El 9 de noviembre se llevó a cabo en Santa Marta el foro “Minería en Colombia: ¿oportunidad o riesgo?”, convocado por la Universidad Sergio Arboleda y la revista Semana.
Se conversó respecto a los impactos positivos y negativos de la actividad minera en Colombia. Participaron autoridades gubernamentales nacionales y locales, académicos, empresas mineras nacionales e internacionales y medios de comunicación. Cada cual defendió sus actividades.
En mi intervención expuse las razones relacionadas con mi propuesta de promover una moratoria a la expansión de la minería en el país. Mi propuesta, que desde luego contrasta con la de los mineros que proponen intensificar la minería, encontró su mejor soporte en la presentación que hizo el congresista David Barguil, quien presentó las cifras de la Contraloría General de la República (CGR) que demuestran que las regalías no sólo se pierden en manos de alcaldes y gobernadores corruptos, sino también que algunas empresas mineras han sido sorprendidas por la CGR evadiendo el pago de regalías. La presentación del congresista, titulada “Fiscalización de regalías”, presentó algunos hallazgos de la CGR que demuestran que no había fiscalización. La responsabilidad —mejor, la irresponsabilidad— ha estado en manos del Ministerio de Minas y Energía, concretamente en cabeza de Ingeominas. Las regalías se venían pagando de acuerdo a la autodeclaración hecha por las empresas mineras, sin que hubiera ningún control por parte de las autoridades mineras sobre lo informado. Como lo reconoció el Gobierno, hay una gran incapacidad para auditar los títulos mineros, en gran medida debido a restricciones presupuestales para ejercer su fiscalización. ¡Qué ironía!
Entre sus hallazgos del 2007, la CGR encontró que en el Cerrejón hubo explotación sin registro durante el período oficial de exploración. No sabemos cuánto explotaron sin registrarlo y sin pagar las regalías correspondientes. Drummond generó un detrimento del patrimonio nacional de $47.218’762.070. Cerro Matoso generó un detrimento en el 2007 de $209.803’125.000, y en el 2008 declaró un valor menor de lo explotado, lo que restó $24.892’000.000 al monto de las regalías liquidadas y recaudadas que tendría que haber recibido la Nación. El congresista Barguil presentó una cifra resumen del detrimento del patrimonio público de $281.941’327.459, según los hallazgos de la CGR en 2007 y 2008. El informe de la CGR señala que, para el 2008, Ingeominas no había desarrollado ninguna capacidad de seguimiento a las cifras que entregaba Cerro Matoso para liquidar sus regalías. Elocuente caricatura que demuestra la incapacidad gubernamental. En el 2010 se le exige a Cerro Matoso el pago de $24.892 millones por concepto de diferencias en la liquidación de las regalías entre los años 2004 y 2008. Cerro Matoso interpone recurso de reposición y es rechazado. El pleito fue retomado hasta que en el 2011 Cerro Matoso S.A. devolvió al Estado colombiano $35.318 millones por concepto de regalías mal liquidadas.
Ahora, se destinará el 2% de las regalías recaudadas para mejorar la fiscalización de lo que se extrae y lo que se paga. Poseer recursos minerales es una oportunidad con grandes riesgos. Los hallazgos de la CGR soportan mi propuesta de una moratoria a la expansión de la minería en el país, hasta que desarrollemos capacidad institucional para una mejor supervisión y manejo.