Igual que la población mexicana, también la madre tierra sangra, porque el terrorismo contra los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos, los estudiantes y los pobres en general, lo mismo se aplica a ella. A los primeros se les amenaza, encarcela, golpea, asesina o desaparece, mientras a la segunda se le extrae el agua que es la sangre que la alimenta y nos alimenta; se le contamina con los químicos que a diario se le arrojan y se le extraen los minerales, que es como extraerle los órganos que le dan vida. Eso me expresa un campesino como justificación de su oposición y la de sus compañeros a que en el territorio de su pueblo se construyan presas hidroeléctricas, se instalen las empresas mineras para extraer el oro; las petroleras que buscan hacerse del petróleo después que diputados y senadores modificaron la Constitución para que ya no haya prohibición de que las empresas privadas se apoderen de él.

La disputa por el agua en las áreas mineras entre comunidades e industria comenzó a evidenciarse, a través de conflictos sociales alertó el investigador de la Universidad de Sonora (Unison), Miguel Rangel Medina. Explicó que la cada vez más difícil disponibilidad de agua generó la competencia entre la actividad minera y las comunidades y poblaciones cercanas. Rangel Medina, profesor-investigador del Departamento de Geología de la Unison señaló que el cuidado del agua y del medio ambiente, así como las relaciones con la comunidad van de la mano en la minería. Consideró urgente la atención a estos temas por parte de especialistas, como geólogos, a fin de encontrar las soluciones más adecuadas en esos tres puntos que son el agua, el medio ambiente y las comunidades. Los profesionales de la geología que opten por desempeñarse en el campo de la minería, deberán enfrentar retos y actuar ante situaciones como extraer agua en zonas inundadas de una mina o bien una contingencia lluvias y escurrimientos extremos, anotó.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma total temporal las actividades de beneficio de minerales de cobre que lleva a cabo la Minera Río Tinto en el Rosario, Chihuahua. La dependencia informó en un comunicado que esta acción obedece al hecho de que la empresa carece de autorización de impacto ambiental vigente emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Recordó que la empresa amparaba su actividad con una autorización de impacto ambiental que le fue otorgada en septiembre de 2008, con una vigencia de cinco años, sin embargo, continuó operando a pesar de que ese permiso ya no tenía vigencia.

Habitantes de La Toma, jurisdicción del municipio de Suárez, al noroccidente del Cauca, exigieron el retiro inmediato de la maquinaria utilizada para minería ilegal en el río Ovejas y cumplimientos en los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, tras las protestas de varias lideresas que caminaron hasta Bogotá.

Este lunes unas 30 personas, entre hombres y mujeres, detuvieron dos máquinas utilizadas para la actividad ilegal y posteriormente las entregaron al Cuerpo Técnico de Investigación CTI, que procedió a destruir uno de los aparatos y a incautar otro.

En la mañana del martes, los pobladores denunciaron que dos máquinas que estaban escondidas fueron evacuadas del sitio en la ruta que conduce hacia el municipio de Buenos Aires.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 349 visitas de inspección a instalaciones mineras durante el 2014, como parte del programa permanente de revisión a este sector establecido legalmente en nuestro país.

De acuerdo con un comunicado de prensa, derivado de estas inspecciones, se ha encontrado un eventual cumplimiento de la legislación en la materia, ya que sólo 10 fueron clausuradas de manera total y una de manera parcial, en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Colima, Puebla y Querétaro, lo que representa el 3.1 por ciento del total de las minas.