Los controles de la minería

31 de mayo 2011
Para hacer incuestionable el tema medioambiental, la explotación metalífera tendrá controles internacionales.

Para hacer incuestionable el tema medioambiental, la explotación metalífera tendrá controles internacionales.[1]

Ante la serie de cuestionamientos extemporáneos que sufre la minera metalífera[2], el Gobierno provincial anunció el propósito de convocar a consultoras internacionales para que inspeccionen todos los procesos de los yacimientos locales, de manera que contar con un seguimiento absolutamente irreprochable[3].

Las reiteradas críticas que desde otros ámbitos se vuelcan a las tareas que en San Juan ejecutan las empresas mineras en yacimientos metalíferos, han impulsado esta decisión oficial acertada a fin de que no hayan segundas interpretaciones como son las campañas desatadas contra la minería, prácticamente todas movidas por razones políticas oportunistas o manifestaciones tendenciosas de raíz ideológica[4]. Estos sectores no confían en el poder de policía de los organismos provinciales, denostan las leyes locales de protección de los recursos no renovables y de impacto ambiental[5] y seguramente echarán mantos de dudas si se busca tercerizar tal fiscalización en firmas argentinas. Nada calma al fundamentalismo porque la lógica, el sentido común y las pruebas palpables chocan contra los principios radicalizados que sólo admiten una sola verdad.

A los ideólogos del ambientalismo tampoco les satisfacen las normas de control de calidad, como las ISO e IRAM, que disponen las principales empresas firmas mineras y directas, o vinculadas ellas, un hecho insólito si se tiene en cuenta el respeto que estas certificaciones privadas tienen en los diferentes sectores productivos, fabriles, comerciales y de servicios.[6]

Es de esperar que con el llamado a concurso de consultoras internacionales para el control de la explotación metalífera se bajen los decibeles de las campañas interesadas, o por lo menos que no sigan confundiendo a la población a través de las redes sociales donde se enseñorean los dueños de una verdad dañina, sustentada en situaciones supuestas que nunca llegan a precisar con el rigor de pruebas contundentes[7]. Todo ello viene a reforzar otras medidas de fondo, como la modificación del cobro de regalías y la creación de un empresa estatal minera sanjuanina.

La experiencia que deja la irrupción de la gran minería en San Juan impone estas decisiones políticas tendientes a optimizar la cuestión medioambiental con los trabajos en la alta cordillera y obtener mayores réditos para el Estado[8].

Notas:

[1] Lo ridículo del comentario es que los controles no son el problema, sino el resultado de la explotación. Si la minería metalífera a cielo abierto es contaminante, no está en duda en ninguna parte del mundo, por lo que los controles solo sirven para medir la seguridad en el manejo de los productos tóxicos y evitar males mayores a los que normalmente causa el proceso normal. Por otra parte que sean del origen que sean las empresas auditoras, no hace la diferencia, pues el hecho está en quien les paga por su trabajo, sean las mineras o el gobierno de San Juan es lo mismo, los dictámenes van a ser a favor de quien “les da de comer” sin ninguna duda.

[2] Según el diccionario: extemporáneo, adj. Que se realiza u ocurre en un momento inoportuno. Pareciera que al gobierno de San Juan le resulta inoportuno cualquier comentario que sea contrario a sus deseos de llevar la minería adelante cueste lo que cueste, aunque sea contaminante y depredadora.

[3] El gobierno de San Juan se preocupa por conseguir “controles irreprochables” para la minería en su provincia, lo que indicaría que no está cumpliendo con sus obligaciones como lo establece el Artículo 41 de la Constitución Argentina: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.

[4] También el Gobierno de San Juan considera que las protestas de la población afectada por la minería a cielo abierto son ideológicas, políticas y oportunistas. No está considerando que no se trata de un problema local y no toma en cuenta que el mismo problema se suscita en todos los países donde actúa este método extractivo perjudicial y perverso.

[5] Es evidente que no solo los sectores ambientalistas dudan de la imparcialidad del estado provincial en decisiones sobre el tema minero (y otras cuestiones que hacen a la transparencia de los actos de gobierno), sino la sociedad en su conjunto, que se expresa masivamente en cada acto o convocatoria antiminera.

[6] Es un absurdo comparar las actividades de toda la industria fabril entre sí, y menos con el comercio o los servicios, desde el punto de vista de calidad ambiental e impactos ecológicos. ¿Cuál es la similitud del impacto ambiental de un servicio de reparto de correspondencia, un banco o un negocio de venta al por menor, con una central nuclear, una curtiembre o una mina de cielo abierto? ¿Se creen que somos tan ignorantes o que “comemos vidrio”?

[7] Esto es lo que yo llamo retórica falaz y tendenciosa, que solo trata de invertir el peso de la prueba, ya que en todo el mundo se han producido tremendos desmanes ecológicos en las últimas décadas por causa de la operación minera metalífera y ellos solo saben repetir el mismo discurso siempre: “que las empresas mineras son “Heidi” y los ambientalistas “el lobo”.

[8] Al final saltó “la verdad de la milanesa”, al gobierno sanjuanino solo le interesa el magro rédito económico que produce esta actividad depredadora y contaminante y para los gobernantes les cabe el famoso comentario atribuido a Francisco de Quevedo durante un gélido invierno madrileño, cuando fuera criticado por un ostentoso abrigo de pieles con que se cubría, mientras la gente se moría de frío en las calles y manifestó algo parecido a esto: “Ande yo caliente y la gente: que reviente”. No mas comentarios por el momento…


Publicado el: 4 junio 2011
Categorias: Argentina