Potasio Río Colorado: Defensor del Pueblo pide más estudios de impacto ambiental

Martes, 05 de Octubre de 2010
El defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, le dio la razón a la Alihuén, que había denunciado el riesgo de contaminación por el proyecto Potasio Río Colorado que se pretende instalar en el sur mendocino y que podría afectar a los habitantes ribereños de La Pampa, Neuquén Río Negro y Buenos Aires: el funcionario afirmó que no se realizó el estudio de impacto ambiental que requiere un emprendimiento de esa magnitud.

“Es importante señalar que no se puede dejar exclusivamente en manos de la provincia en la que se sitúa el emprendimiento (NdeR: Mendoza), decisiones que afecten el futuro de los habitantes de otras provincias”, expresó el funcionario, en una resolución.

El defensor recomendó a la Secretaria de Ambiente la realización de estudios de impacto ambientales “integrados, acumulativos e interjurisdiccionales” en la zona y manifestó ue el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) no hizo estudios de impacto ambiental, y no se sabe lo que provocará el emprendimiento fuera de Mendoza.

La resolución fue firmada el 26 de agosto de 2010 y comunicada por Alihuén este miércoles. El defensor del Pueblo de la Nación Anselmo Sella sostuvo que el impacto que tendrá el emprendimiento de la empresa brasileña Vale que se instalará en el sur de Malargüe (Mendoza), alcnazará a las empresas de la cuenca del COIRCO, se debe realizar estudios de impacto ambiental interjurisdiccinales.

Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio, que se realizará en el paraje Pata Mora, al sur del departamento Malargüe en la provincia de Mendoza, pero cuyos impactos exceden la jurisdicción provincial por expandirse a Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

La investigación del defensor del Pueblo de la Nación incluyó reuniones con distintos interesados, así como numerosos pedidos de información a la Secretaría de Minería de Mendoza, a las autoridades ambientales de las cinco provincias involucradas, al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y a las autoridades nacionales de ambiente, energía y minería.

“De las respuestas se concluye que la explotación de este mineral, usado como fertilizante agrícola, producirá varios millones de toneladas de sal residual por año que se acumularían directamente sobre el terreno en la cuenca del río Colorado”, expresó Sella. “Esto podría provocar la salinización del curso de agua y de las napas que abastecen a las poblaciones aguas abajo del emprendimiento, así como la alteración del suelo, la modificación del paisaje, la alteración de los escurrimientos, y la afectación producida por el esparcimiento de partículas de sal sobre la flora y fauna”.

Además, el proyecto requeriría un millón de metros cúbicos diarios de gas, lo cual equivale al consumo de toda la provincia de Mendoza y representa un tercio de las importaciones desde Bolivia. “Esto implica que la escasez de gas y su consiguiente importación seguirán aumentando a mediano y largo plazo, afectando a todos los argentinos, si este impacto no se evalúa adecuadamente a nivel nacional”, sostuvo.

“Al tratarse de una cuenca integrada por cinco provincias, resulta clave conocer y minimizar aquellos impactos ambientales interjurisdiccionales, es decir, aquellos que exceden el territorio mendocino y podrían afectar los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes de Neuquén, La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, así como la provisión de energía en estas y otras provincias del territorio nacional”.

El funcionario nacional expresó que si bien el Coirco “ha realizado observaciones y consideraciones técnicas”, enfatizó que “no ha actuado como organismo evaluador del impacto ambiental integral del emprendimiento dado que su competencia lo limita a cuestiones vinculadas con el recurso hídrico”.


Publicado el: 6 Octubre 2010
Categorias: Argentina
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