Argentina

Ratificaron estrecho vínculo entre Minera El Aguilar y aparato represivo

10 de Agosto de 2012
En la novena audiencia del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, y en el marco del desarrollo de la Causa Avelino Bazán y otros, este jueves comparecieron ante el Tribunal Oral Federal, cuatro sobrevivientes de las acciones

represivas contra trabajadores mineros por fuerzas conjuntas y la Cia Minera El Aguilar.

Los testigos Alberto Aramayo, Reynaldo Aguilar, Bruno René Díaz y Fausto Calapeña, aportaron datos contundente que ratifican el rol que cumplió la empresa: señalar a las víctimas y aportar toda la logística para que Gendarmería y la Policía pudieran ejecutar las detenciones.

Cabe señalar que el imputado Antonio Vargas siguió las instancias del debate por videoconferencia, desde el Hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza donde se encuentra alojado.

«Me amenazaban con hacerme desaparecer»

El primer testigo, Alberto Aramayo, también testimonió por videoconferencia desde el Tribunal Oral Federal de Salta. El testigo fue detenido los primeros días de septiembre de 1976, por personal de Policía y Gendarmería en su casa de Mina El Aguilar.

Identificó en ese operativo al Comisario de Policía Justino Rivera y al Comandante de Gendarmería Jorge Borges Do Canto.

Aramayo relató que con los ojos vendados y esposado, fue trasladado hacia la Subcomisaría de Humahuaca. Allí fue sometido a interrogatorios y amenazas. «Me sacaban de la Comisaría y me pedían que hable y me amenazaban con hacerme desaparecer» afirmó el testigo. Aramayo pudo identificar claramente la camioneta en la que había sido trasladado desde El Aguilar. Se trataba de una Ford, color azul, de propiedad de la Cia. Minera El Aguilar, que él mismo había tenido que arreglar porque –según le dijeron- la Gendarmería la necesitaba.

En Humahuaca «me dieron golpes en el cuerpo, en el abdomen, me obligaron a declarar y a firmar algo con los ojos vendados» describió. Luego fue trasladado a la Central de Policía de esta capital, en un operativo que contó con la ayuda de policías federales. Al llegar a la Central «estaba en ese momento de guardia un agente de policía, amigo de la infancia, hijo de un obrero de El Aguilar. Gracias a él se enteró mi familia» dijo y agregó que sus familiares fueron hostigados y perseguidos, por intentar conocer su paradero.

«Querían que diga que era extremista y marxista, yo no sabía siquiera que quería decir eso»

El testigo detalló que fue sometido a torturas por personas entre las que pudo identificar al Comisario Ernesto Jaig, Jefe del Departamento Central de Policía.

«En una habitación me golpearon la cabeza, las canillas, las rodillas y me pisaron el tórax para que diga que era extremista y marxistas y yo no sabía ni qué quería decir eso», expresó Aramayo. Pero además, fue interrogado sobre Avelino Bazán, a quien conocía por haber sido el Secretario General del sindicato, aunque Aramayao no había tenido actuación gremial.

Afirmó que en la Central de Policía pudo identificar por la voz a otro detenido, un compañero de trabajo Carlos Giménez y escuchó también la voz de una mujer extranjera, que aparentemente fue luego dejada en libertad.

El testigo indicó que después de algunos días fue trasladado al Servicio Penitenciario de Villa Gorriti, en un Falcon amarillo. Allí estuvo un fin de semana, tras lo cual, lo volvieron a llevar a la Central de Policía, donde recuperó su libertad por gestión del Obispo de Humahuaca, Mons. José Márquez Bernal.

Su liberación habría ocurrido a fines del mes de septiembre «eran los últimos días de los desfiles de carroza» recordó el testigo quien resaltó que el Prelado de Humahuaca intervino por solicitud de su hermana, quien murió pocos años después por una afección cardíaca que –interpretó Aramayo- fue consecuencia de los padecimientos sufridos en la dictadura.

Sobre el final de su testimonio, Aramayo requirió una indemnización por «todo el daño moral, material, laboral, psicológico, por todo el sufrimiento que viví yo y mi familia».

«Querian que culpemos a Bazán por el Aguilarazo»

El segundo testigo, Reynaldo Aguilar integró el Sindicado de mineros como miembro de la Comisión Revisora de Cuentas durante la conducción de Efrén Guzmán. Narró que en marzo de 1976 había tomado vacaciones y al reintegrarse a la Cia. Minera El Aguilar, el día 26, fue recibido por un directivo de personal, Luis Arzuaga con una actitud extraña. Ese mismo mediodía, en su casa mientras almorzaba, fue detenido por «dos efectivos de policía con pistola en mano», que lo condujeron hacia el destacamento policial.

