Los poderes detrás del páramo de Santurbán

13 de Marzo 2011
Entregar o no la licencia ambiental a la multinacional GreyStar Resources para explotar oro en el páramo de Santurbán es la decisión política que tiene en la mira todo Santander…

Por un lado están los ambientalistas de Bucaramanga, algunos políticos de Santander, gremios como Fenalco, varios sindicatos, y las autoridades locales ambientales que están pidiéndole al gobierno que no la otorgue. Por otro lado, está GreyStar que ya ha invertido 150 millones de dólares para este proyecto, el sector minero presionando al gobierno para que se la otorgue, y las comunidades de Vetas y California que consideran una tragedia social quedarse sin el proyecto. Y en el centro está Juan Manuel Santos.

Aunque no lo hará oficialmente, quienes están involucrados en esta pelea aseguran que quien terminará tomando la decisión es el Presidente. Y para él este páramo se convirtió en un escenario en el que solo puede perder por ambos lados: si entrega la licencia es un golpe ante la opinión pública que en su mayoría rechaza la minería a cielo abierto que propone GreyStar en Santurbán. Pero, si no la entrega, es un mensaje negativo para los inversionistas extranjeros que quieren entrar a explotar minería en Colombia.

De acuerdo al decreto que reglamenta las audiencias públicas, el Ministerio de Medio Ambiente no podrá pronunciarse antes del jueves. Y de acuerdo a un ex director de licencias ambientales consultado por La Silla Vacía, es probable que el Ministerio tome más de 15 días para tomar una decisión. Y ahí se sabrá cómo resuelve Santos el dilema entre el Medio Ambiente y la minería en el país.

El poder social detrás de las multinacionales mineras: California y Vetas

“Es el momento para que se debata qué tipo de minería quiere el país. Yo sí creo que este momento deja un precedente importante”, dijo a La Silla Vacía la directora ejecutiva del gremio de la minería de gran escala Claudia Jiménez.
A diferencia de países como Chile o Perú, el gremio minero aún no está organizado en Colombia. “Nuestra representación está fragmentada”, explica Jiménez. En el sector de la minería a gran escala están 14 empresas interesadas en la explotación, entre esas algunas que ya arrancaron como la Drummond y el Cerrejón, en la Costa Atlántica, y que hacen minería de carbón a cielo abierto.
Y aún no se han aliado a ellos la Cámara Colombiana de Minería, ni Asomineros, que agrupan a las mineras que aún trabajan en socavones (es decir en túneles y no dinamitando grandes superficies). GreyStar sería el primer proyecto en Colombia en el que se explota oro a cielo abierto en un páramo. Pero detrás de ellos hay muchos inversionistas que ya cuentan con licencia de exploración y que están esperando la decisión del Ministerio de Medio Ambiente para comenzar la explotación. Dependiendo de si se niega o concede esta licencia, sabrán si hay una oportunidad para ellos. Como lo explicó en un artículo La Silla Vacía, 122 mil hectáreas de páramo están hoy en día tituladas y aún sin licencia ambiental.
“Nosotros estamos abriendo trocha en Colombia”, dice Víctor Guimaraes, vocero de GreyStar y quien ha trabajado para las mineras Tintaya, Toquepala y Yamacocha en Perú. GreyStar es una empresa canadiense que nunca ha explotado minerales, pero dice traer todo el conocimiento técnico desde otros países en América Latina donde se hace minería a gran escala.
Y su poder no solo se basa en los argumentos jurídicos que presentan para obtener la licencia ambiental, también se están apoyando en un argumento social. Su poder está en California y Vetas, los dos municipios vecinos del páramo y que apoyan a GreyStar.
“Para entregar una licencia ambiental, uno también tiene que tener en cuenta el aspecto socio-económico de la región”, dijo a La Silla Vacía Victoria Vargas, vicepresidente de relaciones con los inversionistas de GreyStar.

El artículo 34 del nuevo Código Minero establece que están excluidas las zonas de páramo para cualquier tipo de explotación minera y ya que el 56 por ciento del proyecto de GreyStar está por encima de los 3 mil metros que determina el Instituto Humboldt como la línea donde comienzan los páramos en la cordillera oriental, el proyecto no tendría salida. Es ilegal.

