Habitantes del Ejido La Sierrita en Durango lograron por medio de un amparo que les liberaran el pago de la renta de su tierra, ya que la empresa minera Excellon Resourse Inc había depositado el dinero directamente en el Tribunal Agrario a consecuencia de un litigio por rescisión de contrato.
“Estamos contentos porque hemos logrado un paso grande en relación en acceso a la justicia”, David Espinoza, Presidente del Comisariado Ejidal La Sierrita.
Los pagos se encontraban consignados mediante billetes de depósito en el Tribunal y el magistrado se había negado a dárselo a la comunidad porque existía la acción de rescisión contra la empresa canadiense, pero la defensa de los ejidatarios interpuso un amparo, concedido por el Tribunal Agrario del Distrito Sexto, con sede en Torreón, Coahuila.“La resolución constituye un importante avance en el respeto a los derechos humanos, principalmente de acceso a la justicia, de ejidos y comunidades en México que se defienden ante las violaciones realizadas por empresas trasnacionales”, aseguró Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C.
A pesar de representar un gran avance, el tribunal únicamente les entregó los billetes de depósito por concepto de renta y no así el de las becas estudiantiles a sus hijos.Juan Antonio López, abogado y coordinador del área de justicia transnacional de ProDESC, denunció que la minera violenta los derechos humanos de los habitantes del Ejido la Sierrita ya que ha faltado de forma recurrente al contrato de arrendamiento que tienen en común.
El proyecto de la empresa canadiense está ubicado en el municipio de Tlahualilo y dentro de las violaciones que han cometido está que la minera excedió el uso del territorio en que podía trabajar, no ha cumplido con las cláusulas que estipulan el tratamiento adecuado de los residuos ni con la creación de una planta de tratamiento de agua y tampoco han generado empleos de calidad para los ejidatarios.
Debido a la forma en que la empresa se ha conducido, los ejidatarios decidieron demandar la rescisión del contrato, proceso legal que aún continúa.