El conflicto en torno a Mina Conga va durando ya lo que dura el Gobierno del Presidente Humala y se ha tumbado a dos primeros ministros con sus gabinetes. Ha costado, además, 5 muertos, decenas de heridos y más de una centena de denunciados y procesados, y el gobierno sigue sin saber bien qué hacer al respecto, salvo mantener el Estado de Emergencia en Cajamarca para impedir que la resistencia se manifieste abiertamente.
Algunas lecciones para el gobierno para evitar la violencia, priorizar el agua y garantizar los derechos de los pueblos
El conflicto minero que más se parece a lo de Conga es, en términos de duración, fuerza organizativa, actores sociales y capacidad de propuesta, probablemente el caso de Río Blanco. En ello, las comunidades de Segunda y Cajas y de Yanta , articuladas a organizaciones y municipalidades de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), Ayavaca, Huancambamba y Tambogrande (Piura) en el Frente para el Desarrollo Sostenible en la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) se opusieron a la conformación de un distrito minero en sus territorios, ya que ello afectaría al ecosistema de los páramos andinos y los bosques neblinas que proveen de agua a la zona.
Campesinos y pobladores de la provincia cajamarquina de Bambamarca desafiaron la medida de excepción que impide concentraciones públicas, marcharon por la ciudad, y se trasladaron hasta la zona de influencia del proyecto minero Conga para realizar una asamblea como una muestra de protesta.
Medida de fuerza fue convocada por el Comando Unitario de Lucha en toda Cajamarca pero solo se cumplió en la provincia de Bambamarca. Campesinos marcharon hasta la laguna Namococha, dentro de la zona de influencia del proyecto minero Conga, de la empresa estadounidense Newmont.