoy el complejo minero por la brusca caída del precio internacional de nuestro hierro, pero de ningún modo podemos permitir que el riesgo propio empresario se traslade a los derechos de los trabajadores”, amplió el funcionario.

Caldiero recordó que “durante 2016 la Provincia ha acompañado esta complicada situación con un aporte de $44.000.000, siempre para mantener las fuentes laborales. Ahora, si la situación resulta para la empresa insostenible y se ve a obligada reducir su producción y a despedir trabajadores por la crisis internacional del hierro, pues deberá hacerlo en el marco del contrato con la Provincia y bajo las pautas de la legislación laboral argentina. Ese es el planteo que recibimos de los trabajadores ayer y que apoyamos completamente”, enfatizó.

Asimismo, ejerciendo su rol de Autoridad de Aplicación Minera, la Provincia intimó hoy formalmente a la minera para que en un plazo perentorio, evacue un amplio pedido de informe sobre su situación contable, financiera y operativa, para auditar la real posición que se encuentra atravesando y definir los demás cursos de acción ante la intención de suspender la producción de la mina.

Fuente:http://adnrionegro.com.ar/2017/01/si-la-minera-sierra-grande-no-explota-el-yacimiento-el-gobierno-quitara-la-concesion/

La minera Alumbrera Ltda., que explota un yacimiento en el centro-oeste de Argentina, perdió un histórico juicio por contaminación, a partir de una demanda presentada por dos residentes locales que vieron afectadas sus tierras en Alpachiri, en la provincia de Tucumán.

La sentencia dictada por el juez Eduardo Dip Tártalo determina que la empresa minera debe realizar “todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas”, informó el medio Tucumán Noticias.

Asimismo, el magistrado del Centro Judicial Concepción ordenó reponer “a su estado anterior” las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, locaciones, zanjas, canteras, mineraloducto y demás actividades que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal.

La minera Alumbrera Ltda. es una empresa transnacional que explota cobre, oro y molibdeno. Desde 1997 es dirigida por Glencoe -una empresa Suiza-, quien tiene el 50% de las acciones, además participan Goldcorp -una empresa canadiense que posee el 37,5%- y Yamana Gold -con el 12,5%. La mina Bajo de la Alumbrera se encuentra en la provincia de Catamarca, a 320 km de San Miguel de Tucumán.

Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que es una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el estado nacional. YMAD ha formado una “unión transitoria” con la empresa La Alumbrera, por la cual percibe el 20% de las utilidades, informa el sitio oficial de la compañía.

La misma web señala que la empresa está abocada al “cuidado del medioambiente” protegiendo “el entorno natural del área del yacimiento y de las comunidades vecinas”. Señala que buscan atenuar el impacto  ambiental de la actividad minera, trabajando bajo un esquema de “desarrollo sostenible” y ejerciendo un “uso eficiente de los recursos naturales”, que inclusive rehabilita el suelo, disminuye desechos y protege la biodiversidad.

Sin embargo, los hermanos Aranda detectaron en el 2004 que el mineraloducto de Bajo de la Alumbrera -que recorre varios kilómetros- estaba contaminando los suelos, el aire, los ríos, las aguas superficiales y subterráneas con derrames que contenían restos peligrosos de metales, entre ellos cianuro, mercurio y uranio. Esta ha sido la más seria preocupación de los Aranda y de los pueblos circundantes a la mina.

Los demandantes demostraron a través de estudios y análisis de laboratorios de Argentina, Canadá e Inglaterra, que la minera estaba involucrada en la contaminación del agua de las localidades de Alpachiri y Concepción.

Carlos Aranda, uno de los querellantes junto a su hermano Miguel, comentó que la decisión del magistrado “es clarísima; minera Alumbrera contamina, es un fallo ejemplificador y sienta una jurisprudencia histórica en nuestro país”, informó el periódico Primera Fuente.

