El Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan y el grupo ambientalista Bios Iguana presentaron hoy una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional por hostigamiento, amenazas de muerte y falta de respuesta a las gestiones realizadas como parte del movimiento contra la explotación de una mina de oro en esa comunidad.
Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general de la organización ecologista, dijo que también pidieron al organismo humanitario solicitar a las autoridades la adopción de medidas cautelares a favor de los activistas amenazados, entre ellos el abogado Jonathan Ochoa Hernández, el líder comunal Jesús Santos Quirino y ella misma.
Asimismo los quejosos solicitaron a la CNDH una investigación para deslindar responsabilidades por el uso de la fuerza pública el pasado jueves 13 contra los habitantes de Zacualpan que cerraron el abasto de agua potable a la zona conurbada de la capital del estado, como una medida de presión para ser escuchados en sus demandas.
Entre las autoridades responsables de hostigamiento, fue mencionada la delegada de la PA en el estado, María Elena Díaz Rivera, acusada de instrumentar una campaña de criminalización contra los dirigentes de Bios Iguana y del CIDTZ, con señalamientos que de acuerdo con Salazar Zenil los ponen en situación de peligro dentro de la propia comunidad y ante otros actores.
También, el visitador agrario Carlos Soulé, hijo de la delegada, fue acusado de agredir físicamente y proferir amenazas de muerte contra Jonathan Ochoa.
En tanto, el delegado del RAN, Miguel Barragán Ornelas, fue culpado ante la CNDH de incumplir con sus responsabilidades al obstaculizar el registro del acta de la asamblea comunal del 23 de febrero pasado, en la que los comuneros de Zacualpan se pronunciaron en contra del proyecto minero, por considerar que dañaría su entorno natural, y destituyeron a la mesa directiva que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro.
En declaraciones realizadas este día, el gobernador Mario Anguiano Moreno aseguró que si no existe consenso de la población para la explotación de la mina en Zacualpan, no se realizará ese proyecto.
Sin embargo, el mandatario se manifestó en contra de actos de protesta como el corte del abasto de agua a la capital del estado, por lo que “no permitiremos que se violen las leyes por parte de ellos sacrificando a la población como fue en el caso de que tomaron los manantiales”.