Detrás del olor a humo que se siente en varios sectores de Barraquilla, y que está asociado a afectaciones respiratorias entre los habitantes de la ciudad, está la quema indiscriminada del mangle en uno de los pulmones de la Costa: el Parque Isla Salamanca, ubicado sobre la vía que comunica la capital del Atlántico con Santa Marta.
Aunque el parque fue declarado ‘reserva del hombre y la biósfera’ por la Unesco, la Policía dice que este manglar, en el corazón de la Ciénaga Grande de Santa Marta, está siendo quemado por los mismos habitantes, que incendian el mangle para extraer carbón vegetal, al que atribuyen mayores propiedades que al carbón mineral.
Al otro extremo del país, en el parque Farallones, en el occidente de Cali, la minería criminal que manejan las bandas criminales y la guerrilla en el sector conocido como Minas del Socorro está envenenando las fuentes hídricas que, según alertas del Ministerio de Ambiente, la Procuraduría y la Defensoría, surten de agua potable a casi un millón de habitantes en esa capital. De hecho, como lo publicó EL TIEMPO, un estudio del Ideam alertó por el vertimiento de cerca de 250 toneladas de mercurio en fuentes hídricas.
En Farallones, en varios operativos, la Policía y el Ejército han hallado mercurio, cianuro, ácido sulfúrico y yeso. Eso, además de maquinaria y explosivos. Las investigaciones dan cuenta de que bandas y guerrilleros del frente 30 estarían detrás de la explotación criminal de oro. Cerca de 300 especies de aves y más de 30 ríos de esta reserva natural están en alto riesgo.
La situación obligó a que el Gobierno decidiera instalar en estos dos parques estaciones de Policía de Carabineros. En el primero, para controlar las quemas y en el segundo, para frenar el paso de insumos y maquinaria.
Los ‘males’ de Salamanca y Farallones hacen parte de una radiografía que Parques Nacionales Naturales (PNN) hizo sobre los riesgos que afectan a 59 zonas protegidas, que calcula que la tasa de deforestación ya sumaría un total de 561.202 hectáreas. (Lea también: La minería ilegal arrasa con la cuna de las tortugas gigantes)
La radiografía, que fue socializada con el Ministerio de Ambiente, la Policía, el DPN y las CAR, muestra, por ejemplo, amenazas por siembra de coca, minería ilegal y criminal, paso de grupos armados ilegales, ocupación, ganadería extensiva, tala y pesca. (Lea: Editorial: El dedo en la llaga)
En el caso de la minería criminal (la que realizan los grupos armados ilegales), está destruyendo cinco parques: Cahuinarí (en Caquetá), Amacayacu y Río Puré (en Amazonas) y Puinawai (en Guainía). Y hay afectación, aunque no directa, en otros seis: Paramillo, La Paya, Alto Fragua, Yaigoje Apaporis, Nukak y Acandí.
En Cahuinarí, las autoridades realizaron un estudio para medir los niveles de concentración de mercurio, utilizado en la extracción del oro. Lo hicieron entre 177 miembros de la comunidad Miraña, que habita en el sector.
En esta reserva se viene realizando minería desde el 2012. Los ilegales están rompiendo el lecho del río Caquetá con enormes dragas que han aparecido en la mitad de la selva.
El resultado del estudio es alarmante. En promedio la concentración de mercurio en estas poblaciones es de 15,4 y 19,7 ppm (partes por millón), casi 20 veces mayor a los niveles sugeridos. “Estas concentraciones son estadísticamente similares en todos los grupos evaluados, lo cual denota cierta generalización de la problemática a lo largo del río”, señala Parques Nacionales.
Y agrega: “Estas concentraciones de mercurio en cabello son las más altas reportadas para Colombia, muy por encima de promedios hallados en habitantes del sur de Bolívar y otras regiones del país”. (Además: Incautaciones por minería criminal servirán en restauración ambiental)
Otro de los frentes en los que trabajan las autoridades ambientales es la minería que se realiza sin tener autorización o con títulos ilegales. La entidad señala que Ingeominas y autoridades locales entregaron a particulares 37 títulos en zonas de reserva, como los parques Orquídeas, Pisba, Los Venados, Serranía Yariguíes, Paramillo, Puracé, Selva de Florencia, Tampa, Cocuy, Las Hermosas, Nevado del Huila, Yaigojé Apapori y hasta Corales del Rosario.
Parques Nacionales señala que estos aún no han comenzado su explotación porque requieren de una licencia ambiental, que no se ha entregado. Desde el 2013 se hicieron las solicitudes a la Agencia Nacional Minera para que revoque esos títulos, pero el proceso no ha concluido.
Ocupación, igual de grave a tala y coca
PNN señala que desde el 2003 se han detectado cultivos de coca en 25 parques, aunque la ONU señaló que el año pasado se detectaron 5.477 hectáreas en 16 de estas reservas, 1.686 hectáreas más que en el 2013, siendo la serranía La Macarena, la más afectada.
Allí, de acuerdo con esa entidad, por cada hectárea sembrada se deforestan 4. Esto, por la tala indiscriminada para habilitar los cultivos. Además de la coca, la tala se da en otros 11 parques para la comercialización de madera o para ganadería extensiva: apropiación de tierras para la ubicación de ganado. La radiografía hecha por el Gobierno indica que estas amenazas representan “una tasa de deforestación de 25.258 hectáreas por año”.
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