De esta forma se cumplió el pronóstico que tuvieron los hermanos Aranda cuando empezaron la demanda en el año 2006, desde aquel entonces ya intuían que el caso iba a tener un final “feliz” y sería beneficiada “la sociedad, la vida y la conservación de los recursos”, según dijeron en una entrevista al medio local Primera Fuente en febrero de 2013.

La sentencia dada por el juez también determina que el Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán investigue “los impactos tóxicos en la población en las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona y de haber efectos negativos en la salud se determine la atención médica inmediata”. Asimismo, insta a los organismos estatales a dar respuesta a “asuntos de implicancia social” y ambientales relacionados.

Por último, en su fallo el magistrado exige a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT. SAPEM) que informe sobre el estado del agua de la ciudad de Concepción y en la localidad de Alpachiri.

Abogados de la compañía apelaron el fallo, informó Tucumán Noticias. Desde la empresa adujeron que el juez “se arrogó la competencia y atribuciones que no le brinda la Constitución al obligar a Minera Alumbrera a realizar tareas ajenas al objeto de estudio”.

Fuente:http://maestroviejo.es/historico-fallo-condena-contaminacion-minera-en-argentina

La compañía, para superar a sus tres competidoras en la compulsa, apostó a una inversión global de 164 millones de dólares.

rabajadores mineros cortaron la ruta provincial 43 en Neuquén para reclamar la reincorporación de unos 63 despedidos en la mina ubicada en la localidad de Andacollo que no serían tenidos en cuenta por la nueva adjudicataria del proyecto.

Los operarios acusan por la situación a la firma australiana Trident Southern Explorations SPA, que en agosto de 2016 resultó adjudicataria de la licitación lanzada por el ministerio de Energía y la firma estatal Cormine.

La compañía, para superar a sus tres competidoras en la compulsa, apostó a una inversión global de 164 millones de dólares, en la que prevé la construcción de una nueva planta de procesamiento mineral.

El Proyecto Minero Andacollo había sido abandonado en 2014 por la empresa Andacollo Gold, que tenía a cargo el emprendimiento y que dejó sin trabajo a casi 150 trabajadores.

Ahora, los trabajadores de la mina de Andacollo decidieron cortar la ruta provincial 43 que une esa localidad con Las Ovejas en protesta contra la presunta no reicorporación de unos 63 obreros por parte de la nueva adjudicataria.

Fuentes oficiales de la provincia señalaron que no se trata de despidos sino de personas que la empresa confirmó no tendrá en cuenta para su proyecto de producción de minerales.

Los trabajadores esperan que Cormine y Trident les brinden más detalles sobre la situación de los empleados cesanteados, que fueron despedidos «por no cumplir con los requisitos de ingreso estipulados».

Uno de los voceros de los empleados aseguró que viven un momento de incertidumbre: «La firma Cormine, de la provincia, prometió emplearnos, pero no nos brindan más detalles del lugar ni las tareas».

Fuente:https://noticias.terra.com.ar/argentina/conflicto-laboral-en-la-reactivacion-de-una-mina-en-neuquen,7d22389b5e27863546b720126bf061b7rfjs01ap.html

La minería comienza amenazar a la Ruta Nacional 40, en el tramo de la provincia de Santa Cruz, donde el trayecto es un recurso turístico en sí mismo La empresa minera Patagonia Gold explota un área llamada “La Paloma” a pocos kilómetros al sur de la localidad de Perito Moreno, en el noroeste de Santa Cruz. El área está dividida en dos sectores: uno llamado Lomada Leiva y el otro nombrado como Estancia Los Toldos, Estancia Cuevas de las Manos o también Estancia Elisa. En el primer sitio, la empresa extrae oro y plata, a cielo abierto. Pero el yacimiento está llegando al límite de su vida útil, y la empresa piensa activar el segundo sitio sobre el que hasta ahora no ha hecho incursión. La minera ya avisó a la secretaría de Minería de Santa Cruz que de acuerdo al permiso otorgado hace unos 15 años, iniciará el cateo en el segundo sector, que está a unos 20 kilómetros en línea recta del sitio arqueológico “Cuevas de la Manos”, pero a pocos metros de la RN40.

