A finales de septiembre, la nación indígena Dena del Río Ross fue informada por la Corte Suprema de Canadá que no daría curso a la apelación intentada en su contra por el Gobierno del Yukón en el sentido de revertir una decisión anterior que limita fuertemente la legislación territorial sobre la libre entrada para ortogar concesiones mineras. Esto significa que la decisión anterior de la Corte de Apelación del Yukón se mantiene.
La comunidad de Rio Ross Dena decidió llevar a los tribunales al gobierno del Yukón en razón a sus prácticas inconsultas de otorgar concesiones mineras y autorizar actividades de exploración minera preliminar en las tierras tradicionales de esta nación indígena, sin tomar en cuenta sus derechos y títulos aborígenes. (La Sociedad Conservacionista del Yukón tiene una excelente animación gráfica que plantea el tema de la reclamación de territorios.) El juez de la causa en el Tribunal de Apelación del Yukón estuvo de acuerdo y falló a favor de la comunidad del Rio Ross solicitándole al gobierno territorial mecanismos de consulta para dar cabida a los derechos y títulos aborígenes de los indígenas del Rio Ross antes de darle curso a concesiones mineras y actividades de exploración.
Si bien el requerimiento de consulta pública para realizar actividades de exploración minera avanzada está claramente establecido en la jurisprudencia canadiense (aun cuando no es respetado en todas las jurisdicciones) esta es la primera vez que los tribunales han indicado claramente la necesidad de adelantar consultas previas al otorgamiento de concesiones mineras. Esta decisión es un reconocimiento importante sobre las consecuencias que puede generar el otorgamiento de concesiones mineras al afectar los títulos aborígenes, ya que al establecer la existencia de intereses de terceros ello puede impactar considerablemente las futuras decisiones sobre el uso de la tierra.
El gobierno del Yukón había argumentado que no tenían la obligación de consultar, ya que no estaban tomando decisiones activamente sobre el otorgamiento de concesiones mineras o la exploracion minera preliminar. Sin embargo, el Juez del Tribunal de Apelación no aceptó este argumento, declarando que:
«Existe la obligación de consultar para asegurarse que la Corona [el Estado en Canadá] no administra sus recursos de una manera que hace caso omiso de las reclamaciones indígenas. Es un mecanismo por el cual los reclamos de las Primeras Naciones (Pueblos Originarios Indígenas) pueden conciliarse con el derecho de la Corona a la gestión de los recursos. Regímenes legales que no permiten la consulta y no ofrecen otros medios igualmente eficaces para reconocer y dar cabida a las reivindicaciones indígenas son defectuosos y no se puede permitir su permanencia».
Como era de esperar, las declaraciones de la Asociación de Exploradores del Yukón exageraron sobre los peligros para la industria minera local, citando al presidente de la Asociación argumentado que:
“Cualquier cosa que afecte la buena reputación del Yukón como un lugar para invertir en exploración minera hará que sea más difícil para nosotros (las empresas mineras) defender las propiedades que estamos explorando”.
No obstante, la Asociación de Exploradores no reconoce que la persistencia de conflictos y la actual falta de claridad legal sobre el proceso para conciliar los derechos y títulos aborígenes sobre su territorio tienen la misma probabilidad (si no más) para ahuyentar a los inversionistas, tal como factores adicionales involucrados para la solicitud de concesiones, la consulta previa temprana o la limitación de áreas con acceso a concesiones, cuya finalidad es hacer respetar los derechos y títulos indígenas.
El requerimiento de abordar la cuestión de los títulos aborígenes previamente al establecimiento de concesiones mineras probablemente traerá consecuencias legales futuras en todo Canadá, ya que actualmente no existe una jurisdicción que tenga un mecanismo para ello. Algunas zonas de algunas provincias y territorios podrán cumplir con la decisión del Río Ross respecto al replanteo de los mecanismos de solicitud de concesiones, si los planes sobre el uso del suelo que identifican posibles áreas de concesiones se realizan conjuntamente de acuerdo con los pueblos aborígenes de la zona. Sin embargo, hoy día existen relativamente pocas áreas en que esto sea el caso.
El requisito de consulta previa a cualquier actividad de exploración minera es probable que requiera modificaciones en la mayoría de los procedimientos actuales de consulta en el país. La provincia de Ontario sería la posible excepción ya que recientes regulaciones exigen la consulta por las empresas mineras antes que estas presenten sus planes de trabajo o solicitudes de permisos para exploración.
Provincial, territorial and the federal governments will likely argue that the decision doesn’t apply to areas with historic or modern treaties as their interpretation of the treaties is that they extinguish all prior Aboriginal rights and title. Aboriginal signatories and some legal experts disagree with the Crown’s interpretation of the treaties and will likely push to apply the decision more broadly.
Áreas sin tratados territoriales históricos o modernos incluyen la mayor parte de la provincia de Colombia Británica, y partes de las provincias de Ontario, Quebec, Terranova y Labrador, y todas las provincias marítimas. En teoría, debería haber pocas barreras para la aplicación general de la decisión de la Corte Suprema sobre el Río Ross en estas áreas.
Al gobierno del Yukón le ha sido ordenado responder a la corte por su decisión antes de finales de año, pero su respuesta hasta el momento indica que el gobierno territorial no tiene la intención de aplicar la decisión fuera de la zona del Río Ross. Está por verse si otros gobiernos territoriales y provinciales pueden ver los señales de cambio. Si la historia del pasado es una indicación, puede que sea necesario que se produzcan más demandas judiciales a fin de asegurar que se cumplan con las normas establecidas por el caso del Rio Ross- un patrón que ha sido señalado por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial. En su informe del 2012 el Comité sobre Canadá expresa su preocupación «de que los pueblos aborígenes incurren en gastos financieros fuertes producto de litigios para resolver conflictos de tierras con el Estado (Canadiense) debido a las rígidas posiciones adversas tomadas por los partidarios del Estado en esas controversias.»
La decisión completa de la Corte de Apelación se puede leer acá.
Traducción por Alfredo Lascoutx.