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Chile

Greenpeace pide detener estudio de impacto ambiental de Andina 244 de Codelco

GP1 fotoCon la intención de evitar que Codelco continúe con la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de expansión del yacimiento Andina, proyecto denominado “Andina 244” – tal como se conoce hasta ahora- Greenpeace presentó esta mañana ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una acción legal para exigir que se detenga la tramitación del proyecto de Codelco y que se presente un nuevo estudio de evaluación ambiental que cumpla con los requisitos mínimos para evaluar y evitar los impactos negativos que generará el proyecto.

En lo formal, Greenpeace solicitará al Servicio de Evaluación Ambiental que invalide y deje sin efecto uno de los actos administrativos dictados hace algunos meses por este Servicio: el llamado “ICSARA”, o “Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones”, que permitió el trámite del proyecto de CODELCO.

 

Las críticas de Greenpeace apuntan además a Ignacio Toro, Director Ejecutivo del SEA, quien a juicio de organización ambiental dio curso al EIA de Andina 244 sin considerar las graves omisiones y faltas que detectaron los servicios públicos y la ciudadanía sobre el cuidado de los glaciares y los diversos impactos ambientales de la ampliación de las operaciones mineras en la zona.

“Lo que el director del SEA debió haber hecho es usar la facultad de rechazo del EIA de Codelco que le da el artículo 15 bis de la ley 19.300, usando los antecedentes a los que tuvo acceso y haber evitado que un pésimo estudio de impacto ambiental avanzara y obtuviera más de dos mil observaciones hechas por los servicios públicos que participan en el SEIA, y rechazar el proyecto por faltarle elementos esenciales para evaluarlo, y no, como se limitó a hacer, a dictar el “ICSARA”, dándole a CODELCO la oportunidad de “mejorar” un proyecto que no puede ser mejorado, porque simplemente debe ser hecho de nuevo, completamente”. Explica Samuel Leiva, Coordinador de Campañas de Greenpeace en Chile.

Según Leiva, además Ignacio Toro debió haberse inhabilitado de este proceso por su vinculación como ex empleado de Gestión Ambiental Consultores (GAC), responsable de realizar el Estudio de Impacto ambiental.

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