La provincia de Santa Cruz es la autoridad de aplicación porque es la dueña de los recursos como petróleo, gas y minerales.
Es el estado provincial quien brinda las concesiones para que se extraigan sus recursos, aún en tierras privadas, como las estancias. Los estancieros son los dueños de la superficie y lo que está encima de ella, pero de los recursos naturales el dueño es el Estado provincial.
La disputa surge porque los dueños de la estancia “Elisa, Los Toldos o también llamada Estancia Cuevas de las Manos”, se oponen a que la minera realice cualquier trabajo, por más concesión estatal que tenga.
Es que la dueña es “Flora y Fauna Argentina”, una fundación que ya compró varias estancias en esa parte de Santa Cruz, para ayudar a la conformación del flamante Parque Nacional Patagonia, creado en el 2014 con tierras fiscales de la provincia y tierras de estancias compradas por esa ONG. Luego de comprar los campos de El Sauco y la Tapera, en el 2015 la fundación adquirió la Estancia Los Toldos para su restauración ecológica con la idea de integrar esas tierras al parque nacional Patagonia. Dentro de los de “Los Toldos” están los campos donde tiene permitido explorar y explotar la minera Patagonia Gold (Al norte), y las mismas Cuevas de las Manos (al sur).
Las posiciones encontradas de la fundación y la minera serán planteadas formalmente el 14 de febrero, en una audiencia de conciliación que se realizará en la secretaría de Minería de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos.
Mientras tanto, la difusión del tema logró confundir y alertar a varios sectores de todo el país. Es que un primer artículo periodístico se señaló que la minera haría trabajos de cateo en el mismo sector de las cuevas, lo que fue desmentido por la empresa, pero también por autoridades locales.
El guía de turismo Juan Enrique Nauta no comparte la idea de las mineras en los alrededores de su pueblo, y es el director de Turismo de Perito Moreno. El jueves a la mañana habló con el programa Turno Mañana de FM Dimensión de El Calafate, asegurando que “en la cuevas no va a haber contaminación de ningún tipo porque están lejos de donde la empresa pretende hacer los cateos”.
El funcionario fue claro, aun con una posible explotación de minerales en el sector del cerro “Bandurria” (nombre específico del sitio), las Cuevas de las Manos no corren peligro de ninguna contaminación.
El cateo
El cateo es la perforación que la empresa debe realizar para sacar muestras del subsuelo y someterlas a análisis de laboratorio. Los resultados arrojarán qué cantidad de oro y plata hay en el sitio, y de esa manera decidir si vale la pena la inversión para exploración y hasta una posible explotación, procesos que deben contar con Estudios de Impactos Ambientales aprobados por la provincia.
Si el cateo da resultado negativo, la empresa debe tapar los cinco o seis pozos que pretende hacer, dejar todo como estaba, y buscar otro lugar dentro de su área.
Si los estudios le dan positivo, la empresa pedirá explorar y explotar, originando un nuevo yacimiento a “cielo abierto”.
El cateo es un trabajo que se realiza en pocos meses, y el que se hace mediante la utilización de equipos de perforación.
El director de Turismo de Perito Moreno Juan Nauta admitió a Turno Mañana que de hacerse esos trabajos, los equipos se verán desde la ruta, originando así un primer impacto visual temporal, en una zona caracterizada por la combinación de la estepa patagónica y los bajos cerros y montañas de colores que dan origen al cañadón del río Pinturas.
El pigmento de los suelos y vegetaciones eran lo que usaban los tehuelches para hacer sus pinturas rupestres en las mismas Cuevas de las Manos.
Depende de resultados
“Si hacen las cosas bien, el impacto va a ser muy poco y de poco tiempo, pero si después de los cateos se sigue adelante y la Secretaria de Minería acepta una posible exploración y hasta una futura explotación, sin ninguna duda va a impactar a la actividad turística”, dijo Nauta en la entrevista radial.
Un mapa de la misma empresa Patagonia Gold muestra la cercanía de su área con la Ruta Nacional 40 lo que deja sin dudas de un impacto visual.
“Si por mi fuera todas las empresas mineras deberían estar alejadas de Perito Moreno”, agregó el director de Turismo.
Desde septiembre del año pasado Santa Cruz tiene una ley vigente para declarar rutas escénicas a los trazados que cumplen con requisitos de importancia por su belleza natural o cultural. La aplicación significa prohibir todo aquello que sea mano de obra y que rompa la armonía de esos paisajes. Ese sector de la Ruta Nacional 40 es candidato prioritario para esa protección, pero la ley aún no fue reglamentada por el gobierno provincial, por lo que por ahora no está protegido.
Otros Impactos
En los alrededores de Perito Moreno hay tres emprendimientos mineros, los que explotan Minera Santa Cruz, Gold Corp y Patagonia Gold.
Para el director de Turismo de esa localidad de la comarca del lago Buenos Aires, el balance no es positivo.
El municipio no recibe renta alguna, salvo algunas acciones de responsabilidad social empresaria como hacen todas las empresas del sector con los municipios mas cercanos, como el financiamiento de algunos estudios o la donación de maquinaria a municipios o a hospitales.
“Hay beneficios para las empresas pero muchos problemas para la comunidad”, dijo Nauta para describir que la minería atrae mano de obra y que esto hizo que la localidad pasara de 4 mil a 12 mil habitantes en pocos años, con las consecuencias notables por una infraestructura urbana que no alcanza: falta energía eléctrica, problemas en el suministro de agua, precariedad y desorden en sistemas constructivos y un correspondiente desorden urbano. “Mi balance es negativo, quien trabaja para la minería piensa lo contrario”, comentó el director de Turismo.

Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2017/01/argentina-desarrollo-turistico-de-la.html

La comisión enviada a San Juan por el ministerio de Ambiente nacional, para inspeccionar la zona donde ocurrió el último derrame de la minera multinacional Barrick Gold, comenzó hoy un ascenso de 5.000 metros hacia el complejo Pascua Lama, donde tomará muestras de agua del túnel binacional y las piletas de tratamiento, al tiempo que verificará lo informado por la empresa.

El equipo, integrado por bioquímicos, especialistas en gestión y fiscalización ambiental y en seguridad laboral, llegará al complejo el domingo y realizará la inspección en el día; las muestras ingresarán al laboratorio el martes próximo, informó la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

«La inspección comprenderá un relevamiento del predio y una verificación de los hechos comunicados por la Barrick tras el incidente reportado este viernes. Además, tomará diferentes muestras de agua tanto del efluente anterior proveniente del túnel binacional como de las piletas de tratamiento y las de aguas abajo», añade el comunicado del Ministerio.

La comitiva ascenderá hoy hasta los 2.000 metros, pasará la noche en el pueblo de Pismanta, a 250 kilómetros de San Juan, para completar mañana el tramo final hasta Lama, a 5.000 metros de altura.

«Tras completar la inspección, comenzará el descenso para regresar a Buenos Aires el lunes por la noche. Las muestras tomadas ingresarán al laboratorio el martes por la mañana».

La comitiva está encabezada por Carlos Martínez, bioquímico y especialista en residuos peligrosos y Mariano Miner, especialista en Gestión Ambiental y Seguridad e Higiene Laboral, ambos de la subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y la licenciada Ambiental Andrea Celso de la Dirección de Residuos Peligrosos, todos del Ministerio que conduce Sergio Bergman.

También se sumó a la comitiva personal de la Secretaría de Política Minera del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Anoche, vecinos de la localidad sanjuanina de Jáchal organizados en asamblea, exigieron saber qué líquido se derramó y afirmaron que más allá del informe dado a conocer por la minera «la contaminación de la cuenca de río Jáchal la tenemos comprobada».