Al día siguiente fue trasladado en una camioneta de Mina El Aguilar –junto a otros trabajadores: Cruz, Quiroga y Troncoso- a la Policía Federal donde registraron sus huellas dactilares y le tomaron datos personales y fotos. Refirió que al llegar, la Plaza Belgrano estaba «llena de militares y policías, todos armados con ametralladoras». Luego fue llevado al Servicio Penitenciario de Gorriti, donde quedó detenido incomunicado a disposición del PEN, aproximadamente por 45 días.

En el penal, Aguilar, fue sometido a interrogatorios en sesiones donde participaban integrantes de Gendarmería, Ejército y Servicio Penitenciario. «Preguntaban quiénes eran los subversivos y querían a toda costa que culpáramos a Avelino Bazán por «El Aguilarazo», dijo y señaló que en el primer interrogatorio estuvieron presentes Antonio Vargas y Jorge Borges Do Canto y para intimidar –sobre una mesa- había pistolas y otras armas.

Recordó el testigo que estando incomunicado, «apareció Monseñor Miguel Medina, también nos decía que digamos la verdad y que nos iba a sacar. Este Obispo estaba involucrado con los militares, iba celda por celda y nos hablaba para que digamos cosas», relató. Aguilar refirió que su esposa que también trabajaba en Mina El Aguilar, fue obligada a renunciar, pero se negó, por lo cual «la hecharon» junto a sus dos hijos pequeños.»Fue aberrante, nadie la quiso ayudar, ni los mejores amigos, todos estaban con miedo».

Sus familiares intentando conocer su paradero fueron al Regimiento 20, pero les advirtieron que si regresaban iban a ser detenidos. «No vuelvan más, no pregunten más» les decían los militares. Indicó que en los interrogatorios –alrededor de 3 o 4- a los que fue sometido en la cárcel, estaba Borges Do Canto y el tema reiterativo era El Aguilarazo y Bazán.

Durante su cautiverio en Gorriti pudo ver a Luis Aredez, a Avelino Bazán, a Efrén Guzmán, a Mariano Rodríguez, y a otros detenidos de San Pedro y de Altos Hornos Zapla. «Todos estaban mal psicológicamente porque no sabíamos cual iba a ser nuestro destino. Se comentaba que hacían desaparecer a la gente». Reynaldo Aguilar vió en la cárcel, a «un flaquito del ERP. Lo hacían gritar todas las noches, lo torturaban y después lo hicieron desaparecer» Finalmente, fue liberado el 6 de agosto de 1976, pero les advirtieron que después iban a ir nuevamente por ellos, por eso «estuve con miedo, 3 o 4 meses sin poder salir de mi casa».

Al ser consultado por el Fiscal sobre la relación entre la empresa y Gendarmería, Aguilar afirmó que mantenían un vínculo muy estrecho. «Gendarmería cuidaba la entrada y la salida de la Mina, como lo siguen haciendo hoy a pesar que vivimos en una sociedad democrática». Además, subrayó que la compañía minera era la que conocía quienes estaban el Sindicato, con lo que se infiere que fue esta la que proveyó las listas de quienes fueron víctimas de la represión en El Aguilar.

A La Plata, por no firmar una declaración en contra de Bazán

Bruno René Díaz fue detenido «por Gendarmería el 26 de marzo de 1976, alrededor de las 11:00, en la Sección Tres Cruces de Mina El Aguilar donde trabajaba como mecánico. Díaz sabía que su jefe, Telésforo Zurita, «me tenía rabia». Estuvo allí dos días, «hasta que llegaron otros compañeros y nos llevaron a La Quiaca y de ahí a la Policía Federal de Jujuy», donde estuvieron a oscuras y sin alimentos.

Después fue trasladado a Villa Gorriti donde permaneció recluido e incomunicado en el Pabellón 7, primero y luego en el Pabellón 1, por 47 días, hasta el 7 de octubre de 1976, cuando es trasladado junto a otros presos a La Plata.

En la Cárcel de Gorriti alcanzó a ver a gente de El Aguilar, San Pedro y Ledesma, entre ellos a Luis Aredez y a Julio Moisés, con quienes jugaban al fútbol, Mencionó además a Vargas como una presencia permanente en el penal y recordó que «se sentía un griterío al fondo, parecía que estaban torturando». «Tres veces fui interrogado, Vargas estuvo en el primer interrogatorio que le fue realizado por gente del Servicio de Inteligencia «Me preguntaban si estaba en un grupo política, si era del ERP, yo no conocía eso». Los siguientes interrogatorios fueron efectuados por personal de Gendarmería y tenían como objetivo que Díaz inculpara a Bazán.