Pero el artículo incluye una frase final que utiliza GreyStar para continuar en la pelea jurídica: “Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales”, dice el artículo.
Santurbán geológicamente es un páramo, pero jurídicamente no ha sido declarado como tal. Y tampoco, socialmente. Es más, los Concejos Municipales de Vetas y California declararon estos distritos que abarcan el páramo como distritos mineros. Y lo que dice GreyStar, es que la voluntad social de ellos también debe ser tenida en cuenta.

Vetas y California son distritos mineros desde antes de la llegada de GreyStar. Esta es una zona donde los indígenas hacían barequero (extracción de oro en los ríos) y trituraban la roca para conseguir oro. Lo hicieron luego los campesinos (algunos aún lo hacen por tradición), utilizando mercurio, a pesar de que está prohibido por la legislación minera. También trabajaron en la zona cuatro empresas mineras colombianas antes de que les quitaran la licencia, en las mismas 25 mil hectáreas dónde ahora está Angostura (el proyecto de la GreyStar).

Todo en estos distritos gira alrededor de la minería: el río que pasa a su lado se llama Río de Oro, el municipio de California se llama así en honor al auge minero que vivió el estado de California en el siglo XIX en Estados Unidos, y el monumento de la plaza principal del pueblo es en honor a un minero.
“El Estado comenzó con las exigencias ambientales pero no ofrecieron un conocimiento técnico o ayudas para cumplirlas. Entonces las empresas llegaron a la quiebra, y por eso llegaron a comprar las multinacionales”, dijo a La Silla Vacía el alcalde de California, Medardo García.

Tanto California como Vetas son dos pueblos abandonados por el Estado. En la zona, a finales de los noventas el ELN tenía el control. El Ejército sólo llegó con GreyStar y fue entonces cuando se acabó la presencia guerrillera. GreyStar también desminó las montañas, financió la estación de radio del pueblo, el jardín infantil, el colegio, el coliseo principal de California y, si obtiene la licencia, tendrá que pavimentar la carretera que comunica a Bucaramanga con estos distritos.

Es decir, la educación, los servicios públicos y la infraestructura la ha construido la multinacional y no el Estado, y por eso la gente de estos pueblos no duda en respaldar a la empresa. GreyStar también promete crear 870 empleos directos y 3.400 indirectos. California tiene hoy en día 1.700 personas, y Vetas 2.300, es decir, que creen que tendrían empleo garantizado y de sobra. Para ellos, Greystar es la promesa del desarrollo y crecimiento que no ha llegado desde el Estado (aunque también es la amenaza de la llegada de la prostitución y la delincuencia como ha pasado en otras zonas del país cuando una minera arranca con su explotación).

Para algunos mineros en el pueblo de California consultados por La Silla Vacía -que son más escépticos del proyecto de la GreyStar- aún están otras mineras de túneles que están debajo del páramo en las que pueden trabajar, o la posibilidad de un desarrollo agrícola que nunca ha arrancado en la zona. “El problema es que todas las mineras ya compraron todos los títulos. No hay tierra que uno pueda comprar para trabajar”, dijo a la Silla Vacía uno de los mineros en Santurbán.

Greystar no niega que su proyecto tendrá un impacto ambiental, pero asegura que tiene un plan de contingencia para cada uno de los impactos ambientales que generará: tendrá pozos de monitoreo para medir la calidad del agua y el contenido del cianuro; construirá una pila impermeable para los desechos mineros; contará con un sistema de circuito cerrado de gestión y tratamiento de aguas; y además, aseguran que sólo consumirán el 0.9% del agua que consume Bucaramanga. Sin embargo, para los biólogos y geólogos la cosa no es tan evidente.

La otra cara: el agua y no el oro

Incluso los ambientalistas que reconocen la situación social en la que están Vetas y California creen que el daño ambiental no justifica que se le entregue la licencia a GreyStar. Consideran que, a largo plazo, Greystar se irá de Santander, el empleo se irá, y lo que dejará la multinacional es una gran catástrofe en el páramo y para el resto del departamento.