Los estudios al agua han detectado «niveles de mercurio, aluminio y manganeso que superan ampliamente los límites permitidos», aseguró en diálogo con Télam Saúl Ceballos, uno de los dirigentes de Jáchal No Se Toca.

Más temprano, la empresa había asegurado que el derrame en el túnel de Lama fue contenido y las aguas reencauzadas hacia la planta de tratamiento.

Fuente:http://www.cronista.com/economiapolitica/Comenzo-el-ascenso-para-inspeccionar-el-derrame-de-la-Barrick-a-5.000-mts-de-altura-20170114-0010.html

La explicación dejó un mar de dudas y algunos ambientalistas desconfían de las palabras de la minera que provocó varios vertidos de cianuro a los ríos del norte sanjuanino

En el hasta ahora frustrado mega proyecto Pascua Lama, Barrick Gold construyó un túnel en el que iba a haber una cinta transportadora, pero de sus paredes emana agua con un altísimo nivel de acidez que provocó daño ambiental en las vegas de la zona, cuya existencia fue insólitamente negada por la Dirección de Evaluación Ambiental Minera provincial. En un comunicado en el que la minera admitió un supuesto nuevo derrame de sedimentos, anunció que «en las próximas semanas se pondrán en marcha los trabajos para el sellado del túnel, que tendrá una duración aproximada de cuatro meses».

Como todo lo que ocurre en las minas de Barrick Gold, no está claro qué pasó. La única certeza es que la minera reconoció un nuevo derrame, esta vez en su proyecto Lama, en San Juan, y que cerrará el túnel binacional que montó para transportar roca de Chile a Argentina, que destruyó un ambiente periglacial protegido por ley y que, como informó este medio la semana pasada, contaminó la zona.

Lama es parte de un proyecto más ambicioso, que se llama Pascua Lama, un yacimiento binacional argentino-chileno que frenó la justicia trasandina cuando constató, entre otras cosas, que el polvo minero cubrió dos glaciares. Allí Barrick Gold montó un túnel en el que iba a haber una cinta transportadora, pero de cuyas paredes empezó a emanar agua con un altísimo nivel de acidez que provocó daño ambiental en las vegas de la zona, cuya existencia fue insólitamente negada por la Dirección de Evaluación Ambiental Minera provincial. Aún no se sabe si su director renunciará por semejante disparate.

Lo cierto es que pese a que Infobae basó su investigación en documentos de la propia Barrick Gold que confirman que la zona está contaminada, la empresa emitió un comunicado diciendo que «es totalmente falso» que haya daño ambiental en las vegas. Sin embargo, en un comunicado en el que admitió un supuesto nuevo derrame de sedimentos, anunció que «en las próximas semanas se pondrán en marcha los trabajos para el sellado del túnel, que tendrá una duración aproximada de cuatro meses». Al parecer, la empresa contratada para encargarse de las obras ya está movilizando equipos a la zona.

En esa nota, Barrick Gold informó que «aproximadamente a las 18 horas de ayer tuvo lugar un evento en Lama, a raíz del deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera». Y agregó: «El evento se originó por la crecida del río Turbio cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación, por lo que el agua fue conducida a través de un canal de contingencia construido para este propósito hacia el dique impermeabilizado, antes de su descarga en el río Las Taguas».

No obstante, no todo es color de rosas en el «evento» que anunció la empresa. «La mayor parte del agua que drena naturalmente del túnel en Lama sigue siendo tratada en la planta construida a tales efectos. Sin embargo una parte excedente no está ingresando al sistema para no sobrepasar la capacidad de tratamiento», reconoció la minera. Aunque Barrick Gold no lo haga explícito, esto quiere decir que una parte está siendo derramada en el medio ambiente, con su consecuente contaminación. Es así: la empresa no aclaró la composición de los sedimentos derramados, el volumen ni el lugar en el que cayeron.

