La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el segundo semestre del año pasado, provocó aparentemente una suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.
Organizaciones garífunas, indígenas y populares les fumaron el puro a los diputados y “enterraron” simbólicamente el Congreso Nacional la mañana de ayer durante una protesta que realizaron contra la recién aprobada Ley de Minería y de las Regiones Especiales de Empleo y Desarrollo económico, o Ciudades Modelo.
Las protestas iniciaron muy temprano con la llegada a los bajos del Palacio Legislativo de miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Junto a ellos arribaron afiliados del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y del Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMH). Posteriormente, a ellos se les sumaron integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes primero protestaron frente a la Dirección de Fomento a la Minería (DEFOMIN).
La agresión y asalto depredador que sucede con la mina Caballo Blanco de la canadiense Goldgroup es un esquema que se multiplica varias veces con la dispersión de proyectos hidroeléctricos por el estado. El capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos ha hecho pública la violación sistemática de 15 derechos humanos de las comunidades indígenas y mestizas afectadas por estos proyectos de altísimo impacto. Igualmente se movilizan contra el maíz transgénico; el sábado pasado se inició una huelga de hambre en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. En la última década se ha desatado un proceso prácticamente expropiatorio por toda Latinoamérica, que ha secuestrado la tranquilidad en miles de comunidades aisladas por toda América Latina. El sexenio de Calderón le significó al país no solo el trauma brutal de la guerra, sino hipotecar en concesiones a empresas mineras casi la tercera parte del territorio nacional.
A través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) se aprobaría propuesta que ya había sido detenida por la comunidad y declarada ilegal por el Gobierno del Estado.
Ciudad de México, México- La aprobación para incinerar residuos municipales en una cementera en Huichapan, México, podría confirmarse en los próximos días, denunció la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) tras la publicación del informe «Desde el Bordo Poniente a Cemex.»
Estimado/a señor/a:
Me dirijo a usted para saludarlo/a cordialmente y, al mismo tiempo, hacer de su conocimiento la comunicación que ha emitido la Defensoría del Pueblo a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la situación que viene desarrollándose en el distrito de Cañaris, ante los reclamos de un sector de la población respecto a las actividades de exploración de la empresa Cañariaco Copper Perú S.A.
La protesta de la comunidad San Juan de Cañaris contra el proyecto minero Cañariaco intenta ser desvirtuada con el manido argumento de que se trata de una “minoría” azuzada por “radicales antimineros”. Como este argumento ya no lo cree nadie ahora se pretende negar que les asista el derecho a la consulta previa. Para esclarecer este tema compartimos dos artículos con posición opuesta sobre el tema.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio está a punto de aprobar una propuesta ya se ha detenido por la comunidad local y el gobierno del estado.
La aprobación de incineración de residuos en un horno de cemento en Huichapan, México podrán ser concedidos en cuestión de días por el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas institución, según informa la Alianza Global para Alternativas a la Incineración en su nuevo estudio de caso, «De Bordo Poniente a CEMEX «.