A través de una consulta popular, Cajamarca, municipio tolimense, le dijo no a uno de los proyectos más ambiciosos de extracción de oro: La Colosa. Desde entonces busca convertirse en la despensa agrícola del país.
El domingo 26 de marzo de 2017 fue un día inolvidable para los habitantes del municipio de Cajamarca (Tolima). La comunidad le dijo no a la ejecución de proyectos mineros en su territorio y con 6.165 votos, equivalentes al 97 % del total del escrutinio, obligó a la multinacional Anglo Gold Ashanti a detener la exploración de oro en la mina La Colosa.
Para muchos campesinos de la región esa era la elección más importante de sus vidas. En Cajamarca no se estaba decidiendo quién sería el gobernante de turno, sino cuál debía ser el modelo de desarrollo y sostenibilidad para el futuro. Las dos opciones estaban claras. La abstención, impulsada públicamente por la empresa y, en silencio, por el alcalde y el párroco, defendía la locomotora minero-energética, la extracción de recursos naturales no renovables y la inversión extranjera. El no a la minería, promovido por el Comité Ambiental y por los ciudadanos del común, quería conservar el páramo y los ríos, promover la agricultura y el ecoturismo, y garantizar la soberanía alimentaria para la comunidad.
Esa tarde de marzo no sólo estaba en juego el proyecto de La Colosa, sino el destino de la minería en el país. Como afirmó Róbinson Yance, líder del Comité Ambiental, después de conocer los resultados de la consulta, “esta decisión no sólo va a transformar el futuro del municipio, sino el futuro de las políticas públicas a nivel nacional”.Cajamarca le estaba dando una lección de dignidad a Colombia. La llama de rebeldía y resistencia pacífica que sus habitantes habían encendido se iba a multiplicar en los meses siguientes en más de una docena de pueblos que estaban dispuestos a seguir el ejemplo de determinación de los tolimenses.
¿Cómo era posible que un grupo de hombres y mujeres de un pequeño municipio de la cordillera Central le hubiera ganado, sin ningún arma distinta a la palabra, una pelea definitiva a la multinacional más importante en la explotación de oro del mundo? ¿Quién podía explicar que 6.000 personas comprometidas con el futuro de su territorio habían detenido el proyecto de extracción de oro más importante de los últimos diez años en Colombia?
La pelea, sin embargo, apenas estaba empezando. Después de la algarabía que trajo el triunfo de la comunidad vino una serie de hechos que pusieron a Cajamarca de nuevo en las portadas de los medios de comunicación. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dijo que la consulta “no tenía la capacidad de cambiar la ley”; Carlos Enciso, el antiguo gerente de operación corporativa de Anglo Gold Ashanti, insistía en que la decisión no era vinculante y que, por eso, la empresa podía seguir adelante con el proyecto, y el alcalde del municipio, Pedro Pablo Marín, aseguró en varias oportunidades que en Cajamarca había una especie de crisis socioeconómica y que la gente estaba arrepentida de haber votado no a la minería.
A pesar de todos los peros, los resultados de la consulta fueron respaldados por distintas organizaciones de la sociedad civil que se dedicaron a defender con solidez jurídica la decisión que habían tomado los habitantes de Cajamarca. Dejusticia demostró que las leyes 134 y 1757 establecían que el resultado de una consulta popular, si superaba el umbral necesario, era obligatorio y vinculante. “Jurídicamente, lo que tiene que pasar en este caso es que el Concejo municipal deberá adoptar la decisión del mandato popular y prohibir la minería en el municipio”, sostuvo en su momento Diana Rodríguez, investigadora de esa ONG.
Y así sucedió. El Concejo de Cajamarca ordenó a regañadientes prohibir la minería en el territorio y, por eso, el 27 de abril, treinta días después de la consulta, Anglo Gold Ashanti reconoció la posición expresada por la comunidad y decidió detener indefinidamente las operaciones e irse de la región. “No se realizarán nuevas inversiones en los trabajos de estudio y exploración, los gastos operativos serán reducidos al mínimo y más de 400 trabajadores de las áreas de operación, administración y logística, asentados en la zona, serán liquidados e indemnizados”, escribió en un comunicado de prensa.
Los líderes de la comunidad coincidieron en que esta fue la segunda victoria de los que creen en la posibilidad de un proyecto de desarrollo económico distinto a la minería. Para Renzo García, promotor de la consulta popular, la decisión de la empresa estaba en línea con la Constitución Política y abría nuevos retos para el municipio. “El balón ahora está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad demostrar que la agricultura y el ecoturismo son una posibilidad real para generar riqueza y buen vivir en el territorio Es nuestro deber potencializar los procesos de organización campesina, promover un uso adecuado de la tierra, abogar por el consumo de alimentos sanos y generar empleo para toda la población de Cajamarca”, reconoció una vez Anglo Gold anunció el fin de sus operaciones en el municipio.
Tres meses después de la consulta decidimos volver a Cajamarca para ver cuáles eran las principales consecuencias de la salida de Anglo Gold Ashanti. Queríamos confirmar o desmentir la preocupación generalizada de que los empleos y el dinero que se perdieron con el cierre de la mina habían frenado el desarrollo del municipio. Descubrimos que la comunidad en su conjunto, desde el alcalde hasta los líderes ambientales, estaba de acuerdo en que la bonanza, la estabilidad o la crisis de la economía en Cajamarca dependían del precio de la carga de arracacha y del bulto de fríjol, no de la extracción de oro.
La comunidad que había decidido detener el proyecto de extracción aurífero más ambicioso del país estaba buscando nuevas formas de reinventarse. Lo único claro en esos momentos y hasta hoy es que el municipio avanza en la posibilidad de consolidar un modelo de desarrollo basado en la producción de alimentos. Cajamarca ha logrado posicionarse como el primer productor de arracacha del mundo, el tercer productor de fríjol del país y, con la ayuda del Gobierno Nacional, espera convertirse en la primera despensa agrícola de Colombia.
Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/en-la-consulta-popular-contra-la-mineria-articulo-731035