13/07/2020
Imagen referencial / Foto: Cosapi

Se aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y su respectiva actualización, mediante las resoluciones directorales 055-2010-MEM-AAM y 300-2014-MEM-DGAAM, anunció el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.

Ahora, Doe Run Peru S.R.L. en Liquidación (DRP) tiene la obligación de constituir garantías suficientes para realizar el cierre de mina respectivo, indicó el Minem.

El 10 de marzo pasado, la Dirección General de Minería (DGM) dispuso la paralización de actividades del CMLO, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47° del Decreto Supremo N° 033-2005-EM, que ordena la paralización de actividades cuando se incumple la constitución de las garantías del plan de cierre de minas.

En junio, DRP presentó ante la DGM las garantías requeridas para el cumplimiento del plan de cierre, correspondiente al año 2020, por un total de USD 12′740,915.36, y el 8 de julio pasado, mediante Resolución Directoral Nº 0443-2020/MINEM-DGM, la DGM dispuso el levantamiento de la paralización de las actividades mineras en el CMLO, precisando que DRP debe garantizar un ambiente laboral con condiciones favorables para el desarrollo de las actividades mineras en el CMLO, en cumplimiento de las normas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, su certificación ambiental y de los protocolos sanitarios establecidos por el Minem y el Ministerio de Salud, así como de las demás normas conexas.

“Cabe aclarar que, el levantamiento de la paralización dispuesta por la DGM debe efectuarse sin perjuicio de las disposiciones legales emitidas por los organismos competentes en relación a la emergencia sanitaria”, señaló el Minem.
Fuente: Gestión

Perú aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya

14/07/2020

La ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, informó el jueves pasado que los contagios de coronavirus en el sector minero de Perú ascienden a casi 3.000 trabajadores, con dos fallecidos.

Vilca informó que la cifra de contagios representa un 2% de todos los trabajadores que actualmente han vuelto a las operaciones en las fases de reactivación en el segundo mayor productor mundial de cobre.

“Según registros que nos reportan las mineras al 29 de junio teníamos 2.957 trabajadores contagiados“, afirmó Vilca. “Sin embargo lamento profundamente que los reportes marquen el fallecimiento de dos trabajadores”.

Perú registró hasta el pasado miércoles 312.911 casos de coronavirus, la segunda mayor cifra de contagios en América Latina, detrás de Brasil, según datos oficiales. Los fallecidos suman 11.133 en todo el país.

La minería es vital para la economía de Perú porque es responsable del 60% de las exportaciones totales del país.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/sector-minero-de-peru-registra-casi-3-000-casos-de-coronavirus/

José De Echave C.
13 de julio de 2020
Imagen: Alterra

El 8 de julio se publicó en el diario El Comercio, a toda página, una carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas, dirigida al Presidente Martín Vizcarra. La carta estaba firmada por un conjunto de artistas y promotores culturales (músicos, directores de cine, dramaturgos), periodistas, dueños de restaurantes y hoteles, profesionales de diferentes disciplinas, residentes del exclusivo balneario de Santo Domingo que limita con la Reserva, entre otros.

En una parte de la comunicación se señala: “No hay que olvidar que Paracas -hoy por hoy- es el segundo lugar turístico del Perú. Pero toda inversión hotelera y su turismo ecológico va a desaparecer ante la amenaza de la construcción de un almacén de concentrado de minerales -de potencial tóxico- en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas. ¿Es que acaso no es una absoluta contradicción el promover un destino turístico paradisiaco con un almacén de minerales tóxicos en el límite de la Reserva, donde cualquier acción equívoca repercutiría en la salud de ésta directamente?”

Lo primero que hay que subrayar es que coincidimos con la preocupación que expresan los firmantes y respaldamos la iniciativa de proteger la Reserva Nacional de Paracas. Desde hace tiempo hemos venido denunciando el peligro que se cierne sobre esta importante reserva marina, que desde su creación ha estado fuertemente presionada por una creciente actividad pesquera, el aumento desordenado del turismo y urbanización en la zona, el mayor tránsito pesado y por supuesto un incremento cada vez más intenso de las actividades portuarias. Por ello, nos parece un despropósito que se pretenda ampliar la actividad del terminal portuario de Paracas para que se realice el almacenamiento y exportación de minerales y concentrados (400 mil toneladas al año), poniendo en mayor riesgo a esta importante reserva natural.

Cabe recordar que Paracas es una de las tres áreas marinas protegidas que existen en el país. El Perú apenas cuenta con menos del 1 % de su espacio marino bajo algún esquema de conservación, pese a que el Convenio sobre Diversidad Biológica, que hemos ratificado, establece que ya deberíamos estar protegiendo al menos el 10% de nuestras zonas marinas costeras y que la meta es llegar al 30% antes del 2030.

Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha escrito en sus redes sociales sobre el tema: “El análisis costo beneficio (herramienta elemental para aprobar una inversión o una ley o una licencia ambiental) debería ser el centro del debate. Valorar el patrimonio de Paracas antes de esta operación minera y medir sus riesgos: quién gana y quién pierde”.

Totalmente de acuerdo. Sin embargo, cómo no recordar que con estos mismos argumentos, pobladores de Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca, Cajamarca, Valle de Tambo, Tabaconas-Namballe, entre otros, han defendido y siguen defendiendo sus tierras y ecosistemas, frente a la pretendida expansión de proyectos mineros. La diferencia es que a ellos los tildaron de enemigos de la inversión, antipatriotas, perros del hortelano y hasta de terroristas antimineros.

El mencionado aviso a toda página de los defensores de Paracas ha sido respondido por otro aviso de dimensión similar y en el mismo diario, por los propietarios del Terminal Portuario de Paracas. El tema de fondo no debería ser quién tiene más recursos económicos y poder de influencia; lo que en realidad está en juego es cómo construimos como país en serio y a fondo una verdadera gobernanza ambiental para “respetar a la naturaleza”y no ceder a “la codicia y la ambición desmedida”, como señalan los firmantes de la carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas.

Respaldemos esta iniciativa porque “permitir la construcción y el funcionamiento de un almacén de concentrado de minerales tóxicos justo allí -al lado de la Reserva- sería un gravísimo e imperdonable error”. Al mismo tiempo, seamos optimistas y esperemos que cuando nuestros pueblos indígenas, comunidades campesinas u otras poblaciones, defiendan sus ecosistemas de agresiones similares, también sean respaldados por iniciativas como ésta y por varios de los firmantes.
www.cooperaccion.org.pe

Agricultores del Valle del Tambo, que se oponen al proyecto minero, serán sometidos a un juicio oral que no garantiza el debido proceso judicial
09/07/2020
Como es de conocimiento público, con fecha 3 de marzo de 2020, se inició el juicio oral a 17
agricultores del Valle del Tambo, que participaron de la legítima protesta social contra la imposición
del proyecto minero Tía María, entre fines de marzo y fines de mayo de 2015; juicio que se vio
interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia por razones sanitarias generadas por el
Covid-19.
Sin embargo, a pesar que que la Corte Suprema de Justicia de la República anunció el reinicio de
las actividades judiciales desde el 1 de julio de este año (sin atención al público) y, desde el 17 del
mismo mes el reinicio del cómputo de los plazos procesales y, reinicio de las nuevas programaciones
de audiencia; el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa ha programado el reinicio del Juicio Oral para hoy a las 2:00 p.m. mediante
videoconferencia.
Al respecto, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron criminalizados
arbitrariamente en este proceso penal, expresa su preocupación por la que considera precipitada
reprogramación de reinicio de este juicio oral si que se hayan superando los riesgos de un probable
incumplimiento de los principios procesales de inmediación, publicidad, contradicción y otros que si
garantizan el cumplimiento del debido proceso judicial que se exige para toda persona que es
sometida a un juzgamiento de esta naturaleza.
En efecto, en una audiencia judicial por video conferencia no hay una relación directa entre los
magistrados y los medios probatorios y/o fuentes de prueba, así como tampoco con el acusado o la
víctima, vulnerándose el principio de inmediación procesal.
Las audiencias en estas circunstancias están limitadas a los magistrados y partes del proceso pero
no al público en general, por lo cual no se verifica el necesario cumplimiento de la publicidad del
juicio oral que es otra exigecia de carácter fundamental (el control público en la administración de
justicia) para calificarlo como que está dotado del debido proceso judicial. Y, tampoco las partes
podrán realizar un oportuno ejercicio del principio de contradicción porque por más que s etrata de
una video cnferencia en tiempo real, las partes no necesariamente tienen la misma posibilidad de
cuestionar, refuter, etc., argumentaciones de otras de las partes.
No cabe duda que el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también, una manifestación
del debido proceso judicial, sin embargo, no se puede desarrollar un juicio oral sin que estén
presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresion del debido proceso judicial.
En ese sentido, FEDEPAZ exhorta a las autoridades judiciales para que garanticen la existencia de
un debido proceso judicial en este Juicio Oral que se le sigue a los agricultores del Valle del Tambo
que se oponen y han protestado legítimamente contra el desarrollo del proyecto minero Tía María
(al cual se opone el 97% de la población del Valle, según la Consulta Vecinal que se llevó a cabo elaño 2012). Razón por la cual expresa la necesidad de que se lleve a cabo un juicio oral de forma
presencial en la oportunidad de que la emergencia nacional sanitaria por el Covid-19 sea superada.

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