Como otros testigos de la causa Bazán, Díaz relató el traumático viaje aéreo hacia La Plata, «ibamos encadenados, nos pegaron, nos gritaron de todo y nos robaron todo». Igualmente traumático fue la llegada a la Unidad Penal Nº 9 de La Plata donde fueron recibidos con tratos crueles e inhumanos. Recobró su libertad el 11 o 12 de enero de 1977. Díaz cree que lo llevaron a La Plata «porque me negué a firmar una declaración como quería Borges Do Canto».

A través de esa declaración, el Comandante de Gendarmería pretendía que Díaz afirmara que Bazán era culpable de todo lo que había ocurrido en El Aguilarazo, uno de los conflictos gremiales más álgidos. «Yo no podía firmar eso, entonces me dijeron «entonces aguántatela» dijo y precisó que recién en 1973 se incorporó como trabajador de Mina El Aguilar y al momento de su detención «hacía 8 meses que estaba en el sindicalismo».

En La Plata, Díaz mantuvo algunas conversaciones con el Dr. Luis Aredrez, quien le transmitió algunos conocimientos sobre enfermedades.

«Gendarmería estaba para resguardar la seguridad de la empresa»

El último testigo, Fausto Jalapeña, fue detenido en marzo del 76 en la Sección Molino de Mina El Aguilar, por la Policía, llevado a la Seccional de ese lugar y trasladado al día siguiente al Penal de Gorriti, en un automóvil de la Cia Minera El Aguilar. Allí permaneció hasta agosto de 1976, cuando fue liberado.

A diferencia de los testigos anteriores, Calapeña no fue interrogado, pero escuchó alaridos. «En la noche 11 o 12 de la noche, sacaban a alguien afuera del Pabellón y aparentemente lo golpeaban». El testigo señaló que la Gendarmería estaba al servicio de la empresa El Aguilar. «Estaban para resguardar la seguridad de la empresa», manifestó y además, reiteró que la compañía dispuso sus vehículos para el traslado de los detenidos.

Un día antes de su liberación, fue llevado junto a otros presos al Regimiento 20, donde el Jefe militar les dió una charla donde les recomendó «que no integráramos comisiones gremiales, que tuviéramos cuidado en las reuniones porque nos podía comprometer para el futuro. Nos preguntaban sobre las Brigadas Rojas, yo nunca había sentido nombrarlas».

Un planteo saldado

El querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Juan Manuel Sivila, la querella de Aredez, María José Castillo y el Fiscal ad hoc Pablo Pellazo, durante debate volvieron a requerir al Tribunal que se permita a las querellas de todas las causas efectuar preguntas, por un criterio de economía procesal y para evitar la revictimización de los testigos con nuevas declaraciones, tal como lo señalan las Reglas Prácticas dictadas por la Cámara de Casación Penal y ratificadas por la Corte.

El Tribunal finalmente, resolvió que la querellas pueden intervenir para requerir datos de contexto histórico y ante hechos nuevos que surgieran de las declaraciones, como ocurrió en la jornada donde testigos dijeron haber visto a Aredez.

Rechazaron planteo de la defensa de de Bulgheroni

Al término de la audiencia el Tribunal Oral Federal, dio a conocer una resolución por la cual se rechazó un planteo efectuado por la defensa de Eduardo Bulgheroni, imputado en las causas Galéán y Aragón, donde solicitaba el traslado del imputado a la Unidad Penitenciaria de Chaco, por razones de salud psiquiátrica y psicológica.

La defensa pretendía que Bulgheroni continuara las instancias de las causas en la que está involucrado por videoconferencia. Considerando los informes médicos con los que cuenta el Tribunal y que señalan que el imputado se encuentra en condiciones y con capacidad para comprender el proceso judicial y atendiendo además, que se le garantizó la continuidad del tratamiento médico y asistencia psiquiátrica en los debates, los jueces resolvieron no hacer lugar al pedido de la defensa de Bulgheroni que ejerce el Dr. Rodríguez Vega.

Queda pendiente aún de resolución el pedido efectuado por la Fiscalía para que se le revoque la prisión domiciliaria al imputado Mariano Rafael Braga.

Sobre el final de la audiencia la Fiscalía ad hoc pidió que sea citado como testigo Telésforo Zurita, jefe de la Seccional Tres Cruces de Mina El Aguilar, planteo que fue admitido por el Tribunal Oral Federal. El debate oral se reanudará este viernes, a partir de las 9:00 horas, en la sala de la Secretaría Electoral Federal.