El pueblo guatemalteco no debería ser quien paga por los trastornos de Goldcorp

17 de Abril 2012
Varios accionistas entregaron una resolución a Goldcorp Inc en la que se le solicita a la compañía que se comprometa a cubrir la totalidad de los costos del cierre de la mina Marlin en Guatemala, y que revele la totalidad de sus planes de cierre. Aseveran que el no hacerlo pone en riesgo la salud de las comunidades aledañas a largo plazo y podría exponer a la compañía a riesgos de juicio por daños.

Se ha demostrado en estudios que la garantía financiera de la mina actualmente es altamente inadecuada. Un equipo independiente de ingenieros con base en EEUU calcula que el costo de cierre y post-cierre de la mina Marlin en Guatemala es de US$49 millones, mientras que la fianza de la compañía para la mina actualmente es de sólo US$1 millón. Los pueblos indígenas cuyo futuro corre peligro no han participado de manera significativa en el proceso de la creación de un plan de cierre y post-cierre.

Se espera que la mina cierre en 2018, al agotarse las reservas de minerales. Es probable que el área no vuelva a su estado y usos previos a la mina debido a la contaminación por metales pesados tóxicos, erosión de la infraestructura, sedimentación y alteraciones del terreno. “La contaminación de la tierra y el agua en al área de la mina Marlin tendrá efectos duraderos cuyo alcance aún no se puede determinar”, dice la Hermana Natalie Wing de Loretto Literary and Benevolent Institution, una de las accionistas que entregaron la resolución.

Patricia Jones, del Unitarian Universalist Service Committee, que también entregó la resolución, indica su preocupación en cuanto al acceso a agua potable limpia: “De no atenderse debidamente la rehabilitación, se expone a las comunidades afectadas a un futuro incierto en cuanto a si el agua se podrá beber sin peligro o si los cultivos que se produzcan cerca de la mina abandonada tendrán mercado. La compañía y el gobierno tienen la responsabilidad de respetar y proteger el derecho humano al agua de las comunidades. La salud a largo plazo de las comunidades aledañas – cuyas tierras se han utilizado para la minería sin su consentimiento – está realmente en riesgo”.

Al no crear, revelar y financiar planes de cierre sólidos y concretos, Goldcorp se expone a juicio por daños. En fallos de cortes recientes, se han ordenado pagos elevados a compañías extractivas por limpieza ambiental inadecuada. Cabe destacar que el 3 de enero de 2012 una corte de apelaciones en Ecuador ratificó el fallo de US$8,646 millones por daños que emitiera la corte de menor instancia en contra de Chevron. La propia Evaluación de Derechos Humanos de 2010 de Goldcorp ha resaltado que los planes de cierre limitados en su planificación y financiamiento ponen en riesgo a largo plazo a los derechos humanos de las comunidades afectadas, e insta a Goldcorp a revisar y mejorar sus planes de cierre y post-cierre en consulta con las comunidades, y a brindar una garantía financiera suficiente para los costos del cierre.

“La compañía ha indicado que está implementando recomendaciones de la Evaluación de Derechos Humanos para la mina Marlin”, señala Kris Genovese, abogada principal del Centro de Derecho Ambiental Internacional en Washington. “Los accionistas simplementen le están pidiendo que le de seguimiento.”

En septiembre de 2011 se eliminó a Goldcorp del Índice de Sostenibilidad del indicador bursátil Dow Jones, en un contexto de alegaciones de contaminación ambiental y abuso a los derechos humanos.

“El director ejecutivo de Goldcorp se halla dentro del 0.01% de residentes canadienses con mayores ingresos registrados en Canadá y los activos de la compañía actualmente sobrepasan el PIB real de Guatemala”, indica Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá. “Esta compañía tiene recursos suficientes como para cerrar sus minas de manera adecuada sin sobrecargar aun más a las comunidades afectadas”.

La resolución de accionistas le solicita a la compañía que financie la totalidad del cierre y post-cierre de la mina, consulte con las comunidades locales sobre los planes  de cierre y post-cierre, y que revele completa, detallada y públicamente sus procesos de planificación y remediación. La compañía ha recomendado que se vote en contra de la resolución de accionistas. La asamblea general de la compañía se realiza en South Porcupine, provincia de Ontario, el 26 de abril de 2012.

Para mayor información:

Elizabeth Berton-Hunter, Amnistía Internacional Canadá, (416) 363-9933 ext 332 Celular (416) 904-7158   
Jen Moore, Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439
Kristen Genovese, Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés), (202) 742-5831

Jennifer Moore

Latin America Program Coordinator
MiningWatch Canada
www.miningwatch.ca

email: [email protected]
tel: 613.569.3439 / fax: 613.569.5138


Publicado el: 20 abril 2012
Categorias: Internacional
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