De acuerdo a un artículo publicado por la prestigiosa revista Science en enero, varios autores norteamericanos que estudiaron el caso de la minería a cielo abierto en la cordillera de los Apalaches en Estados Unidos consideraron que por más precauciones tomadas por las mineras en los zonas montañosas altas, la explotación de este tipo sigue siendo de alto riesgo. Por eso, al final del artículo, piden al gobierno norteamericano parar todas las actividades mineras en la alta montaña (el equivalente a los páramos). Por otro lado el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea la prohibición total del uso del cianuro en la minería de oro en los países de la Unión. Actualmente, Alemania, República Checa y Hungría no permiten el uso de este químico en sus zonas de alta montaña.

Para los ambientalistas, afectar una pequeña zona de un páramo no evita que el resto del ciclo nutriente de este se vea afectado. En forma sencilla, un páramo es cómo un pulmón: quitarle una parte afecta todo el ciclo respiratorio porque funciona como una unidad y no por partes. Al dinamitar la montaña para sacar 220 hectáreas de un tajo se liberan también otros metales pesados que estaban condensados en la montaña, y luego pasarán a ser absorbidos en el agua que guarda el subsuelo del páramo. “Ninguna tecnología, por avanzada que sea, ha podido eliminar los metales pesados del agua”, explica el ambientalista Orlando Beltrán. El suelo cambiará su comportamiento y le será más difícíl la formación y acumulación de materia orgánica, así como el intercambio de gases con la atmósfera. Por esto cambiarán también los componentes del agua que llega a Bucaramanga.
En el caso específico de Santurbán, un estudio del acueducto de Bucaramanga prendió las alamas sobre el efecto que tendría la minería de GreyStar en el agua para esta ciudad y que se abastece de los caudales del páramo.

En el páramo hay cinco quebradas, dos ríos y diez lagunas que se verían afectadas según este estudio. “En la medida en que aumente la demanda de la población atendida, conjuntamente con el incremento en la exploración minera, pondría en riesgo el uso del Rio Suratá como fuente de abastecimiento por invíabilidad técnica y económica, de nuestra planta de tratamiento convencional”, dice el informe. El acueducto de Bucaramanga garantiza la calidad del agua en la planta de Bosconia, pero si el consumo aumenta, y también el número de químicos en el agua, el acueducto ya está anunciando que ni el páramo ni la planta darán abasto.

El estudio también menciona que en Colombia existen 68 especies de frailejones y 37 de estos están amenazados. En un foro realizado por el Instituto Alexander Von-Humbodt en el 2004 la protección del páramo de Santurbán “sin duda contribuiría significativamente a la conservación de la mitad de las especies amenazadas de frailejones”.

También está el impacto topografico: de acuerdo al estudio, uno de los impactos ambientales esperados es la sismicidad inducida por el uso de explosivos. La dinamita no sólo cambia el aspecto del páramo sino que también lo vuelve más suceptible a cualquier movimiento téctónico, cambia la composición química del suelo y subsuelo, cambia el curso de los cuadales del agua y cambia la composición de los minerales en ella. Es decir, rompe la unidad del páramo y también las reglas que rigen su ecosistema. La explosión puede ser en una esquina, pero sus efectos ambientales se sienten en todo el páramo.
Los argumentos ambientales en contra de la minería a cielo abierto son miles (desde su impactos químicos en el subsuelo hasta las consecuencias en la salud de los habitantes) y todos apuntan a que una vez GreyStar termine de explotar la montaña en 15 años, esta nunca volverá a ser igual. Pero otro problema de los ambientalistas es que las autoridades ambientales en Santantander han estado ausentes del debate en los últimos años.

Sin apoyo institucional

El páramo de Santurbán se divide en dos: el 23 por ciento está del lado de Santander (donde está el proyecto de GreyStar), y el resto en Norte de Santander, donde la multinacional también alcanzó a comprar títulos mineros pero la frenaron. El mismo páramo, las mismas características de lado y lado, pero con una diferencia política: el manejo de las CAR.

