El sábado 16 de marzo el municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, fue sede del foro informativo sobre hidrominería convocado por el Consejo Tiyat Tlali, (CTT), vocablos nahua y totonaco para decir tierra; el encuentro se da en el creciente número de concesiones que los gobiernos federal y estatal han dado a empresas extractivas, mexicanas y extranjeras.
Ante campesinos provenientes de los municipios serranos de Cuetzalan, Ixtepec, Caxhuacan, Zautla, Hueytlamalco, Huehuetla, Tlatlauqitepec, Ahuacatlan, Jonotla, Xicotepec de Juárez, Mazatepec, Huitzilan y Olintla, Tuzamapan, el párroco Mario Pérez hizo mención de la espiritualidad como fuente de alimento que nos fortalece; y denunció la explotación irracional al cuestionar el modelo económico actual pues trae consigo devastación, que provoca que la población sea expulsada de sus tierras.
Desde las primeras horas de una húmeda mañana, pobladores en su mayoría indígenas de diferentes municipios acudieron al auditorio-cancha de básquetbol del DIF municipal, para conocer la información del círculo extractivo de la minería y la generación de energía hidrológica para la operación de las primeras, a decir de Silvia Villaseñor, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario al CTT.
Mencionó que el 30% del territorio mexicano ha sido concesionado a empresas mineras y destaca que actualmente lo que se hace es explotar a los cerros, es decir, la minería a cielo abierto, en donde para separar el mineral de la roca se utilizan el cianuro, y citó el caso de la minera San Xavier, en San Luis Potosí, que utiliza 32 millones de litros de agua mezclado con 16 toneladas de cianuro; consumiendo en una hora el agua que utiliza una familia en 10 años.
En el caso de las hidroeléctricas dijo que sólo dejan pasar del 10 al 20 % del agua y con ello se argumenta que con esta cantidad se pude mantener vivo el río. Un problema que se genera al desviar el cauce del río, es que se seque en tramos de 3 a 4 kilómetros, dañando seriamente las parcelas de los habitantes, que en el caso de Olintla ni siquiera han pedido permiso.
Es Villaseñor quien presentó a Miguel Vázquez de la comunidad de Zaragoza, del municipio de Olintla, en donde pobladores totonacos se oponen a que sean invadidas sus tierras para la construcción de una presa por el Grupo México.
También informó que no se ha retirado la máquina pues ha sido guardada en la cabecera municipal, por lo que afirmó que si no sacan la máquina del municipio, no van a levantar el plantón, pues no es un problema exclusivo de Zaragoza, sino de todo el municipio de Olintla y demás comunidades ubicadas en la cuenca del río Ajajalpan.
Otro de los participantes fue el abogado oaxaqueño Francisco López Barcenas, quien expuso el derecho a la consulta que tienen los pueblos originarios, e hizo notar que se trata de la búsqueda de caminos para solucionar las demandas de los pueblos. Refirió que dicho derecho se fundamenta en el convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, instrumentos jurídicos internacionales suscritos por México.
Otro de los participantes fue Alberto Atilo Peralta, quien centró su participación sobre el tema del agua. También se contó con la intervención de Gerardo Pérez Muñoz para hablar del territorio indígena en el estado de Puebla, quien destacó que la Sierra Norte ha sido afectada históricamente por esta actividad.
Para concluir el foro se abrió un espacio de participación para responder a las preguntas ¿qué se piensa de este tipo de desarrollo que impulsan las empresa extractivas? En este sentido los participantes manifestaron que conservar el conocimiento tradicional es una manera de enriquecer el patrimonio cultural de los pueblos.
A la pregunta ¿cómo nos gustaría ver la vida de nuestros pueblos?, expresaron que un pueblo organizado es una condición para mejorar las condiciones de vida; por lo que se expresaron en el sentido de tener información sobre los derechos, pero que todas las comunidades accedan a ellos y el Estado debe garantizarlo. También se habló de que la información presentada sea devuelta a todas las comunidades nahuas, totonacas, otomí y mestizas.