“Yo me acerqué a un centro de salud y me dijeron que era gripa. Luego me fui a una unidad móvil y me dijeron que ocupaba un psiquiatra. Les pedía que me hicieran análisis de sangre y mi situación empezó a agravarse: empecé a tener sensibilidad en la mano, a sentir que la piel me quemaba, fui perdiendo motricidad, no me podía levantar de la cama”, dice Zoila López Villa, una habitante del Río Sonora.
Zoila asegura que empezó a enfermarse inmediatamente después del derrame del 6 de agosto de 2014. Cuando Grupo México les repartía agua en garrafones.
Ahí ella y su familia empezaron a padecer vómitos, diarrea y encoriaciones en la piel. Pero Zoila fue quien enfermó más gravemente.
“No sabía qué estaba pasando con mi salud. Las autoridades no me atendían y no teníamos recursos para ir a un médico particular. Queríamos pedir prestado, pero en todas partes nos cerraban las puertas. Mi esposo quería vender una vaca, pero estaba prohibido vender ganado y el dinero que teníamos estaba invertido. Todo se perdió”, cuenta entre sollozos frente a los medios de comunicación nacionales en la Ciudad de México.
La mujer viajó expresamente a contar su historia junto con otros miembros del Comité Cuenca Río Sonora.
Fue hasta abril de este año, dice, que personal de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), tocó a su puerta para hacerle análisis de orina y sangre.
“Hasta la fecha me dicen en la clínica de Ures, que hay ciertos estudios que ocupo, que no me los pueden hacer pero no hay recursos. Me dicen que tienen que gestionarnos en alguna institución. Así como yo fui afectada, hay muchas personas que están siendo afectadas. Hay personas, aunque les parezca difícil de creer, que viven en el río, que no tienen dinero para comprar un garrafón de agua purificada. No podemos decir que la tragedia pasó. Todavía no tenemos agua, la pipa no pasa todos los días. En mi caso tengo que salir a otras comunidades a lavar ropa. No se han hecho los pozos que se prometieron”, dice.
Sin embargo, aunque a Zoila le digan que no hay recursos suficientes para atenderla, existe el Fideicomiso Río Sonora: una bolsa de 2 mil millones de pesos creada en septiembre de 2014 por las subsidiarias de Grupo México Buenavista del Cobre y Operadora de Minas.
Se formó un Comité Técnico que evaluaría las reclamaciones de la población, para resarcir los daños del derrame, pero de acuerdo con los miembros del Comité Cuenca Río Sonora y la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), las autoridades del Gobierno federal no realizaron un estudio profundo, socioeconómico, para determinar la entrega de los recursos.
Una investigación realizada por SinEmbargo descubrió que los siete alcaldes y sus familiares de los municipios afectados cobraron cheques jugosos por resarcimientos de acuerdo con la lista de beneficiarios del Fideicomiso Río Sonora.