EFE 14/12/2010
Lima, (EFE).- Los conflictos sociales derivados de la actividad minera en Perú son una de las principales causas de la contracción de la expansión minera en el país en los últimos 21 meses, afirmó hoy el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
Frente al crecimiento del 7% del PBI minero en 2008, la actividad bajó un 1,4% en 2009, y se contrajo un 3,8% entre enero y septiembre últimos, según datos del Ministerio de Energía y Minas. El sector minero representa el 60% de las exportaciones de Perú, y, gracias a los altos precios internacionales de la minería, es el que ha permitido el crecimiento sostenido de la economía peruana, según los analistas. En noviembre último, y de acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, se registraron 120 conflictos socioambientales, y según la ONG CooperAcción (miembro del Observatorio), un 70% tenían relación con la minería. Para José de Echave, experto en temas mineros de esta ONG, existe una relación entre la conflictividad social en las zonas mineras y la expansión del sector: a mayor conflictividad, menor expansión en el sector, aseguró hoy durante la presentación del séptimo informe del observatorio. Según el técnico, se ha incrementado no sólo la presión social contra la extracción de minerales, sino también la intensidad de los conflictos, entre otros motivos porque las comunidades son ahora más conscientes de sus derechos. El rechazo a la minería influye también en la elección de autoridades regionales y provinciales que cuestionan la actividad minera, como sucedió en la región sureña de Cuzco y la norteña Cajamarca, donde organizaciones políticas defensoras del medio ambiente se impusieron en las urnas, señaló el Observatorio. El informe revela, además, que en los últimos seis meses las concesiones mineras han aumentado en aproximadamente 1,5 millón de hectáreas, del tal manera que, si en 2009, 19,5 millones de hectáreas estaban sujetas a una concesión minera, la cifra creció a cerca de 21,3 millones (16% del territorio nacional), según datos del Observatorio y a falta del cierre anual de 2010. En este sentido, De Echave llamó la atención sobre el hecho de que la región sureña de Apurímac es la de mayor terreno concesionado, con el 55%, seguida de la norteña Cajamarca (45,5%). El Observatorio manifestó que las decisiones futuras en relación a la minería deben pasar por el «respeto» y mayor diálogo con las comunidades y por determinar la capacidad de ordenamiento del territorio de los gobiernos regionales, que han reclamado un mayor peso en las deliberación de las concesiones.