Perú no debe expulsar al misionero que defiende a tribus amazónicas

AMNISTÍA INTERNACIONAL, COMUNICADO DE PRENSA
7 de julio de 2010
Índice AI: PRE01/227/2010

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno peruano que revoque su decisión de expulsar a un activista católico británico que ha dedicado los últimos diez años a defender los derechos de los pueblos indígenas del país.
Paul McAuley, que ayuda a las comunidades locales a protestar contra los efectos de la explotación de petróleo, gas y minera en su entorno, podría ser expulsado hoy después de que las autoridades anunciaran la cancelación de su permiso de residencia.

McAuley denunció en junio un vertido de petróleo en las aguas del río amazónico Marañón.

“La actitud del gobierno hacia los pueblos indígenas y quienes trabajan para proteger sus derechos es muy alarmante”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Este intento de expulsar a un defensor de los derechos humanos que viene trabajando incansablemente para proteger a las comunidades amazónicas y su entorno es el último ejemplo del ataque contra los derechos de los pueblos indígenas que se está produciendo en el Perú.”

En una carta dirigida al ministro del Interior el 5 de julio, Amnistía Internacional señaló que no se había dado al misionero ninguna oportunidad de recurrir contra la denegación del permiso de residencia anunciada el 2 de julio, fecha en la que le dieron siete días de plazo para salir del país y no regresar nunca.

Paul McAuley trabaja para sensibilizar a la población local de sus derechos, consagrados en las leyes internacionales de derechos humanos, al mismo tiempo que denuncia los efectos de la actividad de las empresas extractivas.

El gobierno peruano ha calificado de “política” la labor de derechos humanos de Paul McAuley, al afirmar el primer ministro, Javier Velázquez, que “los extranjeros que viven en el Perú tienen restringidas las actividades políticas.”

El hermano Paul, como es conocido entre las comunidades con las que trabaja, ha sido nombrado Miembro del Imperio Británico por la Reina de Inglaterra por su labor, y distinguido con el galardón y medalla de la orden española.

“El gobierno debe revocar inmediatamente esta expulsión y poner fin a la represión de los pueblos indígenas que luchan por sus derechos humanos”, añadió Guadalupe Marengo.

En junio, el presidente Alan García no confirmó una ley que exige la consulta con los pueblos indígenas de los asuntos que los afectan, ya aprobada por el Congreso peruano.

Los líderes indígenas siguen siendo acusados de delitos infundados y nadie ha sido llevado a juicio aún por los actos de violencia desencadenados cuando la policía disolvió una protesta de indígenas por las tierras y los recursos en Bagua, en junio de 2009, en la que murieron 33 personas, 23 policías entre ellas.

Los indígenas protestaban porque el gobierno no había consultado con ellos una serie de decretos ley que habrían afectado a sus tierras y recursos.


Publicado el: 8 julio 2010
Categorias: Perú
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