Colombia

En la consulta popular contra la minería

A través de una consulta popular, Cajamarca, municipio tolimense, le dijo no a uno de los proyectos más ambiciosos de extracción de oro: La Colosa. Desde entonces busca convertirse en la despensa agrícola del país.

El domingo 26 de marzo de 2017 fue un día inolvidable para los habitantes del municipio de Cajamarca (Tolima). La comunidad le dijo no a la ejecución de proyectos mineros en su territorio y con 6.165 votos, equivalentes al 97 % del total del escrutinio, obligó a la multinacional Anglo Gold Ashanti a detener la exploración de oro en la mina La Colosa.

Para muchos campesinos de la región esa era la elección más importante de sus vidas. En Cajamarca no se estaba decidiendo quién sería el gobernante de turno, sino cuál debía ser el modelo de desarrollo y sostenibilidad para el futuro. Las dos opciones estaban claras. La abstención, impulsada públicamente por la empresa y, en silencio, por el alcalde y el párroco, defendía la locomotora minero-energética, la extracción de recursos naturales no renovables y la inversión extranjera. El no a la minería, promovido por el Comité Ambiental y por los ciudadanos del común, quería conservar el páramo y los ríos, promover la agricultura y el ecoturismo, y garantizar la soberanía alimentaria para la comunidad.

Esa tarde de marzo no sólo estaba en juego el proyecto de La Colosa, sino el destino de la minería en el país. Como afirmó Róbinson Yance, líder del Comité Ambiental, después de conocer los resultados de la consulta, “esta decisión no sólo va a transformar el futuro del municipio, sino el futuro de las políticas públicas a nivel nacional”.Cajamarca le estaba dando una lección de dignidad a Colombia. La llama de rebeldía y resistencia pacífica que sus habitantes habían encendido se iba a multiplicar en los meses siguientes en más de una docena de pueblos que estaban dispuestos a seguir el ejemplo de determinación de los tolimenses.

¿Cómo era posible que un grupo de hombres y mujeres de un pequeño municipio de la cordillera Central le hubiera ganado, sin ningún arma distinta a la palabra, una pelea definitiva a la multinacional más importante en la explotación de oro del mundo? ¿Quién podía explicar que 6.000 personas comprometidas con el futuro de su territorio habían detenido el proyecto de extracción de oro más importante de los últimos diez años en Colombia?

La pelea, sin embargo, apenas estaba empezando. Después de la algarabía que trajo el triunfo de la comunidad vino una serie de hechos que pusieron a Cajamarca de nuevo en las portadas de los medios de comunicación. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dijo que la consulta “no tenía la capacidad de cambiar la ley”; Carlos Enciso, el antiguo gerente de operación corporativa de Anglo Gold Ashanti, insistía en que la decisión no era vinculante y que, por eso, la empresa podía seguir adelante con el proyecto, y el alcalde del municipio, Pedro Pablo Marín, aseguró en varias oportunidades que en Cajamarca había una especie de crisis socioeconómica y que la gente estaba arrepentida de haber votado no a la minería.

A pesar de todos los peros, los resultados de la consulta fueron respaldados por distintas organizaciones de la sociedad civil que se dedicaron a defender con solidez jurídica la decisión que habían tomado los habitantes de Cajamarca. Dejusticia demostró que las leyes 134 y 1757 establecían que el resultado de una consulta popular, si superaba el umbral necesario, era obligatorio y vinculante. “Jurídicamente, lo que tiene que pasar en este caso es que el Concejo municipal deberá adoptar la decisión del mandato popular y prohibir la minería en el municipio”, sostuvo en su momento Diana Rodríguez, investigadora de esa ONG.

Y así sucedió. El Concejo de Cajamarca ordenó a regañadientes prohibir la minería en el territorio y, por eso, el 27 de abril, treinta días después de la consulta, Anglo Gold Ashanti reconoció la posición expresada por la comunidad y decidió detener indefinidamente las operaciones e irse de la región. “No se realizarán nuevas inversiones en los trabajos de estudio y exploración, los gastos operativos serán reducidos al mínimo y más de 400 trabajadores de las áreas de operación, administración y logística, asentados en la zona, serán liquidados e indemnizados”, escribió en un comunicado de prensa.

Los líderes de la comunidad coincidieron en que esta fue la segunda victoria de los que creen en la posibilidad de un proyecto de desarrollo económico distinto a la minería. Para Renzo García, promotor de la consulta popular, la decisión de la empresa estaba en línea con la Constitución Política y abría nuevos retos para el municipio. “El balón ahora está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad demostrar que la agricultura y el ecoturismo son una posibilidad real para generar riqueza y buen vivir en el territorio Es nuestro deber potencializar los procesos de organización campesina, promover un uso adecuado de la tierra, abogar por el consumo de alimentos sanos y generar empleo para toda la población de Cajamarca”, reconoció una vez Anglo Gold anunció el fin de sus operaciones en el municipio.