El comunicado agrega que arrojar agua con un alto nivel de acidez al medio ambiente increíblemente «no trajo aparejado ningún tipo de consecuencia para el medioambiente o la salud de los trabajadores».

Entre algunos ambientalistas empezó a sonar la idea de que este «evento» del que no hay mayores precisiones es un invento de Barrick Gold. Una fuente consultada lo interpretó así: «Después de la nota de Infobae quedaron expuestos y saben que si sube alguna comisión, sobre todo judicial, van a detectar que está drenando ese cóctel químico al río Las Taguas, entonces dicen que el río superó el límite ahora de manera natural, porque se están resguardando. Esto pasa todos los días y por eso van a cerrar el túnel».

A confesión de Barrick, relevo de pruebas

Los documentos que reveló Infobae la semana pasada, confeccionados por Barrick Gold y por una consultora que trabaja para la minera, precisan, entre otras cosas, que «los análisis de vegetación en las vegas localizadas en el río de Las Taguas evidencian una intoxicación con metales en las vegas» y que la vegetación presenta «concentraciones tóxicas muy elevadas», de los metales pesados cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc, lo que «genera efectos fisiológicos letales en las plantas».

Copiando la estrategia de Barrick Gold de negar la situación y asegurar que el agua que emana del túnel es naturalmente ácida, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) inició una tarea de cabildeo entre periodistas intentando instalar la idea de que este cronista había malinterpretado los documentos y que desconocía los principios más básicos de la química. Sin embargo, el hidrogeólogo estadounidense Roberto Moran, uno de los expertos más preparados del mundo en pasivos mineros, destruyó ese argumento y explicó que las aguas se volvieron ácidas por culpa exclusiva de la falta de previsión de Barrick Gold y por el túnel que construyó.

El túnel fue montado en pleno ambiente periglacial, según documentos de la propia Barrick Gold. El agua que emana de sus paredes estaba congelada.

Un dato importante: el pH de 7 es neutro. Cuanto menor da esa cifra, más ácida es el agua. El pH que emana de las paredes del túnel oscila entre 2 y 3.

«Mi experiencia indica que es probable que el agua subterránea que se encontró durante la construcción del túnel no era fuertemente ácida (por ejemplo, tenía un pH de 6). Situaciones similares alrededor del mundo (y a través de los años) muestran que el agua subterránea sólo se vuelve fuertemente ácida después de ser expuesta al oxígeno del aire, al agua líquida, y a las bacterias oxidantes de hierro y azufre», evaluó.

«Antes de la construcción del túnel, la roca metalífera rica en sulfuros estaba enterrada profundamente dentro de Los Andes, con la mayor parte del agua congelada y las concentraciones de oxígeno disuelto cerca de cero. Varios ejemplos de antiguos túneles mineros similares muestran que el agua encontrada tenía originalmente un pH de entre 7 y 8», añadió.

Aun así, el punto es que el agua, ácida o no, estaba contenida en la montaña. Y que empezó a contaminar luego de que Barrick Gold construyera el túnel.

Irónicamente, en una clara burla a los ambientalistas, el túnel fue bautizado «Marcelo» en honor a Marcelo Ghiglione, el ex secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan, desplazado luego del último derrame de metales pesados en la mina Veladero, de Barrick Gold, que se produjo por una serie de groseras fallas en la fiscalización. Por allí, cada segundo que pasa emanan entre 60 y 70 litros de agua que provienen de un ambiente periglacial. Ahora la empresa anunció que lo cerrará, luego de negar que tenga algún impacto ambiental y luego de montar un costoso dispositivo para intentar paliar la contaminación. Hace ocho días, Infobae reveló su existencia y su daño ambiental, y los ambientalistas Ricardo Vargas y Diego Seguí pidieron su cierre en sede judicial. ¿Casualidad?