En junio de 2008 la Corporación Autónoma de Norte de Santander (Corponor) declaró su lado del páramo como parque natural regional. De hecho, esa zona no se llama hoy Santurbán sino el parque de Sisavita. “En realidad íbamos a declarar un parque conjunto con la zona de Santander”, explicó a La Silla Vacía Sergio Iván Niño, subdirector de recursos naturales de Corponor.

Esta CAR venía trabajando desde 2007 con su homóloga de Santander, la Cdmb o Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Bucaramanga, para declarar todo el páramo parque regional. Antes de que se reformara el Código de Minas en febrero del 2010, la única forma de negar una licencia ambiental era declarando jurídicamente una región como parque natural. Pero la Cdmb no se movió al ritmo de Corponor.
Por un lado, varias fuentes cercanas a la Cdmb le contaron a La Silla Vacía que el entonces Presidente Uribe estuvo presionando a esta CAR para que no declarara la zona parque regional. Y la directora de la CAR Elvia Páez nunca declaró a la zona parque, y también se demoró en controlar a Greystar por la forma cómo ésta estaba llevando a cabo su fase de exploración.

“Habíamos infringido normas ambientales. No teníamos permisos de descargas de agua, no teníamos un ingeniero experto en estabilidad de taludes, y desviamos un curso de agua sin permiso”, dijo Víctor Guimaraes, vocero de GreyStar. Y por eso fueron multados el 23 de mayo del 2010 a 60 salarios mínimos por la CAR. Es decir, en su historial ambiental, GreyStar no tiene su expediente limpio de errores.
“Ese proceso no se movía desde hacía cuatro años, tuvimos que hacer la denuncia en la Asamblea Departamental para que la CAR decidiera”, contó a La Silla Vacia Orlando Beltrán, uno de los líderes del movimiento ambientalista en Bucaramanga.

No sólo los procesos son lentos, sino que sus directivos son criticados por ser más cuotas políticas que funcionarios con el conocimiento técnico. Por un lado, la directora de la CAR es contadora y llegó a este puesto gracias a la ayuda de su ex esposo, el senador de Cambio Radical Bernabé Celis. Y también, de acuerdo a los grupos ambientalistas, los dos puestos que son destinados a las Ong en la dirección de la Corporación siempre terminan en manos de organizaciones de papel que poco saben sobre el tema ambiental. O, al menos, sus representantes no son conocidos entre el gremio que busca la protección del páramo de Santurbán.
Así que, para oponerse a la minería en el páramo, fue necesario buscar otros recursos.

El movimiento ambientalista

“Lo más interesante de todo esto es el movimiento tan grande que se generó, y da la impresión que acá fueron claves las redes sociales”, dijo a La Silla Vacía Manuel Rodriguez, ex ministro de Medio Ambiente.
Para él, como para Jorge William Sánchez, un ambientalista que lleva caminando el páramo 30 años y que creó un grupo en Facebook por su defensa hace cinco años, Internet fue la clave para volver a Santurbán un debate político nacional. Hoy en día su grupo va a llegar a los seis mil miembros.

La protección del páramo es algo que ha estado más en manos de los ambientalistas de la región que de las instituciones o los partidos. De acuerdo a una columna de Rodríguez, fue gracias a la movilización del profesor Francisco Araque Parada en Norte de Santander que Corponor decidió declarar su parte del páramo como parque regional. Y se demoró 15 años para lograrlo. Igual le ha tocado a William Sánchez. “Hace cinco años nadie sabía del páramo, ni de GreyStar, así que empecé a levantar las alarmas”, cuenta. Èl es abogado ambientalista y uno de los que promovió el tema por las redes sociales: correos, videos, artículos y fotos para llamar la atención.
No estaba solo. Ya venían trabajando el tema por otro lado siete Ong ambientalistas que no soñaban con que 30 mil santandereanos salieran a las calles motivados por esta causa como pasó hace una semana. “En realidad, èramos cuatro gatos pelados”, dijo a La Silla Vacía Orlando Beltrán, presidente de Adan, una de las primeras Ong involucradas en tema. A principios del 2000 ellos y otros seis ya habían fundado el Comité para la Defensa del Páramo de Santurban, habían realizado dos marchas, y ninguna de las dos había tenido el éxito que tuvo la de hace semana y media.