Tres meses después de la consulta decidimos volver a Cajamarca para ver cuáles eran las principales consecuencias de la salida de Anglo Gold Ashanti. Queríamos confirmar o desmentir la preocupación generalizada de que los empleos y el dinero que se perdieron con el cierre de la mina habían frenado el desarrollo del municipio. Descubrimos que la comunidad en su conjunto, desde el alcalde hasta los líderes ambientales, estaba de acuerdo en que la bonanza, la estabilidad o la crisis de la economía en Cajamarca dependían del precio de la carga de arracacha y del bulto de fríjol, no de la extracción de oro.

La comunidad que había decidido detener el proyecto de extracción aurífero más ambicioso del país estaba buscando nuevas formas de reinventarse. Lo único claro en esos momentos y hasta hoy es que el municipio avanza en la posibilidad de consolidar un modelo de desarrollo basado en la producción de alimentos. Cajamarca ha logrado posicionarse como el primer productor de arracacha del mundo, el tercer productor de fríjol del país y, con la ayuda del Gobierno Nacional, espera convertirse en la primera despensa agrícola de Colombia.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/en-la-consulta-popular-contra-la-mineria-articulo-731035

Argentina

La segunda multa millonaria a Barrick irá a proyectos productivos en comunidades

Tras 15 meses de investigación interna, la gestión uñaquista definió otra dura multa a la empresa Barrick por los incidentes en la mina Veladero de septiembre de 2016 y marzo de este año. En ambos hubo fugas de solución cianurada que sobrepasaron el valle de lixiviación, aunque no llegaron a ningún río. La sanción fue de poco más de 104 millones de pesos y el dinero irá a parar al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, el cual apunta a fomentar proyectos productivos. Si bien este medio no pudo acceder al acta de infracción, el dato fue confirmado de manera extraoficial y luego por un comunicado de la propia compañía. Los fundamentos apuntan a la reincidencia de fallas y a que la compañía no había hecho las obras que le había pedido el Ministerio de Minería. Es que en septiembre de 2015 se produjo un derrame de líquido con cianuro que sí alcanzó a tres cursos de agua en Iglesia. Por ese hecho, la provincia castigó a la operadora del yacimiento con casi 146 millones de pesos.

La sanción es de 104.400.000 pesos por los incidentes de 2016 y 2017. La anterior fue de casi 146 millones.

La resolución del Gobierno trascendió a fines de esta semana, Barrick ya había sido notificada y desde la firma señalaron que «estamos analizando el documento a fin de evaluar nuestras próximas acciones». La compañía puede aceptar la sanción o pedirle a Minería que revea la resolución y si no tuviera suerte, ir a la Justicia.

La decisión revela una fuerte postura del uñaquismo en sancionar los accidentes que se produzcan en la minería, ya sea que tengan incidencia en el medio ambiente como aquellos que reflejen errores en las operaciones y tengan un impacto social negativo sobre la actividad. Si bien el derrame de 2015 se dio en la administración de José Luis Gioja, el castigo finalmente lo impuso el actual Gobierno.

Por los tres incidentes se abrieron investigaciones en la Justicia para determinar si se produjeron delitos, aunque tuvieron resultados distintos (Ver recuadro). Por su parte, el Ejecutivo encaró sumarios y primero multó a Barrick con casi 146 millones de pesos por el derrame de 2015. En los de 2016 y 2017 evaluó que hubo incumplimientos ante directivas de la autoridad provincial y repetición de fallas en los procesos. Ante estos, en el Gobierno habían asegurado que iba a haber una sanción y que habían decidido acumular los dos expedientes, por lo que restaba saber el monto. Al final, la suma ascendió a 104.400.000 pesos y las autoridades dispusieron que la empresa depositara el dinero en una cuenta de la cartera minera local. La misma está destinada al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, con el que la gestión uñaquista impulsa proyectos productivos en el sector de la agricultura, ganadería, pequeña y mediana minería, industria, comercio, turismo y servicios afines a la producción. El objetivo es que dichos planes apuesten al impulso de actividades económicas ligadas a la identidad de cada comunidad y que favorezca la generación de empleos. Con la primera multa, el Ejecutivo distribuyó 80 millones de pesos para proyectos productivos en Jáchal e Iglesia, por ejemplo.

La nueva sanción tiene su origen el 8 de septiembre del año pasado, cuando un bloque de hielo desacopló una cañería que trasladaba solución cianurada. El líquido se estancó en una curva de la berma (talud de contención) y empujó material que salió del valle de lixiviación, el área en el que se separa la roca del mineral con el químico. El hecho que se acumuló fue en marzo de este año, que consistió en la fuga de solución rica (oro, plata y cianuro) que también escapó del valle, pero que luego fue reencauzada hacia dentro del perímetro.