Fuente:http://www.infobae.com/sociedad/2017/01/13/barrick-gold-admitio-un-nuevo-derrame-y-anuncio-que-cerrara-el-tunel-que-contamino-san-juan/

Así lo decidió el juez federal tucumano Fernando Poviña al considerarlo responsable de la violación a la ley de Residuos Peligrosos; la causa se inició hace 16 años.

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El gerente general de la compañía Minera Alumbrera, Raúl Pedro Mentz, fue procesado, sin prisión preventiva, por el juez federal número 2 de esta provincia, Fernando Poviña, quien lo consideró penalmente responsable por la contaminación de la cuenca de los ríos Salí-Dulce.

En su fallo, sin embargo, el magistrado dispuso el sobreseimiento del ex vicepresidente de la firma y actual titular de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, Julián Rooney, y dejó sin efecto el llamado a indagatoria de Michael Lou Holmes, otro alto directivo de la minera.

El juez Poviña procesó a Mentz por considerar que está probada la contaminación con metales pesados provenientes de la industria minera del canal DP2, tributario de la cuenca Salí-Dulce, que desemboca en el dique El Frontal de Termas de Río Hondo, que comparten Tucumán y Santiago del Estero.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, confirmó a LA NACION que apelará la sentencia para exigir que se revierta el punto que deslinda de responsabilidades a Rooney, e insistir con el pedido de indagatoria a Holmes. Lo mismo hará la ONG Pro-Eco, en su rol de querellante en la causa que se inició hace 16 años y que comienza a avanzar recién ahora, justo cuando Minera Alumbrera anunció su decisión de abandonar la explotación que lleva adelante en el yacimiento de Bajo La Alumbrera, en la vecina provincia de Catamarca.

En la sentencia, fechada el 26 de julio último, el juez Poviña ratificó la validez probatoria de los estudios realizados por el Instituto Nacional del Agua sobre muestras de líquido tomadas en 2012 por Gendarmería Nacional en el canal DP2 y en la planta de secado que Minera Alumbrera posee en la localidad tucumana de Cruz del Norte.

Metales pesados

El informe, que fue ratificado por peritos de la Universidad Nacional de Tucumán, reveló la contaminación de ese curso de agua, ubicado en la localidad tucumana de Ranchillos, con metales pesados (principalmente cobre) provenientes de los efluentes de la empresa minera.

El magistrado también evaluó un estudio realizado por el Instituto de Ecología Genética y de Evolución de Buenos Aires, que ratifica la presencia de cobre en el canal efluente de la cuenca Salí-Dulce y el embalse de Río Hondo, y advierte sobre los efectos negativos que ello genera en la salud pública. Según el informe, como consecuencia de la contaminación con cobre «son probables los problemas gastrointestinales a largo plazo, dado la capacidad de ese metal de bioacumularse, tanto en peces como en humanos que consumen la fauna acuática».

Con esos elementos, Poviña dictó el procesamiento de Mentz, a quien imputó como autor, penalmente responsable, por el delito ambiental contemplado y penado en la ley nacional 24.051, de residuos peligrosos.

El fiscal Gómez consideró que la sentencia implica «un avance en materia de sanciones penales contra la megaminería contaminante, porque el fallo considera que el delito ambiental es de peligro abstracto, lo cual quiere decir que no es necesario que se haya contaminado, sino que alcanza con el simple hecho de que exista un peligro de contaminación».

Según el fiscal federal, «las implicancias de esta resolución judicial son importantes para el futuro de la megaminería en la Argentina, porque el procesamiento del gerente general de la empresa más importante del sector es un claro mensaje para la actividad, que tendrá que hacer las cosas bien, sin contaminar».

Además, Gómez consideró que «aún cuando Minera Alumbrera está anunciando su retiro, este fallo alcanzará a los responsables de la contaminación, porque se la considera como un delito continuado».

