La gigantesca industria minera de Chile podría recibir este año una nueva ola de demandas de pequeñas comunidades y ecologistas para frenar proyectos que consideran una amenaza al medioambiente, dijeron abogados que ya lograron detener planes mineros y de energía valorados en 30.000 millones de dólares.
Chile, el mayor productor mundial de cobre, es tradicionalmente uno país muy abierto a los inversores, pero en los últimos tres años grupos sociales han demandando con éxito a grandes empresas por proyectos que aseguran ponen en riesgo glaciares, la biodiversidad, la salud y los derechos indígenas.
«Viene un año muy potente, muy conflictivo y va a estar por verse que haga la nueva autoridad, cómo lo va a abordar», dijo el abogado Alvaro Toro, de la organización no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), uno de los grupos que han presentado demandas en casos como la mina Pascua-Lama y la termoeléctrica Castilla.
La socialista Michelle Bachelet asumirá en marzo como presidenta en reemplazo del multimillonario conservador Sebastián Piñera, pero aunque ella ha hablado de otorgar mayor poder a las comunidades, los abogados prefieren esperar las primeras señales de su Gobierno sobre los temas ambientales.
La mandataria tampoco ha profundizado sobre sus planes respecto al sector minero.
Los litigantes consideran que desde un fuerte movimiento estudiantil para exigir cambios en el sistema, las comunidades cada vez se han hecho más conscientes de sus derechos.
Uno de los mayores logros para estos grupos sociales fue la paralización de Pascua-Lama, proyecto minero binacional de Barrick de 8.500 millones de dólares ante incumplimientos de su permiso ambiental.
El Morro, iniciativa de 3.900 millones de dólares de Goldcorp, aún lucha por lograr la aprobación ambiental tras recibir reparos sobre la incorrecta consulta a comunidades de la zona. Y la termoeléctrica Castilla, del atribulado empresario brasileño Eike Batista, fue rechazada.
«No hemos llegado al ‘peak’ de la ola, vamos para arriba», dijo por su parte el abogado independiente Lorenzo Soto, que trabajó en la demanda de comunidades contra Pascua-Lama.
«Se van a replicar las experiencias de Pascua-Lama y de (el proyecto minero) El Morro en distintos lugares, no sé si con el mismo éxito», comentó.
Los dos abogados creen que los reclamos se centrarán este año en los grandes proyectos mineros y que abarcarán por ende a iniciativas sobre energía y agua.
Aunque ambos abogados son reservados sobre las demandas que están preparando, Soto dijo que trabaja en un caso de comunidades indígenas Aymará contra la minera Cerro Colorado de BHP Billiton en el norte del país.
La lista de posibles acciones en la mira incluye a firmas como Teck Resources, las zonas industriales de Quintero y Ventanas, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo -de AES Gener con Antofagasta Minerals – y una planta de bebidas de la embotelladora local CCU.
A estos se suman conflictos en la mina Caserones, que asocia a las japonesas JX Nippon Mining and Metals Corp y Mitsui & Co, y la cuprífera Los Pelambres, también de Antofagasta Minerals.
Los dos abogados coinciden en que la gigantesca productora estatal de cobre chilena Codelco va a recibir el impacto de la escalada del descontento social.
«Van a venir ofensivas fuertes contra Codelco en todas sus divisiones, es un hecho, y contra la gran minería, en general», afirmó Soto.
Esta semana, el gremio Sonami que concentra a las compañías mineras llamó a destrabar proyectos de inversión y a evitar acciones que afecten la competitividad del sector minero.
«Es necesario acelerar la tramitación de permisos para invertir, lograr mayor certeza jurídica (…). Adoptar medidas que afecten la competitividad y la confianza en las instituciones implica menor inversión y desarrollo», dijo Alberto Salas, presidente del gremio empresarial.
Los empresarios afirman que los obstáculos contra los proyectos van a provocar un cuello de botella en el suministro eléctrico para los próximos años.
Pero el abogado Toro, que desde la ventana de su oficina ve la sede central de Codelco en Santiago, asegura que todas las grandes empresas mineras que explotaron por años intensivamente recursos naturales deberán responder por pasivos ocasionados.
«Las comunidades directamente afectadas no hacen mucha distinción si el proyecto es estatal o si es una transnacional», apuntó.
Toro subrayó en particular que el proyecto de ampliación Andina 244 que impulsa Codelco en la Cordillera de los Andes será muy conflictivo. La empresa estatal está en proceso de evaluación ambiental para la iniciativa, que grupos sociales denuncian afectará glaciares y la disponibilidad de agua.
¿PUNTO DE EQUILIBRIO? Soto está convencido que en la medida que las empresas entiendan que deben hacerse cargo de sus impactos, atiendan rápidamente las demandas de las comunidades y paguen las deudas históricas por las consecuencias de su actividad, se evitarán nuevos conflictos.
Su colega Toro aclaró que no están contra la construcción de proyectos, pero dijo que debe darse un debate sobre lo que requiere el país.
«Lo que se va a poner en discusión más pronto que tarde es el modelo en general y eso que significa, qué tipo de proyectos mineros necesitamos, quién los implementa, cuáles son las exigencias y si es necesario seguir creciendo como se está creciendo», apuntó.
Con la llegada de la presidenta Bachelet en marzo, Toro teme que funcionarios gubernamentales podrían acercarse más a las organizaciones civiles para intentar controlar la oposición a los proyectos.
Pero Soto cree que el despertar de las comunidades en su reclamo de derechos infunde valor para plantarse ante las poderosas empresas locales e internacionales.
«Sigue siendo David y sigue siendo Goliat, pero la diferencia es que el David ya demostró que botó una vez al gigante. Entonces la apuesta por David tiene buenos bonos», dijo.