El movimiento comenzó a mutar cuando se unieron tres sindicatos: el del acueducto de Bucaramanga, el del Alcantarillado de Bucaramanga, y la Central Unitaria de Trabajadores. Luego lo hicieron los estudiantes de universidades públicas de Bucaramanga. Buscaron el apoyo de la Asamblea Departamental y allí acogió sus propuestas el diputado Roberto Schmalbach, del Polo, de la línea robledista de este partido en Santander. El problema es que, en este punto, el movimiento era visto más como una movilización de la izquierda que como un movimiento cívico despolitizado y preocupado por el medio ambiente.

Hasta que llegó la derecha santandereana y pasaron a ser el Comité en Defensa del Agua. Primero se unió la Federación Nacional de Comerciantes de Bucaramanga y ya fue visto con menos sospecha. Luego el Procurador Alejandro Ordoñez (quien tiene una gran influencia política en su departamento) pidió en diciembre del año pasado que no se otorgara la licencia. Con eso, el movimiento ambiental encontró el centro político que necesitaba para sacar a los 30 mil manifestantes a la calle.

Y otros que se unieron, aunque a última hora, fueron los políticos. En plena época electoral, cualquier candidato quiere aprovechar esos 30 mil votos de alguna forma. Por eso, creen los ambientalistas, empezaron a apoyarlos. La semana pasada, el día de la audiencia sobre GreyStar en Bucaramanga, se llevaron la sorpresa que tanto el gobernador de Santander Horacio Serpa (que no se había manifestado sobre el tema), cómo el alcalde de Bucaramanga Fernando Vargas (que inicialmente había apoyado el proyecto de GreyStar) se pronunciaran en contra de la multinacional.

Ninguno de los dos puede hacerse reelegir, pero sì pueden lanzar a sus posibles sucesores liberales en el partido. Entre los más activos en este debate están dos candidatos liberales: Germán Augusto Figueroa, presidente del Acueducto de Bucaramanga, quiere ganar la alcaldía de Bucaramanga; mientras que Luis Fernando Cote quiere la gobernación de Santander. Cote es además el candidato de Serpa. “Pero ambos empezaron a aparecer a última hora, desde la marcha”, dijo a La Silla Vacía uno de los ambientalistas. La semana pasada, el Partido Liberal también envió un comunicado diciendo que apoyaba a sus mandatarios en la petición al Ministerio de Medio Ambiente para que no se entregue la licencia ambiental.

Del lado del Polo, Robledo es otro que se ha ganado el afecto del público en contra de GreyStar, empezando porque fue el diputado de su línea quien lideró el debate contra la multinacional desde la Asamblea y desde un comienzo. Schmalbach quiere hacerse reelegir ahora y con su participación en este debate tiene casi asegurada su curul. Y del Partido Verde, ni mú. Ni concejales, ni partido, ni diputados han estado activos en el debate de Santurbán.

En caso de que se entregue la licencia, es probable que el movimiento ambientalista se mantenga igual de fuerte a cómo viene, y según contó a La Silla Vacía William Sánchez, ya están preparando una tutela o una acción popular en contra de la decisión. Pero en caso de que no se entregue, es posible que el movimiento se acabe tan rápido como arrancó. “En Colombia no hay un gran movimiento ambientalista, esto es solo coyuntural, no hemos logrado organizarnos”, dijo a La Silla Vacía Beltrán.

En un momento en que los gremios mineros están organizándose, y en un país que tiene el 49 por ciento de los páramos del planeta, el movimiento ambientalista aún no ha logrado volverse nacional ni apoderarse de sus dos curules en las Corporaciones Autónomas Regionales. Pero la cosa puede cambiar. Dependiendo de qué tan fuertes se vuelvan cada uno de los gremios, dependerá si la locomotora minera toma la vía férrea de la confianza inversionista por encima del camino ambiental.


Publicado el: 13 Marzo 2011
Categorias: Colombia
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