 

Obras

Luego de los tres incidentes, el Gobierno obligó a la empresa a realizar obras de mejoras para reducir los accidentes. Así se aumentaron las alturas de las bermas de contención, se reforzaron los acoples de las cañerías, las mismas se separaron del límite del valle de lixiviación y se instalaron cámaras de vigilancia.

Sanción económica

104  Millones de pesos es el valor de la segunda multa que el Gobierno le aplicó a Barrick. La primera fue de casi 146 millones.

 

La decisión judicial en los tres hechos

 

En el derrame de solución cianurada de septiembre de 2015, la Cámara Penal confirmó los procesamientos del juez de Jáchal, Pablo Oritja, contra los ejecutivos Leandro Poblete, Segundo Álvarez, Carlos Cabanillas, Ángel Escudero, Osvaldo Brocca, David Sánchez y Ricardo Cortéz. Todos quedaron en la mira por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, es decir, por actuar con negligencia o impericia en la profesión. Tras la fuga, el líquido llegó a los ríos iglesianos Potrerillos, Las Taguas y La Palca. La causa fue elevada a juicio.

El segundo incidente de septiembre de 2016 fue archivado, mientras que el de marzo de este año seguirá el mismo camino, tras un pedido fiscal en ese sentido. Si bien en ambos hubo fuga de soluciones con químicos, nunca llegaron a los ríos. La Justicia entiende que no hay delito porque no se vio afectada la salud pública ni el medio ambiente.

Fuente:https://www.diariodecuyo.com.ar/politica/La-segunda-multa-millonaria-a-Barrick-ira-a-proyectos-productivos-en-comunidades-20171230-0087.html

Chile

Experto advierte que aumento en extracción de litio puede afectar la biodiversidad de los salares

“Los salares tienen una microfauna que depende de las concentraciones de sales que están en estos. Si se alteran por aumentar las tasas de producción de litio, la preocupación es cómo se va a mantener dicha microfauna”, sostiene el académico Usach Domingo Ruiz.

La nueva conciliación entre SQM y Corfo podría terminar con el arbitraje que los mantiene enfrentados ya que, según fuentes cercanas al acercamiento, se mantendría el aumento de cuota establecido en el acuerdo, que antes fracasó y que fijaba un permiso de extracción en 180 mil toneladas de litio metálico, cercano a las 950 mil toneladas de carbonato de litio equivalente. Esto podría ser extraído por Soquimich en el Salar de Atacama desde 2022 y hasta 2030.
El experto en litio y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Domingo Ruiz, reconoce que esta eventual cuota de extracción podría posicionar al país entre los mayores exportadores del mineral. Sin embargo, advierte que, antes de iniciar la extracción de litio, lo primero es establecer regulaciones medioambientales que aseguren que no se afectará la biodiversidad de los salares.

“Los salares tienen una microfauna que depende de las concentraciones de sales que están en estos. Si se alteran por aumentar las tasas de producción de litio, la preocupación es cómo se va a mantener dicha microfauna”, sostiene.

El doctor en química indica que este tema surgió en el informe de la Comisión Nacional del Litio, en 2015, que, justamente, daba cuenta de la falta de regulación en la materia, lo cual “aún no está formalizado y, por lo tanto, queda en tierra de nadie”, considera.

“En los salares se extraen salmueras y se depositan en grandes piscinas, donde quedan hasta que se evapore el agua. Todos los excedentes vuelven a reinyectarse al salar, por lo que hay un equilibrio hidrodinámico que se está modificando de manera permanente”, explica.

Subir el royalty

Por otra parte, el académico sostiene que, a la luz de que las principales empresas que extraen el mineral estratégico para Chile son privadas, la ley debiera estipular un royalty alto que resguarde los intereses económicos del país.

“La licitación sigue siendo muy desbalanceada respecto a los intereses del país. Tenemos materia prima y el know-how de cómo extraerla. Sin embargo, el royalty regala un porcentaje importante de la concesión. Además la licitación nunca es demasiado cara, por lo que no queda claro cuánto es el retorno para el país”, critica.

Agregar valor

Finalmente, el académico valora los avances del país en los últimos diez años para agregar valor a la extracción de una materia prima importante como el litio. Sin embargo, estima que aún es muy incipiente.

“Vamos en la dirección correcta, pero falta trabajo que hacer todavía. Es una industria muy incipiente concentrada en la extracción de carbonato de litio y su purificación”, concluye.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/experto-advierte-que-aumento-en-extraccion-de-litio-puede-afectar-la-biodiversidad-de-los-salares/