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/1924060-la-justicia-proceso-al-gerente-general-de-minera-alumbrera-por-la-contaminacion-de-la-cuenca-del-rio-sali-dulce

La empresa Patagonia Gold, obtuvo el permiso para realizar exploraciones mineras al borde de la ruta nacional 40, cercano al sitio Cueva de las Manos, en terrenos que son propiedad de Fundación Flora y Fauna Argentina y que se encuentran en proceso donación para ampliar el «Parque Nacional Patagonia».

Las comunidades locales están promoviendo un circuito turístico binacional, que se verá afectado por la minería a cielo abierto, a la vista de todos los turistas en una de las futuras entradas del Parque Nacional. Esta actividad provocará daños irreversibles en los numerosos yacimientos arqueológicos existentes en el área y en un paisaje único conformado por afluentes que llevan al Río Pinturas.

Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2016/12/argentina-frenemos-la-explotacion.html

Imputaron a cuatro altos directivos de Minera Los Pelambres.
Tras la declaración indagatoria por escrito que hizo el lunes último ante el Juzgado Federal de San Juan (Argentina) el actual gerente general de la compañía chilena, Andrew Mayne-Nicholls, el juez Rago Gallo decidió imputar también al director general, Francisco Veloso. De esa forma, ahora son cuatro los ejecutivos de la minera chilena que están imputados por dos artículos de la Ley de Residuos Tóxicos, el 55 y el 182. Ellos son: Andrew Mayne-Nicholls, Alberto Cerdá Mery, Ignacio Cruz Zabala y ahora también Veloso.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal N° 2 de San Juan, imputó a la máxima autoridad minera de la compañía chilena Los Pelambres, por arrojar ilegalmente escombros tóxicos mineros (toneladas de rocas y más de 500 neumáticos gigantes) en el lado argentino de la cordillera de los Andes, en el departamento Calingasta. Es Francisco Veloso (foto), presidente del directorio de la compañía chilena que contaminó en Calingasta. Debe venir en marzo con otros dos gerentes.
Tras la declaración indagatoria por escrito que hizo el lunes último el actual gerente general de la compañía chilena, Andrew Mayne-Nicholls, el juez Rago Gallo decidió imputar también al director general, Francisco Veloso.
De esa forma, ahora son cuatro los ejecutivos de la minera chilena que están imputados por dos artículos de la Ley de Residuos Tóxicos, el 55 y el 182. Ellos son: Andrew Mayne-Nicholls, Alberto Cerdá Mery, Ignacio Cruz Zabala y ahora también Veloso.
Cerdá Mery y Zabala debían haber declarado la semana pasada, pero como pidieron ser eximidos de prisión y eso obligó a reprogramar el cronograma de indagatorias.
El beneficio de asegurarles la libertad cuando vengan a declarar les fue otorgado a los cuatro gerentes, tras un extenso trámite con las cancillerías de ambos países que se realizó a través de la Secretaría Penal N° 5 a cargo de Florencia Gutiérrez.
El artículo 55 dice que «será reprimido con las mismas penas establecidas en el art.200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
El artículo 182 habla de la usurpación de aguas. Dice que «será reprimido con prisión de quince días a un año: 1º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho”.
Por esos delitos deberá viajar a San Juan a declarar el director de Los Pelambres.
Según fuentes del Juzgado Federal N° 2, el cronograma es el siguiente: Francisco Veloso tiene fecha de indagatoria para el 8 de marzo de 2017, Alberdo Cerdá Mery el 9 de marzo de 2017 y Ignacio Cruz Zabala para el 10 de marzo de 2017.

Los ejecutivos mineros chilenos deberán rendir cuentas sobre porqué tiraron toneladas de rocas y más de 500 neumáticos gigantes en el lado argentino de la cordillera de los Andes. Los chilenos se escudan en que el botadero fue autorizado en el 2004 por las autoridades gubernamentales chilenas y que en el 2012 les informaron a ellos que el límite era otro y les admitieron que estaban tirando escombros de su mina en territorio prohibido.

Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2016/12/argentinachile-escombros-toxicos.html